Militares reprimen luchas populares desde 1931 en Guerrero: CCTI

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Militares reprimen luchas populares desde 1931 en Guerrero: CCTI

 

  • Participa el CCTI en el conversatorio A 5 años de Ayotzinapa
  • Necesario castigar a los funcionarios públicos que formaron parte de la “verdad histórica”: Abel Barrera Hernández
  • El apoyo del GIEI y de la ONU fue vital para que el caso no fuera cerrado por EPN:María Luisa Aguilar Rodríguez.
  • El amor de madre es el que nos hace seguir de pie, porque es más fuerte el amor por nuestros hijos que el dolor que cargamos: María Herrera Magdaleno.

 

La masacre en el zócalo de Iguala en 1931; la intervención del ejército y participación de militares con licencia o retirados al formar parte de las fuerzas policiacas que cometieron la masacre de la Alameda Granados en Chilpancingo en 1970; la persecución militar que se le realizó al Partido de la Revolución Democrática en sus primeros años y la masacre en el Charco en 1998 son solo algunos ejemplos de la represión militar en la entidad, señaló Raymundo Díaz Taboada, coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) en Guerrero.

 

En el marco del conversatorio A 5 años de Ayotzinapa (43 + decenas de miles de desaparecidos) realizado en el Auditorio San Ignacio de Loyola de la Universidad Iberoamericana, comentó que esta situación se da porque en los municipios los secretarios de Seguridad Pública, desde los años de 1970, son militares en retiro o militares con licencia. La participación del ejército en la represión y en la tortura es evidente, aseguró.

 

Como ejemplo de esta represión, recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) en el caso Iguala señaló que la noche del 26 de septiembre los batallones 27 y el de fuerzas especiales participaron en los hechos, pues soldados vestidos de civil participaron como agentes de información para el batallón 27 y fue cuando decidieron realizar patrullajes armados y blindados con todas las tropas.

 

Por acción y por omisión entendemos que en Iguala el ejército estuvo presente y estuvo cooperando con las fuerzas municipales y estatales que cometieron los hechos. Esto demuestra la participación militar, pero también demuestra que están en total impunidad porque de estos hechos nadie ha sido sancionado, indicó.

 

Ante las recientes liberaciones de personas del caso Ayotzinapa, dijo que se pueden ir tranquilamente porque no podrán ser juzgados por los mismos hechos, aunque por otra parte tendrán que cuidar su existencia porque pueden ser perseguidas por autoridades legales o por elementos de grupo de poder fácticos, además del riesgo cotidiano que significa vivir en Guerrero.

 

Para concluir, expresó que en la entidad los colectivos reclaman a dos mil desaparecidos.

 

En su oportunidad, Abel Barrera Hernández, director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, expuso que los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa han exigido que se pueda ya dar resultados sobre el tema del paradero de sus hijos.

 

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