Contra la Tortura - Noticias

Noticias (55)

Falleció José Arturo Gallegos Nájera, guerrillero y compañero

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José Arturo Gallegos Nájera falleció hoy en Acapulco, Guerrero. Él fue militante del Partido de los Pobres y fundador de las Fuerzas Armadas Revolucionarias; sobreviviente de tortura a manos de militares, preso político y bibliotecario en la Universidad Autónoma de Guerrero.

José Arturo es autor de tres libros en los que narra su experiencia en la lucha armada: La guerrilla en Guerrero , ¡A merced del enemigo! y Mi vida en prisión.

También colaboró ​​intensamente en los trabajos de la Comisión de la Verdad del estado de Guerrero.

Lamentamos profundamente su fallecimiento y deseamos que la tierra lo tenía amorosamente, tanto como él luchó por amor a su pueblo.

Nuestro más sincero pésame y condolencias para sus familiares y compañeros.

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Continúan las intimidaciones y provocaciones de grupo armado en San Mateo del Mar, Oaxaca

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Ciudad de México, 22 de mayo de 2020.- Autoridades comunitarias del pueblo ikoots de San Mateo del Mar denuncian provocaciones de un grupo armado en las instalaciones de la agencia municipal de Huazatlán del Río, en San Mateo del Mar, Oaxaca, y en un retén donde los pobladores se manifiestan pacíficamente.

A través de un comunicado, las autoridades del pueblo ikoots agregan que desde el 3 de mayo y hasta la fecha las intimidaciones y provocaciones de violencia no han parado. Y señalan a Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, a Daniel Edizon, a Pedro Arteaga y a la policía municipal como los responsables de los actos de represión y violencia contra estas comunidades.

Reiteran que la Secretaria General de Gobierno del Gobierno del Estado de Oaxaca (SEGEGO) y la Fiscalía General de Justicia del Estado han sido omisas ante sus demandas de que su seguridad y patrimonio sean garantizados. En este sentido, las autoridades del pueblo ikoots señala que dichas omisiones son “una grave violación a los derechos de todos los y las ciudadanas, a la niñez y en general a la vida de toda la colectividad.”

Además, las autoridades reiteraron: “Los ciudadanos de San Mateo de Mar no estamos en un enfrentamiento intracomunitario como nos están haciendo creer, los ciudadanos del municipio de San Mateo del Mar no están peleando contra otros ciudadanos de ninguna otra comunidad del Municipio, porque nosotros NO MATAMOS a nuestros hermanos y hermanas, el municipio de San Mateo del Mar, no es violento como lo están haciendo ver el grupo armado del actual Ayuntamiento (encabezado por Bernardino Ponce Hinojosa).”

El pasado 3 de mayo un comando armado encabezado por Bernardino Ponce Hinojosa y su asesor Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez atacó con armas de uso exclusivo del ejército al pueblo ikoots, a la agencia municipal de Huazantlán del Río, a la agencia municipal de la colonia Juárez y a la agencia de policía de Costa Rica. En este hecho provocó la muerte de Filemón Villalobos, la quema de las casas de las autoridades, la privación de la libertad de algunas autoridades comunitarias y lesionados, así como la quema vehículos de transporte personal y transportes públicos.

Las autoridades firmantes del comunicado pertenecen a: Pueblo Ikoots de San Mateo del Mar, Agencias Municipales de Huazantlán del Rio con sus colonias Villa Hermosa y San Martin; Col. Juárez; Agencia de Policía de la Col. Cuauhtémoc; Agencia de Policía Col. Costa Rica y Col. San Pablo; Ranchería El pacífico; Barrio Espinal; Barrio Deportivo; Barrio Nuevo; Primera, Segunda y Tercera sección de la Cabecera Municipal de San Mateo del Mar.

Comunicado completo, aquí:

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Patix Ruiz Romero, 12 días en huelga de hambre

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Patxi Ruiz Romero, preso político, organización ETA
Nació el 20 de octubre de 1974
Detenido el 21 de febrero 2002, lleva 18 años preso y está desde entonces en aislamiento.
Centro penitenciario de Murcia II, Paraje los Charcos 30191 Campos del Río, Murcia, España

¿Cuáles son las razones de esta huelga tan extremas que viene dando Patxi Ruiz?

-Esta decisión de Patxi es para protestar contra los episodios de represión que está sufriendo en la cárcel de Murcia II desde hace tiempo. Patxi es un preso que lleva 18 años en la cárcel y que, desde luego, también su actitud allí ha sido la de un militante, la de ser una persona combativa, y por eso el Estado español se lo quiere hacer pagar.

La historia comienza cuando Patxi, junto con otros presos, empieza a participar en concentraciones para pedir que se garantice su seguridad ante la amenaza del Covid-19, y en vista de que la cárcel no reúne los requisitos necesarios para mantener la distancia de seguridad, no cumple los mínimos de higiene, no se les facilitan mascarillas, guantes o un jabón adecuado para poder llevar a cabo todas las medidas de limpieza. Además, a pesar de que a ellos se les anula y se les priva de todos los derechos de estar con las familias, se les aísla aún más y no se permiten visitas en la cárcel, los carceleros todos los días siguen entrando con el riesgo que eso conlleva. Es decir, ellos protestan porque por un lado sí se puede meter el Covid-19 en la cárcel por medio de los carceleros, pero, sin embargo, les cortan el derecho a comunicarse con sus familias.

-¿Antes de ahora ya había sufrido apremios?

-Patxi ya hace tiempo que había sufrido amenazas en la cárcel de Murcia II y son amenazas de muerte, las amenazas que le hacen los funcionarios no son de que le van a pegar una paliza, sino de que lo van a matar. En diciembre Patxi se corta los brazos para protestar por esa situación. En este caso, en vista de las convocatorias y las concentraciones que se estaban haciendo en el módulo 8 de la cárcel de Murcia, una de las veces una carcelera se acerca y le quita el cartel. Luego se acerca con otro carcelero, Patxi les pide la identificación y al rato, cuando ya estaba él en la celda, acuden allí esos mismos carceleros y lo que hacen es amenazarle, decirle que se está pasando, y un rato después le llevan frente al director de la cárcel, al subdirector de seguridad y al jefe de servicios, le meten a una oficina y le amenazan de muerte, le dicen que va a pagar lo que está haciendo, que saben que es el líder, el cabecilla, de esas movilizaciones que se están haciendo dentro de la cárcel y repiten que en esa cárcel esas cosas se pagan. Es en ese momento en el que Patxi Ruiz inicia una lucha tan dura como es la huelga de hambre y sed, porque al incluir la huelga de sed el cuerpo y sus órganos pueden llegar al colapso en muy poco tiempo.

-¿Esta situación que afecta al preso ya se está produciendo?

Han pasado ya ocho días y estamos en una situación de alarma absoluta porque en cualquier momento Patxi podría morir, esa es la realidad. Él en las llamadas que hace a la familia dice que va a seguir luchando, que es una forma de luchar por su vida, incluso aunque eso le lleve a la muerte, y, aunque sea paradójico, así es por esas amenazas que ha recibido.

-¿Esta decisión de Patxi Ruiz ha logrado sensibilizar a más gente en el País Vasco?

Podemos decir que por otro lado una situación tan cruda como esta ha servido para empezar a generar respuestas en cárceles y calles. Venimos de un momento en que todos los derechos políticos de la población, con la excusa del confinamiento, también se han visto vulnerados, no podíamos expresarnos, ni protestar contra nada, y sí que ha generado una oleada de movilizaciones en Euskal Herria. En un montón de pueblos hay concentraciones, manifestaciones, cadenas humanas, también se están dando huelgas de hambre, algunas rotativas y otras indefinidas en solidaridad con Patxi, e incluso se están dando otro tipo de actos de marcaje directo a los responsables de esta situación.

Entonces, esa es la situación, las reclamaciones de Patxi sobre todo van por el punto de que se vea asegurada su integridad física, pero también la del resto de presos políticos y sociales, porque Patxi siempre ha sido un preso solidario con todos y todas, es un preso que tiene conciencia de clase, es un preso combativo también dentro de la cárcel, nunca se ha dejado amilanar y, evidentemente, lo que busca la cárcel es, por medio de tratar de hundir a un preso tan comprometido, hacer silenciar a todos los demás.

Por último, me gustaría hacer llegar el agradecimiento a todos esos movimientos y todas esas personas que han iniciado una campaña de apoyo a Patxi en Latinoamericana. Igualmente, a esas organizaciones de pueblos oprimidos que también desde Europa nos están haciendo llegar la solidaridad con Patxi y, como no, a esas otras organizaciones del Estado español, de Catalunya, de Galicia, de Madrid, que también están moviéndose y haciendo.

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Red TDT: organizaciones denuncian que durante contingencia sanitaria se han recrudecido agresiones contra personas defensoras de derechos humanos

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  • Debido a su labor en defensa de los derechos humanos, por lo menos 4 personas han sido asesinadas en las últimas siete semanas, lo que coincide con el inicio de la contingencia sanitaria.
  • Personas defensoras de la tierra y el territorio siguen siendo quienes enfrentan el mayor número de agresiones.
  • Según la documentación de la Red TDT suman 30 las personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el sexenio de AMLO.

14 de mayo de 2020.- Las organizaciones firmantes llamamos la atención de la sociedad mexicana ante el hecho grave de que, en las siete semanas anteriores a la emisión de este comunicado, han sido asesinadas al menos 4 personas defensoras de derechos humanos. Esto con el agravante de que 2 de estos asesinatos fueron en el propio domicilio de las personas defensoras, lo que evidencia el aumento en la vulnerabilidad ante la crisis sanitaria por el Covid-19.

En el marco de la contingencia sanitaria, es claro que la labor de defensa de derechos humanos no se detiene, sino que cobra una especial relevancia en un momento en que las ausencias institucionales se convierten en múltiples ventanas de oportunidad para la comisión de delitos y violaciones de derechos humanos. Por ello, las personas, organizaciones y comunidades que defienden la vida, la dignidad y los derechos humanos, continúan dando la batalla en entornos mucho más complejizados, lo que les coloca en una mayor situación de riesgo.

Frente a ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un llamado a los Estados de la región a “proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19”[1]. Llamado que complementa la declaración previa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que destaca la necesidad de la protección particular de las y los periodistas y las defensoras y defensores de derechos humanos, así como el acceso a la justicia y mecanismos de denuncia[2].

La necesidad diferenciada de protección señalada por el Sistema interamericano se confirma al consultar los datos del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que señalan que desde el 15 de marzo se han registrado 44 agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Nombrar a las personas defensoras asesinadas es, al mismo tiempo, una exigencia de justicia y un llamado a no olvidarles, a continuar sus luchas y continuar trabajando colectivamente en la construcción de un país y un mundo mejor donde los derechos para todas y todos sean una realidad.

A partir de la documentación de la Red TDT, señalamos que estas 4 personas defensoras no fueron asesinadas en hechos fortuitos, sino como represalia por la defensa de derechos humanos que realizaban. Resaltamos que la labor de 3 de estas personas estaba ligada a la defensa de tierra y territorio, lo que es consecuente con la tendencia que se ha señalado desde la Red TDT y otras organizaciones. Con estos 4 asesinatos, serían ya 30 personas defensoras asesinadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Reiteramos como un hecho de grave preocupación que 2 defensores fueron asesinados en su propia casa, el entorno donde la población debe encontrarse bajo resguardo durante la contingencia sanitaria.

Frente a estos hechos, resulta importante insistir también en la grave situación de violencia que impera en la Sierra Tarahumara y que mantiene en riesgo a las comunidades, colectividades y personas defensoras en la región. El 1 de abril, en San Juanito, Bocoyna, fue asesinado Juan Zamarrón, activista en defensa del bosque y quien denunciara de forma reiterada la tala clandestina en la zona. En los hechos, fueron asesinados dos familiares del defensor, lo que sigue poniendo en entredicho la capacidad del Estado mexicano para proteger a las personas defensoras de derechos humanos, a sus familias y organizaciones, así como garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos.

En ese sentido, retomamos lo dicho por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración en su comunicado del 27 de abril de 2020: el Estado mexicano tiene la obligación de colocar los derechos en el centro de la política y, por tanto, las autoridades federales, estatales y municipales deben aplicar las medidas emergentes con apego irrestricto a los derechos de las personas, frenando todo abuso de autoridad, amenazas o castigos a la población.

Así pues, es mediante la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas y demás autoridades obligadas, que se deben coordinar esfuerzos para garantizar el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en condiciones óptimas de seguridad.

Finalmente, reiteramos el llamado que desde diversas organizaciones de la sociedad civil se ha hecho en relación con las acciones inmediatas que debe tomar el Estado mexicano para proteger adecuadamente a las personas, organizaciones y colectividades defensoras de derechos humanos.[3]

Centro por la Justicia y el Derecho Internacional

Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México

Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).


[1] CIDH. La CIDH llama a los Estados a proteger y garantizar la labor de personas defensoras de derechos humanos ante la pandemia del COVID-19. Recuperado el 08 de mayo de 2020. Disponible en: https://bit.ly/3dEXmtN 

[2] Corte IDH. Declaración de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 1/20. COVID-19 y Derechos humanos: los problemas y desafíos deben ser abordados con perspectiva de derechos humanos y respetando las obligaciones internacionales. Recuperado el 08 de mayo de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2WQQpPz 

[3] Espacio OSC. OSC, Personas Defensoras y Periodistas llaman a respetar el derecho a defender derechos humanos y el ejercicio de la libertad de expresión durante la pandemia provocada por el COVID-19. 10 de mayo de 2020. Disponible en: https://bit.ly/2T0ocEX

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Fuerza Armada permanente desempeñará tareas de seguridad pública junto a la Guardia Nacional durante cinco años

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Ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un decreto por medio del cual se legaliza la participación de “la Fuerza Armada Permanente” en tareas de seguridad pública, en coordinación con la Guardia Nacional. Dicho decreto tendrá una vigencia de cinco años, por lo que concluirá el 27 de marzo de 2024.

En el decreto se señala que la Fuerza Armada permanente participará de manera regulada, subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública, mientras esta última desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial.

Se detalla que la Fuerza Armada permanente “realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional.”

El acuerdo señala que “la seguridad pública es un deber primario a cargo del Estado, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social”; sin embargo, pasa por alto los reiterados cuestionamientos por organizaciones de defensa de los derechos humanos sobre los riesgos de permitir a las Fuerzas Armadas desempeñar tareas de seguridad pública en un contexto de impunidad sistematizada.

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A cuatro años de la partida de Bertoldo, no claudicamos

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Hoy, 6 de mayo de 2020, es el cuarto aniversario luctuoso del luchador de derechos humanos, médico y compa, Bertoldo Martínez Cruz. A cuatro años de su partida, sus enseñanzas de humildad y entrega nos acompañan en nuestro camino.

Bertoldo nació en Cruz Grande, municipio de Florencio Villarreal, región de la Costa Chica de Guerrero. Hombre de origen indígena y negro, fue militante activo en su estado natal: participó en un movimiento electoral que fue reprimido por el gobierno de José Francisco Ruiz Massieu en 1990; acompañó las demandas de justicia por la masacre de Aguas Blancas y asumió la conducción de la Unión de Organizaciones de la Sierra del Sur (UOSS).

Pero Bertoldo también vivió como preso político y sobreviviente de tortura. En 1997 fue acusado de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), señalado como responsable de terrorismo y otros delitos; detenido el 3 de febrero en el CERESO de Acapulco mientras visitaba a otro de los dirigentes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), Benigno Guzmán. Desde allí, fue trasladado al penal de Puente Grande, Jalisco, junto con los sobrevivientes de la masacre de El Charco de junio de ese mismo año. Fue liberado hasta el 2000.

Pese a todo, al recuperar su libertad, se integró nuevamente a la lucha social y fundó el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) que tuvo una presencia en casi el 70% del estado.

En 2004, Bertoldo, junto con otros activistas, fundó el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad , desde donde también defendió casos como el de la Laguna en 2007, el de Máximo Mojica Delgado y Javier Torres en 2008; denunció la incursión del ejército a Puerto de las Ollas en 2009, desplazamientos forzados y asesinatos.

Aunque para 2014 Bertoldo sufrió los estragos que en él genera la diabetes, la noche de Iguala lo que resolvió el tratamiento de hemodiálisis y sumarse a la lucha por los jóvenes de Ayotzinapa en Acapulco.

En abril de 2016 su salud se vio más deteriorada, hasta que falleció el 6 de mayo de ese año.

Compañeros y compañeras, amigas y amigos, lo recordaremos por su total entrega e incansable convicción de que el mundo puede y debe ser un lugar más justo.

Te abrazamos, Bertoldo, hoy y siempre .

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Aislados e incomunicados internos del CERESO de Piedras Negras por solicitar medidas sanitarias en los penales

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Ciudad de México, 5 de mayo de 2020.- Internos del Centro Estatal de Readaptación Social de Piedras Negras, Coahuila, fueron confinados, aislados y amenazados luego de que presentaran una demanda de juicio de amparo contra las autoridades estatales por no emitir medidas ni acciones sanitarias de contención, detención y manejo de contagio de COVID-19 al interior de los penales. 

Esta tarde, la licenciada Ariana Denise García Bosque fue notificada vía telefónica por sus representados Leonardo Daniel Espinoza González, Cooper Alberto Gutiérrez Hernández, Jesús Iván Olvera Juárez y Cristian Adrián Martínez Lara de que serían aislados y dejados en confinamiento e incomunicación dentro del CERESO, y les advirtieron que "si no retiraban el amparo van a seguir ahí aislados”.

El juicio de amparo 254/2020 fue promovido por los internos contra la Cámara de Diputados de Coahuila de Zaragoza y otras autoridades señala las omisiones en el manejo y control de la pandemia al interior de los penales, éstas incluyen falta de priorización a la atención a personas de alto riesgo, protección del personal penitenciario que pueda contagiar a los reos y tratamiento de los cadáveres por causa de COVID-19. En este sentido, el amparo solicita que las autoridades responsables implementen medidas y acciones sanitarias que garanticen la vida e integridad de los internos.

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Grupo armado ataca instalaciones de la Agencia Municipal de San Mateo del Mar, Oaxaca

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  • Autoridades comunitarias señalan al presidente municipal, Bernardino Ponce, como responsable
  • Señalan la omisión del Secretario General de Gobierno del Estado de Oaxaca, Héctor Anuar Mafud

Ciudad de México, 3 de mayo de 2020.- A través de un comunicado, autoridades comunitarias del municipio de San Mateo del Mar, Tehuantepec, Oaxaca, denunciaron que un grupo armado quemó la casa del agente municipal de Huazatlán del Río, José Luis Chávez , y prendió fuego a las oficinas de esa agencia municipal. Hasta el momento se sabe que hay varios heridos por impacto de arma de fuego y dos vehículos quemados en la entrada a la comunidad de Huazatlán del Río.

Las autoridades comunitarias también señalan que, la noche del 2 de mayo, integrantes de dicha agencia municipal fueron atacados con armas de alto calibre. Los integrantes de la agencia mantenían un retén en la entrada al municipio de San Mateo del Mar para controlar el ingreso de personas ajenas a la comunidad y disminuir los contactos por COVID-19.

En este marco, las autoridades comunitarias denuncian que los grupos armados actuaron bajo las órdenes de Bernardino Ponce Hinojosa, presidente municipal de San Mateo del Mar, y con la asesoría de Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez. Explicar que, desde que Ponce, la posesión de su carga, se ha dedicado a amedrentar a la población con grupos armados y encapuchados.

Agregan que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca tiene conocimiento de esta situación desde inicios de 2020; sin embargo, es omisa ante las demandas que por su seguridad e integridad han hecho las comunidades indígenas ikoots del Istmo de Tehuantepec.  

Las autoridades firmantes pertenecían a las comunidades de Barrio Nuevo; Barrio Espinal; Barrio Deportivo; Agencia de Policía San Pablo; Comunidad El Pacífico; Agencia de Policía Costa Rica; Agencia Municipal Colonia Juárez; Agencia de Policía Colonia Cuauhtémoc; Agencia de Huazantlán del Río; Comunidad San Martín y Comunidad Villahermosa.

Comunicado completo aquí:

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OCNF reprueba propuesta del director del INACIPE de reducir el tipo penal de feminicidio

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El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) reprobó de forma contundente la propuesta de Gerardo Laveaga, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) en la que planteó simplificar el tipo penal de feminicidio y reducirlo a feminicidio por violencia intrafamiliar.

El OCNF señaló que dicha propuesta evidencia la ausencia del análisis de contexto de discriminación y criminalidad por parte de Laveaga, así como la falta de perspectiva de género del titular.

En este sentido, el documento de OCNF es solo el 34% de los feminicidios en México entre 2014 y 2017 relacionados relacionados con la violencia intrafamiliar, mientras que en el resto de los casos los agresores permanecen como desconocidos por falta de investigaciones prontas y afectadas.

Así mismo, las defensas de los derechos humanos manifestaron su preocupación de que el titular del INCIPE mantenga esta posición y exprese: “A mí no me gusta el tipo penal de feminicidio. El delito como está concebido obstaculiza el trabajo de fiscales y de jueces. De pronto, golpean a una mujer. ¿Fue tentativa de homicidio o de feminicidio? Se vuelve complicado y es aprovechado por los que maltratan a mujeres ”.

El pasado 15 de abril de 2020, frente a la Cámara de Diputados / as, Laveaga propuso modificar el tipo penal en el marco del Foro virtual "Combate al feminicidio, ocho años de su modificación en el sistema de justicia: experiencias y desafíos".

El OCNF reiteró: “que el reconocimiento y tipificación del delito de feminicidio es resultado de la lucha de mujeres, madres y familiares de víctimas de feminicidio, académicas feministas y defensoras de derechos humanos que visibilizamos esta grave problemática desde los años 90 en Ciudad Juárez y "hoy más que nunca reiteramos que el feminicidio debe ser sancionado, por lo que el tipo penal tiene que ser implementado, no reducido y mucho menos desaparecido".

 

Comunicado completo aquí:  https://redtdt.org.mx/?p=15407

 

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Denuncia el Frayba amenazas contra el defensor comunitario Marcelo Pérez

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Ciudad de México, 20 de abril del 2020.- A través de un comunicado, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A.C. (Frayba) denunció que el defensor comunitario Marcelo Pérez Pérez ha sido objeto de amenazas y hostigamientos.

Marcelo Pérez es párroco de Simojovel de Allende, Chiapas, y coordinador de la Pastoral Social de la Provincia de Chiapas, que integra a las Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. El Frayba señala que dichos hostigamientos ponen también en riesgo la seguridad de su equipo pastoral y de la comunidad en general.

Cabe señalar, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya le otorgó medidas cautelares (MC-506/14), al tiempo que también han sido activadas las propias del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas.

El pasado 29 de marzo, un hombre vestido de civil tomó fotografías a las y los colaboradores de la Parroquia de Simojovel. El hombre hizo esto de manera evidente para ser visto. El 2 de abril un colaborador del padre Marcelo recibió una llamada telefónica en la que le advirtieron que tuviera cuidado porque “andaban recolectando los datos de las personas que trabajan en la parroquia”.

Del mismo modo, el 5 de abril, el padre Marcelo recibió información de que un hombre en Simojovel dijo que “en todo se mete el padre, hay que darle un plomazo…”. Al día siguiente, el párroco recibió una llamada telefónica en la que alguien que se identificó como “coronel” le ofreció seguridad para él y los feligreses de su parroquia.

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