Fallas estructurales impiden la investigación efectiva de tortura; iniciativa de ley de EPN es insuficiente: especialista

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(21 de enero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- En palabras de Edith Escareño, integrante del Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), en nuestro país existen una serie de fallas estructurales que impiden que la tortura sea investigada y sancionada adecuadamente. La mala aplicación de las pruebas para determinar la existencia de tortura-como el Protocolo de Estambul- es uno de los elementos centrales que, de acuerdo con la defensora, entorpece la persecución del delito.

Al participar en el Foro internacional sobre investigación, procesamiento y sanción de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, Escareño enfatizó que la práctica de la tortura es generalizada y sistemática. Sin embargo, dijo, por lo menos desde 2013 México no ha atendido las recomendaciones hechas por organismos internacionales para enfrentar el problema y mejorar la capacidad técnica para investigar el delito.

La defensora hizo mención de la propuesta de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos de Tortura, presentada por Enrique Peña Nieto al Senado de la República el mes de diciembre pasado. Criticó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo carece de medidas óptimas para atender el problema. Además que no tomó en consideración las propuestas hechas por organismos de la sociedad civil para contar con una legislación efectiva.

“En 2015 se comenzó un proyecto general de ley de tortura, en el que varias OSC hemos participado. En este proceso generamos, trabajamos en insumos básico que debe contener una ley (…) las OSC presentamos los insumos mininos que una ley general de tortura debería tener. En el proceso nos reunimos con PGR, reestructuramos su proyecto y lo que presentó Enrique Peña Nieto en diciembre fue una ley rasurada en donde se siguen admitiendo pruebas bajo tortura y el Protocolo de Estambul se baja a nivel de evaluación, un examen médico-psicológico”, señaló.

Sobre el contexto que vive México en torno al fenómeno, la especialista enumeró algunas de las fallas que impiden la investigación adecuada del delito, mismas que el CCTI ha detectado. En primera instancia, dijo, en el país no hay un acceso efectivo al Protocolo de Estambul, es decir las autoridades no garantizan que las presuntas víctimas sean evaluadas para determinar si fueron sometidas a tortura.

“Para 2013 sólo dos estados habían adoptado formalmente el Protocolo de Estambul y establecido la obligación de que los órganos de investigación solicitaran evaluación médica-psicológica, basada en el Protocolo de Estambul, para todas las denuncias de tortura. Sin embargo no ocurre, incluso en los estados en lo que se ha adoptado, las autoridades que conocen el Protocolo de Estambul, no lo emiten o no lo hacen, aunque es de carácter obligatorio.  Este incumplimiento de los procedimientos de investigación viola el derecho de la víctima a una investigación eficaz y exhaustiva de las denuncias de tortura. Además no hay sanciones o medidas disciplinarias para funcionares que incumplen”, señaló.

En este sentido, dijo, la falta de un examen oportuno es un problema grave que afecta la investigación de la tortura. Señaló que la no aplicación de una prueba en el momento indicado puede llevar a que la tortura no se castigue, debido que los síntomas físicos que deja el delito pueden borrarse rápidamente.

“Muchos de los responsables de impartir justicia desconocen qué es el Protocolo de Estambul y quienes lo conocen no lo solicitan. El Protocolo de Estambul en la mayoría de las veces es solicitado por la víctima y su defensa, al igual que la propuesta de peritos independientes”, dijo.

Aunado a lo anterior manifestó que las instituciones carecen del personal calificado para realizar el Protocolo de Estambul. Este hecho, dijo, provoca que los exámenes no puedan ser practicados oportunamente.

“Muchos estados no cuentan con expertos forenses calificados para llevar a cabo el Protocolo de Estambul y tienen que remitir la petición a nivel federal. Incluso cuando esto sucede no hay un número suficiente de expertos forenses para cumplir esta demanda. Esto conduce a una situación de que los exámenes rápidos no son posibles. Esto es especialmente importante ya que la autoridad sólo considera que hay tortura si hay lesiones físicas o estrés postraumático y esto puede desaparecer con el tiempo”, dijo.

La defensora lamentó la poca preparación de los peritos oficiales para la aplicación del Protocolo. Dijo que la falta de conocimiento lleva a que la calidad técnica de los exámenes para conocer si hubo tortura sea deficiente.

“Hay una falta de capacitación, de conocimiento, de técnica por parte de los peritos que operan en la parte oficial. La calidad técnica de los exámenes es deficiente, a pesar que las autoridades han dicho que han hecho un gran esfuerzo por capacitar a sus expertos forenses. Además, en los protocolos realizados por los peritos oficiales se establecen condiciones que son retraumatizantes para las víctimas y por tanto no conducen a conclusiones fiables”, dijo.

Otra de las fallas estructurales detectas es la falta de independencia por parte de los peritos oficiales que aplican los exámenes, además de la nula supervisión de órganos independientes hacia el trabajo de los agentes encardados de realizar el Protocolo.

“Si bien se han documentado las deficiencias en los informes del protocolo, en los peritos hay falta de independencia.  Quienes detienen y torturan, son las mismas que se dedican a investigar o evaluar la tortura, lo cual es un despropósito.”

De acuerdo con de Edith Escareño organismos como la ONU han emitido recomendaciones al Estado mexicano, mismas que no ha atendido. Entre ellas se encuentra la necesidad de que el gobierno asegure la investigación profunda de las denuncias de tortura.

“Algunas de las recomendaciones han sido: el gobierno de México debe asegurarse que como parte de una investigación de tortura, toda presunta víctima tenga acceso efectivo a una minuciosa investigación, rápida y efectiva; que tenga acceso al Protocolo de Estambul independiente; la adopción del Protocolo de Estambul en todos los estados; garantizar la disponibilidad suficiente de profesionales calificados para que las víctimas tengan derecho al protocolo de forma más rápida, incluido el derecho de ver a un médico cuando estén detenidas; así como las sanciones administrativas por los retrasos en la investigación.

Además, garantizar el acceso rápido y eficaz para los profesionales de la salud independientes a personas detenidas, incluído el acceso con el equipo médico necesario para llevar a cabo estos exámenes. Tomar fotografías y la garantía de que el Protocolo de Estambul independiente tenga el mismo valor que los oficiales”, señaló.

La defensora expresó su preocupación ante la mala aplicación del Protocolo de Estambul. Señaló que en el país, dicho Protocolo es contemplado como la única prueba, por lo que una mala aplicación determinará que no hubo tortura, a pesar que la víctima sí haya sido sometida a castigo.

“A finales del año pasado hubo un acuerdo, y nos preocupa. En el acuerdo se establece que el Protocolo de Estambul sea la prueba plena, única en los casos de tortura. Entonces si los Protocolos de Estambul están mal hechos y apuntan a conclusiones negativas entonces no hubo tortura. En este acuerdo se dice que si es negativo se declara incompetente para seguir con la investigación.

Estamos preocupados porque no se toman las otras pruebas. Si el protocolo de Estambul se realizara como marca los estándares internacionales señalan, tendríamos varias líneas de investigación (…) Tomar al Protocolo de Estambul como positivo o negativo sólo si hay huellas físicas o estrés postraumático niega el derecho a la justicia a las personas víctimas. Y también sigue negando el derecho a la justicia para las víctimas de violaciones a DD.HH. También siguen negando el derecho para las víctimas del delito al fabricar culpables bajo tortura”, apuntó.

La defensora hizo mención de la actitud que ha tomado el gobierno mexicano. Dijo que la posición tomada ante declaraciones como la del relator especial de la ONU, Juan Méndez, es el ejemplo de que la tortura existe y es una práctica sistemática tomada por los cuerpos de seguridad como un método de investigación.

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