Pronunciamiento: ¡Alto al estado de excepción de facto!

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ALTO

¡AL ESTADO DE EXCEPCIÓN DE FACTO!

¡AL SISTEMA PUNITIVO MEXICANO EN EL QUE LOS MÁS DEPOSEÍDOS SON LOS ENEMIGOS!

¡BASTA DE LA BARBARIE PUNITIVA!

 

¡RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS!

México vive un estado de excepción de facto porque de manera sistemática y generalizada se violan los derechos humanos, es decir, no impera el Estado de derecho. En el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, el gobierno actual sufrió un discurso en el que afirma que no se utilizarán medios coercitivos y de represión a través de las fuerzas armadas, ni toques de queda, para lograr la contención de la pandemia . Sin embargo, los hechos son otros y estamos presenciando la profundización de las violaciones a los derechos humanos.

La pandemia ha desarrollado las funciones manifiestas y latentes del capitalismo avanzado en el que vivimos. Pese a la emergencia, se mantiene expuesto al contagio y muerte a un gran sector de trabajadores precarizados que están insertos en empresas, fábricas y maquilas del gran capital mexicano —ejemplo de ellas hijo las y los trabajadores de Elektra, Banco Azteca, Walmart, Aurrera y sus cadenas, Soriana, etcétera—; así como trabajadores y trabajadores de la maquila de todo el norte del país y quienes laboran en los sectores esenciales como son limpieza, agua, salud, entre otros. La función latente del gran capital es la acumulación y apropiación de plusvalor de las y los trabajadores,

En su función manifiesta, el Estado mexicano —a través del Ejército y de la Guardia Nacional— tiene tareas de seguridad ciudadana y ahora de salud pública, estableciendo “cercos sanitarios” e invitando a la población a quedarse en casa, cerrar negocios que no son esenciales. Sin embargo, solo son cerrados pequeños negocios que no son esenciales, porque en los casos como el del Grupo Salinas (representante de un poder fáctico) el poder político no tiene restricciones restringidas en su ejercicio económico no esencial, situación que pone en riesgo a sus trabajadores y trabajadoras.

En el mundo del capitalismo avanzado, el castigo y la cárcel han sido identificados para los pobres, para los más desposeídos. En México verificamos que esta lógica se impone, acompañada de una ideología penal del enemigo. La pauta consiste en sancionar conductas y no delitos: esto es, sancionar sin haber afectado ningún bien jurídico tutelado por el Estado y, por supuesto, esta forma ideológica punitiva está presente en nuestro corpus iuris en el derecho penal mexicano. [1]De esta forma, en el contexto de pandemia por COVID-19, se han registrado detenciones arbitrarias contra esos trabajadores precarizados, migrantes, indigentes, limpiaparabrisas, indígenas, así como contra personas que sobreviven de su venta diaria, entre otros grupos vulnerables. Lo anterior se ha visto evidenciado a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales mediante denuncias que señalan las arbitrariedades y las violaciones a los derechos humanos cometidos en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Yucatán, Guerrero, Oaxaca, entre otros estados.

Las cárceles (de Guanajuato y Estado d México), así como las 65 estaciones migratorias (particularmente Tabasco y Chiapas), son lugares de altísimo riesgo de contagio masivo dada la sobresaturación y el hacinamiento en los que viven los internos. Esta situación se agrava ante las limitaciones a sus derechos humanos por la falta de servicios básicos como agua, luz, limpieza, alimentos, entre otros. En cuanto a las estaciones migratorias, la situación se replica y se agudiza por tratarse de poblaciones que están en constante movilidad, con lo que se facilita su propio contagio y la propagación de COVID-19.

En este contexto, estamos avanzando hacia una política de tolerancia cero tránsito, donde el enemigo está focalizado en grupos o sectores más empobrecidos de México que necesitan buscar su sustento día con día. En tal lógica, el enemigo es el limpiaparabrisas, el vendedores de a pie, el mendigos, el indigente, la clase trabajadora precarizada, los grupos originarios desplazados y discriminados. De esta manera, al pensar que ellos son los enemigos porque “no se quedan en casa”, se les reponsabiliza a nivel personal del avance de la pandemia, incluso más que al Estado capitalista.

Nosotros y nosotras como defensores y defensoras de DDHH afirmamos que aun cuando el Ejecutivo federal no ha emitido a la fecha una declaración de suspensión de derechos —como dicta el artículo 29 constitucional, recurre a la Ley General de Salud en particular al artículo 13 fracción V, para decretar la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General, asimismo en el artículo 184 fracción III— sí está instrumentalizando esta acción al permitir la regulación el tránsito terrestre, marítimo y aéreo; con ello abre el camino para que las fuerzas armadas, como la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, así como a las policías estatales y municipales, realicen tareas de patrullaje por las calles para contener el tránsito de personas y esto implica un estado de excepción de facto. 

¡Estamos viviendo la barbarie punitiva en casos de detenciones por razones de sospecha de portar el COVID-19, lo cual no es un delito!

 

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

 

Artículos constitucionales violados por el Estado mexicano:

 

Artículo 1

Artículo 8

Artículo 11

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 29

 

[1] Artículo 38 constitucional, fracción II y V; Ley contra la Delincuencia Organizada, Código Penal Federal, entre otros cuerpos normativos secundarios a nivel nacional.

Last modified onWednesday, 29 April 2020 13:05
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