Pronunciamiento RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

Boletines

Ciudad de Antigua Guatemala, 19 de mayo de 2017


RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE
SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD
Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS


Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de
Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, reunidas
en Antigua Guatemala del 15 al 19 de mayo de 2017, en el Seminario sobre: “Los datos en la
lucha contra la Impunidad” observamos con mucha preocupación las distintas realidades de
nuestro continente que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que
fomentan la impunidad, entre ellas:
1) La coyuntura actual que se vive en Venezuela, en medio de constantes protestas que se
han tornado violentas y que se ven reprimidas por cuerpos de seguridad del Estado en
donde lamentablemente decenas de personas han perdido la vida y otros centenares han
resultado heridas.
2) La implementación en México de una política de seguridad nacional con el pretexto de la
“Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, demostrando el poder de las
fuerzas armadas y elevando el número de detenciones arbitrarias, desaparición forzada
de personas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, dirigida a la población en general. Es
importante destacar la violencia dirigida contra periodistas, defensores de derechos
humanos, migrantes, integrantes de movimiento social. El Estado mexicano mantiene la
simulación de protección a derechos humanos, pero la realidad de las personas afectadas
y su lucha de búsqueda de justicia lo desenmascaran. Consideramos que frente al
aumento de las violaciones citadas, México se encuentra en una grave crisis humanitaria.
3) La muerte en Guatemala de al menos 41 niñas, con la implicación del Estado
Guatemalteco en dichas muertes, dentro de una institución estatal que las debía proteger ,
denominado paradójicamente “Hogar Seguro”, evidencia un retroceso en materia de
derechos humanos, por lo que es necesario que sean atendidas de forma integral las
victimas sobrevivientes y familiares. Esta tragedia no debe quedar en la impunidad,
deben ser juzgadas todas las personas que de una u otra forma fueron responsables, por
acción u omisión
4) El fortalecimiento en Honduras de una política de represión hacia las personas privadas
de libertad al construir cárceles con espacios de máxima seguridad en los cuales soportan
condiciones constitutivas de Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes. Por otra
parte, el Poder Legislativo adopta un enfoque penalizador al discutir el nuevo Código
Penal reflejando un aumento de las penas que tendrá como resultado un impacto negativo
sobre el sistema penitenciario, último eslabón del sistema de justicia.
5) La degradación de un sistema jurídico policial en Bolivia que por falta de un sistema de
investigación serio, científico, utiliza la tortura e incrementa los tratos crueles, inhumanos
y degradantes para obtener confesión e información. A esto se añade que se ha creado un
Mecanismo Nacional de Prevención dependiente del Ministerio de Justicia y no se ha
conformado aún la Comisión de la Verdad.
6) La creciente sofisticación de las acciones dirigidas a impedir, obstaculizar, o desmotivar
la labor de defensa y promoción de los derechos humanos por parte de defensores y
defensoras de los Derechos Humanos en diversos países de la región.
7) La búsqueda de mecanismos para asegurar impunidad o disminución de penas de
perpetradores condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina.
8) La creciente criminalización de la protesta social cuyo fin es acallar a todos aquellos que
se levantan contra las autoridades corruptas y cuestionan el orden establecido.
En consecuencia:
Resulta propicio hacer un llamado urgente a la paz y al respeto por la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, Los distintos actores de oposición y gobierno deben
retomar el diálogo a favor del entendimiento para así evitar el aumento de muertes en medio
de estos más de 50 días de protestas. El respeto de los derechos humanos debe ser prioridad y
el pueblo venezolano tiene la responsabilidad de ejercer sus derechos en paz para así lograr
que los acuerdos políticos contribuyan a lograr definitivamente la unidad en este país.
La situación de vulneración de los Derechos Humanos fundamentales en Guatemala hace
necesario fortalecer la institucionalidad de la Oficina de Prevención Contra la Tortura, Tratos
Crueles Inhumanos y Degradantes además de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ambas
elecciones de la dirigencia de estos mecanismos se encuentran actualmente en el Congreso de
la República, hacemos un llamado para que se elijan personas idóneas comprometidas con la
defensa y promoción de los más altos ideales de respeto humano. Manifestamos el respaldo a
los esfuerzos del pueblo guatemalteco que se están desarrollando en contra de la impunidad y
la corrupción, aquí reconocemos el compromiso del Ministerio Público y la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-.
Instamos al gobierno de Honduras a enfocar su atención en programas de rehabilitación y
reinserción para las personas privadas de libertad. Como veladores de las garantías y de
respeto a la dignidad, demandamos que los esfuerzos gubernamentales, financieros y los
político-sociales se enfoquen en la prevención para que la juventud hondureña tenga
oportunidades para superar la exclusión social.
Hacemos un llamado al nuevo gobierno del Ecuador para que de acuerdo a lo que establece la
Constitución, se concrete un diálogo con la sociedad civil, anteponiendo un proceso de
amnistía a todos los y las defensores/as de derechos humanos y de la naturaleza que han sido
víctimas de hostigamiento y enjuiciamiento en contra del derecho a la resistencia en las
movilizaciones de agosto del 2015 por la defensa de los territorios ancestrales.
Instamos a todos los gobiernos de la región a concretar las políticas de reparación de las
víctimas que aún están pendientes y a concretar los procesos de Paz.
Instamos a los gobiernos a poner en marcha las Comisiones de la Verdad y dar a conocer los
Archivos de las fuerzas de seguridad.
Apoyamos los procesos de negociación en Colombia y hacemos un llamado para que en su
implementación para la construcción de la Paz se ponga al centro de las preocupaciones, la
necesidad de acordar e implementar programas de atención y rehabilitación psicosocial a
nivel individual y colectivo, desarrollados por instituciones profesionales y experimentadas en
el campo psicosocial, para contribuir a superar las afectaciones emocionales y físicas
derivadas del conflicto armado interno que durante seis décadas ha vivido el país. La
reconstrucción del tejido social y de las vidas afectadas por el conflicto, requiere de procesos
de reparación psicosocial orientados desde la perspectiva de las personas y comunidades
afectadas, la dignidad de las Victimas y la mejora de las condiciones de vida de los
sobrevivientes.
Valoramos y aplaudimos la manifestación masiva de repudio del pueblo argentino ante la
resolución de la Corte Suprema que otorgó disminución de pena a un torturador, en medio de
una campaña de negacionismo de los crímenes perpetrados por la dictadura.
Instamos a los pueblos de América Latina a estar alertas ante las campañas negacionistas y los
mecanismos judiciales que promuevan la impunidad.
Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de Rodrigo Quintana asesinado por un
miembro de la Policía Nacional en Paraguay, y exigimos a las autoridades de dicho país una
clara y profunda investigación y castigo a los responsables
Instamos a los gobiernos de los países firmantes del Protocolo Facultativo contra la Tortura a
cumplir con las obligaciones relacionadas con los Mecanismos Nacionales de Prevención de
la Tortura, asumidas por el Estado parte al ratificar el OPCAT:
a) Creación mediante un procedimiento público, transparente, inclusivo e independiente en
el que participe un grupo ampliamente representativo de las partes interesadas, en
particular la sociedad civil.
b) El mecanismo nacional de prevención debe encauzar sus acciones y recursos para lograr
una contribución real a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.
Recomendamos a los gobiernos la exigencia de la utilización del Protocolo de Estambul en
los informes y dictámenes sobre víctimas de tortura y sus familiares.


Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la
Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos:


- Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.
- Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
- Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus
Familiares (CPTRT), Honduras.
- Centro de Apoyo Psicosocial (CAPS), Colombia.
- Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
- Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
- Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
- Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
- Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
- Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
- Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal
(ITEI), Bolivia.
- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
- Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela.
- Red para la Infancia y la Familia(REDINFA), Perú.

Download attachments:

Last modified onMonday, 05 June 2017 12:43
(0 votes)
Read 195 times