Boletines (83)

XVI Aniversario del CCTI y la Jornada de lucha contra la tortura, en el marco del 26 de junio, Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura

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A 16 años de su formación, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, AC (CCTI) continúa su importante trabajo para la atención integral de sobrevivientes de tortura, sus familias y comunidades. El CCTI fue fundado el 26 de junio de 2004, desde entonces ha luchado contra la tortura y atendido a más de 700 personas, entre sobrevivientes, sus familias y comunidades.

Desde el inicio de sus actividades, el CCTI ha documentado casos de tortura en cárceles de la Ciudad de México y del estado de Guerrero, en comunidades afectadas por la violencia política, mediante la realización de dictámenes médicos psicológicos controlados en el Protocolo de Estambul, más de 60 dictámenes en diversas entidades del país y nivel internacional. El Colectivo busca contribuir elementos que ayuden a la estrategia integral en la defensa legal de las víctimas de tortura, como lo ha hecho en casos paradigmáticos como la tortura en Atenco o con el acompañamiento psicosocial en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, entre otros. El CCTI también ha brindado capacitación a profesionales, por ejemplo, 

En el 2019, el CCTI, en conjunto con otras organizaciones de derechos humanos en México, contribuyó al Informe Sombra, presentado ante el Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU. Este informe fue llevado a una sesión del Comité en Ginebra, Suiza, donde el Colectivo envió a dos representantes quienes hablan sobre el tema de la rehabilitación de sobrevivientes de tortura; esto fue posible gracias al apoyo del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de la Tortura (IRCT) y de la Delegación de la Unión Europea en México. Asimismo, con el IRCT participó en la elaboración del documento Indicadores Nacionales para el derecho a la rehabilitación, que define 10 indicadores relevantes en el tema de acceso a la rehabilitación para sobrevivientes de tortura en México.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad pertenece a la Red Nacional Todos los derechos para todas y todos, la Red Latinoamericana y el Caribe de Instituciones de Salud Contra la Tortura, la Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos y la Red del Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT por sus siglas en inglés), con sede en Copenhague Dinamarca y que agrupa más de 160 organizaciones en todo el mundo.

En el marco de las celebraciones por nuestro XVI aniversario y el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, invitamos a los medios de comunicación y hacer eco a las voces de cada una y cada uno de las y los sobrevivientes de tortura que nos han permitido caminar a su lado para acompañarlos, la de las organizaciones con las que hemos colaborado a lo largo de estos dieciséis años, y la de quienes nos han apoyado en esta lucha. Del lunes 22 al viernes 26 de junio difundiremos en redes testimonios de las y los sobrevivientes de tortura que continúan resistiendo la impunidad y luchando por su derecho a la verdad, justicia y reparación bajo el lema: #JornadasDeLuchaContraLaTortura

El 26 de junio llevaremos a cabo dos eventos para recordar que en México y el mundo resistimos los actos de tortura que continúan practicando en total impunidad.

De 12:00 a 13:30 horas les invitamos al Foro Resistir en colectivo: la protesta social en tiempos de aislamiento (adjuntamos el programa) con la participación de:

DANAÉ SINCLAIRE: Integrante del Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS) - Chile.

MARIANA LAGOS: Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Social (EATIP) - y representante de la Red Latina ante el Consejo del Consejo Internacional de Rehabilitación para la Tortura (IRCT).

BLANCA SANTILLÁN: Coordinadora del área jurídica del CCTI.

PEDRO RIVERO: Integrante del Colectivo de Sobrevivientes de Tortura de Atenco (COSTA) y del Comité de Sobrevivientes de CCTI.

GLORIA MUÑOZ: Periodista que ha documentado y acompañado a diferentes movimientos sociales (moderadora).

A las 16:00 horas realizaremos un conversatorio con el tema: Desafíos de los Derechos Humanos en tiempos de pandemia en América Latina, con la participación de Lisa Henry, Secretaria Ejecutiva del IRCT; Ángela Ospina, de CAPS Colombia, y Cristian Urbalejo de CCTI México; Judith Erazo de Honduras, José Luis Tejada de CINTRAS Chile, Mariana Castilla de CCTI y moderando Mariana Lagos. Se tocará el tema del contexto regional de América Latina, migración y desplazamiento, personas privadas de la libertad y represión de la protesta social.

A dieciséis años de lucha digna contra la tortura agradecemos a todas las personas que han confiando y nos han permitido acompañarles. Gracias Les abrazamos y reiteramos que nuestro compromiso sigue en pie de lucha, con ustedes siempre, exigiendo castigo a los culpables, sin repetición y reparación integral.

 

¡POR UN MUNDO SIN TORTURA!

¡ALTO A LA TORTURA, ALTO A LA IMPUNIDAD, ¡NI UN PASO ATRÁS!

¡VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

 

Ciudad de México, a 23 de junio de 2020.

 

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ACCIÓN URGENTE Personas heridas por armas de fuego en San Mateo del Mar, Oaxaca.

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Ciudad de México 21 de Junio de 2020.

 

 

ACCIÓN URGENTE

 

Personas heridas por armas de fuego en San Mateo del Mar, Oaxaca.

 

Al Gobernador de Oaxaca José Alejandro Murat Hinojosa.

Al Secretario General de Gobierno Héctor Anuar Mafud Mafud.

A la Fiscalía General del Estado Dr. Rubén Vasconcelos Méndez.

A la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca

A las organizaciones de Derechos Humanos de Nacional e internacional.

A los medios de comunicación en general.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) ha tenido conocimiento y denuncia los siguientes,

 

Hechos:

 

El día de hoy, domingo 21 de junio, las Agencias municipales de San Mateo del Mar nos habíamos convocado como es costumbre entre las autoridades comunitarias, a través de perifoneo y asambleas por agencias LA ASAMBLEA DE ANÁLISIS E INFORMACIÓN que se llevaría a cabo en Huazantlán del Río.

Las mujeres y hombres de las agencias al trasladarnos al punto de reunión fuimos detenidos a la altura de la Agencia de Reforma, lugar en donde supuestamente había un filtro sanitario, encontramos sobre carretera llantas incendiadas por doquier que nos impedían el paso, atrincherados entre las llamas, hombres con el rostro cubierto empezaron a accionar sus armas de fuego, hiriendo de inmediato a varias personas que estaban en las camionetas. Ante este COBARDE ATENTADO PONEMOS DE MANIFIESTO NUESTRA MAS ENÉRGICA PROTESTA AL GOBIERNO ESTATAL Y FEDERAL debido que hemos alertado en tiempo y forma del peligro que se cierne sobre nuestra comunidad Ikoots.

La complicidad de supuesto presidente municipal BERNARDINO PONCE HINOJOSA y el empresario e influyente JORGE LEONCIO ARROYO RODRIGUEZ, sigue cobrando víctimas entre los Ikoots y las autoridades federales se cruzan las manos ante estas injusticias.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) Hace un llamado urgente a AL PUEBLO DE OAXACA, ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS NACIONAL E INTERNACIONAL a la solidaridad y EXIGE a los gobiernos FEDERAL Y ESTATAL:

 

  1. LA PRESENCIA INMEDIATA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA
  2. SEGURIDAD PARA TRASLADO INMEDIATO DE HERIDOS AL HOSPITAL DE SALINA CRUZ
  3. INVESTIGACIÓN INMEDIATA DE LA AGRESIÓN Y CASTIGO A RESPONSABLES

 

 

Atentamente

 

Cristian Urbalejo Luna

Coordinador General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)

 

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Pronunciamiento conjunto en el marco de la protesta social por la exigencia de justicia para Giovanni López en Guadalajara, Jalisco

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                      PRONUNCIAMIENTO ANTE LOS HECHOS OCURRIDOS EN GUADALAJARA, JALISCO, EN EL MARCO DE LA PROTESTA SOCIAL POR LA EXIGENCIA DE JUSTICIA PARA GIOVANNI

 

HECHOS

De acuerdo con la información transmitida por sus familiares y difundida en medios de comunicación, Giovanni López Ramírez fue detenido de manera arbitraria y violenta el 4 de mayo de 2020 por las políticas municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco; La causa de la detención fue no usar cubrebocas en la vía pública. Al día siguiente, 5 de mayo, su familia tuvo conocimiento de qué estar bajo custodia de diversas autoridades fue privado de la vida. Al recibir el cuerpo, los familiares observaron que tenía signos de tortura, entre ellos, una herida por proyecto de arma de fuego en la pierna.Además, se hizo del conocimiento público que el presidente municipal de dicho municipio, a través de un tercero, ofreció a la tía de Giovanni 200 mil pesos para que no difundiera el video y también atendió a la familia con matarlos si lo hacían.

Una vez realizada la denuncia pública, la Fiscalía del Estado de Jalisco emitió un comunicado donde informó el 5 de mayo había iniciado una carpeta de investigación por los hechos, sin indicar si se realizó una investigación por probable tortura y siguiendo los informes internacionales del Protocolo de Minnesota. Además, esta instancia desmintió la declaración de los familiares al señalar que, en los informes elaborados por la Policía Municipal, no se especifica como causa de la detención el no uso de cubrebocas.

Así mismo, en la conferencia de prensa dada el 3 de junio por el Fiscal del Estado, Gerardo Octavio Solís, y el Coordinador del Gabinete de Seguridad del Estado, Macedonio Tamez Guajardo, se señala que la Fiscalía, "en primer término" , periódicamente una investigación documental solicitando "una serie de informes a la autoridad municipal" . De esta forma, se dio por sentado que la forma en que ocurrieron los hechos - al menos respecto al motivo de la detención - fue de acuerdo la versión de los agentes policiales aprehensores; señalaron que los servidores públicos tuvieron incurrir en “abuso” “del uso de la fuerza” y “de autoridad” ;se determinó qué determinó los peritos quienes determinarán si la muerte de Giovanni fue producto de dicho "uso de la fuerza" ; se justificó mediante la "secretaría necesaria para el buen desarrollo de la investigación" el no proporcionar información; se informó que los policías involucrados se encuentran "en activo" , con base en la relación contractual que mantiene el gobierno municipal con estos; se dijo que “no hubo flagrancia” y con ello se justificaron las dilaciones de la investigación; admitir que si bien un mes es un plazo "largo, demasiado largo, quizás" y "un tiempo excesivo"para la integración de la investigación, este plazo se debe a "Hay ocasiones en las que los peritos, los testigos, los médicos, los tiempos de rendición de sus informes, en ese sentido no nos gusta apresurarlos, para evitar que comenten errores" .

La difusión de información sobre el caso y la falta de respuestas satisfactorias de las autoridades responsables de la investigación derivada en la convocatoria a una manifestación el 4 de junio de 2020 en la capital del estado con el objetivo de exigir justicia para Giovanni. Durante esta manifestación, fueron desplegados elementos de los cuerpos de seguridad públicos y municipales [1] quienes, haciendo uso de golpes, patadas, uso de gases lacrimógenos, amenazas y otras formas de agresión, dispersaron a las personas que se manifestaron y las persiguieron por las calles aledañas. Hasta el momento de la publicación de este Pronunciamiento, tiene la información oficial de 27 personas detenidas, 2 mujeres y 25 hombres; seis de estas personas son menores de edad.

Ante estos hechos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos se desplazan a las instalaciones de la Fiscalía del Estado de Jalisco para documentar los hechos y contribuir a que se garantice el derecho al debido proceso y, en el caso de sus familiares, el derecho a la información; sin embargo, al realizar sus actividades de observación y documentación, estas defensas y defensores fueron objeto de amenazas por parte de las autoridades locales.

 

CONSIDERACIONES

El 4 de junio de 2020, la Oficina en México del Alto Comisionado para Naciones Unidas, las autoridades del estado de Jalisco que, de acuerdo con el "Protocolo modelo para la investigación legal de ejecuciones extralegales, arbitrarias y sumarias" –conocido como “Protocolo de Minnesota " -, las muertes ocurridas cuando una persona se encuentra bajo la custodia del Estado se presumen como daños ilícitas y existe una presunción general de la responsabilidad del Estado, salvo que se demuestre lo contrario.Es importante señalar que este, y otro instrumento internacional que establece las directrices para la investigación eficaz de muertes bajo custodia en las que existe un alto grado de sospecha de haber sufrido tanto tortura como parte de una ejecución extralegal, Protocolo de Estambul, son conocidos por las autoridades del gobierno del estado de Jalisco, pues se menciona en diferentes instrumentos jurídicos de esta entidad federativa, como el Protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación del delito de feminicidio en el estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial el 28 de junio de 2018.

Así, la obligación de los distintos niveles de gobierno del Estado Mexicano, ante los hechos específicos, es realizar una investigación pronta, efectiva y exhaustiva, independiente e imparcial, y transparente, en la que pueden resultar necesarias tanto medidas de investigación rutinarias como técnicas altamente Especializados y mediante una estrategia que incluye la rendición de cuentas por todas las decisiones que tome el equipo de investigación (Protocolo de Minnesota). Esto último es especialmente importante subrayarlo dado que la dimensión que ha tomado el caso justificaría, incluso, la creación de un mecanismo especial imparcial de investigación, dado el interés público (Protocolo de Estambul). 

Por otra parte, las autoridades del estado de Jalisco estaban obligadas a proteger la libre manifestación y seguridad de las personas que participan en manifestaciones de verdad, justicia y reparación para Giovanni y su familia.

 

PRONUNCIAMIENTO

Ante todo lo expuesto, las manifestaciones públicas de las autoridades responsables de la investigación del caso son altamente preocupantes dado que enfrenta, ante los probables hechos de tortura y ejecución extrajudicial de que fue la víctima Giovanni López Ramírez, las autoridades no han seguido las directivas internacionales que tenían una investigación seria exhaustiva, violando el derecho de las víctimas a un recurso judicial adecuado y efectivo, ante las autoridades independientes, afectado y competente, que les garantice su derecho a conocer la verdad, que se realice con la debida diligencia una investigación inmediata y exhaustiva del delito o de los derechos humanos sufridos por ellas, a los autores de los delitos y de las violaciones de derechos, con respeto al debido proceso, sean enjuiciadas y sancionadas, así como obtener una reparación integral por los daños sufridos. Las declaraciones del Fiscal del Estado y del Coordinador del gabinete de Seguridad estatal denotan un manejo opaco en la información, un desconocimiento flagrante de los principios que deben guiar la investigación de una muerte bajo custodia policial, se confunde el papel de los peritos forenses al indicar que ellos son quienes determinan si la muerte de Giovanni fue producto de dicho "uso de la fuerza", y reconoce expresamente que no se ha cumplido el principio de inmediatez.

Por otra parte, el Gobierno del Estado de Jalisco no solo está violando el derecho de las víctimas a la justicia, sino que incurrió en nuevas víctimas a los derechos humanos ante la manifestación pública de indignación por parte de diversos sectores de la sociedad que el 4 de junio de 2020 se manifestó en la capital del estado.

En este sentido, las organizaciones firmantes exigimos a las autoridades estatales y federales, así como a los Organismos Públicos de Derechos Humanos, lo siguiente:

  1. Reconocer la privación de la vida de Giovanni López Ramírez como resultado de los errores graves a los derechos humanos y la investigación pronta, efectiva, exhaustiva, independiente, imparcial y transparente.
  2. Garantizar que las investigaciones penales y por restricciones a los derechos humanos se realicen conforme a los protocolos y protocolos internacionales para casos de muertes peligrosamente ilícitas, cuentos como el Protocolo de Estambul y el Protocolo de Minnesota.
  3. Garantizar en todo momento los derechos de los familiares de Giovanni, quienes son víctimas de los hechos. Particularmente se deben brindar las medidas de seguridad que solicitan y permitir su participación en las investigaciones.
  4. Prevenir la comisión de nuevas violaciones de derechos humanos, garantizando los derechos a la libre manifestación, la seguridad, la integridad personal y la libertad de las personas que exigen justicia para Giovanni.
  5. Iniciar de oficio las carpetas de investigación y quejas correspondientes por probables actos de tortura en el marco de la manifestación del 4 de junio de 2020 en Guadalajara, Jalisco.
  6. En los casos de personas que denuncien la tortura durante su detención, inicie las investigaciones correspondientes del acuerdo a lo establecido en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Peñas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
  7. Garantizar la integridad y el derecho a defender los derechos humanos de las y los integrantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil y los periodistas que afectan a la documentación de las violaciones de los derechos humanos ocurridos durante las manifestaciones del 4 de junio de 2020.
  8. Aclarar el compromiso con el objetivo de la presencia y la participación  de la Guardia Nacional en los patrullajes en la zona de la manifestación.

 

Demandamos una investigación por probables hechos de tortura y ejecución extrajudicial de Giovanni López Ramírez.

Repudiamos la política criminal que aplica el gobierno de Jalisco caracterizada por una violación sistemática a los derechos humanos.

Daremos seguimiento a las detenciones arbitrarias, al uso desproporcionado de la fuerza y ​​probables actos de tortura ocurridos durante la manifestación realizada el 4 de junio de 2020 en Guadalajara, Jalisco.

5 de junio 2020

 

CONSEJO DE JUSTICIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO AC

 COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

 COMITÉ DE DEFENSA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS, GOBIXHA AC

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS TOALTEPEYOLO

 

[1] Preocupa un video difundido en la cuenta de Twitter @TelediarioGDL en donde se escucha a los cuerpos de seguridad diciendo "Los vamos a matar" en el interior del Palacio de Gobierno durante la protesta.

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Comunicado de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC.

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Aún con la lucha por la vida desde hace unos días hoy a las 3am Jaime Montejo nos dejó. Hoy Martes 05 de Mayo del 2020. Un luchador incansable ha muerto en pie de lucha.

No cabe duda...

Desde tú proceso histórico de joven sabes de que laso vas a caminar.

Y Jaime camino de lado de las armas.
De lado de la revolución.
De lado de la Insurgencia.
De lado de las armas.

Y al llegar a México con Elvira y Rosa Icela Madrid Romero fundaron Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. Y una vez más ahora en México.

Hizo lo que mejor sabía hacer!!!!
Una revolución y un cambio histórico!!!

La lucha incansable por un mundo más digno.
La lucha de toda su vida desde Colombia hasta México fue de insurgencia, fue de revolucionar, fue dura como su madera y su tenacidad para crear cambios.

La luz que dio a un movimiento de mujeres y su libertad es lo que queda con un personaje tan grande y fuerte y literal...

Hay gente que da su vida por que el mundo cambie al menos un poco tan solo un poco...

Y así fue, como la lucha no para!!!..

Acá seguimos de pie y en un proceso muy largo, burocrático que es tener a Jaime con nosotros!!!!.

Jaime Montejo es un hombre de lucha y de luz.
Un hombre con fuego en el corazón que dio su guerra en contra del Gobierno y de qué manera!!!!!

Contundente.
Directo.
Activo.
Y con una lengua fina para matar mentiras y falsas promesas.

Hoy la guerra de baja intensidad de un Estado que aplaude y sigue vendiendole la vida a la gente del dinero y del poder, ha dado un paso grande ante la pobreza.

Los pobres más pobres.
Los ricos más ricos.

Y la fuerza del pueblo sigue a la espera de un nuevo amanecer.

En voz y en memoria de un compañero de lucha, Brigada Callejera sigue de pie y con fuerza para seguir adelante!!!

Solo se adelantó y seguimos avanzando para dejar más conciencia, más Revolución, más revuelta para enfrentar los estragos de un mundo neoliberal que no frena!!!

Acá!!! Seguimos avanzando.

Tenemos que hacer que Elvira Madrid Romero no recaiga y se aferre a la vida!!!

Ricardo Guerrero Natalia Escobar Juan Jose Pandal Jimenez Óscar Chávez Lanz Juan De Dios Hernández Monge

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ACCIÓN URGENTE: aislamiento, confinamiento, incomunicación y amenazas contra personas privadas de la libertad

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Manuel López Obrador
Presidente de la República Mexicana
Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza
Hugo Morales Valdés
CEDH del Estado de Coahuila de Zaragoza
Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
Gerardo Márquez Guevara
Fiscal General de Justicia de Coahuila de Zaragoza

ACCIÓN URGENTE

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) con domicilio para recibir información y notificación en calle Pitágoras número 1210, interior 18, Colonia Del Valle, C.P. 3100, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con número de teléfono 56045642, solicita su intervención con carácter de urgente ante el confinamiento, aislamiento y amenazas de que han sido objeto Leonardo Daniel Espinoza González, Cooper Alberto Gutiérrez Hernández, Jesús Iván Olvera Juárez y Cristian Adrián Martínez Lara.


HECHOS:

Esta tarde, martes 5 de mayo de 2020, alrededor de las 13:30 horas, la Licenciada Ariana Denise García Bosque fue notificada vía telefónica que sus representados Leonardo Daniel Espinoza González, Cooper Alberto Gutiérrez Hernández, Jesús Iván Olvera Juárez y Cristian Adrián Martínez Lara serían aislados y dejados en confinamiento e incomunicación al interior del Centro Estatal de Readaptación Social de Piedras Negras Coahuila, siendo amenazados de que “si no retiraban el amparo van a seguir ahí aislados”.

La demanda de juicio de amparo al que se hace alusión es el 254/2020 promovido por las personas señaladas “contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza con residencia en saltillo, Coahuila, y otras autoridades, por omisión de emitir medidas y acciones sanitarias de contención, de detención de contagio, de manejo de contagio, de priorización de casos de personas de alto riesgo, de manejo de la enfermedad COVID-19 dentro de los penales, de protección para personal de custodia o personal penitenciario que labore en los penales y que pueda contagiar la enfermedad a los reos, ni de tratamiento de los cadáveres por causa del COVID-19 en los centros penitenciarios del estado, en especial del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza”.

En dicho instrumento jurídico se solicita “que las autoridades responsables comprueben las medidas y acciones sanitarias de contención (…) para garantizar la vida e integridad de los internos de los centros penitenciarios del Estado”.

La abogada defensora se encuentra en este momento (15:45 horas) en el Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, verificando la integridad personal de sus defendidos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 14,18, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) exige a las autoridades:

1. El cese de las amenazas y actos de tortura (aislamiento, confinamiento, incomunicación) denunciados, así como el respeto a los derechos que dicta nuestra Carta Magna, tratados internacionales, así como en las leyes secundarias pertinentes para el caso.
2. Garantizar el derecho de la licenciada Ariana Denise García Bosque a defender los Derechos Humanos.
3. Garantizar la integridad física y psicológica de Leonardo Daniel Espinoza González, Cooper Alberto Gutiérrez Hernández, Jesús Iván Olvera Juárez y Cristian Adrián Martínez Lara.
4. Garantizar la emisión de medidas y acciones sanitarias de contención, de detención de contagio, de manejo de contagio, de priorización de casos de personas de alto riesgo, de manejo de la enfermedad COVID-19 dentro de los penales, de protección para personal de custodia o personal penitenciario que labore en los penales y que pueda contagiar la enfermedad a los reos, ni de tratamiento de los cadáveres por causa del COVID-19 en los centros penitenciarios del estado, en especial del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

Para el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, este es un acto de intimidación hacia la lucha por la defensa de los Derechos Humanos de personas privadas de la libertad, en el contexto de la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19 y es preocupante dado el ambiente de graves violaciones a derechos humanos que se vive en México.


ATENTAMENTE
Coordinación General
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)
Lic. Cristian Urbalejo Luna

 

 

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ATENCO: 14 AÑOS DE IMPUNIDAD

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La falta de justicia es una violación a los derechos de las víctimas y es particularmente grave cuando las instituciones que deben defender sus derechos son quienes los violan. Como parte del acompañamiento que brinda el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) al Comité de Sobrevivientes de Tortura de Atenco (COSTA), el 9 de octubre de 2019, se solicitó un informe detallado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el seguimiento y cumplimiento a la recomendación 38/2006 emitida por ese organismo, la referida recomendación está dirigida a:

  1. la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), quien no aceptó la recomendación;
  2. al Gobierno del Estado de México, que aceptó la recomendación el 17 noviembre 2006; y
  3. al Instituto Nacional de Migración, que aceptó la recomendación el 27 abril 2007.

En razón de lo anterior, es altamente cuestionable que la SSP federal no haya aceptado la recomendación debido a que esta corporación fue la que participó en la brutal represión los días 3 y 4 de mayo de 2006.

En cuanto a la recomendación dirigida al Gobierno del Estado de México, a continuación, se detalla lo que ordena la recomendación y la respuesta que nos dio la CNDH en cuanto al seguimiento y cumplimiento:

Primero. Con respecto a los procedimientos administrativos al personal de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), la CNDH contesta que fueron sustanciados y resueltos, pero no se señala el sentido de la resolución, cuántas personas fueron las sancionadas ni de qué manera.

Segundo. Se indica el pago de una indemnización a favor de los familiares de los fallecidos Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea Hernández; sin embargo, la CNDH nos informa de manera victimizante que se ofreció una beca a favor de uno de los fallecidos. Esto es inaudito y revictimizante para los familiares de Alexis.

Tercero. En el tema de la rehabilitación de las personas con secuelas de la brutal represión estatal, la CNDH indica que se realizó un censo, así como avisos en medios de comunicación, pero no indica los resultados. A la fecha, las y los sobrevivientes no han recibido rehabilitación integral.

Cuarto. La recomendación mandata la continuidad a las investigaciones penales; sin embargo, la CNDH no nos informa el resultado de estas investigaciones. Esto es muy grave porque con ello permite la continuidad de la impunidad en el caso Atenco, en razón de ocultar esta práctica sistemática y generalizada en nuestro país.

Quinto. Se solicitó iniciar procedimiento al director del penal de Santiaguito y al personal médico por irregularidades respecto de personas migrantes y atención a la salud. La CNDH nos informa que se investigó al director, pero que no detectó responsabilidad y con respecto al personal médico no se nos informó nada. Nuevamente señal de impunidad.

Sexto. Se solicitó que se previniera la tortura mediante capacitación del personal de la ASE, y sólo se indicó que hubo capacitación, pero no a cuantos elementos ni cuál fue su impacto.

Séptimo. Se solicitó se investigara penalmente al personal del penal Santiaguito por el delito de tortura; sin embargo, la respuesta de la CNDH es que el MP formuló ponencia de reserva en cuanto a la investigación de tortura.

Octavo. Se solicitó investigación administrativa en contra de los elementos de la ASE por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en contra de Alexis Benhumea, quien falleció por ese motivo, y que se informaran los resultados. En respuesta a lo anterior, se nos informó que se inició la investigación, por lo cual se sustanció y determinó el caso, sin indicar los resultados del mismo.

En cuanto a la recomendación dirigida al INM

Primero. La recomendación dicta que se inicien los procedimientos administrativos en contra de personal del instituto que inició trámite de expulsión, fuera de los casos establecidos en la Constitución y se informaran los resultados. La CNDH nos informa que se inició el procedimiento administrativo, y como resultado se archivó porque no se acreditó responsabilidad administrativa.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, como acompañante de los y las sobrevivientes de tortura de COSTA en la exigencia de justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales, señala lo siguiente:

  1. La recomendación en sí misma es insuficiente y carente de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y en particular en materia de tortura.
  2. La Recomendación 38/2006 refleja la subdocumentación de casos de tortura y la violación a los derechos de las víctimas que genera protección a los perpetradores de la tortura materiales e intelectuales.
  3. El seguimiento que está obligada la CNDH a dar en el caso Atenco es absolutamente discrecional debido a que acepta como cumplido una serie de puntos que están lejos de ser satisfactorios para los y las sobrevivientes de tortura.
  4. Los puntos relativos a los aspectos individuales de rehabilitación y compensación de la reparación del daño no es una realidad, a la fecha no hay ninguna víctima de COSTA que haya sido reparada de manera integral.
  5. Lo inaudito de la reparación es el hecho de que se indicara que se ofreció una beca para una persona que había fallecido con motivo de los hechos de la represión.
  6. Algunas respuestas sobre la reparación relacionadas con garantías de no repetición, terminan por ser absurdas, como son las que se refieren a capacitación o la formulación de directrices. Lo anterior demuestra que no hubo un interés real por corregir la actuación institucional y con ello el ocultamiento y la complicidad de la CNDH para investigar la grave violación de tortura en el caso Atenco.

Esto muestra que los organismos públicos de derechos humanos, en particular la CNDH, no investigan de manera apegada a los estándares más altos en materia de tortura, lo cual permite la impunidad en los casos en que se ven involucradas las fuerzas armadas.

Para las organizaciones de derechos humanos que acompañamos al Comité de Sobrevivientes de Tortura de Atenco en su exigencia de justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como en la reparación y no repetición de graves violaciones a DDHH, se vuelve un caso relevante para ser presentado ante la Corte Penal Internacional y el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.

El único freno que existe para detener la impunidad es el castigo a los perpetradores materiales e intelectuales de la tortura.

Memoria, verdad y justicia
para el Comité de Sobrevivientes de Tortura de Atenco
COSTA

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

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Red TDT: la emergencia sanitaria por COVID-19 pone en evidencia la fragilidad del sistema laboral mexicano

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  • La existencia de un sistema laboral mexicano débil y precario agrava las condiciones de las y los trabajadores en el actual contexto
  • La protección de la vida deber ser un elemento fundamental para garantizar el trabajo digno
  • Hacemos una llamado a las autoridades, empresarios, a los sindicatos a tomar medidas integrales para proteger la vida, integridad y el ejercicio de derechos humanos laborales.

En el marco conmemorativo del Día Internacional del Trabajo las organizaciones que forman parte de esta Red, externamos nuestra preocupación por las condiciones y violaciones a sus derechos laborales que enfrentan las y los trabajadores del país en el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos.

Esta pandemia ha evidenciado y exacerbado las debilidades en la protección y el ejercicio de los derechos humanos laborales como la falta de condiciones laborales dignas, el ejercicio integral de estos derechos, los vacíos en la normatividad vigente, su falta de implementación, así como la poca coordinación y colaboración entre el sector público y privado para desarrollar e implantar estrategias en beneficio de las y los trabajadores.

Según cifras oficiales, entre el 13 marzo al 6 de abril se perdieron más 346,878 empleos, es decir, un número mayor al equivalente al número de empleos generados en todo 2019, lo que solo representa un panorama previo de las dimensiones del problema de desempleo que nos aguarda cuando finalice la emergencia sanitaria.

Sin duda la protección de la vida y la salud es primordial en esta situación, sin embargo, no se debe dejar de lado que todos los derechos merecen ser respetados y protegidos. Los derechos humanos laborales no son la excepción, sobre todo cuando su afectación genera impactos a un corto, mediano y largo plazo, influyendo en un aumento del desempleo, incremento de la pobreza, reducción de condiciones laborales, entre otros.

Los impactos en términos laborales han sido diferenciados y aquejan en mayor medida a grupos y sectores de la población (trabajadoras y trabajadores de maquilas, del hogar, mujeres, migrantes, pueblos y comunidades indígenas, juventudes, entre otros) que ya vivían bajo condiciones de precariedad y que se agravan en este contexto.

Nos alarma el incremento de prácticas violatorias de derechos humanos laborales en que han incurrido algunas empresas y empleadores, así como la falta de sensibilidad del gobierno ante este problema para actuar de manera más efectiva en la protección de estos derechos.

Es importante que los empleadores y el gobierno federal garanticen condiciones dignas de trabajo a las personas que se encuentran laborando en las actividades esenciales, privilegiando la protección de su vida y salud, respetando plenamente su voluntad. Reiteramos que un trabajo digno implica un trabajo seguro.

En ese sentido, es primordial generar condiciones de información y diálogo efectivo entre las partes, en que el que las autoridades en materia de trabajo puedan significar un verdadero contrapeso para eliminar las condiciones de desigualdad que han experimentado de manera histórica las y los trabajadores.

Es deber de todas y todos actuar dentro del marco legal laboral para dejar de incurrir en prácticas que violan estos derechos, por lo que un acceso efectivo a la justicia laboral cobra especial importancia en este contexto. Es necesario reconocer y atender en las principales deficiencias que afronta el país en materia de justicia laboral para garantizar estos derechos.

Reconocemos que la emergencia sanitaria nos enfrenta ante diferentes retos y ante eso la solidaridad y el respeto será lo que nos sacará a todas y todos adelante; sin obviar la corresponsabilidad entre el gobierno y las empresas en este contexto para no seguir agravando las condiciones laborales.

Ante lo expuesto, hacemos una llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, al sector empresarial, a los sindicatos, a las instituciones responsables de vigilar y resguardar los derechos de las y los trabajadores del país a tomar medidas integrales, adecuadas, proporcionadas y con estricto apego a la normatividad vigente a nivel nacional e internacional para proteger la vida, integridad y el ejercicio de derechos humanos laborales.

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 
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Pronunciamiento: ¡Alto al estado de excepción de facto!

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ALTO

¡AL ESTADO DE EXCEPCIÓN DE FACTO!

¡AL SISTEMA PUNITIVO MEXICANO EN EL QUE LOS MÁS DEPOSEÍDOS SON LOS ENEMIGOS!

¡BASTA DE LA BARBARIE PUNITIVA!

 

¡RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS!

México vive un estado de excepción de facto porque de manera sistemática y generalizada se violan los derechos humanos, es decir, no impera el Estado de derecho. En el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, el gobierno actual sufrió un discurso en el que afirma que no se utilizarán medios coercitivos y de represión a través de las fuerzas armadas, ni toques de queda, para lograr la contención de la pandemia . Sin embargo, los hechos son otros y estamos presenciando la profundización de las violaciones a los derechos humanos.

La pandemia ha desarrollado las funciones manifiestas y latentes del capitalismo avanzado en el que vivimos. Pese a la emergencia, se mantiene expuesto al contagio y muerte a un gran sector de trabajadores precarizados que están insertos en empresas, fábricas y maquilas del gran capital mexicano —ejemplo de ellas hijo las y los trabajadores de Elektra, Banco Azteca, Walmart, Aurrera y sus cadenas, Soriana, etcétera—; así como trabajadores y trabajadores de la maquila de todo el norte del país y quienes laboran en los sectores esenciales como son limpieza, agua, salud, entre otros. La función latente del gran capital es la acumulación y apropiación de plusvalor de las y los trabajadores,

En su función manifiesta, el Estado mexicano —a través del Ejército y de la Guardia Nacional— tiene tareas de seguridad ciudadana y ahora de salud pública, estableciendo “cercos sanitarios” e invitando a la población a quedarse en casa, cerrar negocios que no son esenciales. Sin embargo, solo son cerrados pequeños negocios que no son esenciales, porque en los casos como el del Grupo Salinas (representante de un poder fáctico) el poder político no tiene restricciones restringidas en su ejercicio económico no esencial, situación que pone en riesgo a sus trabajadores y trabajadoras.

En el mundo del capitalismo avanzado, el castigo y la cárcel han sido identificados para los pobres, para los más desposeídos. En México verificamos que esta lógica se impone, acompañada de una ideología penal del enemigo. La pauta consiste en sancionar conductas y no delitos: esto es, sancionar sin haber afectado ningún bien jurídico tutelado por el Estado y, por supuesto, esta forma ideológica punitiva está presente en nuestro corpus iuris en el derecho penal mexicano. [1]De esta forma, en el contexto de pandemia por COVID-19, se han registrado detenciones arbitrarias contra esos trabajadores precarizados, migrantes, indigentes, limpiaparabrisas, indígenas, así como contra personas que sobreviven de su venta diaria, entre otros grupos vulnerables. Lo anterior se ha visto evidenciado a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales mediante denuncias que señalan las arbitrariedades y las violaciones a los derechos humanos cometidos en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Yucatán, Guerrero, Oaxaca, entre otros estados.

Las cárceles (de Guanajuato y Estado d México), así como las 65 estaciones migratorias (particularmente Tabasco y Chiapas), son lugares de altísimo riesgo de contagio masivo dada la sobresaturación y el hacinamiento en los que viven los internos. Esta situación se agrava ante las limitaciones a sus derechos humanos por la falta de servicios básicos como agua, luz, limpieza, alimentos, entre otros. En cuanto a las estaciones migratorias, la situación se replica y se agudiza por tratarse de poblaciones que están en constante movilidad, con lo que se facilita su propio contagio y la propagación de COVID-19.

En este contexto, estamos avanzando hacia una política de tolerancia cero tránsito, donde el enemigo está focalizado en grupos o sectores más empobrecidos de México que necesitan buscar su sustento día con día. En tal lógica, el enemigo es el limpiaparabrisas, el vendedores de a pie, el mendigos, el indigente, la clase trabajadora precarizada, los grupos originarios desplazados y discriminados. De esta manera, al pensar que ellos son los enemigos porque “no se quedan en casa”, se les reponsabiliza a nivel personal del avance de la pandemia, incluso más que al Estado capitalista.

Nosotros y nosotras como defensores y defensoras de DDHH afirmamos que aun cuando el Ejecutivo federal no ha emitido a la fecha una declaración de suspensión de derechos —como dicta el artículo 29 constitucional, recurre a la Ley General de Salud en particular al artículo 13 fracción V, para decretar la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General, asimismo en el artículo 184 fracción III— sí está instrumentalizando esta acción al permitir la regulación el tránsito terrestre, marítimo y aéreo; con ello abre el camino para que las fuerzas armadas, como la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, así como a las policías estatales y municipales, realicen tareas de patrullaje por las calles para contener el tránsito de personas y esto implica un estado de excepción de facto. 

¡Estamos viviendo la barbarie punitiva en casos de detenciones por razones de sospecha de portar el COVID-19, lo cual no es un delito!

 

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

 

Artículos constitucionales violados por el Estado mexicano:

 

Artículo 1

Artículo 8

Artículo 11

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 29

 

[1] Artículo 38 constitucional, fracción II y V; Ley contra la Delincuencia Organizada, Código Penal Federal, entre otros cuerpos normativos secundarios a nivel nacional.

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Red TDT: emergencia sanitaria no debe de ser un pretexto para imponer políticas de mano dura

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Nos parece inaceptable que aprovechándose de la preocupación y angustia social, diversos actores políticos pretenden restringir derechos sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político.

Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Morelos han instrumentado políticas públicas restringidas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito.

Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas y la ruptura paulatina de los derechos humanos.

 

Las organizaciones parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) expresamos nuestra preocupación por las medidas de excepcionalidad que están instrumentando actualmente en estados como Michoacán, Morelos, Sonora, Jalisco, Yucatán , Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. De la misma forma junto con un conjunto de personas y organizaciones expresamos nuestra preocupación ante la iniciativa que retiró la diputada Lorenia Valles para crear un mecanismo legislativo para suplir a los plenos de las cámaras del Congreso [1] .Nos parece inaceptable que aprovechándose de la enorme preocupación social, diversos actores políticos pretenden restringir derechos sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político.

La emergencia sanitaria en curso ha sido generada por la pandemia declarada por la enfermedad Covid-19 producida por el virus SARS-CoV-2. En el caso de México si bien desde antes del 27 de febrero, fecha en que se presentó el primer caso, se encontraron varias medidas en la lógica de la prevención, las acciones más decididas por parte del Estado se dieron a partir de esa fecha, especialmente a partir de la declaración formal de Emergencia Sanitaria por parte del Consejo de Salubridad General el lunes 30 de marzo de 2020.

Ya el 15 de abril, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios emitió un pronunciamiento [2]  donde denunció la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por los gobernadores de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en relación con la imposición de multas , retenes, toques de queda, limitación a los derechos de libre tránsito y uso de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social promovidas por la Federación. De la misma forma el 18 de abril, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció [3]  la ineficacia de las medidas de prevención en los centros penitenciarios de Jalisco en relación al Covid-19.

Hemos podido documentar a través de medios de comunicación y páginas web oficiales de los estados que Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán han instrumentado políticas públicas restringidas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito. Como señalamos en un comunicado específico [4]  que emitimos para el caso de Michoacán excede sus facultades legales. En términos generales podríamos señalar las disposiciones restrictivas de los derechos a los aludimos carecen de fundamentación y motivación.  Omiten lo establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el capítulo Décimo de la Ley General de Salud.Esto da pie a crear marcos normativos que favorecen la violación de derechos humanos.

Es importante precisar que 17 procedimientos especiales de la ONU emitieron un comunicado [5]  el 16 de abril para señalar que “las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no son ser usados ​​como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos ”.Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte “El Estado que pretenda imponer una restricción de este tipo tiene la carga de probar que la misma satisface el principio de legalidad, que es idónea para alcanzar este fin, no existe medios menos lesivos para alcanzar y que la afectación ocasionada no resulte más perjudicial para el derecho que sea afectado que el beneficio obtenido ”. [6]

En este sentido, destaca la malograda iniciativa de la Diputada Federal Lorenia Valles[7] como un Intento de otorgar facultades extraconstitucionales a las cúpulas del congreso para crear los plenos de urgencia como mecanismo extraordinario para aprobar ordenamientos de manera transitoria, incluyendo reformas constitucionales tan sólo con el concurso de las juntas de coordinación política de ambas cámaras. Si bien la iniciativa fue retirada muestra  el interés de algunos actores políticos para crear mecanismos que eventualmente pudieran derivar en acciones autoritarias que lesionaran gravemente nuestra democracia y pusieran en riesgo la vigencia de los derechos humanos ante un contexto como el actual.

En una situación inédita a nivel global, estamos claros del enorme reto que representan la pandemia y los espacios de oportunidad que abre a los autoritarismos e ilegalidades. Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas, la permisibilidad de la represión y la conculcación paulatina de los derechos que hemos ganado a lo largo de la historia. Como organizaciones continuaremos en nuestro acompañamiento a los más necesitados, sin cejar en la crítica a las acciones violatorias de derechos humanos desde los estados y otros espacios de poder. ¡No a la mano dura!

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).


[1]  Peligrosa Iniciativa que pretende reformar los artículos 29 y 65 de la Constitución,  https://twitter.com/CMDPDH/status/1253813649485049856?s=20 

[2] Pronunciamiento sobre medidas de “protección” que violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios,  https://redtdt.org.mx/?p=15434 

[3] La aplicación del Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del COVID-19 es ineficiente, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), https://redtdt.org.mx/?p=15414

[4]  Ante pandemia, gobierno de Michoacán excede facultades transgrediendo derechos humanos y vulnerabilizando especialmente a pueblos originarios, Red Solidaria de Derechos Humanos y Red TDT https://redtdt.org.mx/?p=15430

[5] COVID-19: los Estados no deberían abusar de medidas de emergencia para suprimir derechos humanos – expertos y expertas de la ONUhttps://bit.ly/3bCbC5L 

[6] La CIDH llama a los Estados de la OEA a asegurar que las medidas de excepción adoptadas para hacer frente la pandemia COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales,   http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/076.asp

[7] Twitter de la Diiputada Lorenia Valles donde anuncia su iniciativa https://twitter.com/LoreniaValles/status/1253210642011631617?s=20 

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Ante pandemia, gobierno de Michoacán excede facultades transgrediendo derechos humanos y vulnerabilizando especialmente a pueblos originarios

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  • Inconstitucional que gobierno estatal pretenda restringir DDHH. Varias de las medidas anunciadas el 20 de abril exceden sus facultades legales.
  • Medidas suponen grave riesgo para pueblos originarios, que han denunciado constantes agresiones por parte del gobierno estatal, de manera particular las perpetradas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
  • Plan alimentario para proteger a los más vulnerables, sin garantías de equidad en su implementación y excluye a pueblos originarios, lo cual les vulnerabiliza.

La Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) desean expresar de manera categórica su preocupación por las medidas decretadas el pasado 20 de abril de 2020 por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Consideramos que éstas contravienen derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, además de promover actos de coerción para sembrar miedo, justificándose en una política pública de cuidado. De la misma manera nos parece inaceptable la exclusión de los pueblos originarios de la dimensión alimentaria de estas medidas.

El pasado 20 de abril de 2020, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto Por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19)[1]Al entrar en vigencia, el gobernador pidió confianza a la sociedad civil y asumió la responsabilidad de cuidar la vida de las personas en el estado. Este llamado contrasta con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos originarios de Michoacán.

Al interior del estado, las comunidades han denunciado de manera reiterada abusos de autoridad, falta de acceso a la justicia y violaciones a los derechos humanos, en las que participan sistemáticamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública –Policía Michoacán o policía municipal–. No se puede apelar al cuidado de la vida, cuando en medio de una contingencia sanitaria como la que vivimos, el gobernador manifiesta públicamente que no es momento de libertades individuales[2], generalizando medidas sin considerar un enfoque diferenciado y adecuado a las necesidades específicas de los diversos grupos que integran nuestra sociedad y de manera especial las de los pueblos originarios.

Con la emisión del decreto, el gobernador excede el uso de sus facultades, ya que es competencia exclusiva del Presidente de la República – con la aprobación del Congreso de la Unión – restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales; por lo que resulta inconstitucional que el gobierno estatal pretenda restringir derechos humanos. Ante esta circunstancia, es necesario dar seguimiento a los actos de autoridad que limiten el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión y el de libre tránsito.

En Michoacán que tiene altos índices de impunidad, debe evitarse a toda costa generar situaciones en las que se corra el riesgo de que la autoridad realice detenciones arbitrarias, sin el respeto a garantías básicas que permitan a las personas asegurar sus derechos y acceder a un debido proceso.

En relación con las sanciones señaladas en el decreto, además de su arbitrariedad, debe advertirse la falta de información sobre los sitios específicos en los que se encuentran los denominados Centros de Confinamiento, así como de las condiciones reales de su infraestructura. Subrayamos el peligro que conlleva recluir a personas en este período de pandemia, así como la aplicación de multas desproporcionadas cuando la mayoría de la población requiere del ingreso diario para cubrir sus necesidades básicas.

Es inaceptable que, en el Plan alimentario para proteger a los más vulnerables, anunciado por el gobierno estatal, se deje de prever, entre los beneficiarios directos, a las personas de los pueblos originarios del estado; aspecto que transgrede los derechos que protegen a esta población. A ello se suma la falta de transparencia e información respecto de la conformación de los Comités Alimentarios estatal y regionales, así como de sus reglas de operación y de los procedimientos que dichos comités implementarán para entregar los apoyos anunciados por el gobernador.

Otro elemento preocupante y fuera de lugar en el anuncio de las medidas es la asignación de las fuerzas de seguridad pública estatales para cumplir con lo establecido en el Plan alimentario, el reparto de apoyos económicos y despensas, a la vez que se les otorga la facultad de coercionar a la población para el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto. Esta situación, de por sí irregular, se agrava en las comunidades donde estas mismas fuerzas de seguridad pública han sido señaladas como responsables de detenciones arbitrarias, actos de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.

Ante lo expuesto, exigimos al gobernador Silvano Aureoles que se conduzca dentro del marco de sus atribuciones y respete los derechos humanos; que otorgue medidas de protección especial en los casos de las comunidades que han denunciado agresiones por parte de agentes de seguridad pública; así como la garantía a los derechos a la salud y a la alimentación de los pueblos originarios de Michoacán.

De igual forma, hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos autónomos encargados de velar por los derechos humanos, a los medios libres y alternativos, así como a la sociedad en general para que se pronuncien y exijan al gobierno del estado la máxima protección de la población, especialmente de los pueblos originarios que han denunciado la sistemática violación de sus derechos por el poder ejecutivo y las fuerzas de seguridad pública de nuestro estado.

Red Solidaria de Derechos Humanos

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

[1] http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/download/2020/abril/20/7a-9320.pdf.pdf

[2] https://twitter.com/Silvano_A/status/1253127699461222408?s=19

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