Ley contra tortura de EPN lejos de erradicar podría enraizar el fenómeno; en México no se investiga adecuadamente: AI

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(02 de febrero, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- La gran problemática en torno al fenómeno de la tortura es la impunidad que prevalece casi en el 100 por ciento de los casos. Por ello, aunque el gobierno ha anunciado nuevos protocolos de investigación por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), si no se garantiza en la práctica el acceso efectivo a la justicia, el fenómeno persistirá.

Así lo señaló Madeleine Penman, investigadora para México de la organización Amnistía Internacional (AI). La especialista, que ha dado seguimiento a este fenómeno en los últimos años, lamentó que en México los casos de tortura no se concreten en sentencias condenatorias para los perpetradores, e incluso ni siquiera puedan llegar a ser consignados ante la autoridad.

La investigadora recordó que desde AI, México es considerado como uno de los cinco países en el mundo donde la problemática de la tortura es grave. Señaló que ante este contexto, en 2014 la campaña “Alto a la tortura”-impulsada por esta organización- seleccionó a México como una de las cinco naciones de enfoque.

Penman manifestó que en los últimos años las denuncias de tortura -en donde agentes del Estado son señalados como responsables- se han duplicado. En este sentido explicó que el uso de la tortura para fabricar culpables, obteniendo declaraciones autoacusatorias, es de lo más presente.

“El título de nuestro último informe es ‘Promesas en el papel, la impunidad diaria’, porque lo que vemos en México es que en los últimos 12 meses el gobierno federal ha hecho muchos anuncios: ha anunciado nuevos protocolos, nuevas iniciativas de ley y varias cosas sobre la temática de la tortura, pero la triste realidad es que durante 2014, el número de denuncias, de quejas por tortura ante la PGR se duplicó; en 2014 la PGR tenía registrado más de 2 mil 400 (2 mil 403) denuncias por tortura”, dijo.

La especialista recordó que en la última década las quejas por tortura, tratos crueles, inhumanos y/o degradantes, interpuestas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se han multiplicado en cerca de 600 por ciento. A pesar de esta cifra, dijo, no se debe perder de vista que la gran mayoría de los casos no son denunciados, por lo que el número podría ser mucho mayor.

En el mes de diciembre pasado, expuso, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) emitió algunos datos sobre el número de violaciones a los derechos humanos denunciadas ante las comisiones locales encargadas de dar seguimiento al tema. De los 32 organismos de derechos humanos que existen en el país, dijo, se presentaron alrededor de 12 mil denuncias por tortura.

“En diciembre de 2015 el INEGI lanzó números del primer censo que había llevado a cabo sobre las violaciones a derechos humanos denunciadas ante las 32 comisiones estatales de derechos humanos en el país. Ante el sistema de ombudsman la violación a derechos humanos más denunciada fue la violación a la libertad personal, es decir, detenciones arbitrarias, y la segunda, muy cercanamente detrás fue la tortura y malos tratos.

“En este censo, el INEGI dio a conocer que más de 12 mil casos de tortura fueron denunciados en todo el país ante las comisiones estatales de derechos humanos. Ahora bien, a todo esto se debe agregar la cifra negra, en donde la gran mayoría de abusos no se denuncian ni se investigan”, señaló.

Gobierno no garantiza la investigación en casos de tortura

De acuerdo con Madeleine Penman, las autoridades mexicanas no garantizan la investigación en los casos de tortura. Dijo que esta problemática ha quedado documentada por AI luego de dar acompañamiento a las víctimas en diversos casos.

De manera particular citó el caso del joven Enrique Guerrero Aviña, estudiante de la Faculta de Filosofía y Letras de la UNAM, acusado sin pruebas del secuestro de dos menores de edad.

Aviña fue detenido el 13 de mayo de 2013 en las inmediaciones del Estadio Azteca en la Ciudad de México sin orden de aprehensión. Mediante tortura, los Policías Federales captores buscaron que el joven estudiante se inculpara del secuestro de dos sobrinos del presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gerardo Gutiérrez Candiani; además durante la tortura, los agentes hacían preguntas como: “¿Quiénes se mueven en la Universidad?, ¿quiénes se oponen a las reformas?”.

“En el caso de Enrique, la PGR tardó dos años en abrir una averiguación previa después que Enrique denunciara ante un juez que sufrió tortura. El juez ordenó al MP investigar, pero nada ni siquiera se abrió una averiguación previa.

“Nosotros visitamos las instalaciones de la PGR en Jalisco donde está el caso, y preguntamos por qué no hicieron nada, pero las autoridades tienen una manera de esquivar su responsabilidad”, señaló.

La investigadora de AI manifestó  que en casos como el del joven estudiante, la Policía Federal, así como el Ejército y la Marina, “están llevando a cabo los operativos del país, están dejando miles de personas con denuncias de graves violaciones a los derechos humanos”.

“Entonces, lo que encontramos desde AI es que desafortunadamente la PGR no nos pudo hablar de consignaciones ante la justicia. En nuestro informe anterior, que salió en 2014, pudimos hablar que en 2010, 2011, 2012, las autoridades en un año habían consignado dos casos, en un buen año quizá cuatro, pero de repente preguntamos a través del INAI y la respuesta fue que no tenían una consignación registrada para 2014, entonces fue un año de cero consignaciones. Sin embargo fue un año donde se habían duplicado las denuncias, entonces la cosa no cuadra, porque tenemos un fenómeno que se encrudece, pero una falta de investigación muy preocupante”, declaró.

Por otro lado, habló sobre la actuación de los médicos y peritos oficiales al momento de evaluar a las victimas después de haber sido sometidas a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes. Expuso que a pesar que su participación es crucial para poder investigar el delito, en la gran mayoría de veces, los médicos y peritos oficiales son cómplices de los torturadores, pues no documentan las huellas que el maltrato dejó en las victimas.

Añadió que en diversos casos, los peritos y médicos oficiales han negado la existencia de lesiones provocadas por tortura, aunque estuvieran presentes en la victima; o en otros casos han minimizado el grado de las heridas ocasionadas por la tortura.

“La prueba médica-psicológica de la tortura es muy importante, pero desafortunadamente los médicos y médicas oficiales son cómplices de la tortura en este país. Los diagnósticos terminan siendo las herramientas más importantes de una investigación de tortura. El médico que certifica las lesiones tienen un papel importantísimo porque si se hacen de la vista gorda de lo que pasó, esto juega en contra de la persona víctima de la tortura”, señaló.

En este sentido mencionó el caso de Tailin, una mujer embarazada que fue sacada de su domicilio en la Ciudad de México. Tras ser torturada, los agentes aprehensores la culparon de delincuencia organizada y secuestro.

Los hechos ocurrieron en 2014. La mujer fue detenida por elementos de la Policía Federal, y golpeada al extremo de perder a su bebé. Debido al castigo físico, al ser llevada a la  Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Tailin presentó un sagrado profundo.

Ante la emergencia, dos médicos de la PGR atendieron a la víctima, sin embargo, estos no dieron la atención adecuada. A pesar de la particularidad del problema, no fue requerido un ginecólogo, y los médicos oficiales no documentaron de manera correcta las lesiones en el certificado.

“En el caso de Tailin hubo un doctor que sí notó el sangrado profundo. Y entonces ahora hay algo que puede comprobar que fue víctima de tortura (…) Como este caso hay muchos, y podemos ver la importancia de médicos y peritos oficiales y su labor, porque muchas veces terminan encubriendo la tortura diciendo que no hubo lesiones, cuando las hubo, o cuando ven lesiones graves, dicen que no son graves y al final de cuentas están siendo parte de este sistema omiso.

“Entonces estamos viendo la tardía y deficiente aplicación de exámenes médicos-forenses por parte de peritos de PGR que muchas veces no llegan al grano del asunto, niegan los hechos y no revisan bien los síntomas de las personas y niegan la existencia de tortura”, dijo.

Ley de EPN sobre tortura preocupa a AI

En palabras de Madeleine Penman, la iniciativa de ley contra la tortura presentada por Enrique Peña Nieto el mes de diciembre pasado no cumple con los elementos necesarios para erradicar el fenómeno. Señaló que resulta preocupante que la propuesta del Ejecutivo contiene “varios puntos que podrían socavar totalmente el objetivo de erradicar la tortura”.

Entre otras cosas, detalló que en la iniciativa de Peña Nieto se presentan dos tipos penales: uno por tortura y otro por tratos crueles, inhumanos, y degradantes. Explicó que a nivel internacional, diversas instancias, como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, no separan el delito de tortura y tratos crueles inhumanos.

“Los malos tratos también son una tortura, entonces es muy preocupante que en la iniciativa del Ejecutivo se presenten dos tipos penales, porque es muy probable, y hemos visto la tendencia en México, de subestimar los delitos y clasificarlos como un delito menor. Es muy preocupante que hagan esto”, dijo.

Por otro lado expresó su preocupación debido a que en la propuesta de ley del Ejecutivo se da paso a que jueces sigan aceptando confesiones obtenidas bajo tortura, uno de los principales hechos que alienta el delito.

“Hay una parte en la iniciativa en donde dice que solamente las pruebas obtenidas bajo tortura serán excluidas, es decir cualquier prueba obtenida con golpizas, pero que las autoridades califiquen como malos tratos y no tortura, entonces sí sirve, es prueba válida en un juicio. Eso es preocupante.

“Y luego ni siquiera habla de otros temas como: estándares internacionales, periciales, como el Protocolo de Estambul, entonces podríamos tener una ley propuesta por el Ejecutivo que podría enraizar y arraigar una de las peores cosas del sistema, que actualmente busca subestimar la tortura, ocultarla o encubrirla”, apuntó.

http://revoluciontrespuntocero.com/ley-contra-tortura-de-epn-lejos-de-erradicar-podria-enraizar-el-fenomeno-en-mexico-no-se-investiga-adecuadamente-ai/

 

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