AU. Amenazas de muerte en Guatemala.

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ACCIÓN URGENTE

 

 

GTM 002 / 0117 / OBS 015

Asesinato / Actos de intimidación

Amenazas de muerte

Guatemala

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicitan su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Guatemala.

 

Descripción de la situación:

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio han recibido con seria preocupación información de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) sobre el asesinato del Sr. Sebastián Alonzo Juan, defensor de los derechos relacionados con la tierra habitante de la comunidad Yulchen Frontera, del municipio de San Mateo Ixtatán (norte del Departamento de Huehuetenango), así como de los actos de intimidación y las amenazas de muerte en contra de una caravana de organizaciones de derechos humanos que buscaban verificar el asesinato.

 

Según las informaciones recibidas, el 17 de enero de 2017, el Sr. Alonzo, de 72 años de edad, fue asesinado tras recibir disparos por parte de personas armadas que se encontraban escondidos tras unos matorrales, y que abrieron fuego contra los manifestantes aproximadamente a las 14:00 horas hiriendo mortalmente al Sr. Alonzo, durante el desarrollo de una manifestación pacífica en el área de Ixquisis, San Mateo Ixtatan, que exigía la retirada de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos, Sociedad Anónima, PDHSA[1] (véase la sección “Antecedentes”). Con motivo del bloqueo que trabajadores y personas allegadas a la empresa PDHSA sostenían en los principales puntos de acceso a la Aldea Ixquisis, el traslado del Sr. Alonzo a un lugar cercano donde le podían brindar asistencia médica demoró varias horas y dada la gravedad de las heridas, él falleció antes de poder ser atendido.

 

En relación al inicio de estos hechos, la UDEFEGUA ha recogido dos versiones: la primera hace alusión a que personal de seguridad de la empresa habría iniciado las tensiones con el disparo de armas de fuego y el incendio de maquinarias dentro de las instalaciones de la empresa, mientras que la segunda versión indica que miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) habrían dado inicio al desalojo de la manifestación y plantón frente al proyecto hidroeléctrico y en ese contexto se habría producido el asesinato del Sr. Alonzo Juan.

 

Según las mismas informaciones, hay dos elementos de vital importancia en la medida en que parecieran estar creando un clima determinado que justificase el uso de la violencia por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), que se encuentra ubicada en la Comunidad Ixquisis, con el objetivo de crear miedo y desmovilización entre las personas defensoras en las comunidades.

 

En primer lugar, el 14 de enero, según han denunciado el Gobierno Ancestral Plurinacional Akateka, Chuj, Q´anjob´al y Poptí y diversas organizaciones comunitarias, la PNC habría publicado un informe en el que se indicaba que “siendo las 22:00 horas del día sábado 14-01-2017, un grupo de personas armadas ZAPATISTAS procedentes de México, ingresaron a la aldea Ixquisis del municipio de San Mateo Ixtatán, con la finalidad de incendiar casas deshabitadas y tomar una finca ganadera…Se tiene conocimiento que para el día lunes 16 de los corrientes, el grupo guerrillero mexicano, tiene planificado ingresar a la aldea por área montañosa y realizar su objetivo” (sic). En segundo lugar, según las mismas informaciones, el día 16, un día antes del asesinato del Sr. Alonzo Juan, habría circulado un documento alertando de que ese mismo día se estarían llevando a cabo manifestaciones en la zona.

 

En lo referente a las amenazas y los actos de intimidación, según las mismas informaciones, el 21 de enero una caravana de verificación del asesinato conformada por tres integrantes de la UDEFEGUA, los Sres. Antonio Catalán y Manuel Aguilar, y la Sra. Sofía Espinoza, así como dos acompañantes internacionales de ACOGUATE, una representante de Protection International, un representante de la Asociación el Observador, cuatro miembros de la Asamblea de los Pueblos del Departamento de Huehuetenango (ADH), integrantes del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y dos miembros de AFOPADI, fue objeto de actos de intimidación y amenazas de muerte.

 

Aproximadamente al mediodía, cuando la caravana llegó a la comunidad de Yalanguitz, los dos vehículos (un coche y un autobús) fueron parados por un grupo de una veintena de personas (según las informaciones recibidas se trataría de miembros de la comunidad así como trabajadores de la empresa del proyecto hidroeléctrico) que estaba bloqueando el camino y que les pidieron 500 Quetzales (aproximadamente 62 euros) por cada vehículo para dejarles pasar, acusándoles de ser “guerrilleros del Frente Nacional de Lucha”. Además, varias personas sacaron al conductor y a su ayudante del autobús y les amenazaron diciendo que “rápido juntamos gente y les prendemos fuego” haciendo referencia a los vehículos así como a quienes iban en los mismos.

 

La caravana dio la vuelta para evitar que pudiera agravarse el ataque y desde ese momento la toma de fotografías fue constante tanto por parte del grupo de agresores en un primer momento, como por parte de distintos vehículos a lo largo del camino.

 

Los nombres de las personas que detuvieron la caravana fueron trasladados a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público para que realizan las investigaciones pertinentes del caso y la caravana también estuvo en contacto con personal de la COPREDEH (Comisión Presidencial Asesora en Materia de Derechos Humanos).

 

El Observatorio recuerda que este asesinato se produce en el contexto de una alarmante intensificación de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala y de una campaña de ataques contra la UDEFEGUA que ha sufrido más de 60 ataques desde mayo de 2015. Durante el año 2016, la UDEFEGUA documentó 14 asesinatos y siete intentos de asesinato contra personas defensoras. El asesinato del Sr. Sebastián Alonzo Juan constituye el segundo asesinato de una persona defensora de derechos humanos tras el asesinato de la defensora de los derechos relacionados con la tierra, la Sra. Laura Leonor Vásquez Pineda.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio condenan enérgicamente el asesinato del Sr. Sebastián Alonzo Juan, con el cual al parecer se pretende enviar un mensaje de miedo a toda la comunidad de personas defensoras de derechos humanos en el Departamento de Huehuetenango, así como los distintos actos de hostigamiento contra las organizaciones que buscaban verificar las circunstancias de su asesinato. Asimismo, el Observatorio insta a las autoridades guatemaltecas a que movilicen todos los medios a su alcance con objeto de garantizar la protección de quienes defienden derechos humanos,particularmente garantizando que el recientemente iniciado proceso de discusión y consulta para la creación del Programa de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos sea amplio y participativo y que aborde las principales causas estructurales que refuerzan las vulnerabilidades de las personas defensoras[2].

 

Antecedentes:

 

El 13 de agosto de 2015 la empresa Solel Boneh Ltd., responsable de los trabajos de construcción de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán, reinició labores después de un año y medio de suspensión, debido al rechazo de la mayoría de comunidades que rodean a los proyectos hidroeléctricos con el consiguiente incremento de la tensión en la zona.

 

Tres días antes, el Ministerio Público (MP) había solicitado antejuicio contra 6 alcaldes, entre ellos Donato Santizo, alcalde de San Mateo Ixtatán, quien perdió la inmunidad el 26 de agosto de 2015, señalado de los delitos de plagio o secuestro, retención y abuso de autoridad. Durante su periodo como alcalde (2012-2015), Donato Santizo había respetado la consulta comunitaria de buena fe realizada el 21 de mayo de 2009 en San Mateo Ixtatán y la decisión de las comunidades de rechazar los proyectos hidroeléctricos de PDHSA. La resolución judicial se dio a 12 días de que fueran las elecciones generales, en las cuales Donato Santizo participaba para buscar su reelección.

 

El ex-presidente Otto Pérez Molina ya había declarado públicamente su enemistad con Donato Santizo, cuando el 17 julio de 2014 lo denunció en un acto realizado en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, por oponerse al “desarrollo” que coordinaba el gobierno con la empresa PDHSA en la localidad.

 

Como parte del desarrollo del proyecto se prevé desviar los ríos Yalwitz, Pojom y Río Negro, lo cual ha generado contestación por parte de las comunidades afectadas que han denunciado además que la autorización del proyecto se ha llevado a cabo bajo distintas anomalías y sin que mediase una consulta previa, libre e informada de las comunidades. Además, se habrían utilizado explosivos sin la pertinente autorización del Ministerio de Defensa.

 

Estos hechos tienen lugar en el contexto de conflictos sociales y de numerosas agresiones a personas defensoras de derechos humanos en el norte de Huehuetenango en el contexto del desarrollo de proyectos hidroeléctricos en Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia y la propia San Mateo Ixtatán. Entre las agresiones más emblemáticas se encuentra el proceso de criminalización de siete defensores y líderes comunitarios del norte de Huehuetenango, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Rigoberto Juárez y Mynor López que fueron finalmente puestos en libertad el 22 de julio de 2016 tras un largo proceso de hostigamiento judicial en su contra.

 

La observación judicial que el Observatorio llevó a cabo en el mencionado proceso así como su informe “Más pequeños que David” [3] publicado en febrero de 2015 arrojan luz sobre el patrón de criminalización en contra de líderes comunitarios en estas comunidades en represalia a su legítima labor de defensa del territorio y de los recursos naturales de sus comunidades.

 

 

Por lo que El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. EXIGE a las autoridades de Guatemala:

 

  

  1. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato del Sr. Sebastián Alonzo Juan y los actos de hostigamiento contra la caravana de verificación, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
  2. Defender públicamente la legitimidad de las actividades de los defensores y las defensoras de derechos humanos,;
  3. Garantizar que el proceso de discusión y consulta para la creación de una política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos en ejecución de la sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensores de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala se lleve a cabo en un proceso amplio y participativo;
  4. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al: Artículo 1, 5.a y 12.2;
  5. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Guatemala.

 

  

ATENTAMENTE

 

 Edith Escareño Granados

Coordinadora General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.

 

 

 

 

 

 

[1]                 Empresa de capital guatemalteco inscrita en el Registro Mercantil en diciembre de 2007, que está desarrollando los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés. Para más información véase la sección “Antecedentes”.

[2]                 Véase comunicado de prensa del Observatorio, “GUATEMALA: Alerta ante la intensificación de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos”, 21 de diciembre de 2016.

[3]                 Informe del Observatorio “Más pequeños que David”: La lucha de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala”, publicado en Febrero de 2015, disponible en las páginas web de la OMCT ( http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/reports-and-publications/guatemala/2015/02/d23002/ ) y de la FIDH ( https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/17044-mas-pequenos-que-david-la-lucha-de-los-defensores-y-defensoras-de-derechos ).

 

 

Last modified onMonday, 13 February 2017 13:08
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