Boletines (83)

AU. Amenazas de muerte en Guatemala.

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ACCIÓN URGENTE

 

 

GTM 002 / 0117 / OBS 015

Asesinato / Actos de intimidación

Amenazas de muerte

Guatemala

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicitan su intervención URGENTE ante la siguiente situación en Guatemala.

 

Descripción de la situación:

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio han recibido con seria preocupación información de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) sobre el asesinato del Sr. Sebastián Alonzo Juan, defensor de los derechos relacionados con la tierra habitante de la comunidad Yulchen Frontera, del municipio de San Mateo Ixtatán (norte del Departamento de Huehuetenango), así como de los actos de intimidación y las amenazas de muerte en contra de una caravana de organizaciones de derechos humanos que buscaban verificar el asesinato.

 

Según las informaciones recibidas, el 17 de enero de 2017, el Sr. Alonzo, de 72 años de edad, fue asesinado tras recibir disparos por parte de personas armadas que se encontraban escondidos tras unos matorrales, y que abrieron fuego contra los manifestantes aproximadamente a las 14:00 horas hiriendo mortalmente al Sr. Alonzo, durante el desarrollo de una manifestación pacífica en el área de Ixquisis, San Mateo Ixtatan, que exigía la retirada de la empresa Promoción y Desarrollos Hídricos, Sociedad Anónima, PDHSA[1] (véase la sección “Antecedentes”). Con motivo del bloqueo que trabajadores y personas allegadas a la empresa PDHSA sostenían en los principales puntos de acceso a la Aldea Ixquisis, el traslado del Sr. Alonzo a un lugar cercano donde le podían brindar asistencia médica demoró varias horas y dada la gravedad de las heridas, él falleció antes de poder ser atendido.

 

En relación al inicio de estos hechos, la UDEFEGUA ha recogido dos versiones: la primera hace alusión a que personal de seguridad de la empresa habría iniciado las tensiones con el disparo de armas de fuego y el incendio de maquinarias dentro de las instalaciones de la empresa, mientras que la segunda versión indica que miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) habrían dado inicio al desalojo de la manifestación y plantón frente al proyecto hidroeléctrico y en ese contexto se habría producido el asesinato del Sr. Alonzo Juan.

 

Según las mismas informaciones, hay dos elementos de vital importancia en la medida en que parecieran estar creando un clima determinado que justificase el uso de la violencia por parte de la Policía Nacional Civil (PNC), que se encuentra ubicada en la Comunidad Ixquisis, con el objetivo de crear miedo y desmovilización entre las personas defensoras en las comunidades.

 

En primer lugar, el 14 de enero, según han denunciado el Gobierno Ancestral Plurinacional Akateka, Chuj, Q´anjob´al y Poptí y diversas organizaciones comunitarias, la PNC habría publicado un informe en el que se indicaba que “siendo las 22:00 horas del día sábado 14-01-2017, un grupo de personas armadas ZAPATISTAS procedentes de México, ingresaron a la aldea Ixquisis del municipio de San Mateo Ixtatán, con la finalidad de incendiar casas deshabitadas y tomar una finca ganadera…Se tiene conocimiento que para el día lunes 16 de los corrientes, el grupo guerrillero mexicano, tiene planificado ingresar a la aldea por área montañosa y realizar su objetivo” (sic). En segundo lugar, según las mismas informaciones, el día 16, un día antes del asesinato del Sr. Alonzo Juan, habría circulado un documento alertando de que ese mismo día se estarían llevando a cabo manifestaciones en la zona.

 

En lo referente a las amenazas y los actos de intimidación, según las mismas informaciones, el 21 de enero una caravana de verificación del asesinato conformada por tres integrantes de la UDEFEGUA, los Sres. Antonio Catalán y Manuel Aguilar, y la Sra. Sofía Espinoza, así como dos acompañantes internacionales de ACOGUATE, una representante de Protection International, un representante de la Asociación el Observador, cuatro miembros de la Asamblea de los Pueblos del Departamento de Huehuetenango (ADH), integrantes del Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) y dos miembros de AFOPADI, fue objeto de actos de intimidación y amenazas de muerte.

 

Aproximadamente al mediodía, cuando la caravana llegó a la comunidad de Yalanguitz, los dos vehículos (un coche y un autobús) fueron parados por un grupo de una veintena de personas (según las informaciones recibidas se trataría de miembros de la comunidad así como trabajadores de la empresa del proyecto hidroeléctrico) que estaba bloqueando el camino y que les pidieron 500 Quetzales (aproximadamente 62 euros) por cada vehículo para dejarles pasar, acusándoles de ser “guerrilleros del Frente Nacional de Lucha”. Además, varias personas sacaron al conductor y a su ayudante del autobús y les amenazaron diciendo que “rápido juntamos gente y les prendemos fuego” haciendo referencia a los vehículos así como a quienes iban en los mismos.

 

La caravana dio la vuelta para evitar que pudiera agravarse el ataque y desde ese momento la toma de fotografías fue constante tanto por parte del grupo de agresores en un primer momento, como por parte de distintos vehículos a lo largo del camino.

 

Los nombres de las personas que detuvieron la caravana fueron trasladados a la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público para que realizan las investigaciones pertinentes del caso y la caravana también estuvo en contacto con personal de la COPREDEH (Comisión Presidencial Asesora en Materia de Derechos Humanos).

 

El Observatorio recuerda que este asesinato se produce en el contexto de una alarmante intensificación de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala y de una campaña de ataques contra la UDEFEGUA que ha sufrido más de 60 ataques desde mayo de 2015. Durante el año 2016, la UDEFEGUA documentó 14 asesinatos y siete intentos de asesinato contra personas defensoras. El asesinato del Sr. Sebastián Alonzo Juan constituye el segundo asesinato de una persona defensora de derechos humanos tras el asesinato de la defensora de los derechos relacionados con la tierra, la Sra. Laura Leonor Vásquez Pineda.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio condenan enérgicamente el asesinato del Sr. Sebastián Alonzo Juan, con el cual al parecer se pretende enviar un mensaje de miedo a toda la comunidad de personas defensoras de derechos humanos en el Departamento de Huehuetenango, así como los distintos actos de hostigamiento contra las organizaciones que buscaban verificar las circunstancias de su asesinato. Asimismo, el Observatorio insta a las autoridades guatemaltecas a que movilicen todos los medios a su alcance con objeto de garantizar la protección de quienes defienden derechos humanos,particularmente garantizando que el recientemente iniciado proceso de discusión y consulta para la creación del Programa de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos sea amplio y participativo y que aborde las principales causas estructurales que refuerzan las vulnerabilidades de las personas defensoras[2].

 

Antecedentes:

 

El 13 de agosto de 2015 la empresa Solel Boneh Ltd., responsable de los trabajos de construcción de las hidroeléctricas en San Mateo Ixtatán, reinició labores después de un año y medio de suspensión, debido al rechazo de la mayoría de comunidades que rodean a los proyectos hidroeléctricos con el consiguiente incremento de la tensión en la zona.

 

Tres días antes, el Ministerio Público (MP) había solicitado antejuicio contra 6 alcaldes, entre ellos Donato Santizo, alcalde de San Mateo Ixtatán, quien perdió la inmunidad el 26 de agosto de 2015, señalado de los delitos de plagio o secuestro, retención y abuso de autoridad. Durante su periodo como alcalde (2012-2015), Donato Santizo había respetado la consulta comunitaria de buena fe realizada el 21 de mayo de 2009 en San Mateo Ixtatán y la decisión de las comunidades de rechazar los proyectos hidroeléctricos de PDHSA. La resolución judicial se dio a 12 días de que fueran las elecciones generales, en las cuales Donato Santizo participaba para buscar su reelección.

 

El ex-presidente Otto Pérez Molina ya había declarado públicamente su enemistad con Donato Santizo, cuando el 17 julio de 2014 lo denunció en un acto realizado en Ixquisis, San Mateo Ixtatán, por oponerse al “desarrollo” que coordinaba el gobierno con la empresa PDHSA en la localidad.

 

Como parte del desarrollo del proyecto se prevé desviar los ríos Yalwitz, Pojom y Río Negro, lo cual ha generado contestación por parte de las comunidades afectadas que han denunciado además que la autorización del proyecto se ha llevado a cabo bajo distintas anomalías y sin que mediase una consulta previa, libre e informada de las comunidades. Además, se habrían utilizado explosivos sin la pertinente autorización del Ministerio de Defensa.

 

Estos hechos tienen lugar en el contexto de conflictos sociales y de numerosas agresiones a personas defensoras de derechos humanos en el norte de Huehuetenango en el contexto del desarrollo de proyectos hidroeléctricos en Santa Cruz Barillas, Santa Eulalia y la propia San Mateo Ixtatán. Entre las agresiones más emblemáticas se encuentra el proceso de criminalización de siete defensores y líderes comunitarios del norte de Huehuetenango, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo Juan, Domingo Baltazar, Ermitaño López, Rigoberto Juárez y Mynor López que fueron finalmente puestos en libertad el 22 de julio de 2016 tras un largo proceso de hostigamiento judicial en su contra.

 

La observación judicial que el Observatorio llevó a cabo en el mencionado proceso así como su informe “Más pequeños que David” [3] publicado en febrero de 2015 arrojan luz sobre el patrón de criminalización en contra de líderes comunitarios en estas comunidades en represalia a su legítima labor de defensa del territorio y de los recursos naturales de sus comunidades.

 

 

Por lo que El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. EXIGE a las autoridades de Guatemala:

 

  

  1. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre el asesinato del Sr. Sebastián Alonzo Juan y los actos de hostigamiento contra la caravana de verificación, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
  2. Defender públicamente la legitimidad de las actividades de los defensores y las defensoras de derechos humanos,;
  3. Garantizar que el proceso de discusión y consulta para la creación de una política pública de protección a defensoras y defensores de derechos humanos en ejecución de la sentencia de 2014 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Defensores de Derechos Humanos y Otros Vs. Guatemala se lleve a cabo en un proceso amplio y participativo;
  4. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al: Artículo 1, 5.a y 12.2;
  5. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Guatemala.

 

  

ATENTAMENTE

 

 Edith Escareño Granados

Coordinadora General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.

 

 

 

 

 

 

[1]                 Empresa de capital guatemalteco inscrita en el Registro Mercantil en diciembre de 2007, que está desarrollando los proyectos hidroeléctricos Pojom I, Pojom II y San Andrés. Para más información véase la sección “Antecedentes”.

[2]                 Véase comunicado de prensa del Observatorio, “GUATEMALA: Alerta ante la intensificación de las agresiones a defensores y defensoras de derechos humanos”, 21 de diciembre de 2016.

[3]                 Informe del Observatorio “Más pequeños que David”: La lucha de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala”, publicado en Febrero de 2015, disponible en las páginas web de la OMCT ( http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/reports-and-publications/guatemala/2015/02/d23002/ ) y de la FIDH ( https://www.fidh.org/es/temas/defensores-de-derechos-humanos/17044-mas-pequenos-que-david-la-lucha-de-los-defensores-y-defensoras-de-derechos ).

 

 

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AU Amenazas Honduras.

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Ciudad de México a 18 de enero de 2017

Sr. Juan Orlando Hernández,
Presidente de la República.
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Héctor Leonel Ayala,
Secretario de Estado de los Despachos de Justicia
Derechos Humanos, Gobernación y Descentralización.
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Sr. Oscar Chinchilla, Fiscal General de la República.
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Sr. Roberto Herrera Cáceres,
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos.
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Sr. Jorge Alberto Rivera Avilés,
Presidente de la Corte Suprema de Justicia.
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Sr. Embajador Giampaolo Carmelo Rizzo Alvarado,
Misión Permanente de Honduras ante las Naciones Unidas en Ginebra.
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Sr. Embajador Roberto Ochoa Madrid,
Embajada de Honduras en Bruselas.
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Sr. Embajador Leonidas Rosa Bautista ,
Embajada de Honduras en OEA.
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Embajada de Honduras en México
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ACCIÓN URGENTE
HND 001 / 0117/ OBS 005
Restricciones a la libertad de movimiento /
Amenazas
Honduras
17 de Enero de 2017

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicitan su intervención URGENTE antela siguiente situación en Honduras.

Descripción de la situación:

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio han recibido con seria preocupación información de fuentes fidedignas sobre las amenazas y la conducta de actos de hostigamiento contra la Sra. Miriam Miranda, coordinadora de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH)[1] y beneficiaria de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2011, así como de los también integrantes de OFRANEH, los Sres. Luís Gutiérrez, Oscar Gaboa y Luís Miranda.


Según las informaciones recibidas, el 11 de enero de 2017 aproximadamente a las 10 de la mañana los cuatro defensores estaban viajando en coche hacia la ciudad de la Ceiba cuando encontraron un retén en la zona del muelle de Cabotaje en el que, de forma muy agresiva fueron cuestionados sobre su procedencia y a dónde se dirigían, después de que ella había presentado la documentación sobre su identidad a los agentes de Policía. Considerando estas preguntas como una violación de sus derechos como ciudadana hondureña, la Sra. Miranda se negó a contestar y declaró que no tenía por qué dar toda esa información “porque soy
ciudadana hondureña y vivo aquí”. Inmediatamente el policía a cargo del retén se acercó al coche e hizo que los cuatro defensores salieran del vehículo y ante las protestas de uno de ellos amenazó con golpearle mientras amenazaba al resto con que serían detenidos por faltarle el respeto a la autoridad.

Según las mismas informaciones, al observar que la Sra. Miriam Miranda había conseguido efectuar varias llamadas a algunos de sus contactos para alertarles de la situación, los policías habrían desistido de la detención y los cuatro defensores pudieron proseguir su camino unos 30 minutos después.

Los retenes por parte de los cuerpos de seguridad del Estado son habituales en Honduras, pero el carácter agresivo y violento que tuvo en este ocasión resulta sumamente preocupante por el perfil de la Sra. Miranda como defensora reconocida a nivel internacional y por producirse en el contexto de la campaña sistemática de ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en el país. El Observatorio recuerda que esta campaña incluye una media de un asesinato por mes desde mayo del 2015 así como amenazas, detenciones o casos de criminalización, tal y como se recoge en el reciente informe del Observatorio publicado en diciembre “Los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos entre la espada y la pared”[2].

Al Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.y al Observatorio les preocupa que está  agresión haya sido en represalia del reconocido trabajo de defensa de derechos humanos que realiza la defensora y condena el hostigamiento contra la Sra. Miriam Miranda y los otros compañeros del OFRANEH y solicita a las autoridades hondureñas una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre estos hechos con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones previstas por la ley, así como implementar lo antes posible, medidas de protección que garanticen su integridad física y psicológica.

Este caso evidencia igualmente la necesidad de formar y sensibilizar a los agentes de las fuerzas del orden y en general a los funcionarios públicos sobre el trabajo y el rol que los defensores ejercen en una sociedad democrática y sobre la atención y cuidado que deben prestarse a los mismos.

Por lo que El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. EXIGE a las autoridades de Honduras: 


i. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial , con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones previstas por la ley;
ii. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Miriam Miranda y los Sres. Luís Gutiérrez, Oscar Gaboa y Luís Miranda , así como de los miembros de OFRANEH, así como en general, la de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;
iii. Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;
iv. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2. 
v. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.

ATENTAMENTE
Edith Escareño Granados
Coordinadora GeneralColectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C.


[1] La Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH, surgió en el año de 1978, como Federación del pueblo garífuna de
Honduras, compenetrándose en la defensa de sus derechos culturales y territoriales, con el propósito de lograr la sobrevivencia como cultura
diferenciada.
[2] Ver: Informe de misión de investigación del Observatorio “Los Defensores Y Defensoras De Derechos Humanos Entre La Espada
Y La Pared », 1 de diciembre de 2016:
http://www.omct.org/files/2016/12/24083/honduras_informe_de_mision.pdf

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Demoras falta de diálogo y propuestas regresivas en combate a la Tortura.

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  Demoras, falta de diálogo y propuestas regresivas en combate a la tortura

 Las modificaciones planteadas en la Ley General contra la Tortura desde la Cámara de Diputados tienden a invisibilizar y debilitar investigaciones por tortura

 La ley que se apruebe debe incorporar los más altos estándares de protección de derechos humanos, conforme el bloque de constitucionalidad vigente

 El pasado 5 de enero se cumplió un año de la fecha límite señalada por el Congreso de la Unión para aprobar, dentro de un plazo de 180 días contados a partir del 10 de julio de 2015, las leyes generales para combatir la tortura y la desaparición forzada. Dicha disposición, deviene de la reforma al artículo 73, fracción XXI de la Constitución, en donde se otorgan facultades al Congreso para legislar sobre esas materias.

Diversos organismos e instituciones internacionales y de la sociedad civil mexicana –como las que firmamos este pronunciamiento–, nos hemos pronunciado en numerosas ocasiones sobre la grave crisis de tortura generalizada que existe en el país. En 2015, el entonces Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las autoridades bajo diversos tratados ratificados por México; de la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otros mecanismos de la ONU, han señalado ampliamente la necesidad imperiosa de contar con marcos normativos acordes a los más altos estándares internacionales que conlleven a la erradicación de esta grave práctica.

En un primer momento en sede legislativa, el Senado aprobó una minuta sobre la Ley General para Prevenir la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes, con avances considerables para cumplir con los más altos estándares de derechos humanos. La minuta de ley se encuentra actualmente en el seno de la Cámara de Diputados desde mayo de 2016, en donde se frenó el diálogo con las organizaciones de la sociedad civil y personas expertas que han aportado elementos de discusión y contenidos al debate. Lo anterior, originó que en el último día del período legislativo anterior –el 15 de diciembre de 2016– la Cámara de Diputados pretendiera votar un dictamen sobre la ley, que modificaba regresivamente el dictamen y sin considerar la corrección de algunas expresiones y estipulaciones de la minuta original.

En ese sentido, las Comisiones de Justicia y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados pretendieron: 1) eliminar diversas causales de competencia federal sobre investigaciones por tortura, incluso en casos en que los agentes denunciados por tortura pertenezcan a la misma procuraduría estatal; 2) restringir la facultad actual de las y los jueces de ordenar una investigación cuando personas procesadas denuncien haber sido objeto de tortura, aun cuando esta es no solamente obligación de las autoridades, sino también la única vía por la que muchas víctimas logran iniciar investigación, así como una de las fuentes más relevantes para contar con un diagnóstico del problema; 3) limitar los casos en que proceda la separación de agentes posiblemente implicados en tortura, de las investigaciones correspondientes (medida necesaria para evitar que los agentes implicados se investiguen a sí mismos); y 4) construir el registro de víctimas de tortura únicamente a partir de casos judicializados, dejando fuera a la gran mayoría de víctimas cuyos victimarios nunca enfrentan un proceso penal. Todas las propuestas mencionadas, van encaminadas a un menor acceso a información sobre denuncias de tortura y una menor posibilidad de contar con una investigación imparcial de la misma.

Aunado a lo anterior, dichas comisiones no contemplaron mejorar y elevar los estándares de la ley aprobada por el Senado, que si bien contiene importantes avances en la materia, aún cuenta con algunas deficiencias como: 1) el lenguaje sobre el carácter absoluto de la regla de exclusión de pruebas obtenidas bajo tortura; 2) la tipificación de la tortura en su vertiente de procedimientos médicos o científicos sin consentimiento, práctica que actualmente genera violaciones a los derechos humanos de personas con alguna discapacidad; así como 3) la ausencia de disposiciones claras para establecer responsabilidad de las y los superiores jerárquicos que autoricen, toleren o de otra forma incurran en responsabilidad por actos de tortura.

En diciembre de 2016, el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) de la ONU visitó nuestro país para hacer una documentación sobre la prevención efectiva de la tortura; al fin de su visita a diversos centros de privación de libertad, así como de entrevistas con autoridades mexicanas y organizaciones de la sociedad civil, concluyeron que “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”1.

Por lo anterior, quienes aquí suscribimos exhortamos a la Cámara de Diputados a revertir las demoras y propuestas regresivas que caracterizaron el último periodo legislativo y de aprobar una Ley General en la materia que tienda realmente a la erradicación de la práctica de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, que fortalezca los controles de prevención y sanción de la misma y elimine cualquier posibilidad de utilizar pruebas obtenidas bajo tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, todo esto, con la convicción de no retroceder en el marco jurídico e interpretaciones ya implementadas en nuestro país, y armonizar el mismo con los estándares más altos para la protección de los derechos humanos.

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos

Asociadas por lo Justo (JASS)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación - Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, s.j.

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Instituto Superior Intercultural Ayuuk (ISIA)

Programa de Derechos Humanos y Educación para la Paz, Universidad Iberoamericana, Torreón.

Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México y Tijuana

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana):

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo

Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

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Organizaciones de derechos humanos alertan sobre el nombramiento de la nueva persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas

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Organizaciones de derechos humanos alertan sobre el nombramiento de la nueva persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas Senadores y Senadoras integrantes de las Comisiones de Gobernación, Justicia, y Estudios Legislativos, Segunda del Senado de la República: 

En el marco de las actuales discusiones para reformar la Ley General de Víctimas (LGV), las organizaciones  de la sociedad civil firmantes hacemos un atento llamado para que la reforma a dicha Ley establezca un
procedimiento transparente, objetivo incluyente y participativo para la designación del nuevo/a Comisionado/a Presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Ante las demandas y preocupaciones de cientos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil en relación a las limitaciones del diseño institucional de la CEAV, así como a las evidentes complejidades para alcanzar acuerdos dentro de dicho órgano colegiado, diversas iniciativas que se analizan y discuten hoy en el Senado, han planteado el rediseño de dicha institución. Las iniciativas de reforma a la Ley General de Víctimas hasta el momento presentadas1 , plantean la
dirección de la CEAV por un/a Comisionado/a Ejecutivo/a, modificando la estructura de órgano colegiado que a la fecha ha tenido. Para víctimas y organizaciones sociales y de derechos humanos resulta de gran relevancia que el rediseño institucional que se lleve a cabo con la reforma a la LGV ponga fin a la falta de coordinación, excesiva burocratización e indebida interpretación de la Ley entre las y los integrantes de dicho órgano colegiado, y por lo tanto resulte en la efectiva atención y reparación de víctimas. 

INICIATIVA De los Senadores Angélica de la Peña Gómez, Fernando Yunes Márquez, Laura Angélica Rojas Hernández, Armando Ríos Piter y Alejandro Encinas Rodríguez, con proyecto de decreto por el que se reforman,
adicionan y derogan diversas disposiciones de la LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. Fecha de publicación: Jueves 8 de septiembre de 2016. INICIATIVA De la Sen. Cristina Díaz Salazar, del Grupo Parlamentario del Partido
Revolucionario Institucional, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. Fecha de publicación: Jueves 8 de septiembre de 2016.
INICIATIVA De los Senadores Luis Sánchez Jiménez, Angélica de la Peña Gómez y Armando Ríos Piter, del  Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con proyecto de decreto por el que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. Fecha de publicación: Jueves 14 de abril de 2016.
La persona que quede al frente de la institución encargada de la atención y reparación integral de víctimas en el país, tendrá la gran encomienda de convertir a la CEAV en una estructura que efectivamente funcione.
Es por ello que la reforma deberá contemplar de igual manera mecanismos de control y supervisión sobre  su gestión, en el que participen las propias víctimas y personas especializadas en derechos de las víctimas, así
como procedimientos para la revocación del mandato cuando se incumplan con los derechos que la ley otorga a las víctimas.
Por lo anterior, hacemos un llamado para que las y los senadores de la República sean quienes tengan la decisión de nombrar a la persona que encabece la CEAV a partir de una terna presentada por el Ejecutivo.
Además la Ley General de Víctimas deberá asegurar que las propuestas de contendientes a Comisionados/as que surjan del Ejecutivo, se realicen previa convocatoria y consulta pública y la integren personas realmente
idóneas para el cargo y comprometidas con los derechos humanos y con las víctimas que la ley protege. El Senado deberá garantizar también un proceso transparente de toma de decisión de quien ocupará ese
importante puesto.
Será una gran regresión y comprometerá la legitimidad de la reforma a la LGV, que el nombramiento de la persona titular de la CEAV sea discrecionalmente asumido por el Ejecutivo Federal, sin una apertura sustantiva hacia los colectivos y organizaciones de víctimas y sin una valoración pública y objetiva de los criterios de su elección. Garantizar que el nombramiento de la persona titular de la CEAV se realice con imparcialidad, transparencia y publicidad en cada etapa del proceso - desde la emisión de la convocatoria hasta el proceso final de selección - y que la persona elegida se distinga por su idoneidad y legitimidad ante las víctimas, es tarea imprescindible del Senado que todas y todos debemos observar. 

Organizaciones, colectivos y movimientos de derechos humanos
ARTICLE 19, Oficina para México y Centroamérica
Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)
Centro Regional Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño A.C.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C.
Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, A.C.
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH)
Designaciones Públicas
Enjambre Digital
EQUIS Justicia para las Mujeres
Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación
I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.
Instituto de Justicia Procesal Penal, IJPP
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche
Red de Feministas Peninsulares
Programa de Atención a Víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Expertos/as, activistas y defensores/as de derechos humanos
Argentina Casanova
Jesús Robles Maloof
Jacobo Dayán
Javier Sicilia Zardaín
Eduardo Gallo
Roberto Villanueva
Silvano Cantú

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Retroceso de la SCJN: pretende validar condenas basadas en pruebas obtenidas bajo tortura

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Retroceso de la SCJN: pretende validar condenas basadas en pruebas obtenidas bajo tortura

 

  • Primera Sala publica tesis aislada que viola Constitución y tratados
  • SCJN invita a Corte Interamericana a sesionar este semana en nuestro país, pero días antes de su llegada, desacata jurisprudencia de esta
  • Urgente superar la fabricación de pruebas para mejorar investigaciones y reducir impunidad

 

23 de agosto de 2016.- Externamos nuestra alarma y rechazo ante la tesis aislada CCV/2016 publicada el pasado viernes 19 de agosto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual plantea que no procede la reposición de un proceso penal presuntamente resuelto con base en pruebas obtenidas bajo tortura, salvo cuando exista confesión o manifestación “autoincriminatoria” de la persona inculpada.

En otras palabras, en los numerosos casos en los que una persona es torturada para incriminar falsamente a otra, o en los que cualquier prueba distinta a una confesión es obtenida bajo tortura, quedarían intactas las condenas basadas en tales pruebas ilegales y arbitrarias, según lo que plantean los Ministros Pardo, Cossío y Zaldívar en la citada tesis aislada (misma que no contó con el apoyo de los Ministros Piña Hernández y Gutiérrez Ortiz Mena).

El criterio planteado por la mayoría es violatorio de la prohibición de basar condenas en pruebas obtenidas bajo tortura, reflejada en la Constitución (que establece que “Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula”[1]), el Código Nacional de Procedimientos Penales y numerosos tratados internacionales.

En este sentido, la tesis es inaplicable por las autoridades judiciales del país, puesto que al omitir ordenar la reposición de un proceso presuntamente resuelto con pruebas obtenidas bajo tortura, estas incurrirían en responsabilidad por incumplir sus obligaciones constitucionales y convencionales.

El año pasado, el Relator Especial sobre Tortura de la ONU recordó las obligaciones de las y los jueces bajo diversos tratados ratificados por México, al señalar que deben excluir “cualquier prueba o declaración respecto de la cual existan razones para creer que ha sido obtenida bajo tortura”[2].

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que actualmente se encuentra en México a invitación de la propia SCJN, ha reiterado que “la regla de exclusión de pruebas obtenidas mediante la tortura… ostenta un carácter absoluto e inderogable”[3], observando además que “las declaraciones obtenidas mediante coacción no suelen ser veraces”[4].

Permitir que las condenas sigan basándose en declaraciones o pruebas fabricadas bajo tortura, significaría frenar desde el inicio el proyecto de transformación que debería representar el nuevo sistema penal. En tal escenario, en vez de mejorar la calidad de las investigaciones penales, el país seguiría en el sistema de siempre, en el que la poca capacidad para investigar conlleva la falta de esclarecimiento y sanción de la gran mayoría de delitos cometidos, así como la fabricación de culpables mediante la tortura, entre otros, con tal de ocultar el tamaño de la impunidad.

Por todo lo anterior, hacemos un enérgico llamado a la Primera Sala a corregir su criterio, aclarando que ninguna condena basada en pruebas obtenidas bajo tortura es válida.

 

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociadas por lo Justo (JASS)

Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM-FEDEFAM)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (Código DH)

Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social

Equis, Justicia para las Mujeres

Fundación para el Debido Proceso (DPLF)

Fundar, Centro de Análisis e Investigación

I(dh)eas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos

Indignación - Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (INSYDE)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos Para Todas y Todos (REDTDT)

 

 

[1] Artículo 20(A)(9).

[2] Informe sobre México del Relator Especial sobre tortura, A/HRC/28/68/Add.3, párr. 83(d).

[3] Corte IDH, Cabrera García y Montiel Flores v. México, párr. 165.

[4] Ibíd., párr. 167.

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El derecho a la Rehabilitación de los sobrevivientes de tortura ¿promesa pendiente?

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El derecho a la Rehabilitación  de los sobrevivientes de tortura ¿promesa pendiente?

Comunicado leido en el foro El derecho a la rehabilitación de los sobrevivientes de tortura el 24 de junio en la Ciudad de México 

Agrademos nuevamente que puedan acompañarnos hoy en este espacio de compartición En 1986 entro en vigor la Convención Contra la Tortura de la ONU, esta convención fue firmada y ratificada por México, en estos 29 años el Estado Mexicano ha adquirido una deuda muy grande con las y los sobrevivientes  de tortura y sus familias, primero al negar que la tortura es una práctica generalizada y sistematizada a lo largo de la historia contemporánea de este país, sentenciando que son hechos aislados y solo responsabilidad de quien la lleva acabo; segundo la  omisión en las investigaciones de estos hechos, la responsabilidad de la misma queda en manos de las víctimas  y sus familias; tercero queda suspendido el castigo a los responsables; cuarto se niega el derechos a la reparación integral si no se cumplen los criterios para ser considerados victimas, limitando esta reparación al saldo económico. Quinto la tortura esta perpetuada por la impunidad que impera, negando el acceso a la justicia a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos.

De acuerdo con la aplicación del Artículo 14 por los Estados partes de la Convención contra la Tortura (CAT) en cuanto a la Rehabilitación señala en  el inciso 13, 14 y 15:

  1. A fin de cumplir sus obligaciones de proporcionar a las víctimas de torturas o malos tratos los medios para la rehabilitación más completa posible, los Estados partes deben adoptar un planteamiento integrado y de largo plazo y asegurarse de que los servicios especializados para las víctimas de la tortura estén disponibles, sean apropiados y fácilmente accesibles. Estos deben incluir un procedimiento para la determinación y evaluación de las necesidades terapéuticas y de otra índole de las personas basado, entre otras cosas, en el Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (Protocolo de Estambul) y que podría incluir una amplia variedad de medidas interdisciplinarias, como servicios médicos, físicos y psicológicos de rehabilitación; servicios sociales y de reintegración; asistencia y servicios comunitarios y orientados a la familia y formación profesional y educación, entre otros. Es sumamente importante adoptar un planteamiento integral de la rehabilitación que tenga también en cuenta la fortaleza y resiliencia de la víctima. Hay que asignar alta prioridad a la necesidad de crear un entorno de confianza y confidencialidad en que se pueda prestar estos servicios.
  2. La exigencia que establece la Convención de proporcionar estos diferentes tipos de servicios de rehabilitación no exime de la necesidad de proporcionar servicios médicos y psicosociales a las víctimas inmediatamente después de la tortura.
  3. Los Estados partes han de velar por que se establezcan servicios y programas de rehabilitación eficaces, teniendo en cuenta la cultura, la personalidad, la historia y los antecedentes de las víctimas. Las víctimas de la tortura deberían poder recurrir a programas de rehabilitación tan pronto como fuera posible después de una evaluación hecha por profesionales independientes y debidamente calificados. Ello no deberá estar subordinado a que la víctima haya interpuesto un recurso judicial. Es indispensable que la víctima participe en la selección de quien ha de prestar los servicios.

Fundamentados y apoyados en estos elementos que deben cumplir los estados partes en materia de Rehabilitación el CCTI  hace los siguientes señalamientos en cuanto a los servicios de rehabilitación que proporciona el estado mexicano a los sobrevivientes de tortura:

Los servicios de rehabilitación por parte del estado, cuando los brinda a los sobrevivientes de tortura son de poca calidad y ética profesional, no están especializados para tratar a víctimas de graves violaciones a derechos humanos de la violencia, no garantizan la confidencialidad, persiste la retraumatización para hacer que la víctima acepte la culpa por supuestos delitos de los que se le acusan. No hay opción por parte del sobreviviente para llamar a un especialista de su confianza. Los tratamientos son cortos y no son holísticos. Los servicios cuando se brindan llegan después de largo tiempo de espera. No se cuenta con traductores en caso de que la persona sea indígena. No se consideran ni la edad, ni el género para dar la atención. En general los servicios de rehabilitación no están coordinados con las necesidades de quien la solicita, no brindan seguridad para el sobreviviente y sus familias. Este  proceso se burocratiza quitando de nuevo la humanidad y la dignidad de las personas, quienes tienen que probar que fueron torturadas no solo frente a las autoridades, si no también frente a las instancias que deberían velar por su bienestar y seguridad.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad en los doce años de trabajo  ha mantenido el compromiso de  brindar atención integral, médica y psicológica, a los y las sobrevivientes de tortura, a sus familias y compañeros, en algunos casos hemos podido trabajar en las cárceles del estado de Guerrero, en consultorio y en sus comunidades. Nuestro enfoque pretende integrar la mirada psicosocial, con perspectiva de género y de derechos humanos, trabajamos en las estrategias psicojuridicas  y sumamos la experiencia de los movimientos sociales. Apostamos por un espacio donde los sobrevivientes de tortura  y sus familias puedan elaborar lo vivido, le den un lugar, visibilicen la forma en la que resistieron y han resistido, un espacio que ellos y ellas crean y recrean, dando  un giro al objetivo  de la tortura que pretende silenciar, destruir la confianza y la seguridad en los otros, las y los sobrevivientes de tortura ocupan ese espacio de silencio resignificándolo, con dignidad y fuerza. Sus vidas no volverán a ser  las mismas, pero se niegan a dejarla en manos de sus torturadores.

En este tiempo hemos acompañado a 493 víctimas de tortura directas e indirectas, 157 mujeres, 336 hombres, de las cuales 215 han solicitado el servicio de rehabilitación, en consultorio, en cárceles y/o su comunidad, de forma individual, en pareja o en grupo, en su mayoría en la ciudad de México y en Guerrero, consideramos que en todas las intervenciones que realizamos en la documentación de hechos de tortura a través del Protocolo de Estambul también hacemos intervenciones basadas en las necesidades  condiciones en las que se encuentran las personas. Esta tarea ha sido apoyada de manera importante a nivel mundial por el Fondo de Naciones Unidas para las Víctimas de la Tortura, es de suma importancia  que los gobiernos destinen recursos económicos suficientes  para la atención de los sobrevivientes de tortura.

Nuestra  propuesta de atención psicosocial  considera la mirada del trabajo en salud en general y la salud emocional en particular, contextualizado en la violencia de Estado en contra de la población civil, ello nos hace tener un compromiso ético fundado en una postura política clara y abierta, que reconoce la humanidad y la dignidad del otro y la nuestra, elementos que ayudan a que los sobrevivientes y sus familias nos permitan acompañarles y brindarnos su confianza.

El espacio de  rehabilitación de los y las sobrevivientes de tortura intenta dar un lugar para la reparación y el fortalecimiento de los vínculos intersubjetivos a partir de la memoria colectiva, de la búsqueda de sentido, del desvalimiento de  los imaginarios sociales hegemónicos  y la construcción de los propios.

Agradecemos de nuevo la confianza a quienes nos han permitido acompañarles en lo más íntimo,   a quienes nos enseñan a romper  el miedo,  con su valor y dignidad, a quienes resisten y re-crean sus vidas más fuertes después de la tortura.

Gracias  

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C.

24 de Junio del 2016

 

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APOYA LA VIDA DESPUÉS DE LA TORTURA SEXUAL

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A menudo la tortura se comete recurriendo a medios relacionados específicamente con el género. Los autores saben que interferir con la sexualidad de la víctima se traduce en consecuencias psicosociales particularmente devastadoras. Por ello, la tortura sexual, especialmente la violación, se suele utilizar como un arma estratégica en tiempos de conflicto. Si se aplica de manera sistemática, puede conducir a la ruptura interna de comunidades enteras y a la desintegración del tejido social. Las víctimas necesitan apoyo para reconstruir su vida tras sufrir tortura sexual.

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APOYA LA REHABILITACIÓN DESPUÉS DE LA TORTURA

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¿EN QUÉ CONSISTE LA REHABILITACIÓN?


La rehabilitación ayuda a las víctimas a restaurar su vida después de la tortura mediante una serie de servicios que incluyen apoyo médico, psicológico, jurídico y social. Es un proceso que reconoce la actuación y el empoderamiento de las víctimas y que tiene en cuenta sus necesidades individuales, así como los antecedentes culturales, sociales y políticos y el entorno en que viven. La reconstrucción de la vida de estas personas tras habérseles ultrajado su dignidad lleva tiempo. Es necesario que las víctimas tengan confianza en los profesionales de la salud y en otros proveedores de atención; y también necesitan saber que tendrán a su disposición el apoyo pertinente en cualquier momento y todo el tiempo que lo necesiten.

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