AU Absolución Perú

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Ciudad de México a 08 de Junio de 2017

 

 

ACCIÓN URGENTE

 

 

 

Nueva información

PER 001 / 0216 / OBS 016.1

Absolución

Perú

 

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicitan su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.

 

 

Nueva información

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio han recibido información de fuentes fidedignas sobre la absolución de la Sra.Máxima Acuña y su familia en el proceso penal en el que estaba siendo criminalizada por parte de la empresa minera Yanacocha[1]. La Sra. Acuña, es miembro de la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida, Premio Goldman 2016 y se ha convertido en un símbolo de su comunidad por su denuncia de los efectos negativos en materia de derechos humanos del proyecto Conga[2].

 

Según la información recibida, el 3 de mayo la sala permanente de la Corte Suprema de Perú dictó sentencia absolutoria de la Sra. Acuña y su familia por el presunto delito de usurpación agravada de los terrenos conocidos como Tragadero Grande, ubicados en la comunidad de Sorochuco, región de Cajamarca, que la minería Yanacocha reclamaba como suyos. La sentencia tiene un carácter definitivo en la vía penal. Tras la sentencia, la minera Yanacocha declaró que respetaría la sentencia y que procedería por vía civil a través de los procedimientos aún pendientes en el Poder Judicial con el fin de resolver la disputa de tierras.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio recuerdan que este proceso penal se produjo en un contexto de oposición de las comunidades locales a la construcción del proyecto minero Conga en la Sierra de Cajamarca por parte de la empresa Minera Yanacocha. Además, las comunidades locales denuncian que en las más de dos décadas que la Minera Yanacocha lleva instalada en la zona, se han registrado graves daños ambientales como un masivo derrame de mercurio en la aldea de Choropampa en 2002, asesinatos de opositores al proyecto incluyendo cinco fallecidos únicamente en el año 2012, así como denuncias de corrupción y de abusos laborales.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio celebran la sentencia absolutoria y definitiva de la Corte Suprema pero lamenta y condenan la criminalización a las que la Sra. Máxima Acuña ha sido sometida durante casi seis años y que parece formar parte de un patrón más amplio de uso indebido del derecho penal en contra de los defensores del derecho a la tierra en Perú, particularmente, en la Sierra de Cajamarca.

 

Por todo lo anterior, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y el Observatorio instan a las autoridades peruanas a tomar medidas para evitar la repetición de casos similares de criminalización en el futuro incluyendo a través de la implementación urgente de las recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos"[3] y hace un llamado a la empresa Yanacocha a poner fin al proceso de hostigamiento judicial en contra de la Sra. Acuña también por la vía civil.

 

 

Antecedentes:

 

 

La Sra. cuña y su familia han sufrido amenazas y ataques por parte de la policía y del personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha a lo largo de los últimos años. Estos ataques han incluido la destrucción de partes de su propiedad, la toma de fotografías de la casa y de la familia por parte de agentes de la policía, actos de vigilancia a través de cámaras y drones, amenazas de muerte, así como actos de intimidación instando a la Sra Acuña y a su familia a abandonar sus tierras. Estos hechos han llevado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgara medidas cautelares a favor de la Sra. Acuña y su familia el 5 de mayo de 2014.

 

Estos ataques están relacionados con la disputa que la Sra. Acuña tiene desde hace varios años con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó en la Segunda Sala de Apelaciones de Cajamarca que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como argumentaba la empresa.

 

 

Por lo que El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) EXIGE a las autoridades de Perú:

 

 

  1. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Acuña, de su familia, y en general la de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Perú;

 

  1. Emitir una directiva dirigida a todos los funcionarios públicos, incluyendo todos los órganos jurisdiccionales competentes y el Ministerio Público, para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH y el respeto a las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas reconocidas por el artículo 149 de la Constitución con el fin de asegurar que se ponga fin al uso indebido del derecho penal en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Perú;

 

iii. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

 

  1. De manera general, y garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Perú.

 

 

 ATENTAMENTE

 

 

Edith Escareño Granados

Coordinadora General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]                              Yanacocha fue constituida legalmente en 1992 y está conformada por Newmont Mining Corporationcon sede en Denver (EEUU), Cía. de Minas Buenaventura, compañía peruana, y la International Financial Corporation (IFC).

[2]               El proyecto Conga, administrado por la empresa minera Yanacocha, plantea trasvasar el agua de cuatro lagunas (Mala, Chica, Azul y Perol) hacia tres reservorios que se construirán cerca del lugar de origen de las mismas. Bajo los humedales hay oro, plata y cobre. Y en la Laguna Azul se tiene previsto depositar toda la roca removida.

[3]      El informe está disponible aquí : http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf

 

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