Red TDT: emergencia sanitaria no debe de ser un pretexto para imponer políticas de mano dura

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Nos parece inaceptable que aprovechándose de la preocupación y angustia social, diversos actores políticos pretenden restringir derechos sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político.

Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Morelos han instrumentado políticas públicas restringidas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito.

Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas y la ruptura paulatina de los derechos humanos.

 

Las organizaciones parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) expresamos nuestra preocupación por las medidas de excepcionalidad que están instrumentando actualmente en estados como Michoacán, Morelos, Sonora, Jalisco, Yucatán , Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. De la misma forma junto con un conjunto de personas y organizaciones expresamos nuestra preocupación ante la iniciativa que retiró la diputada Lorenia Valles para crear un mecanismo legislativo para suplir a los plenos de las cámaras del Congreso [1] .Nos parece inaceptable que aprovechándose de la enorme preocupación social, diversos actores políticos pretenden restringir derechos sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político.

La emergencia sanitaria en curso ha sido generada por la pandemia declarada por la enfermedad Covid-19 producida por el virus SARS-CoV-2. En el caso de México si bien desde antes del 27 de febrero, fecha en que se presentó el primer caso, se encontraron varias medidas en la lógica de la prevención, las acciones más decididas por parte del Estado se dieron a partir de esa fecha, especialmente a partir de la declaración formal de Emergencia Sanitaria por parte del Consejo de Salubridad General el lunes 30 de marzo de 2020.

Ya el 15 de abril, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios emitió un pronunciamiento [2]  donde denunció la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por los gobernadores de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en relación con la imposición de multas , retenes, toques de queda, limitación a los derechos de libre tránsito y uso de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social promovidas por la Federación. De la misma forma el 18 de abril, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció [3]  la ineficacia de las medidas de prevención en los centros penitenciarios de Jalisco en relación al Covid-19.

Hemos podido documentar a través de medios de comunicación y páginas web oficiales de los estados que Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán han instrumentado políticas públicas restringidas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito. Como señalamos en un comunicado específico [4]  que emitimos para el caso de Michoacán excede sus facultades legales. En términos generales podríamos señalar las disposiciones restrictivas de los derechos a los aludimos carecen de fundamentación y motivación.  Omiten lo establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el capítulo Décimo de la Ley General de Salud.Esto da pie a crear marcos normativos que favorecen la violación de derechos humanos.

Es importante precisar que 17 procedimientos especiales de la ONU emitieron un comunicado [5]  el 16 de abril para señalar que “las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no son ser usados ​​como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos ”.Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte “El Estado que pretenda imponer una restricción de este tipo tiene la carga de probar que la misma satisface el principio de legalidad, que es idónea para alcanzar este fin, no existe medios menos lesivos para alcanzar y que la afectación ocasionada no resulte más perjudicial para el derecho que sea afectado que el beneficio obtenido ”. [6]

En este sentido, destaca la malograda iniciativa de la Diputada Federal Lorenia Valles[7] como un Intento de otorgar facultades extraconstitucionales a las cúpulas del congreso para crear los plenos de urgencia como mecanismo extraordinario para aprobar ordenamientos de manera transitoria, incluyendo reformas constitucionales tan sólo con el concurso de las juntas de coordinación política de ambas cámaras. Si bien la iniciativa fue retirada muestra  el interés de algunos actores políticos para crear mecanismos que eventualmente pudieran derivar en acciones autoritarias que lesionaran gravemente nuestra democracia y pusieran en riesgo la vigencia de los derechos humanos ante un contexto como el actual.

En una situación inédita a nivel global, estamos claros del enorme reto que representan la pandemia y los espacios de oportunidad que abre a los autoritarismos e ilegalidades. Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas, la permisibilidad de la represión y la conculcación paulatina de los derechos que hemos ganado a lo largo de la historia. Como organizaciones continuaremos en nuestro acompañamiento a los más necesitados, sin cejar en la crítica a las acciones violatorias de derechos humanos desde los estados y otros espacios de poder. ¡No a la mano dura!

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).


[1]  Peligrosa Iniciativa que pretende reformar los artículos 29 y 65 de la Constitución,  https://twitter.com/CMDPDH/status/1253813649485049856?s=20 

[2] Pronunciamiento sobre medidas de “protección” que violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios,  https://redtdt.org.mx/?p=15434 

[3] La aplicación del Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del COVID-19 es ineficiente, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), https://redtdt.org.mx/?p=15414

[4]  Ante pandemia, gobierno de Michoacán excede facultades transgrediendo derechos humanos y vulnerabilizando especialmente a pueblos originarios, Red Solidaria de Derechos Humanos y Red TDT https://redtdt.org.mx/?p=15430

[5] COVID-19: los Estados no deberían abusar de medidas de emergencia para suprimir derechos humanos – expertos y expertas de la ONUhttps://bit.ly/3bCbC5L 

[6] La CIDH llama a los Estados de la OEA a asegurar que las medidas de excepción adoptadas para hacer frente la pandemia COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales,   http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/076.asp

[7] Twitter de la Diiputada Lorenia Valles donde anuncia su iniciativa https://twitter.com/LoreniaValles/status/1253210642011631617?s=20 

Last modified onMonday, 27 April 2020 09:41
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