ANÁLISIS SOBRE LOS PATRONES DE TORTURA USADOS EN MÉXICO Y LOS IMPACTOS EN LOS SOBREVIVIENTES DE TORTURA. PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO INFORME

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ANÁLISIS SOBRE LOS PATRONES DE TORTURA USADOS EN MÉXICO Y LOS IMPACTOS EN LOS SOBREVIVIENTES DE TORTURA.

PRESENTACIÓN DEL ESTUDIO INFORME

 

El estudio que a continuación presentamos fue obtenido de los dictámenes médico psicológicos basados en el Protocolo de Estambul que fueron realizados de manera colegiada por peritos independientes, pertenecientes a la Red Nacional de Peritos Independientes Contra la Tortura de la cual forma parte el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

Se trata de un análisis cualitativo y cuantitativo de la información obtenida de 50 personas (10 mujeres y 40 hombres) a quienes se realizó el dictamen médico psicológico basado en el PE entre el 2006 y el 2016. Los hechos de tortura se dan en dos contextos 1) De guerra contra el narcotráfico para vincularlo al crimen organizado, obteniendo confesiones autoinculpatorias y 2) en contra del movimiento social como elemento desestabilizador de organización popular, hechos que ocurrieron entre los años 2002 y el 2015.

La mayoría de las personas a quienes se les realizó este peritaje estaban o están encarceladas en penales de máxima seguridad y penales estatales, en varios estados del país, como: Jalisco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Baja California Norte, Morelos, Tlaxcala, Sinaloa, Querétaro, Estado de México, personas libres en Oaxaca, la Ciudad de México y Guerrero, la prueba pretendió abonar en su defensa penal o bien en su denuncia por tortura.

Está constituido de seis capítulos a saber:

  1. ANTECEDENTES DE LA TORTURA Y EL PROTOCOLO DE ESTAMBUL EN MÉXICO
  2. MARCO NORMATIVO NACIONAL E INTERNACIONAL
  3. PATRONES DE LA TORTURA EN MÉXICO
  4. IMPACTOS PSICOLÓGICOS Y FÍSICOS DE LA TORTURA
  5. JUSTICIA E IMPUNIDAD EN LOS CASOS DE SOBREVIVIENTES DE LA TORTURA
  6. A MANERA DE RECOMENDACIONES

El primer capítulo está compuesto de tres subtemas: La tortura en México; Datos documentados por el CCTI y Cronología sobre la Implementación del Dictamen Médico Psicológico basado en el PE.

En los primeros dos subtemas se reportan datos estadísticos sobre la tortura que organizaciones nacionales e internacionales y mecanismos internacionales, han señalado sobre lo sistemático y generalizado de la tortura en el país, hay una tendencia al aumento no solo de la tortura sino de las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, es decir las graves violaciones a derechos humanos. Se informa de las fallas estructurales en la implementación del dictamen médico psicológico basado en el PE en México como son: La falta de acceso efectivo al examen; la falta de investigaciones prontas y exhaustivas; la falta de independencia y monitoreo. Por otra parte, se señalan las irregularidades que se presentan por parte de los médicos que son omisos al certificar lesiones, al permitir la tortura, los psicólogos a usar test de personalidad para concluir que las víctimas mienten y que son imputables, los ministerios públicos y personal administrativo que pudiendo dar cuenta de los hechos son omisos. Además, a esto se suma que los peritos oficiales y autoridades deciden si los hechos denunciados por la víctima son verdad o no, basados en si hay huellas físicas o síntomas de estrés postraumático una confesión forzada, reduciéndolo a un resultado negativo o positivo bajo estos criterios, frenando por completo la investigación, esto lo hemos documentado tanto en las procuradurías como las comisiones de derechos humanos públicas. El considerar el dictamen como prueba única y fundamental en la investigación por tortura, vulnera, obstaculiza y cierra la posibilidad de acceder a la justicia a las víctimas que la denuncian, obligándolas a probar su inocencia y tortura.

Por ello ha sido importante la formación de una Red Nacional de Peritos Independientes, creada en 2012 por profesionales de la salud y el derecho que, a través de una serie de capacitaciones secuenciales impartidas por expertos nacionales e internacionales, han desarrollado una expertis en la aplicación del dictamen médico psicológico para acompañar en la denuncia y defensa de los sobrevivientes de la tortura en diversos contextos y regiones del país.

En el segundo capítulo está compuesto de cuatro subtemas: Obligaciones internacionales; Reforma constitucional del 2011 y el cambio de sistema penal; La Ley General de la Tortura; Reconocimiento y aplicación de normas del PE en México.

En este capítulo se señalan todos los instrumentos y mecanismos a nivel internacional ratificados por México para prevenir la tortura, la ley Federal para Sancionar la Tortura hoy vigente, y que a pesar de las reformas en ella, esta no ha sido efectiva para combatir la tortura jurídicamente, la definición de tortura que adoptó, no cumple con lo dispuesto en la Convención Contra la Tortura y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, dificultando e impidiendo el reconocimiento de las denuncias por tortura, además de ser una ley incompleta e ineficaz para luchar contra la tortura, situación que ha generado la búsqueda de justicia en la instancias internacionales como la CIDH y el Sistema Universal de Naciones Unidas. Además, las legislaciones y códigos penales que sancionan la tortura en las diferentes Entidades Estatales difieren unas de otras en la definición, en la responsabilidad de quienes realizan los actos, en las sanciones, lo cual dista que cumplan las normas internacionales. La entrada en vigor de la Reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos en 2011 ha traído consigo múltiples resistencias por parte de las autoridades mexicanas de los tres órdenes del poder para aplicarlas efectivamente y combatir la práctica de la tortura.  La Reforma constitucional en materia de justicia penal llevada a cabo del 2008 al 2016, ha generado un sistema dual en donde subsisten ambos sistemas penales que no muestran cambios en obtener una mejor justicia y en materia de tortura no han impedido, ni sancionado casos. En cuanto al nuevo decreto de la Ley General de la Tortura, que desde diciembre del 2015 fue presentada para su discusión, adecuación y aprobación, hasta la fecha se ha visto frenada y minada en la Cámara de Diputados con cambios regresivos en cuanto los estándares internacionales en materia de tortura, que al ser modificados en su esencia de erradicar la tortura, lo que se percibe es que se quiere fomentar y mantener la impunidad. Por lo que se refiere a la Implementación del Protocolo de Estambul que inició en el año 2000 y en 2003 se emitió el acuerdo A/057/2003 por la PGR, para que se aplicara el Dictamen médico psicológico a las víctimas que denunciaran tortura, sin embargo se han presentado una serie de cuestionamientos por parte de organismos nacionales e internacionales como el CAT, SPT, el Relator Especial de la Tortura, acerca de la efectiva implementación de las directrices contenidas en el PE para la prevención, documentación e investigación eficaz de la tortura. Después de 10 años de su implementación la PGR informó que más de 20 Procuradurías Generales de Justicia, habían adoptado el dictamen médico psicológico. A pesar de ello se ha señalado por diversos organismos de la sociedad civil, la falta de independencia de los peritos, los insuficientes recursos humanos debidamente calificados para realizar el dictamen, así como de las comisiones de derechos humanos públicas. De igual manera en el estudio reciente del Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), se señalan diversos aspectos sobre la mala aplicación del dictamen en cuanto a la evaluación médica y los informes de integridad física, por lo que concluyen que el Dictamen médico psicológico ha tenido un impacto negativo en la investigación de la tortura en México. Los fundadores del CCTI han dado seguimiento a la implementación del PE desde sus inicios, por lo que han impulsado su aplicación de acuerdo con el estándar internacional y el uso de mejores prácticas a través de su utilización, difusión, capacitación y formación de peritos independientes en el país, así como su establecimiento y adecuación en las leyes y normas nacionales, como hoy está presente en la LGT en el título tercero, capítulo primero del artículo 34 al 49.

El tercer capítulo lo integran cuatro subtemas: Magnitud de la tortura en México, Modus Operandi, Arraigo y Métodos de Tortura y el cuarto capítulo lo integran los impactos psicológicos, físicos y de la tortura sexual.

En este capítulo se habla sobre la situación actual de la tortura en México y el uso de ella, la definición que asumimos y como la entendemos, el contexto en que se presenta y el testimonio de los sobrevivientes de tortura que la vivieron. Los patrones de tortura que se derivan de los 50 dictámenes médico psicológicos, tanto en las formas de detención, como en los métodos de tortura física y psicológica, así como del impacto psicológico y médico que producen y los daños o secuelas que generan.  Los dictámenes analizados son consistentes con informes diversos de organizaciones nacionales e internacionales que señalan que la tortura se usa para involucrar a las personas con la delincuencia organizada y el secuestro.

A través de 15 gráficas y 7 tablas,  obtenidas del análisis estadístico y del análisis cualitativo, como de los testimonios de los sobrevivientes de tortura se demuestra la manera en que se aplica la tortura tanto a hombres y mujeres por parte de las dependencias de gobierno y agentes de las fuerzas del orden, los lugares de detención, los estados donde ocurrieron, los delitos del que se les acusa, los grupos más afectados, el tiempo que dura la detención, el uso del arraigo, los métodos físicos y psicológicos que utilizan, la exposición a los medios de comunicación, los impactos psicológicos y físicos que frecuentemente se presentan, así como los de la tortura sexual. De manera sintética comentaremos algunos datos como son: la edad más frecuente de las víctimas o sobrevivientes que va de los 19 a los 31 años, y su condición socioeconómica de pobreza a los cuales se les vincula a la delincuencia, lo que se conoce como “criminalización de la pobreza juvenil”. Las dependencias que llevan a cabo las detenciones son las policías estatales, las policías de investigación o PGJ, la policía preventiva y las del ejército y la marina. En el caso de las dependencias de policías sus agentes llevan uniformes sin insignias que los identifiquen y otros se visten de civiles, hasta que las víctimas son presentadas es que se pueden enterar quién las detuvo, también se presentan detenciones mixtas entre diversas corporaciones, pero son menos frecuentes. Los detenidos o víctimas son más frecuentes que no se conozcan entre ellos, pero también se dan casos de parentesco o ser amigos. Los principales lugares de detención son la vía pública y el domicilio. Los estados donde se dieron las detenciones fueron Chiapas, Tlaxcala, Baja California Norte, Chihuahua, Estado de México, Campeche, Querétaro, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Coahuila, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, y Sinaloa. Ello no quiere decir que no se presenten en los demás estados del país. Los delitos principales por lo que se les acusa son: Secuestro y Delincuencia organizada, esto aclara porque las autoridades dicen que las organizaciones de derechos humanos (ONG´s) como las nuestras defienden delincuentes y no torturados inocentes. La mayoría de estas víctimas o sobrevivientes de tortura son indígenas, mujeres y luchadores sociales. Para dar credibilidad a la detención es común que se creen o presenten evidencias falsas, que sustente la acusación, por lo cual en muchos casos se presentan armas u otro tipo de materiales como grabaciones y videos. El lapso de tiempo más común de retención va de 60 a 120 minutos antes de ser presentado al MP tiempo empleado para realizar métodos de torturas físicas, psicológicas y sexuales, en muchas ocasiones estos métodos se prolongan más allá de la confesión. El arraigo es utilizado como manera de adjudicar delitos federales graves a las víctimas, permitiendo a la autoridad reunir elementos necesarios para sembrar evidencia e inculpar a los detenidos dejándolos en total indefensión ante el juez. En 3 de cada 10 se presentó el arraigo. Entre los métodos de tortura más frecuentes encontramos los golpes y patadas con las botas, el uso de la bolsa de plástico, el uso de armas para golpear, para amenazar y hacer simulacros de ejecución, pasarla por los genitales, el mal uso de las esposas para producir heridas y poner en posiciones forzadas, el uso de cintas, vendas o toallas para bloquear el estímulo sensorial, inmovilizar y facilitar aplicar otros métodos, también el uso de los toques eléctricos en diferentes partes del cuerpo. Además de un uso combinado de las amenazas de muerte, de daños a la familia, la humillación, los insultos, el abuso verbal, la simulación de ejecución o violación. Por otra parte, la tortura sexual está presente en casi todos los casos, toda vez que el cuerpo es el receptor de toda esta violencia, está no solo se refiere a la violación genital, incluye la desnudez forzada, cualquier violencia sobre los genitales, tocamientos, toques eléctricos en genitales, y la introducción de objetos vía anal, oral o vaginal. Es menos frecuente que los hombres la denuncien y una mayor reticencia para no profundizar en ella por quienes documentan, podemos encontrar diversos testimonios en el informe al respecto. Es muy utilizada la presentación a los medios de comunicación de las víctimas o sobrevivientes que son acusados de secuestradores o de delincuencia organizada, cuatro de cada 10, cuyo objetivo es tratar de demostrar que la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada funciona.

En relación a los impactos psicológicos podemos decir que son diversos y variados según el contexto social y político, el apoyo familiar, de la comunidad, el ambiente de violencia en que se vive, el estilo de vida, entre otros, lo que repercute en el proyecto de vida y de salud mental del sobreviviente de tortura y su familia, como se profundiza en el informe, aquí solo haremos referencia a algunos de los síntomas más recurrentes que encontramos en los sobrevivientes de tortura entrevistados.  Se encontró una mayor frecuencia de síntomas relacionados con la re-experimentación del trauma, evitación o embotamiento respecto a lo vivido, hiperexitación, depresión, concepto de autoestima devaluado y desesperanza en el futuro, quejas psicosomáticas, disfunciones sexuales y casi 9 de cada 10 presentó síntomas que se encuadran en el trastorno de estrés postraumático. En cuanto a los impactos físicos, los más frecuentes son las lesiones cutáneas y músculo esqueléticas que requieren de estudios médicos de calidad y mejores medios de prueba para poder establecer la causalidad de ellas, lo cual depende de la prontitud, oportunidad, minuciosidad y expertis de los profesionales médicos para poder hacerlo, lo cual ha quedado en entre dicho esta capacidad de los médicos forenses oficiales de las procuradurías para llevarlo a cabo en los casos que denuncian tortura, lo cual han señalado diversas instancias nacionales e internacionales, en este informe podemos constatar las deficiencias e insuficiencias de los reportes médicos que se realizaron a las víctimas o sobrevivientes por parte del personal de salud de las procuradurías. Por otra parte, se identificaron en los dictámenes médico psicológicos analizados las más frecuentes secuelas físicas, según orden de frecuencia: las lesiones cutáneas, los traumatismos craneales, los traumatismos torácicos y abdominales y las fracturas. El impacto de la tortura sexual es otra de las grandes afecciones que involucran a hombres y mujeres, que se expresa en lo físico y psicológico, en el rol de género, en la capacidad de denunciarla o negarla, en el informe se evidencia está condición a través de los testimonios que se presentan de los sobrevivientes de tortura. 

En el quinto capítulo se habla de la justicia e impunidad a la cual se enfrentan los sobrevivientes de la tortura. En el queremos dejar constancia de la importancia que tiene la impunidad para erradicar la tortura. La impunidad permanece constante pese a las reformas judicial y constitucional de derechos humanos de 2008 y 2011. Las investigaciones a este respecto señalan que la impunidad a alcanzado niveles del 98%. De acuerdo con el Relator Especial de la Tortura existe una ausencia casi absoluta, tanto a nivel federal como estatal de sentencias condenatorias por tortura, lo que conlleva a una persistente impunidad y afirmando que aun cuando se inician algunas investigaciones por tortura suelen ser extremadamente largas e inconclusas. En cuanto al análisis realizado encontramos que el 100% de los casos refieren haber sido detenidos de manera arbitraria, lo que significa que no existen ordenes de aprehensión en su contra. El objetivo de la tortura es obtener información o una confesión, así como el de intimidar o coaccionar a esa u otras personas. El estatus jurídico de las víctimas o sobrevivientes es de estar en proceso casi la mitad y solo uno de cada 10 sentenciado, el resto en libertad porque no se les encontró evidencia o indicios del delito imputado, siendo inocentes y torturados. Sobre el destino de la averiguación previa por tortura, en el 80% si se inició la averiguación, sin embargo, casi la mitad se encuentra en investigación, un 20% están pendientes de investigar, un 18% no tiene información del proceso de la averiguación y un 14% la autoridad determinó el no ejercicio de la acción penal. Es innegable la notoria omisión de las autoridades responsables de la investigación y procesamiento de los perpetradores, es decir de la impunidad y falta de justicia a los sobrevivientes de tortura.

El sexto capítulo son unas breves reflexiones y recomendaciones que consideramos importantes que se desprenden de este análisis y que les queremos compartir su lectura. (Lectura del texto del Informe).

 

23/MARZO/2017

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

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