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Comunicado de prensa

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Comunicado de prensa

 México, Ciudad de México, 16 de diciembre de 2019.

 EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE AMLO LA IMPUNIDAD

EN MATERIA DE TORTURA SIGUE SIENDO DE 99%: CCTI

 El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) presentó su balance de casos de tortura en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

 Anunció la graduación de 45 expertos independientes en documentación de tortura luego de ser capacitados por la Universidad Iberoamericana y CCTI.

 A un año del gobierno nuevo la impunidad en materia de tortura sigue siendo de 99%; no hay reparación del daño a los sobrevivientes de tortura; y la delincuencia organizada uniformada, es decir, los elementos del ejército y policías, que son los principales torturadores, están total y absolutamente impunes, aseguró Fernando Valadez, integrante de acompañamiento psicosocial del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

 Al participar en la presentación del balance de casos de tortura en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador elaborado por el CCTI, señaló que la población migrante en las estaciones migratorias es torturada y maltratada hasta en un 90%.

 En el evento realizado en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), destacó que existen torturas “ocultas” como son la violencia obstétrica, es decir los médicos de instituciones públicas que maltratan a los pacientes y también los maestros golpeadores de instituciones públicas educativas. En ambos casos cometen delito de tortura, refirió.

 Por su parte, Cristian Urbalejo Luna, Coordinador General del CCTI dijo que es preocupante el ambiente de impunidad que se vive frente a la tortura, en el gobierno de la Cuarta Transformación.

 Recordó que la tortura ha sido como un medio de contención social, prueba de ello, dijo, es la militarización y la contención de los migrantes.

 Exigió a las titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, realizar seguimiento a las recomendaciones internacionales realizadas por el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que le han hecho al Estado Mexicano.

 Estas recomendaciones son, que se lleve a cabo una adecuada reparación integral del daño, pues para combatir la impunidad, se debe dar una rehabilitación integral lo más completa posible; realizar una evaluación de los programas de capacitación con respecto al tema de la tortura en la aplicación de los dictámenes médico-psicológicos para el tema de la investigación de tortura.

 Urbalejo Luna dijo que un tema pendiente es el Registro Nacional del Delito de Tortura, previsto en la Ley General de Tortura. En este sentido, señaló que el papel de la CNDH y las comisiones de derechos humanos locales es fundamental para presionar a los gobiernos estatales para consolidar esta base.

 El retraso de las evaluaciones médico-psicológicas abona a la impunidad, ya que las personas que señalan ser víctimas de tortura no tienen un acceso pronto y expedito al dictamen, concluyó.

 Al hacer uso de la palabra, Mariana Castilla Calderas, psicóloga capacitadora, dijo que para el CCTI es una preocupación importante que no se realicen acciones contundentes para terminar con la impunidad y con la práctica sistemática de la tortura. La impunidad en el país se ve reflejada en que en México no se investiga la tortura conforme a los estándares internacionales, finalizó.

 Finalmente, Emmanuel Santos Narváez, psiquiatra capacitador del CCTI, informó que el CCTI junto con la Universidad Iberoamericana realizaron la capacitación de 60 profesionistas en materia de documentación de tortura.

 

 

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Conmemoramos la caída en combate de Lucio Cabañas Barrientos junto a otros miembros de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de Los Pobres.

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Ayer 2 de diciembre en Atoyac y hoy 3 de diciembre en Chilpancingo, conmemoramos la caída en combate de Lucio Cabañas Barrientos junto a otros miembros de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de Los Pobres. En esa época se estableció en Guerrero el Terrorismo de estado con Detenciones Arbitrarias, Tortura, Desapariciones forzadas, Desplazamientos forzados y Ejecuciones extrajudiciales, ilegales o arbitrarias.
El Terrorismo de Estado no cesó con la caída en combate de Lucio Cabañas. En Guerrero se reconocen más de 600 desapariciones, de las cuales más de 400 fueron desaparecidos en Atoyac. Al contrario, se disfrazó y se camuflajeo durante 45 años. Tan es así que la desaparición forzada de Rosendo Radilla, fue juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentenció hace 10 años ya, al Estado Mexicano a dar a conocer la situación y paradero de Rosendo Radilla; punto que el Estado mexicano no ha cumplido y del cual tiene todos los elementos para darlo a conocer: en los archivos del ejército está la verdad, verdad que necesitamos conocer para que se procese a los perpetradores y llegue la justicia. Justicia necesaria para que haya un real Estado de Derecho.

El Terrorismo de Estado volvió a actuar en 2011 al asesinar en Xaltianguis a doña Isabel Ayala Nava (esposa de Lucio) y su hermana Reyna. Y en 2013 se hizo sentir con las ejecuciones de líderes sociales como Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez, Rocio Mesino, Luis Hernández y otros activistas.que los acompañaban Llegó 2014 con la criminal noche de Iguala y los 3 estudiantes normalistas ejecutados y los 43 desaparecidos. De este fatídico caso es necesario y emblemático recordar a los 4 normalistas
originarios de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos, Cutberto Ortiz Ramos que es nieto de un abuelo desaparecido y sobrino de 4 tíos desaparecidos precisamente en los años 70s, Bernardo Flores Alcaraz, Israel Jacinto Lugardo y Jonás Trujillo González.
En Guerrero se viven aún ejecuciones como las ocurridas en Tlapa, de Antonio Díaz Vivar en 2015, de Ranferi Hernández Acevedo y su familia en 2017 y de Arnulfo Cerón Soriano apenas el mes pasado.

Hay continuidad de la represión y del Terrorismo de Estado a lo largo de estos 45 años. Tanta como la responsabilidad del estado en investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos
y los crímenes de lesa humanidad.
Hoy junto con el maestro comandante Lucio Cabañas Barrientos tenemos obligación de:
Recordar a las miles de víctimas y a los sobreviviente.
Tenemos que sembrar memoria para que las nuevas generaciones sepan que las luchas se han
regado con sangre y dolor. Los derechos han sido conquistados, nada ha sido dado gratuitamente.
Y tenemos que construir base social con conciencia social: movimientos y luchas que le sirvan a los más pobres, a las víctimas.

Honremos las palabras de Lucio:
Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo.
Lucio vive, la lucha sigue.
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero. FODEG.
# Yosoy132 Acapulco.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI

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BOLIVIA - PRONUNCIAMIENTO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

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BOLIVIA - PRONUNCIAMIENTO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

– 26-Noviembre-2019

Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, Expresamos: - Nuestro más enérgico repudio al golpe de Estado cívico-militar/policial perpetrado contra el gobierno constitucional en el hermano país de Bolivia. - Nuestra solidaridad al hermano pueblo de Bolivia. - El mas firme apoyo de las acciones llevadas a cabo por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia estatal (ITEI) de Bolivia, miembro de nuestra RED y del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT).


Manifestamos nuestra profunda preocupación por la actual represión política orquestada por las fuerzas policiales y militares y con el respaldo del autoproclamada presidenta Jeanine Añez, en ausencia del pleno de la cámara legislativa, así como por los padecimientos por los que está atravesando su pueblo.

Consideramos particularmente alarmante e inadmisible el decreto que establece que:
“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el articulo 11 y 12 del Código penal, Ley 1760, y el Código de Procedimiento Penal”.

Nos solidarizamos con las siguientes demandas que nos ha hecho llegar el ITEI de Bolivia, centro miembro de esta Red, que se encuentra asistiendo a las víctimas, quienes solicitan:
 Una comisión internacional de expertos que intervenga en Bolivia para:
1. Visitar los centros de detención del país donde se encuentran las personas afectadas por la represión militar/policial.
2. Realizar una revisión de las autopsias de los muertos en los conflictos de Sacaba y Senkata con peritos forenses y en balística.
3. Visitar a las personas afectadas en y fuera de los centros de detención.
 Que las instancias internacionales:
1. Pidan que se respeten los derechos de las personas detenidas, que éstas puedan tener acceso a un trato digno, a tratamiento médico, a valoraciones médico forenses para evaluar su estado psicofísico en los casos que han estado expuestos a la represión militar/policial.
2. Interroguen el accionar del Estado boliviano sobre su accionar represivo.
3. Pidan al gobierno de transición que ordene a las fuerzas del orden (Ejército y Policía) que respeten los derechos humanos sin el uso indiscriminado de la fuerza en contra de ciudadanos/as que marchan haciendo uso del derecho fundamental
de manifestar públicamente.
4. Pidan al gobierno de transición que haga respetar la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, firmada y ratificada por Bolivia, previniendo todo abuso de poder que vaya en
contra de la población.
5. Pidan al gobierno de transición que dé todas las garantías para que los organismos de derechos humanos cumplan con su función y puedan atender a las personas afectadas por la represión militar y policial.

A través de este comunicado exigimos el cese inmediato de la represión política, de la tortura a los detenidos y su inmediata liberación, junto con el cese de los asesinatos y
de todas las violaciones a los derechos humanos en contra de la población.


Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus
Familiares (CPTRT), Honduras.
Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Perú.
Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Colombia
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú.

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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

Juventina Villa Mojica, retomó el liderazgo de campesinos ecologistas de la región de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, a raíz del artero asesinato de su esposo Rubén Santana Alonso por paramilitares ligados al caciques y carteles, en febrero de 2011.
En mayo de ese año, doña Juventina Villa encabezó el primer desplazamiento forzado de los habitantes de La Laguna que se refugiaron en Puerto de Las Ollas en las alturas de la Sierra.
Permanecieron ahi desplazados, olvidados e ignorados por el gobierno estatal durante 7 meses y a finales de noviembre de 2011 retornaron a La Laguna.
Durante 1 año soportaron los violentos hostigamientos de los sicarios paramilitares. Se sumarian por lo menos 4 muertos mas hasta que las amenazas cumplidas y agresiones fueron insoportables.
Doña Juventina le exigió al gobierno de Angel Aguirre que los evacuara para salvar vidas y así coordinó con el gobierno del estado un segundo desplazamiento forzado.
Mientras esperaban inutilmente los camiones que los trasladarian, la mañana del 28 de noviembre de 2012, doña Juventina buscó comunicarse via telefonica y junto con su hijo Reynaldo subieron en una cuatrimoto a una loma donde fueron emboscados y masacradosñ, sobreviviendo otra hija de 7 años de edad.
Después de estas ejecuciones 45 familias se desplazaron de La Laguna a diferentes lugares de Guerrero donde permanecen en condiciones muy precarias.

El caso de La Laguna suma a lo largo de mas de casi 20 años mas de 30 ejecutados, 3 desaparecidos, varios encarcelados. El común denominador es la falta de justicia. La total impunidad.

A 7 años de su trágico asesinato, recordamos a doña Juventina Villa Mojica, su lucha y su dolor.

A 7 años de su ejecución, la exigencia de justicia esta vigente.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero FODEG

 
 
 
 
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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

Juventina Villa Mojica, retomó el liderazgo de campesinos ecologistas de la región de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, a raíz del artero asesinato de su esposo Rubén Santana Alonso por paramilitares ligados al caciques y carteles, en febrero de 2011.
En mayo de ese año, doña Juventina Villa encabezó el primer desplazamiento forzado de los habitantes de La Laguna que se refugiaron en Puerto de Las Ollas en las alturas de la Sierra.
Permanecieron ahi desplazados, olvidados e ignorados por el gobierno estatal durante 7 meses y a finales de noviembre de 2011 retornaron a La Laguna.
Durante 1 año soportaron los violentos hostigamientos de los sicarios paramilitares. Se sumarian por lo menos 4 muertos mas hasta que las amenazas cumplidas y agresiones fueron insoportables.
Doña Juventina le exigió al gobierno de Angel Aguirre que los evacuara para salvar vidas y así coordinó con el gobierno del estado un segundo desplazamiento forzado.
Mientras esperaban inutilmente los camiones que los trasladarian, la mañana del 28 de noviembre de 2012, doña Juventina buscó comunicarse via telefonica y junto con su hijo Reynaldo subieron en una cuatrimoto a una loma donde fueron emboscados y masacradosñ, sobreviviendo otra hija de 7 años de edad.
Después de estas ejecuciones 45 familias se desplazaron de La Laguna a diferentes lugares de Guerrero donde permanecen en condiciones muy precarias.

El caso de La Laguna suma a lo largo de mas de casi 20 años mas de 30 ejecutados, 3 desaparecidos, varios encarcelados. El común denominador es la falta de justicia. La total impunidad.

A 7 años de su trágico asesinato, recordamos a doña Juventina Villa Mojica, su lucha y su dolor.

A 7 años de su ejecución, la exigencia de justicia esta vigente.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero FODEG

 
 
 
 
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El caso Ayotzinapa ES UN CRIMEN DE ESTADO

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El caso Ayotzinapa ES UN CRIMEN DE ESTADO

Ante las declaraciones del presidente López Obrador el pasado domingo 24 de noviembre de 2019, en la ciudad de Tlapa, Gro., el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, hace el siguiente posicionamiento público respecto a lo sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014:

1.-Un crimen de Estado se define como "aquellos delitos cometidos por agentes estatales o por particulares que actúan en complicidad o por tolerancia del Estado", en particular el caso Ayotzinapa implica la participación de instituciones de seguridad pública municipal, estatal y federal, de las Fuerzas Armadas.

2.- La búsqueda justicia se ha caracterizado por actos que favorecen la impunidad. El GIEI y la OACNUDH-México documentaron la existencia de tortura a presuntos culpables. El Tribunal Superior de Justicia que desapareció videos del palacio de justicia de Iguala que forman parte del aparato de gobierno.

3.- La colusión de las cúpulas empresariales, de los empresarios turisteros de Guerrero, de los grandes medios corporativos de información (televisión, radio y periódicos) así como de jerarcas de las distintas iglesias que se sumaron a la criminalización y las campañas de odio en contra de los normalistas de Ayotzinapa y al "ya supérenlo" de Enrique Peña Nieto. Los medios de comunicación y las iglesias son parte del Estado.

4.- López Obrados como titular del poder ejecutivo es parte del Estado Mexicano, sin embargo, éste es mucho más amplio y complejo que el gobierno federal. Recordémosle, que cualquier desaparición forzada al ser un crimen de Estado, es una violación múltiple y continuada de varios derechos y, en tanto la persona siga desaparecida, la violación a derechos y el delito siguen produciéndose. De acuerdo al Principio de Continuidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de un crimen de Estado subsiste independientemente de los cambios de gobierno.

Recordemos que han pasado 5 años y el caso Ayotzinapa no se ha resuelto:
-No se ha informado sobre el paradero de los estudiantes.
-No hay detenidos ni juzgados por las ejecuciones arbitrarias de 6 personas ni los heridos de bala de esa noche.
- No hay personas juzgadas y sentenciadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas.
- No han sido sancionados los delitos del orden común o federal, ni las graves violaciones a los derechos humanos cometidos el 26 de septiembre de 2014.
- Las medidas de Restitución, Satisfacción, No repetición, Rehabilitación integral y Compensación no existen para el conjunto de victimas.

Si en verdad López Obrador quiere diferenciarse de los gobiernos anteriores, que cumpla con el primer punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -sentencia emitida exactamente hace 10 años- y ordene a las Fuerzas Armadas que diga dónde está Rosendo Radilla, desaparecido forzadamente por el ejército en 1974.

Exigimos al presidente López Obrador que encuentren a los 43 normalistas: enjuicie y sancione a los responsables de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa para que cese la impunidad.

El caso Ayotzinapa está impune.
Fue el Estado con Rosendo Radilla.
Es el Estado con Ayotzinapa.

Dado que hay delitos y violaciones a derechos humanos continuadas sigue siendo un crimen de Estado.

 
 
 
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CHILE- Pronunciamiento de la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

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CHILE- Pronunciamiento de la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, hacemos llegar nuestra solidaridad al hermano pueblo de Chile y nos pronunciamos en apoyo a la declaración pública de CINTRAS, miembro de nuestra RED y del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura -IRCT-
Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.
Centro de atención Psicosocial CAPS Perú.
Centro de Apoyo Psicosocial, (CAPS), Colombia
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú
DECLARACION PÚBLICA
CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, frente a los hechos que vive
nuestro país, declaramos:
1.- El absoluto rechazo a la declaración del Estado de Emergencia, “de una Guerra
contra un enemigo poderoso” y la consecuente ocupación de las ciudades por parte de
militares. No hay excusa para responder a legítimas demandas sociales con la
militarización del país.
2.- La decisión del gobierno de Sebastián Piñera, al decretar Estado de Emergencia, con
las implicancias que tiene: militares en las calles, toque de queda, helicópteros
sobrevolando la ciudad, detenciones, abuso de poder y personas asesinadas; no sólo
aumenta la tensión existente, sino que además, retraumatiza a una parte significativa
de la población, que tuvo que vivir los horrores y crímenes de la dictadura.
3.- Como ONG que trabaja en Salud Mental, apoyamos las demandas del pueblo, ya
que tenemos plena conciencia de los efectos que tiene en la salud de las personas vivir
en un sistema social, político y económico, que tiene como eje central la ganancia de
quienes ejercen el poder a costa de la precarización de la vida de la mayoría de la
población.
4.- Es inaceptable que frente a problemas políticos y demandas sociales, la única
respuesta del Estado sea la represión y criminalización de la protesta social. Esta
represión (que no es sólo de hoy) se ha expresado en abusos de poder de parte del
aparato policial, que se ha traducido en detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos
a los detenidos, lo cual transgrede todas las convenciones firmadas por Chile en
materia de Derechos Humanos.
5.- El estallido social existente es la consecuencia de las acciones de décadas por parte
del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Un poder ejecutivo que realiza acciones y
promueve leyes que perjudican a la mayoría de la población en beneficio de unos
pocos; un poder legislativo que ha aprobado dichas leyes que nos perjudican; y un
poder judicial que no ha ejercido la justicia que corresponde frente a los delitos que
comenten quienes ostentan poder.
6.- Consideramos que la única forma de abordar la solución de las demandas sociales
debe ser política, con cambios estructurales del funcionamiento del Estado. Lo anterior
es sólo alcanzable mediante un llamado a una Asamblea Constituyente con la
participación directa de la población. No se puede seguir construyendo un Estado sin la
participación del pueblo.
Santiago, Octubre de 2019.- ONG CINTRAS

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PRONUNCIAMIENTO ¡Alto ya a la Represión en Nicaragua!

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                                                           27-Julio-2018

 

PRONUNCIAMIENTO

 

 

RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

 

 



Alto ya a la Represión en Nicaragua

 

Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos,  observamos con mucha preocupación lo que está sucediendo en el país querido de Nicaragua.

Por lo tanto, repudiamos todo acto de violencia, atentados contra la vida, violación a los Derechos Humanos, llevados adelante por el actual gobierno.

 

De acuerdo a la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos, el saldo de victimas que ha dejado esta crisis es de 448 muertos, 2.800 heridos y 595 desaparecidos, todo esto en 100 días de protestas. Alertamos sobre el daño inmediato y a largo plazo para las víctimas directas y la sociedad en general por estos graves traumatismos sobre la población, bajo la responsabilidad del Estado.

 

Por lo tanto, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo nicaragüense, en especial con  las familias afectadas por la pérdida irreparable de sus seres queridos, y a las instituciones que velan por la defensa de los Derechos Humanos.

 

Por todo lo anterior, los abajo firmantes, exigimos con URGENCIA que:

 

  • Cese la represión generalizada hacia el pueblo nicaragüense
  • Basta de criminalizar la protesta social y especialmente a los jóvenes
  • Libertad inmediata de todas las personas detenidas
  • La aparición con vida de los desaparecidos
  • Que se respeten los Derechos Humanos
  • Que se respete el derecho a la vida y a la integridad física
  • Atención médica a los heridos
  • Que se respete la libertad de opinión

 

Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.

Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.

Centro de atención Psicosocial CAPS Perú.

Centro de Apoyo Psicosocial, (CAPS), Colombia

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.

Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.

Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.

Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.

Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú

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