Boletines (83)

Organizaciones de la sociedad civil se pronuncian por el video difundo en el que se observa a militares y policías policías realizando interrogatorios bajo tortura

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En un video difundido en redes sociales se observa cómo elementos del ejército y policías federales torturan a una joven mujer para obtener información.

La Secretaría de la Defensa Nacional abrió la investigación en la jurisdicción militar por el delito de "desobediencia".

Estos hechos ameritan una profunda investigación y demuestran la necesidad de contar en México con un marco normativo adecuado que reconozca la grave problemática de la tortura y ésta se investigue, se castigue y se repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

Este jueves 14 de abril, circuló por redes sociales un video en el que un grupo de militares y policías torturan a una joven con el empleo de bolsas para provocar ahogamiento y con la simulación de ser ejecutada. Según la información de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2015, en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, pero fueron hechos públicos hasta el 14 de abril mediante la difusión de un video en redes sociales. Destacamos que en su comunicado, la propia SEDENA reconoció la autenticidad del video y los hechos que se documentan.

De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades militares tuvieron conocimiento de los actos hasta el 10 de diciembre de 2015 por lo que la SEDENA dio “vista inmediata al Ministerio Público Militar” y el 4 de enero del 2016, a un año de los hechos, informó a la Procuraduría General de la República (PGR) para que “determine la responsabilidad en cuanto a las afectaciones civiles". Las autoridades militares, señalan también, que fue hasta el 11 de enero que se dictó auto de formal prisión a la policía militar y el elemento de tropa, "quienes están a disposición del Juez Quinto Militar como probables responsables de los hechos y sujetos a proceso penal por el delito de encubrimiento".

Los firmantes rechazamos que los militares involucrados estén sujetos a un proceso penal en el fuero de guerra, ante un juez militar, y no ante un juez ordinario, pues los actos de tortura de acuerdo a la legislación nacional deben ser competencia de la PGR y los involucrados deben ser procesados ante los jueces civiles. Al respecto, la SEDENA argumentó que el proceso se desarrollará en los “dos fueros”; en el militar, por “desobediencia”, únicamente, y en el ordinario, por el delito que la PGR considere.

Estos hechos, incluyendo la conducta pública de los mandos militares minimizando la gravedad de los hechos, explican la institucionalidad de la tortura en nuestro país y demuestran la necesidad que el marco normativo se modifique para que todo acto de tortura se prevenga, investigue, castigue y repare conforme a los estándares internacionales de derechos humanos. Por ello, los hechos que exhibe el video, y otros muchos casos más de tortura, deben ser considerados para acelerar y profundizar la discusión que actualmente se llevan a cabo en el Senado sobre los contenidos de la Ley General de la materia.

Exigimos de la Procuraduría General de la República, como una instancia civil, investigue y acuse ante jueces ordinarios a los responsables de estos hechos sucedidos en 2015, e informe de los avances sobre las investigaciones.

De la misma forma exigimos a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que realice el contacto con la persona, que se observa en el video siendo torturada, para verificar su situación legal y su afectación psicológica, ya que como señalan los medios de comunicación, esta persona actualmente se encuentra detenida. Consideramos, que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, debe intervenir e integrar de oficio una queja por violaciones graves a los derechos humanos e investigar: la cadena de mando, la conducta de las autoridades superiores que ordenaron estas conductas y el alcance de la autoría intelectual de estos hechos.

A la Comisión Nacional de Seguridad, exigimos también, informe sobre la situación legal de los elementos que intervinieron en esta tortura, de su posición sobre los hechos e informe sobre el seguimiento de los casos, las sanciones disciplinarias y penales a los Policías Federales involucrados.

 

Firmantes

ASILEGAL A.C

Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, AFADEM

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. A.C.

Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P., A.C.

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, CADHAC A.C

Colectivo contra la Tortura y la Impunidad CCTI

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos, CCDH.

Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C.

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C.

Documenta A.C.

Fundación para el Debido Proceso Legal A.C

Fundar, Centro de Análisis e Investigación. A.C

IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. A.C.

México, Derechos Humanos.

Presunción de Inocencia A.C.

Programa de Derechos Humanos, Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

Miguel Sarre, Maestro en Derechos Humanos y actual académico del ITAM.

Carlos Ríos, Consultor en Derechos Humanos

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana-Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales yCulturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)

 

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Alto a la Guerra contra las drogas

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DECLARACIÓN DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE DERECHOS HUMANOS en México con relación a los efectos nocivos a los derechos humanos por la inadecuada política de seguridad en el combate a las drogas

En el marco de la Sesión Especial sobre el problema mundial de drogas de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS)

La estrategia de seguridad que implementó México para combatir el cultivo, el tráfico y la posesión de drogas basada en el régimen internacional de control y fiscalización de drogas de la Organización de las Naciones Unidas encaminada a la reducción de la oferta de drogas ilícitas en los países, ha tenido efectos nocivos en el goce y ejercicio de los derechos humanos en el país.

En teoría, de acuerdo con este régimen, la escasez de drogas incrementaría sus precios y por consiguiente desalentaría su compra. Pese a los numerosos y altamente costosos esfuerzos de la comunidad internacional por implementar esta política, los precios de las drogas están más bajos que nunca y el objetivo de “liberar a la sociedades de las drogas” no ha tenido el éxito esperado.

La evidencia nacional e internacional, muestra que las políticas encaminadas a prohibir y castigar el cultivo, venta y uso de ciertas drogas han resultado desproporcionadas y no han tenido efecto en la erradicación de la producción o el uso problemático de drogas. Por el contrario, las consecuencias colaterales de las políticas prohibicionistas han sido profundamente dañinas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, el estudio más reciente publicado por el Gobierno mexicano sobre la prevalencia del uso de drogas en el país, no se han observado incrementos significativos en la proporción de personas que reportan consumo de drogas, ni en el índice de dependencia entre el 2008 y el 2011.[1] Por el contrario, se ha presentado un incremento exponencial y cada vez más dramático, en el número de muertes y homicidios intencionales relacionados a la política de seguridad de combate al narcotráfico.

Ante este panorama, vale la pena preguntarse si en verdad estamos frente a un “problema mundial de drogas”, como lo han denominado los Estados; o si el problema es resultado de las políticas implementadas por los Estados para combatir la producción, distribución y uso de drogas ilícitas.

Cada vez más organizaciones civiles de derechos humanos documentamos la incidencia de tortura, desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias y demás violaciones a derechos humanos de las que son víctimas las personas privadas de la libertad en centros de reclusión, particularmente las mujeres, purgando penas por delitos no violentos relacionados a la posesión de drogas.

También documentamos la vulneración en la que se encuentran niñas, niños y adolescentes frente a la violencia y el crimen organizado; la violación a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de pueblos y comunidades forzadas a cultivar enervantes; los riesgos que enfrentan personas y familias enteras forzadas a desplazarse de sus hogares por la violencia del crimen organizado y ante la falta de mecanismos de protección por parte del Estado; las violaciones a derechos humanos que viven día con día las y los migrantes que cruzan el país y la violencia de la que son víctimas; los ataques contra periodistas y defensores de derechos humanos que documentan la violencia generada por la guerra con las drogas; la fabricación de culpables y la restricción de libertades fundamentales en el marco de una política de seguridad fallida.

Es por ello que, en el marco de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones sobre “el problema mundial de las drogas”, a celebrarse en abril del 2016, llamamos la atención sobre diagnósticos de fuentes nacionales e internacionales que evidencian la relación entre las políticas de seguridad de combate a las drogas ilícitas y el grave aumento de la violencia en nuestro país.

  • El fracaso de la política de drogas en México de acuerdo a los organismos internacionales de derechos humanos.

En México, el impacto del régimen internacional de control y fiscalización de drogas ha sido devastador. Desde 2006, cuando el ex Presidente Felipe Calderón declaró una guerra frontal contra la delincuencia organizada con el fin de “salvar a nuestros niños y jóvenes de las garras de las drogas y las adicciones”, los índices de violencia, inseguridad y corrupción se han disparado.De acuerdo con informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Situación de los derechos humanos en México, publicado el 2 de marzo de 2016, “México atraviesa una grave crisis de violencia y de seguridad desde hace varios años.”[2]

El informe destaca que durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, “las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas.”[3]

La política de seguridad empleada en el país en el marco de la guerra contra el narcotráfico, consistió en el despliegue de fuerzas armadas para ejercer tareas de seguridad pública sin ningún tipo de control civil. Esta situación, como documentó la Comisión Interamericana en su Informe, “ha desatado aún mayor violencia así como violaciones graves a los derechos humanos en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales.”[4]

Pese al cambio de gobierno y de la narrativa oficial de la actual administración de Enrique Peña Nieto, la CIDH observó que “no han habido cambios sustanciales en relación a las políticas de seguridad en la práctica y a la violencia que éstas han desencadenado.”[5]

Al igual que la CIDH, otros mecanismos internacionales de derechos humanos han coincidido en que la violencia generada por la presencia de fuerzas militares en las regiones del país con mayor presencia de crimen organizado, ha ocasionado violaciones graves a los derechos humanos.

El Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, documentó en su visita a México en 2013, que el ingente despliegue del ejército para enfrentar a los cárteles de la droga había resultado en numerosas ejecuciones extrajudiciales a manos de las fuerzas de seguridad, así como de los cárteles, “a menudo sin ningún tipo de rendición de cuentas.”[6] El Relator observó con preocupación que se siguen produciendo incidentes extremadamente violentos en el país, en particular atentados contra el derecho a la vida, a un nivel intolerable.

Según información proporcionada al Relator Especial por las autoridades mexicanas, durante la administración de Felipe Calderón, de diciembre de 2006 a noviembre de 2012, se cometieron 102,696 homicidios intencionales. El Gobierno reconoció que no menos de 70,000 de esas muertes (casi 70%) estaban relacionadas con el tráfico de drogas.[7]

Por otro lado, el Relator Especial sobre la situación de la tortura, tras su visita a México en 2014, confirmó que con el despliegue de efectivos militares en el marco de la guerra contra el narcotráfico, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró un aumento de quejas por tortura y malos tratos desde 2007 y reportó un máximo de 2,020 quejas en 2011 comparadas con un promedio de 320 en los seis años anteriores a 2007.[8]

Asimismo, resultado de su visita a México en octubre de 2015, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos dio cuenta de la corrupción e impunidad en las estrategias de combate al crimen organizado. De acuerdo con el Alto Comisionado, las enormes cantidades de dinero que movilizan los grupos del crimen organizado “está cooptando y corrompiendo instituciones clave”[9] en el país. Asimismo, la estrategia se ha centrado en la detención de integrantes del crimen organizado, pero no se han desplegado verdaderos esfuerzos para desmantelar la red de corrupción que involucra al crimen organizado con agentes del Estado.

Este enfoque punitivo y criminalizante de la política de drogas en México, se ha visto igualmente reflejado en la dura persecución penal del consumo y la posesión de drogas, afectando de manera particular a mujeres. Tanto el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, después de su visita a México en 2008, como la CIDH, en su último informe sobre México, manifestaron preocupación por los abusos y las degradantes condiciones bajo las cuales se encuentran las mujeres en centros de reclusión.

Del total de mujeres privadas de la libertad en centros de reclusión en México[10], 7% fueron consignadas por el delito de narcomenudeo. Y 40% de las mujeres encarceladas por delitos federales, lo están por delitos contra la salud[11]. En total, los delitos relacionados con droga ocupan el segundo lugar entre los motivos de encarcelamiento para mujeres en México.

Es urgente poner el reflector sobre las consecuencias que el encarcelamiento y, en términos generales, el abuso del derecho penal en los casos de delitos de drogas implica para las mujeres, especialmente para las que son madres (alrededor de 80%) y son las únicas o principales responsables económicas y cuidadoras de sus hijos, hijas y otras personas dependientes.

  • Los falsos indicadores de éxito de la política de drogas en México

La política de seguridad de combate a las drogas, ha propiciado también el desarrollo de leyes y figuras que se contraponen con el debido proceso y las garantías judiciales, la presunción de inocencia, los derechos a una defensa adecuada y a una sanción acorde con la gravedad del delito.Las autoridades mexicanas han utilizado como indicadores de éxito, la cantidad de hectáreas de amapola y marihuana erradicadas, de laboratorios de cocaína destruidos, personas detenidas y kilos de droga incautados. Este tipo de indicadores transmiten una sensación de efectividad en las políticas de combate a las drogas, pero no indica si las tácticas empleadas se traducen en avances reales hacia el objetivo principal, que es la reducción en el uso de drogas en el país.

Por un lado, se implementan estrategias de seguridad para reducir la oferta y la demanda de drogas ilícitas, sin contar con indicadores de impacto en el consumo; y por otro, las acciones de combate al narcotráfico resultan insostenibles a largo plazo, al ignorar las fronteras nacionales, la capacidad operativa y la diversificación del crimen organizado. Es decir, la erradicación de un plantío de amapola, no impide la siembra de la misma en otra parte del país; la detención de un líder del crimen organizado, no limita la operación o la fragmentación de su cártel, ni impide el surgimiento de otro; la incautación de drogas y la identificación de rutas de distribución, tampoco limita el surgimiento de nuevas rutas y formas de transporte.

  • La regulación y no la guerra

Para iniciar un debate serio sobre el diseño de nuevas políticas públicas que regulen el uso de drogas, hay que reconocer el fracaso del modelo prohibicionista y de las políticas de seguridad encaminadas al combate de la producción, distribución y posesión de drogas en el país.El modelo que prioriza la reducción de la oferta simplemente no funciona y, por el contrario, ha desencadenado violencia, propiciado violaciones a derechos humanos y debilitado el Estado de Derecho en los países más afectados por la producción y el tráfico de drogas. Estas lecciones deberían llevarnos hacia una nueva política que trate de llegar a las raíces del problema, que distinga claramente entre uso y uso problemático de sustancias, así como los efectos diferenciados de las drogas en la salud.

Necesitamos nuevos indicadores para evaluar el éxito de las estrategias encaminadas a reducir el consumo. Las toneladas de drogas incautadas, el número de personas detenidas, o las hectáreas de cultivo erradicadas, no indican si se está afectando el consumo de drogas en el país, en tanto no existan registros metodológicamente viables para calcular la prevalencia del consumo.

Para desmantelar la red de corrupción e impunidad del crimen organizado que ha generado tanta violencia, es prioritario fortalecer las instituciones civiles que luchan contra el narcotráfico. El uso de fuerzas militares en vez de policiales, debilita y distorsiona las funciones de ambas. La reforma y el fortalecimiento de la justicia deben ir de la mano con el fortalecimiento de las corporaciones policiales para combatir el narcotráfico eficazmente.

En este contexto, resulta preocupante la fuerte resistencia de representantes del Estado mexicano a desmilitarizar la estrategia de combate a la producción, distribución y uso de drogas, a pesar de que diversos mecanismos internacionales de derechos humanos, en el ámbito regional y universal, han recomendado hacerlo; y muy a pesar de evidencias como el índice de letalidad[12] resultante del uso desproporcionado de la fuerza por parte de elementos militares; o las denuncias por tortura ante la Procuraduría General de la República a manos de elementos de las fuerzas armadas.[13]

Resulta igualmente alarmante el deslinde de las autoridades federales sobre la ola de violencia en el país.[14] Como lo afirmó en octubre de 2015 el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, parte de la violencia en México puede ser atribuida a los grupos del crimen organizado; no obstante “muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales han sido llevadas a cabo por autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo la policía y elementos del Ejército, ya sea actuando por sus propios intereses o en colusión con grupos del crimen organizado.”[15]

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Por lo anterior, y ante la crisis de derechos humanos por la que atraviesa el país, hacemos un llamado para que la política de seguridad en contra del crimen organizado sea reformulada desde un enfoque de derechos humanos y género.

A nivel nacional, es indispensable implementar medidas alternativas a la persecución penal y al encarcelamiento con perspectiva de género en los distintos momentos del proceso penal: desde la detención hasta la ejecución de la pena. Existen buenas prácticas de programas y medidas administrativas que pueden reemplazar la intervención penal y mecanismos de resolución alterna aplicables en la fase de sentencia y ejecución penal; tomando en cuenta la situación específica de la persona involucrada y su entorno, sobre todo cuando hay personas dependientes a su cargo.

Ante la coyuntura política internacional, México debe impulsar y respetar la participación de más agencias de Naciones Unidas en este debate, y reconocer la aportación de los valiosos informes de diversos mecanismos internacionales de derechos humanos que analizan las consecuencias de la política de seguridad de combate a las drogas en el goce de los derechos humanos.

México debe promover la creación de un procedimiento especial en el marco del Consejo de Derechos Humanos de las  Naciones Unidas, que tenga el mandato de vigilar y supervisar el respeto de los derechos humanos en el marco de la implementación de políticas antidrogas a nivel global.

La realidad de miles de víctimas de la guerra contra las drogas en el país, no puede seguir siendo invisible. Es urgente que el Estado mexicano se enfoque en reformas institucionales de largo plazo, y no en medidas paliativas que se fundamentan en el populismo punitivo.

Firman:

Asistencia Legal por los Derechos Humanos 
Casa del Migrante Saltillo 
Cauce Ciudadano A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)
Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios AC
Centro Nacional de Comunicación Social AC (Cencos)
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C. (CADHAC)
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)
Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas A.C. (CUPIHD)
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (Cosyddhac)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
Equis: Justicia para las Mujeres, A.C.
Espolea AC. 
Estudiantes por una Política Sensata de Drogas, México
Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C. 
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)
México Unido contra la Delincuencia  
Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Red Retoño
ReverdeSer Colectivo
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (Serapaz)
SMR, Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)


[1]
 Encuesta Nacional de Adicciones 2011, disponible en:www.conadic.salud.gob.mx/pdfs/ENA_2011_DROGAS_ILICITAS_.pdf

[2] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Situación de derechos humanos en México. OEA/Ser.L/V/II.Doc.44/15, 31 diciembre 2015, p. 31.

[3] CIDH. Situación de derechos humanos en México,  p. 31.

[4] CIDH. Situación de derechos humanos en México,  p. 11.

[5] CIDH. Situación de derechos humanos en México,  p. 61.

[6] Informe del Relator Especial sobre las  ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, A/HRC/26/36/Add.1, 28 de abril de 2014, p. 5.

[7] Informe del Relator Especial sobre las  ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, p. 5.

[8] Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Juan E. Méndez, A/HRC/28/68/Add.3, 29 de diciembre de 2014, p.  6.

[9] Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, p. 3.

[10] De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hay 13,027 mujeres privadas de la libertad en México.

[11] En México, los delitos relacionados con drogas son denominados “delitos contra la salud” y tienen una dimensión federal – contenida en el Código Penal Federal (CPF) – y local. Los delitos del fuero local conocidos bajo en nombre de “narcomenudeo”, y las sanciones correspondientes, se encuentran determinados en la Ley General de Salud (LGS) y aplican para todos los estados del país.

[12] De acuerdo a datos de la SEDENA, entre 2007 y 2012, en supuestos eventos de “agresiones en contra de personal militar”, fallecieron 158 elementos militares y 2,959 “presuntos agresores” civiles. Es decir, por cada elemento militar fallecido, murieron 18.7 civiles. Otras cifras oficiales indican que los asesinatos por parte de militares han continuado durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. La Sedena informa que en el periodo del 13 de enero de 2007 al 5 de abril 2014, en el curso de supuestos enfrentamientos, murieron 3,967 personas civiles. También reportó que murieron 209 militares del 13 de enero de 2007 al 30 de octubre de 2014 (una proporción de 19 civiles fallecidos por cada elemento militar fallecido).

[13] De acuerdo a cifras de la PGR, que 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, de las 4,055 denuncias de tortura que reportó, 1,273 fueron atribuibles a personal militar.

[14] Declaración del Subsecretario de Asunto Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Emb. Miguel Ruiz Cabañas en la Audiencia Temática: “Situación general de derechos humanos en México” realizada el 7 abril del 2016 en el marco del 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=sSV9vcgNu14

[15] Declaración del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos Zeid Ra’ad Al Hussein, con motivo de su visita a México, 7 de octubre de 2015, p. 3.

 

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Derechos Humanos, la demanda de EPN en Alemania

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OPEN LETTER: Respect for human rights and reparations to the victims should be addressed during the visit of the Mexican President to Germany

Mexico City
10 April 2016

Angela Merkel 
Bundeskanzleramt
Bundeskanzlerin
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin
 
Dear Federal Chancellor,
We, as signatory organizations working for the protection of human rights in Mexico, write to you to respectfully request that, during the visit of the Mexican President Enrique Peña Nieto to Germany on coming April 11th, the German authorities address the alarming human rights situation currently taking place in Mexico. In this letter, we present a description of the current crisis and our requests to the German government. As an important economic partner to Mexico and a leader of the defence of human rights, we believe that the German government has a moral duty to address the grave human rights violations occurring in the country when receiving the Mexican delegation.
Last year, the United Nations (UN) High Commissioner for Human Rights and the Inter-American Commission of Human Rights (CIDH) confirmed the grave human rights crisis currently taking place in Mexico after their respective visit. They also agreed that the rife insecurity, violence and impunity, as well as alarming statistics on murdered, disappeared, internally displaced and tortured persons are a cause for extreme concern. This is especially worrying considering that the country is not involved in any recognized armed conflict.[1].
 
 
SERIOUS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
Below are some figures that illustrate the state of the crisis and the generalized increase in serious human rights violations throughout the country. Tortureis generalized in Mexico, and it is systematically used as a means of punishment or investigation by the police or the armed forces[2]. Between 2006 and 2014, the Attorney General’s Office received 4,055 complaints of torture, of which 1,273 denounced military personnel[3]. There are currently 28,161disappeared persons in the country, many of which are attributable to public servants in the context of current security policies[4]. This number does not include the 797 cases of enforced disappearances that were committed during the 1960s-80s ‘Dirty War’, which remain unsolved and unpunished[5]. Between 2006 and 2012, 70,000 murders were related to the war on drugs[6]. Responsibility for most of these grave violations are attributable to the armed forces in the context of hardened security policies since the onset of the war on drugs[7].

To name just a few examples, during President Enrique Peña Nieto’s administration, 22 people were victims of arbitrary execution by military personnel in the state of Mexico; 43 students were victims of enforced disappearance in the state of Guerrero; 17 journalists were assassinatedbecause of their journalistic work; and at least 50 people were murdered at hands of the Federal Police in the state of Michoacán last year[8]. Five municipalities in the country were rated within the 50 most violent citiesinternationally[9]; and to date, an estimated 287,358 people have been victims of forced internal displacement because of the generalized violence[10].

MIGRANTS’ RIGHTS
The rights of migrants in transit and asylum seekers are also violated on a daily basis in Mexico, either by civil servants that systematically detain them or by organized criminal groups working in complicity with the authorities. The complaints that migrants’ organizations have been lodging since 2004 culminated in the massacre of 72 migrants in San Fernando, Tamaulipas, in 2010. This tragedy was followed by the discovery of mass graves in Tamaulipas and Durango in 2011, and the discovery of 49 human torsos in the state of Nuevo León – states that migrants usually cross on their way to the United States[11]. As Europe and Germany, are also currently facing a serious migration crisis, this theme should be included in the dialogues between the German and Mexican governments in order to find solutions to the respective migration issues.

VIOLENCE AGAINST WOMEN
Another alarming issue in Mexico is that of violence against women. According to UN Women, Mexico is the 16th country with the highest murder rate of women worldwide, with an average of six murders per day[12]. This worrying situation led to the declaration of a ‘Gender Alert’ in the state of Mexico last year, after thousands of women and girls have been murdered and disappeared in the past decade[13]. Women are also highly vulnerable tosexual torture in the country, which is a highly prevalent practice in the first stages of detention[14].

BUSINESS AND HUMAN RIGHTS
Germany and Mexico have very good trade and investment relations. The 1,300 companies with German capital in Mexico represent near to the 7% of the industrial GDP of the country. Germany, as the first commercial partner of Mexico in the European Union, enjoyed the opening of the market to foreign companies authorized by the recent economic reforms in Mexico and especially the 2013 Energy Reform, which also promoted extractivism[15]. As civil society organizations, we have observed the negative impacts of these reforms. Increased investments have led to an increase in human rights violations – especially in relation to indigenous peoples’ rights to land, aggravated social tension and intra-community conflicts, severe environmental damage, and the criminalization of activists and organizations that opposed these projects[16]. As such, we request that, during dialogues on trade relations between Germany and Mexico, the German government also addresses the responsibility of German companies to respect human rights when operating extraterritorially, the inclusion of a human rights clause in trade agreements, and the implementation of the UN Principles on Business and Human Rights.

IMPUNITY
The most worrying part about the violations described above is that practically all of them remain in absolute impunity. Impunity in Mexico is a structural and generalized problem: 98% of crimes in the country are not investigated, and only two final sentences for crimes of torture have been issued between 2005 and 2013 – despite the 4,055 complaints mentioned above[17]. Due to high-level corruption and the lack of judiciary independence, investigation and judicial mechanisms do not function appropriately and the government’s response has rather been to harden security policies and increase militarization[18]. Not only does this situation violate the rights of the victims and their relatives anew, but it also promotes the repetition of these crimes.

GOVERNMENT’S RESPONSE
Despite the numerous diagnostics issued by various international organizations, and their consistent findings on the serious human rights crisis occurring in Mexico, the Mexican government continuously rejects their conclusions and recommendations. The government insists that the human rights violations denounced are isolated events, and it denies the responsibility of the armed forces in generalized abuses – despite evidence of their involvement in numerous cases[19].

Even worse, instead of accepting the message and acting upon it, the government has adopted the counterproductive strategy of ‘shooting the messenger’. This is evident in various recent incidents. After the visit of the UN Special Rapporteur on Torture in 2014, the authorities published discrediting and insulting statements against him.[20] Such discrediting campaigns also occurred in relation to the visit of the UN Committee against Enforced Disappearance in 2011 and that of the Interdisciplinary Group of Independent Experts for the case of Ayotzinapa. The Sub-Secretary for Multilateral Affairs and Human Rights even went one step further during the 31st regular session of the UN Human Rights Council, where he openly questioned UN human rights mechanisms and discredited the validity of their reports[21].

Within the country, human rights defenders and civil society organizations also face a bleak environment. Human rights defenders are highly vulnerable to criminalization and attacks as reprisal for their work. Civil society organizations frequently face discrediting and smear campaigns, such as the especially worrying statements published in the media during the last weeks[22].

As a result, instead of acknowledging the current human rights crisis and improving access to justice for the victims, the government has recently strengthened the armed forces’ presence in public security as a means to fight the reigning violence and insecurity – leading to further violence and human rights violations[23].

There is therefore a general concern of the international human rights organisms about the situation of the human rights defenders, the increase of murders and aggressions against them and the lack of effective protection measures. 

REQUESTS TO GERMAN GOVERNMENT
Considering the extremely worrying human rights situation that was portrayed above, we consider it crucial that the German government addresses the obligations of the government and the needs of the victims, many of whom require international recognition and backing in the face of deep indolence on the part of the Mexican State. International attention to the current human rights crisis is a crucial tool for internal change, which has proved effective in the past.

The present signatory organizations recognize the work of the German government in the promotion of international humanitarian and human rights law. As the promotion of respect for human rights forms an integral part of the Germany’s foreign policy, and one of the priorities of the German Embassy in Mexico, we trust that German officials will address this issue and encourage Mexico to honour its obligations under international human rights law.

We thank you for your attention and express our most distinguished consideration.
Sincerely,

Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C.
Asociación de Derechos Humanos del Estado de México (ADHEM)
Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM
Casa del Migrante de Saltillo [Frontera con Justicia A.C.]
Centro de Crisis Casa Amiga A.C.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, O.P. A.C.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh)
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C.
Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI)
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)
Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.
EQUIS: Justicia para las Mujeres A.C.
Idheas Litigio Estrategico en Derechos Humanos
Instituto de Justicia Procesal Penal, A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C. (IMDHD)
JASS Mesoamérica
Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC)
Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez A.C.
Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)
Servicios para una Educación Alternativa A.C. EDUCA OAXACA
Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”(conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa,A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C.(COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C.(CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Iniciativas para la Identidad y la Inclusión A.C. (INICIA) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C.(CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C.(SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.)
 
Prof. Dr. Raina Zimmering

 


[1] Organization of American States, Inter-American Commission of Human Rights, Preliminary Observations on Visit to Mexico, No. 112A/15 (2 October 2015); UN Office of the High Commissioner for Human Rights (Zeid Ra’ad Al Hussein), Statement on visit to Mexico (7 October 2015).

[2] See various reports by UN Specialized Bodies: Reports of the Special Rapporteur on Torture, 1997 (E/CN.4/1998/38), 2004 (E/CN.4/2004/56/Add.3) and 2012 (A/HRC/28/68/Add.3); Concluding Observations of the Committee Against Torture, 2012 (CAT/C/MEX/CO/5-6); Report of the Subcommittee for the Prevention of Torture, 2010 (CAT/OP/MEX/1).

[3] Nexos. Tortura y la ley. 1/03/2016. Available here:http://www.nexos.com.mx/?p=27769

[4] National Registry of Missing or Disappeared Persons. Retrieved on 09/03/2016 from: http://secretariadoejecutivo.gob.mx/rnped/consulta-publica.php

[5] UN Human Rights Council (HRC). Mission to Mexico: Report of the Working Group on Enforced Disappearance, A/HRC/19/58/Add.2 (20/12/2011).

[6] UN HRC, Mission to Mexico: Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions (Christof Heyns), A/HRC/26/36/Add.1 (28 April 2014), para. 11.

[7] IACHR, Preliminary Observations, 2015; UNOHCHR, Statement on visit to Mexico, 2015; UN Human Rights Council, Mission to Mexico: Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (Juan E. Méndez), A/HRC/28/68/Add.3 (29 December 2014).

[8] IACHR, Country Report: Mexico, OEA/Ser.L/V/II.Doc.44/15 (31 December 2015); Artículo 19, Story of murdered journalists in Mexico (January 2016).

[9] The Citizen Council for Public Security and Criminal Justice. ‘The 50 most violent cities in the world’ (2014). Available here:http://www.seguridadjusticiaypaz.org.mx/lib/Prensa/2015_01_20_seguridad_justicia_y_paz-50_most_violent_cities_2014.pdf

[10] Nexos. Desplazados por violencia. La tragedia invisible. 9/03/2016. Available here: http://www.nexos.com.mx/?p=27278

[11] IACHR, Country Report: Mexico, 2015.

[12] UN Women, Report: Femicide in Mexico (2012); Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, 2012-2013 statistics.

[13] Excelsior. Segob emite alerta de género para el Estado de México. 31/07/2015. Available here:
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2015/07/31/1037779

[14] Report of the Special Rapporteur on Torture, para. 28; IACHR, Country Report: Mexico, para. 247.

[15] Excelsior, Los 25 puntos finos de la Reforma Energética (11/12/2013). Available here: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/12/11/933202

[16] IACHR, Country Report: Mexico, 2015.

[17] UNHCHR, Statement on visit to Mexico, 2015; Report of the SR on Torture, para. 32.

[18] IACHR, Preliminary Observations; UN Human Rights Council, Mission to Mexico: Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers (Gabriela Knaul), A/HRC/17/30/Add.3 (18 April 2011).

[19] SinEmbargo. México se niega a reconocer la crisis de derechos humanos: Amnistía; “preocupa”, dice. 17/02/2015.
http://www.sinembargo.mx/17-02-2015/1253440

[20] CNN. Relator de la ONU defiende afirmaciones sobre tortura en México. 11/03/2015. http://mexico.cnn.com/nacional/2015/03/11/relator-de-la-onu-defiende-afirmaciones-sobre-tortura-en-mexico

[22] GrupoFormula. Relator hace laxo tema de tortura y se benefician con reparación del daño, insiste Miranda. 8/03/2016.http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=576357&idFC=2016

[23] IACHR, Country Report: Mexico, 2015, para. 2.

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HECTOR JAIMES ABARCA, ningún indicio de su paradero

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A un año de la desaparición del defensor de Derechos Humanos; HECTOR JAIMES ABARCA, ningún indicio de su paradero

Héctor Jaimes Abarca es un hombre de 30 años lleno de inquietudes y esperanza, activo y dinámico, colaborador del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón en la ciudad Chilapa, con estudios de antropóloga social cursados en la Universidad Autónoma de Guerrero.

De 2008 a 2011 como parte del Centro Morelos participó activamente en la lucha de los cinco pueblos del Municipio de Tecoanapa; Mecatepec, Barrio Nuevo, El Guayabo, Tepintepec, El Carrizo y San Francisco por el  derecho humano al agua, lucha que fue ganada por los cinco pueblos.

Posteriormente fue el responsable por parte del Centro Morelos de mantener la colaboración con la organización norteamericana Global Works que se dedica a defender a trabajadores migrantes que después de iniciar algún juicio laboral se veían obligados a regresar a Guerrero y Héctor era el encargado de localizarlos y ponerlos al tanto de las sentencias laborales y ponerlos en contacto para recibir el pago de los laudos.
Una semana antes de desaparecer comentó a sus familiares que sentía estar siendo seguido y pensaba que se debía a su trabajo en la realización de un video sobre la realización del pan en Chilapa en la medida en que en algunas comunidades hombres le pidieron categóricamente no tomar película en esos lugares.

El día miércoles 18 de marzo cuando Héctor Jaimes Abarca regresaba de Chilpancingo y se dirigía del sitio de las Urban a su domicilio ubicado en la colonia Ángel Aguirre Rivero en la periferia de la ciudad, recién empezaba a oscurecer pues eran aproximadamente las 7:30 de la noche y en ese corto trayecto  fue desaparecido desconociendo su paradero hasta el día de hoy. A los padres, la Sra. María del Carmen Abarca Nava y José Jaimes San Juan y hermanos fueron invadidos por la angustia y el miedo, pues no era común que Héctor faltara a su casa y cuando lo hacía siempre avisaba, el miedo y la esperanza de que lo liberaran los inmovilizo durante varios días dudando entre poner la denuncia correspondiente o quedarse callados y aceptar lo que era ya inocultable, Héctor había sido desaparecido, este temor se acentuaba al recordar que días antes les había mencionado que había notado que algunas personas lo seguían.  Después de casi un mes de su desaparición la familia toma la decisión de interponer la denuncia, la cual se presenta   a mediados de abril bajo el número  AEBPNL/0017/2015 por desaparición de persona.

El nueve de Mayo nuevamente doña María del Carmen sufre un golpe más al ser desaparecido otro de sus hijos de nombre Jorge Jaimes Abarca, un joven de 18 años trabajador de una tortillería  en Chilapa.

El caso  de Héctor y Jorge Jaimes Abarca  así como los más de 50  casos denunciados ante instancias como la Fiscalía del Estado de Guerrero, la SEIDO y La Unidad de Búsqueda de Personas dependiente de la Sub Procuraduría de derechos humanos de la PGR    no hay avances sustantivos en la investigación. Por el contrario permanece el ambiente de zozobra e inseguridad. El gobierno ha optado por la militarización sin que se implemente una estrategia integral que trabaje en el tema de la búsqueda de los desparecidos y en un equipo multidisciplinario que avance en las investigaciones. Ante la inoperancia de las autoridades y los nulos resultados obtenidos con la presencia continua de militares y policías, son los familiares de las víctimas las que finalmente se decidieron a denunciar sin que las  autoridades  les  brinden las medidas de protección adecuadas. Por lo anterior nos preocupa el ambiente de impunidad y los casos de desapariciones y ejecuciones que se siguen consumando a pesar de la estrategia de militarización anunciada por el gobierno federal y los aparatosos operativos que no están atacando de fondo el problema de la inseguridad y la impunidad. En concreto no vemos un verdadero compromiso con las victimas por el contrario vemos grandes limitaciones en su estrategia bélica y una marcada ausencia de una estrategia que ataque de fondo  la macrocriminalidad y el ambiente de impunidad que impera.

 POR LO ANTERIOR EXIGIMOS:

1.- QUE SE INVESTIGUE A FONDO EL PARADERO DEL DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS HECTOR JAIMES ABARCA Y DE TODOS LOS DESAPARECIDOS.

2.-  QUE SE ATIENDAN LAS RECOMENDACIONES QUE HAN DADO LOS EXPERTOS SOBRE CÓMO REALIZAR LA BÚSQUEDA E INVESTIGACIÓN DE LOS DESPARECIDOS,

3.- QUE SE BRINDE UNA VERDADERA ATENCIÓN INTEGRAL A LOS FAMILIARES Y SE ATAQUEN LAS CAUSAS DE LA MACROCRIMINALIDAD QUE HAN SOMETIDO A LA POBLACIÓN Y HAN IMPUESTO SU PODER POR ENCIMA DE LAS LEYES QUE DEBEN REGIRNOS.

 ATENTAMENTE:

 CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS JOSÉ Ma. MORELOS Y PAVON A.C.

CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LA MONTAÑA “TLACHINOLLAN”

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD A.C. (CCTI)

RED GUERRERENSE DE ORGANISMOS CIVILES DE DEREHOS HUMANOS

SOCIEDAD DE ALUMNOS RICARDO FLORES MAGON DE LA NORMAL RURAL RAÚL ISIDRO BURGOS DE AYOTZINAPA.

 

 

 

 

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AI: Procesamiento de marinos por desaparición forzada

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AI México: El procesamiento de unos marinos por una desaparición forzada debe ser señal de un cambio de política

Marzo 11, 2016


El procesamiento de cinco marinos mexicanos acusados de la desaparición forzada de un hombre que fue hallado muerto semanas después de haber sido detenido en 2013 es un paso adelante, largamente esperado, que debe anunciar un nuevo enfoque oficial a la hora de abordar la implacable oleada de desapariciones en México. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional.

“Estas detenciones traen a los familiares de Armando del Bosque Villarreal y a las familias de las decenas de miles de personas que continúan en paradero desconocido en todo México un rayo de esperanza, la esperanza de que finalmente puedan conocer la verdad y obtener justicia y reparación”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“Las autoridades mexicanas deben actuar urgentemente a partir de este positivo acontecimiento y garantizar que se llevan a cabo investigaciones adecuadas sobre los más de 27.000 casos de personas que han desaparecido o cuyo rastro se ha perdido en los últimos años. Llevar a los responsables ante la justicia es la única manera de detener esta monumental crisis de derechos humanos.”

Armando del Bosque Villarreal, de 33 años, fue víctima de desaparición forzada en agosto de 2013, después de que unos marinos le dieran el alto cuando viajaba en su automóvil y lo detuvieran en la localidad de Colombia, estado de Nuevo León, en el norte de México.

Los marinos llevaron a Armando a unas instalaciones provisionales de la Marina a las afueras de la localidad. Cuando su padre acudió a preguntar por él, el capitán al mando le dijo que lo estaban interrogando; sin embargo, una hora después negó que Armando del Bosque estuviera allí detenido.

El 3 de octubre de 2013, el cadáver de Armando, con heridas de bala, fue hallado a unos dos kilómetros de la base de la Marina.

La investigación sobre la desaparición forzada de Armando se vio enturbiada por excesivas demoras, pese a la férrea determinación de su padre y un defensor de derechos humanos.

“La aparente implicación de un capitán de la Marina en la desaparición forzada de Armando es un ejemplo más de la necesidad de encontrar y castigar a todos los responsables, sea cual sea su posición en la cadena de mando”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas.

Según cifras oficiales, se desconoce el paradero de más de 27.000 personas, en su mayoría desaparecidas desde que el presidente Enrique Peña Nieto ocupó su cargo en 2012.

Más información:

www.amnesty.org/es/latest/news/2016/03/mexico-prosecution-of-marines-over-enforced-disappearance-must-signal-policy-change/

México: La incompetencia y la inercia manifiestas favorecen la epidemia de desapariciones (noticia/informe, 14 de enero de 2016)

https://www.amnesty.org/es/latest/news/2016/01/mexico-gross-incompetence-and-inertia-fuel-disappearances-epidemic/

Para solicitar entrevistas o información adicional, pueden ponerse en contacto con Sergio Ortiz al número celular + 521 (55) 6091 6477.

También, pueden comunicarse a la oficina en México de Amnistía Internacional al número +52 (55) 4747 1659

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AU:protección de Gustavo Castro, herido durante el asesinato de Berta Cáceres

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A la Embajada de Honduras en Mexico
Al Consulado Mexicano en Honduras
A la Comisión Interamerciana de Derechos Humanos

Durante la madrugada de hoy 3 de marzo del 2016, personas armadas y con lujo de violencia irrumpieron en la vivienda y asesinaron a la compañera hondureña Berta Cáceres, fundadora del COPINH en el sector “La Esperanza”, departamento del Intibucá al sur-occidente de Honduras.

En los hechos fue herido nuestro compañero Gustavo Castro Soto, mexicano e integrante de laOrganización Otros Mundos Chiapas/Amigos de La Tierra México, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y el Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4), de tal suerte que logró sobrevivir y con ello convertirse en un actor clave para las investigaciones que esclarezcan el asesinato de nuestra compañera Berta.

Tanto Berta como Gustavo son dos personas de reconocida lucha social y ambiental a nivel internacional, lo que muestra la coherencia de su vida dedicada a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos, a quienes han acompañado en sus procesos de resistencias para que de forma organizada y pacífica, eviten que el proyecto neoliberal de los gobiernos regionales se apropien del territorio mesoamericano, a través de sus proyectos extractivos de muerte.

En el contexto del terrible asesinato de la querida Berta Cáceres, solicitamos al Gobierno de Honduras su pronta atención, intervención y seguimiento a este lamentable y gravísimo suceso en la vida del pueblo hondureño. Requerimos proporcione todas las medidas jurídicas y políticas posibles que garanticen protección inmediata a nuestro compañero Gustavo Castro para que, una vez que haya brindado su declaración ante el Estado Hondureño, pueda regresar sin contratiempos a México.

En estos momentos es fundamental garantizar la protección y la vida de nuestro compañero Gustavo Castro por el relevante papel que su vivencia adquirió en este lamentable asesinato.

Así mismo se garantice la seguridad de todos los miembros de la Coordinadora General del concejo cívico de organizaciones Populares e Indígenas (COPINH).

Para Firmar

http://movimientom4.org/2016/03/accion-urgente-solicitamos-la-proteccion-de-gustavo-castro-testigo-del-asesinato-de-berta-caceres/

 

 

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Apoyo al informe de la CIDH

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Sociedad civil mexicana respalda el informe de la CIDH. En México persiste grave crisis de derechos humanos.

  • Organizaciones acompañamos en su integridad informe de la CIDH sobre la situación de los derechos humanos en México
  • Romper el ciclo de impunidad, principal desafío del Estado mexicano: CIDH
  • Es lamentable la respuesta del gobierno mexicano al informe; las autoridades deben enfocarse en el reconocimiento y atención del problema; y no en la descalificación del mensajero

Ciudad de México, 3 de marzo de 2016.- Las organizaciones firmantes lamentamos que, ante la publicación del informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”, la primera reacción del gobierno ¾a través de su Cancillería, la Secretaría de Gobernación y la Procuraduría General de la República¾, haya sido la de descalificar al mensajero y la de negar los hechos. Este pronunciamiento forma parte de una serie de rechazos del Estado mexicano hacia las observaciones de organismos internacionales de derechos humanos.

El pasado 28 de septiembre de 2015 integrantes de la CIDH realizaron una visita a México que terminó el 2 de octubre del mismo año. Tras su estadía en el país y previa documentación de la situación, el día de hoy se publicó su informe sobre la “Situación de derechos humanos en México”. Dicho informe hace referencia no sólo a casos de extrema violencia vivida en México en tiempos recientes, sino que la ubica dentro de un contexto de impunidad imperante desde hace décadas.

Partiendo del establecimiento de un contexto de la violencia generalizada, la CIDH reconoce que las autoridades estatales fuente de esta violencia son la SEDENA, SEMAR, PGR, Procuradurías locales, personal penitenciario y el INM y aduce que “miembros de las fuerzas militares e incluso de ministerios públicos, han sido vinculados con presuntas graves violaciones a los derechos humanos que permanecerían en la impunidad”. En este sentido la CIDH señala que las “fuerzas militares en actividades de seguridad ciudadana se había visto en la década de los años 60 y 70, y posteriormente en los 90 con el movimiento armado en Chiapas”, y que “durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón y el inicio en el 2006 de la llamada ‘guerra contra el narcotráfico’, las graves situaciones de violencia aumentaron hasta alcanzar niveles alarmantes, incluyendo la consecuente pérdida de más de cien mil personas, miles de desapariciones y un contexto que ha provocado el desplazamiento de miles de personas en el país.” En ese sentido, la CIDH recomienda asumir la responsabilidad histórica de rendir cuentas sobre las graves violaciones a los derechos humanos, desde la Guerra Sucia hasta la actualidad.

El informe aborda una multiplicidad de problemas que van desde la alarmante situación de las personas desaparecidas; la práctica generalizada de la tortura; las ejecuciones extrajudiciales; los impactos de la violencia en grupos en especial situación de vulnerabilidad, como es el caso de las personas migrantes, los desplazados y las poblaciones indígenas afectadas por “megaproyectos en tierras y territorios ancestrales autorizados sin el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado”; y las limitaciones al acceso a la información en casos de graves violaciones a los derechos humanos por razones de seguridad nacional. Sobre esto último, la CIDH constató un importante retroceso en materia de transparencia proactiva: “los organismos de defensa han dejado de informar periódicamente sobre muertes ocurridas en operativos”. Según el informe, el Ejército y Marina reconocieron “que ya no registran ni informan sobre los heridos y muertos en las acciones militares conducentes a combatir el crimen organizado”. Todos estas problemáticas tienen un denominador común: la falta de acceso a la justicia. En consideración de la Comisión, la falta de acceso a la justicia ha generado “una situación de impunidad de carácter estructural que tiene el efecto de perpetuar y en ciertos casos impulsar la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos.”

Así es como la CIDH coloca como principal desafío del Estado mexicano “romper el ciclo de impunidad imperante a fin de lograr una efectiva prevención, investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones de derechos humanos”, dado que la violencia se alimenta “del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en algunas ocasiones en colusión con las autoridades a lo largo del territorio mexicano así como por la consecuente impunidad –proveniente desde la llamada “Guerra Sucia”– que rodea estos hechos.

Así, las organizaciones firmantes, hacemos un llamado a una postura abierta y constructiva por parte del gobierno, que tenga sus cimientos en el reconocimiento de la crisis generalizada de derechos humanos que vive nuestro país, con la consecuente aceptación incondicional del diagnóstico de la situación y de todas y cada una de las recomendaciones formuladas por la CIDH. Éstas son el fruto de un arduo trabajo de investigación de la propia Comisión, de organismos internacionales, de organizaciones de la sociedad civil, con base en los datos proporcionados por el propio Estado mexicano. Hacer caso omiso de estas recomendaciones significaría, una vez más, el desdén gubernamental hacia una política real que tienda a erradicar las violaciones a los derechos humanos de la sociedad mexicana.

Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos

Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH)

Alianza Cívica

Alianza Mexicana contra el Fracking

Amnistía Internacional

ARTICLE 19

Asistencia Legal por los Derechos Humanos (ASILEGAL)

Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A. C.

Asylum Access México, A.C.

Casa de los Derechos de Periodistas, A.C.

Casa del Migrante de Saltillo

Católicas por el Derecho a Decidir

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (FrayBa)

Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.

Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)

Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero

Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos A.C. (CAM)

Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C

Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD)

Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC)

Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios

Centro Heriberto Jara (CESEM)

Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.

Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS)

Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco (Barcadh)

Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC)

Clóset de Sor Juana

Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua (COMDA)

Coalición Pro Defensa Del Migrante

Colectivo CIMTRA (Ciudadanos por Municipios Transparentes)

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede)

Colectivo Resonar

Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDH)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH)

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac)

Comité Cerezo México

Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CÒDIGO DH)

Comunicación Comunitaria

Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC)

Consejo Tiyat Tlali

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, A.C.

Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas

Corresponsalía en México de Reporteros sin Fronteras (RSF)

DECA Equipo Pueblo, A.C.

Derechos Humanos Integrales en Acción, A.C.

Disability Rights International (DRI)

Documenta: Análisis y acción para la justicia social

Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Espacio DESC)

Foro para el Desarrollo Sustentable

Freedom House

Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (FUNDEM)

Fundación Arcoíris por el respeto a la diversidad sexual

Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD)

Fundar: Centro de análisis e investigación

Gente Diversa de Baja California

Greenpeace México

Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)

Inclusión y Equidad Consultora Latinoamericana

Indignación: Promoción y Defensa de los Derechos Humanos

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura de Diálogo

Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, INCIDE Social, A.C.

Iniciativa Sinaloa

Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, Universidad Iberoamericana Puebla

Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (INEDIM)

Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A.C. (IMDEC)

Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD)

Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI)

Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde)

JASS (Asociadas por lo Justo)

Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (Limeddh)

Locallis: Especialistas en desarrollo local

Mujer y Medio Ambiente A.C.

Movimiento Migrante Mesoamericano

Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF)

Organización Tutunaku Nahua en Defensa de la Tierra y el Territorio de los pueblos

PEN México

Periodistas de a Pie

Plataforma de Vinculación de Periodistas (PVP)

Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México

Red de Género y Medio Ambiente RGEMA

Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM)

Red Mexicana de Líderes y Organizaciones de Migrantes

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México

Red Solidaria Década Contra la Impunidad, A.C.

Scalabrinianas: Misión con Migrantes y Refugiados (SMR)

Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA)

Servicio Jesuita a Migrantes - México

Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz)

Sin Fronteras

Sonora Ciudadana A.C.

Lic. Aleida Calleja

Mtra. Alejandra Gonza, Directora, Clínica Internacional de Derechos Humanos, Universidad de Washington, Facultad de Derecho

Lic. Guillermo Noriega Esparza

Mtro. Jaime Netzáhuatl Jiménez

Dr. José Luis Caballero Ochoa, académico de la Univesidad Iberoamericana

Mtro. Miguel Sarre, Profesor numerario del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM)

Lic. Silvano Cantú

Colectivo de Defensores/as de Migrantes y Refugiados:

Colectivo Ustedes Somos Nosotros (Valle de México), Centro de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría SJ de la Universidad Iberoamericana Puebla (Puebla),  Servicio Jesuita a Migrantes México (Ciudad de México), Casa CAFEMIN (Ciudad de México), Iniciativa KINO (Sonora), Albergue Hermanos en el Camino (Oaxaca) Casa del Migrante Taticj Samuel (Chiapas), Casa del Migrante El Samaritano Hermanas de los Sagrados Corazones (Hidalgo), Seminario Scalabriniano (Ciudad de México), Hmnas de San José de Lyón (en el albergue Decanal Guadalupano en Veracruz), Casa del Migrante Santa Martha (Nuevo León), Casa del Migrante Casa Nicolás (Nuevo León), Comité Monseñor Romero (Casa del Migrante Tochán, Ciudad de México), Casa del Migrante de Saltillo (Coahuila), Centro de Atención al Migrante Necesitado (Sonora), Global Workers (Ciudad de México), Casa del Migrante Santa Cruz (Chiapas), Las Patronas (Veracruz), Red Jesuita con Migrantes de Latino América, SMR Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (Ciudad de México), Misioneras Scalabrinianas (Ciudad de México), Defensores/as independientes: Lic. Axel García Carballar, Mtra. Irazú Gómez.

 Grupo de Trabajo Sobre Política Migratoria:

Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, A.C.; Coalición Pro defensa del Migrante de Baja California; FUNDAR Centro de Análisis e Investigación, A.C.; CMDPDH Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos; Fundación Appleseed México, A.C.; IMUMI Instituto para las Mujeres en la Migración; Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.; INEDIM Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración; INSYDE Instituto para la Seguridad y la Democracia; M3 Movimiento Migrante Mesoamericano; NALACC Alianza Nacional de Comunidades Caribeñas y Latinoamericanas; REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México; SJM México, Servicio Jesuita a Migrantes – México; SMR Scalabrinianas: Misión para Migrantes y Refugiados; Sin Fronteras, IAP; Leticia Calderón, Analista en temas migratorios; Brenda Valdés, Consultora; Elba Coria, Consultora; Gisele Lisa Bonnici, Consultora; Manuel Ángel Castillo, Investigador; Karina Arias, Consultora – (Secretaria Técnica).

 Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”, conformada por 79 organizaciones en 21 estados de la República: 

Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Distrito Federal); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Distrito Federal); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Distrito Federal); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Distrito Federal); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-DF) (Distrito Federal); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Distrito Federal); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Distrito Federal); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Distrito Federal); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Distrito Federal); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Distrito Federal); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Distrito Federal); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Distrito Federal); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Distrito Federal); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Guerrerense de Derechos Humanos, A. C. (Chilpancingo, Gro.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Distrito Federal); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Distrito Federal), Programa Universitario de Derechos Humanos. UIA –León (León, Gto.); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Distrito Federal); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Distrito Federal); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

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CDHDF: Informe de Impactos Biopsicosociales y Reparación de Daño en Víctimas de Tortura

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El  Informe de Impactos Biopsicosociales y Reparación de Daño en Víctimas de Tortura presentado por la Comisión de Derechos Humanos del D.F.  integra 19 expedientes, además de otras violaciones cometidas presuntamente por funcionarios de la Ciudad de México en contra de 27 personas a quienes se vulneró su derecho a la integridad personal, algunos de los casos ocurrieron en el tiempo en que Miguel Ángel Mancera fungió como procurador de Justicia capitalino.

Para ver el informe puedes descargar el informe.

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AU: Tortura e incomunicación

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas,

México 16 de febrero de 2016

Acción urgente 

Tortura e incomunicación

El Centro de Derechos Humanos recibió información sobre presuntos hechos de tortura e incomunicación en contra del Sr. Marlín Manuel López Lizcano (en adelante Marlín), hechos ocurridos el día 14 de febrero de 2016, al interior del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados No 17 (CERSS No, 17), en el municipio de Catazajá, Chiapas, México. Según información de familiares y testigos de los hechos, Marlín se encontraba en visita conyugal con su pareja cuando agentes policiales con uniforme de color gris y que portaban insignias que los identificaban como el grupo táctico Lobo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ingresaron a la habitación, sometieron y golpearon a Marlín enfrente de su pareja y se lo llevaron del lugar. Los familiares han solicitado información al director del penal, sobre la situación de salud y el paradero de Marlín, así mismo han pedido ingresar al penal y comunicarse con él, pero las autoridades les han negado sistemáticamente la información y lo mantienen incomunicado. Según información proporcionada por los familiares, éstos acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) a presentar una queja, por lo que personal de la CEDH acudió a las instalaciones del CERSS No, 17, quien, a dicho de los familiares, a esa instancia también le fue negada toda información y comunicación sobre la situación de Marlín. La familia teme por la situación de salud de Marlín debido a los golpes recibidos; además desconocen su actual paradero lo cual viola los Derechos Humanos de todo recluso pues constituye un acto de incomunicación y actos de tortura en contra de su integridad física y mental. Para este Centro de Derecho Humanos es de vital urgencia solicitar a las autoridades de Chiapas, cesar las acciones de a tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en las cárceles de Chiapas, así como los actos de incomunicación en contra de los internos que tiene bajo su custodia en las cárceles del estado. Este Centro de Derechos Humanos hace un llamado a la solidaridad nacional e internacional para manifestar su apoyo a Marlín Manuel López Lizcano. Por lo anterior, solicitamos envíen sus llamamientos a:

Lic. Manuel Velasco Coello Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 1er Piso Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056; Extensión 21120. 21122; Correo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lic. Juan Carlos Gómez Aranda, Secretario General de Gobierno del Estado de Chiapas Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas, 2do Piso Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México Conmutador: + 52 (961) 61 2-90-47, 61 8-74-60; Extensión: 20003; Correo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lic. Raciel López Salazar Procuraduría General de Justicia de Chiapas Libramiento Norte Y Rosa Del Oriente, No. 2010, Col. El Bosque C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Conmutador: 01 (961) 6-17-23-00. Teléfono: + 52 (961) 61 6-53-74, 61 6-53-76, 61 6-57-24. Correo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Comisario Gral Mtro. Jorge Luis Llaven Abarca Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Libramiento Sur Oriente Km. 9 Col, castillo Tielmans. C.P. 29070 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lic. Luis Raúl González Pérez Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos Periférico Sur 3469, Col. San jerónimo Lidice, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10200, México D.F. Teléfonos: (55) 56 81 81 25 y (55) 54 90 74 00 Lada sin costo 01800 715 2000 Correo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Enviar con copia a: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. Calle Brasil 14, Barrio de Mexicanos, 29240, San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. Tel: 967 6787395, 967 6787396, Fax: 967 6783548. Correo: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

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Equipo Argentino de Antropología forense (EAAF) presenta peritaje sobre caso Ayotzinapa

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Equipo Argentino de Antropología forense (EAAF) presenta peritaje sobre caso Ayotzinapa; confirma la imposibilidad científica de la “verdad histórica” oficial

Ciudad de México, 09 de febrero de 2016. En conferencia de prensa realizada el día de hoy, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) dio a conocer su dictamen pericial integral sobre los indicios encontrados en el Basurero de Cocula, en el marco de la investigación sobre la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Tras más de un año de trabajo científico independiente, el EAAF ha concluido que desde el punto de vista de evidencia física recolectada y analizada proveniente del Basurero NO es posible que los presuntos perpetradores hayan incinerado en ese lugar a los 43 jóvenes, pues NO hay consistencia entre la evidencia física y la evidencia testimonial.

El EAAF, cabe recordar, es una institución con más de 30 años de trayectoria que cuenta con unánime reconocimiento en la región por su rigor científico. El EAAF interviene desde octubre de 2014 en la investigación del caso Ayotzinapa a solicitud de los familiares de los estudiantes desaparecidos. Su participación fue formalmente avalada por el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, quien se comprometió a brindar condiciones para su labor en uno de los acuerdos firmados con las familias a pocas semanas de los hechos. La participación de las y los integrantes del EAAF como peritos independientes ha cumplido con todas las formalidades legales requeridas.  

Para elaborar su peritaje integral, el EAAF conformó un equipo interdisciplinario integrado por 26 peritos en arqueología, antropología, criminalística, entomología y botánica forense, balística, dinámica de fuego, interpretación de imágenes satelitales, odontología forense, genetista y especialistas en trauma óseo. Dichos especialistas provienen de Argentina, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay y Canadá. 

En cuanto al contenido del peritaje, a efecto de dilucidar si es científicamente posible que los 43 estudiantes pudieran haber sido incinerados en el Basurero de Cocula, el EAAF incorporó tanto un informe de sitio como un informe de laboratorio. A partir del análisis técnico interdisciplinario en ambas dimensiones, el EAAF concluye que la evidencia científica y la evidencia testimonial no son consistentes; por tanto, no respalda la hipótesis que postulara la Procuraduría General de la República (PGR).     

Entre las principales conclusiones a las que llega el EAAF en su dictamen, destaca lo relativo al análisis sobre las dimensiones e intensidad que debería haber alcanzado un incendio para reducir a cenizas los cuerpos de 43 personas. Al respecto, las y los expertos analizaron integralmente la evidencia disponible. Así, al examinar los insectos recolectados, el EAAF concluyó que estos no podrían utilizarse para afirmar exclusivamente la existencia de restos humanos, dado que por su tipo surgen también de restos no humanos y otro material orgánico como el encontrado en el sitio. En igual sentido, al examinar la vegetación circundante al basurero, el EAAF concluyó  que no se encontraron señales de fuego abundantes en dichas plantas, como tendría que haber sido el caso de ocurrir un fuego de grandes magnitudes; de hecho, el peritaje muestra que la mayor parte del follaje circundante no mostró señales de haber sufrido los efectos del calor, ni signos de haberse decolorado o marchitado. Igualmente, la pericia en botánica concluyó que en la zona del basurero donde se afirma ocurrió la quema se encontraron plantas que empezaron a crecer entre junio y agosto del mismo año -es decir, meses antes del 26 de septiembre-, las cuales en su mayoría no muestran señales de haber sido expuestas al fuego, siendo el caso que de haber existido un incendio necesariamente habrían resultado incineradas.  

Por otro lado, las y los peritos del EAAF analizaron 17 tocones ubicados en el Basurero. Estos fragmentos de tronco pegados a la raíz que permanecen visibles en el suelo después de que el tronco es cortado en sus secciones superiores, no presentaron efectos de calor significativos, aun cuando se encuentran justo en el sitio donde la PGR afirma que los cuerpos habrían sido quemados. Los tocones no presentaron los daños que les habría causado un incendio de grandes dimensiones. A partir del análisis de uno de estos tocones, el EAAF concluye categóricamente que: “[…] la madrugada del 27 de septiembre de 2014 no hubo un fuego de las dimensiones necesarias para la quema de 43 personas. Si eso hubiese ocurrido, el tocón se hubiese consumido […]”.      

En este mismo orden de ideas, el EAAF concluye que desde el año 2010 han existido múltiples fuegos en el basurero de Cocula, a partir tanto de la revisión de imágenes satelitales como del análisis las de capas del subsuelo de dicho lugar. Por tanto, afirman los especialistas que no es posible ligar la evidencia ahí recabada a un solo evento de fuego. Para concluir la imposibilidad científica de producir en el Basurero de Cocula un fuego con las dimensiones e intensidad necesarias para reducir a cenizas 43 cuerpos y para establecer que en dicho lugar ocurrieron varios eventos de fuego, fue determinante también confrontar la evidencia científica con la evidencia testimonial. Al respecto, el EAAF señala que la información derivada de las declaraciones de los presuntos perpetradores: “[…presentó contradicciones significativas. La forma en que se colocaron los restos de las víctimas, los neumáticos, los troncos y el resto del material varía significativamente […]”. Por todo lo anterior, concluye el EAAF: “no respaldamos la hipótesis de que hubo un fuego de la magnitud requerida y de la duración informada […]”, todo en función de la hipótesis de PGR.    

Por otro lado, el dictamen del EAAF también analiza si es posible determinar a quién pertenecen los miles de restos óseos encontrados en el lugar. Al respecto, el dictamen concluye que todos los restos óseos recuperados están alterados térmicamente y severamente fragmentados, lo que imposibilita la realización de análisis genéticos en la mayoría de ellos; además, el peritaje determina la existencia de restos animales mezclados entre los restos humanos. En el mismo sentido, el peritaje documenta la existencia de restos no correspondientes a los estudiantes; por ejemplo, el EAAF encontró una prótesis dental unida a un fragmento de mandíbula, incluyendo la raíz, que no se corresponde ni con la historia clínica de ninguno de los estudiantes ni con la asistencia dental a la que ellos accedían en sus lugares de origen. Adicionalmente, el EAAF concluye que no es posible afirmar que todos los restos óseos se hayan generado en un solo evento.     

En complemento al análisis de la dinámica de fuego, el dictamen del EAAF realiza relevantes aportes en materia de balística, pues concluye que se encontraron en el lugar 132 casquillos, tanto en la parte superior del basurero como en la parte inferior, que habrían sido disparadas por al menos 39 armas de diversos calibres, mayoritariamente correspondientes a armas largas. Esta evidencia científica se contrapone a la testimonial, pues los supuestos perpetradores refirieron en sus declaraciones haber empleado sus armas contra los estudiantes en la parte superior del basurero y haber usado armas cortas. Sobre la materia balística, es especialmente relevante destacar que la evidencia balística mostró “serias irregularidades en el manejo de la investigación del Basurero de Cocula”. Entre ellas, que el personal de PGR realizó un levantamiento de evidencia después de que dicho lugar permaneciera sin custodia al menos durante 10 días, sin presencia de los peritos independientes. De acuerdo con el EAAF, la irregularidad de dicho levantamiento no sólo se desprende de que el basurero estuvo abierto por varios días sino también porque los 41 casquillos supuestamente fueron hallados todos juntos, lo que a juicio del EAAF “[…] deja en clara evidencia que la ubicación de los mismos no es producto de la disposición que debería darse al ser eyectados o extraídos de un arma de fuego que fuera disparada en el lugar, sino que estos fueron colocados por alguna persona en ese lugar […]”.   

En suma, a partir de un riguroso análisis técnico, el EAAF concluye que no hay consistencia entre la evidencia científica y la evidencia testimonial, por lo que determina que en el Basurero de Cocula no pudo haber ocurrido el evento con el que en su “verdad histórica” la PGR pretendió dar por resuelta la desaparición de los 43 normalistas. 

Para los familiares de los estudiantes y sus representantes legales, el dictamen pericial del EAAF es un aporte fundamental para encontrar la verdad de lo ocurrido. El dictamen integral de las y los peritos, sumado al importante trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), muestra que el Gobierno Federal generó, de manera precipitada, dolosa y revictimizante, una “verdad histórica” carente de prueba científica suficiente y contundente. En esas condiciones, de nuevo queda evidenciado que en el caso Ayotzinapa no se ha garantizado aún justicia y verdad.

Frente a las conclusiones científicas del EAAF, familiares de los desaparecidos y sus representantes reiteran que es indispensable que se sigan profundizando las líneas de investigación propuestas por el GIEI, permitiendo su participación plena en la indagatoria, lo que debe incluir -entre otras cosas- la posibilidad de entrevistar a los militares que presenciaron los hechos. Además, reiteran que es indispensable que se sancionen los responsables de engañar a las familias y a la sociedad en su conjunto con la falaz “verdad histórica”. Respecto de la realización de nuevos peritajes sobre el Basurero, los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos exigen que en vez de perder tiempo en la comprobación de hipótesis que científicamente no son viables, se concentren los esfuerzos de las autoridades en el agotamiento de las nuevas líneas de investigación y el reimpulso de búsquedas, empleando la más alta tecnología disponible, conforme lo han recomendado tanto el EAAF como el GIEI. 

Contacto: Narce Santibañez Alejandre, Centro Prodh, Oficina. 55466559, 04455 8531 2218, www.centroprodh.org.mx

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