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ACCIÓN URGENTE

 

COL 004 / 0817 / OBS 093

Amenazas

Colombia

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicitan su intervención urgente ante la siguiente situación en Colombia.

 

 

Descripción de la situación:

 

Hemos recibido información de fuentes fidedignas sobre las amenazas de muerte sufridas por el Sr. Eison Valencia Sinisterra, líder comunitario de Buenaventura que reside en el Espacio Humanitario de Punta Icaco, una iniciativa ciudadana para construir espacios libres de actores armados ilegales en el contexto urbano de Buenaventura[1].

 

Según la información recibida, el día 26 de julio de 2017, alrededor de las 18:45, cuatro sujetos armados que fueron identificados como integrantes de la estructura neoparamilitar autodenominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia[2], accedieron al Espacio Humanitario de Punta Icaco y posteriormente tres de ellos irrumpieron en la residencia del Sr. Valencia Sinisterra. Uno de ellos le colocó el arma en la cabeza y le amenazaron verbalmente diciéndole “no lo queremos volver a ver en reuniones con los gringos, porque si te volvemos a ver te vamos a matar”.

 

Estas amenazas se produjeron como respuesta a una reunión que tuvo lugar el 17 de julio de 2017 en la ludoteca del Espacio Humanitario Punta Icaco con la participación de la misión de investigación de la OMCT y la FIDH en el marco del Observatorio[3], así como la participación de integrantes de Witness for Peace.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio recuerdan que la defensa de los derechos humanos en Colombia sigue siendo una actividad de alto riesgo ante el importante incremento en el número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en comparación con años previos[4]. Además, una de las principales conclusiones de su misión de investigación realizada en el mes de julio de 2017 fue que la principal fuente de agresiones contra personas defensoras se da en el contexto de la permanencia de estructuras paramilitares en el país, a pesar de la postura oficial del gobierno colombiano que niega su existencia.

 

Denunciamos la flagrante falta de garantías para la defensa de los derechos humanos en Buenaventura. Por todo lo anterior, condenamos las amenazas de muerte sufridas por el Sr. Eison Valencia Sinisterra y exigimos a las autoridades colombianas a tomar medidas eficaces para su protección, la del Espacio Humanitario Punta Icaco en su conjunto, así como a tomar medidas efectivas para afrontar el fenómeno de la permanencia de estructuras paramilitares.

 

Por lo tanto El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) EXIGE a las autoridades de Colombia que:

 

 

  1. Adopten de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica del Sr. Eison Valencia Sinisterra, así como medidas colectivas de protección para el Espacio Humanitario de Punta Icaco y sus integrantes, y en general, medidas para garantizar la integridad de todas las personas defensoras de derechos humanos en Colombia;

 

  1. Lleven a cabo una investigación independiente, inmediata, exhaustiva e imparcial en torno a dichas amenazas con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente, independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley, así como garantizar su no repetición;

 

iii.         Implementen una política decidida de lucha contra la expansión y el fortalecimiento de las estructuras paramilitares en el país incluyendo la implementación efectiva de las medidas incluidas a tal efecto en el Acuerdo de Paz;

 

  1. Aseguren la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derecho Humanos, adoptaba por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a los Artículos 1, 5.a y 12.2.

 

  1.  De manera general, garanticen el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Colombia. 

 

 

 

 

 

 ATENTAMENTE

 

Edith Escareño Granados

Coordinadora General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI

 

 

 

 

[1]                                 El 6 de octubre de 2016 se inauguró el Espacio Humanitario de Punta Icaco en el barrio “La Playita” de Buenaventura en una calle contigua y siguiendo el modelo del Espacio Humanitario Puente Nayero que fue constituido el 13 de abril de 2014, iniciando así un proceso para intentar construir un espacio libre de actores armados ilegales en pleno contexto urbano. La Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, (CIJP) y otras organizaciones acompañan y asesoran a las familias del Espacio Humanitario en temas de protección, seguridad, representación jurídica, documentación y difusión de hechos de violaciones de los derechos humanos. El 14 de septiembre de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a las 302 familias que constituyen el Espacio Humanitario Puente Nayero.

[2]                                 Según la información recibida esta estructura paramilitar ejercería control los sectores Piedras Cantan, barrio Viento Libre (Comuna 4), así como en el sector Alfonso López (Comuna 3).

[3]                                 Véanse Conclusiones de Misión Internacional de Investigación del Observatorio con fecha de 19 de Julio de 2017, disponibles aquí: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/colombia/2017/07/d24455/

[4]                                 El número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2016 oscila entre 59 y 134 según la fuente. Más allá de la diferencia entre cifras, escandalosas en ambos extremos, es importante resaltar que las distintas instituciones nacionales del Estado, organismos internacionales y de la sociedad civil colombiana que recogen estas estadísticas coinciden en señalar un importante incremento en el número de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en comparación con años previos.


 

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