Contra la Tortura - Boletines

Boletines (65)

Conmemoramos la caída en combate de Lucio Cabañas Barrientos junto a otros miembros de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de Los Pobres.

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Ayer 2 de diciembre en Atoyac y hoy 3 de diciembre en Chilpancingo, conmemoramos la caída en combate de Lucio Cabañas Barrientos junto a otros miembros de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de Los Pobres. En esa época se estableció en Guerrero el Terrorismo de estado con Detenciones Arbitrarias, Tortura, Desapariciones forzadas, Desplazamientos forzados y Ejecuciones extrajudiciales, ilegales o arbitrarias.
El Terrorismo de Estado no cesó con la caída en combate de Lucio Cabañas. En Guerrero se reconocen más de 600 desapariciones, de las cuales más de 400 fueron desaparecidos en Atoyac. Al contrario, se disfrazó y se camuflajeo durante 45 años. Tan es así que la desaparición forzada de Rosendo Radilla, fue juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentenció hace 10 años ya, al Estado Mexicano a dar a conocer la situación y paradero de Rosendo Radilla; punto que el Estado mexicano no ha cumplido y del cual tiene todos los elementos para darlo a conocer: en los archivos del ejército está la verdad, verdad que necesitamos conocer para que se procese a los perpetradores y llegue la justicia. Justicia necesaria para que haya un real Estado de Derecho.

El Terrorismo de Estado volvió a actuar en 2011 al asesinar en Xaltianguis a doña Isabel Ayala Nava (esposa de Lucio) y su hermana Reyna. Y en 2013 se hizo sentir con las ejecuciones de líderes sociales como Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez, Rocio Mesino, Luis Hernández y otros activistas.que los acompañaban Llegó 2014 con la criminal noche de Iguala y los 3 estudiantes normalistas ejecutados y los 43 desaparecidos. De este fatídico caso es necesario y emblemático recordar a los 4 normalistas
originarios de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos, Cutberto Ortiz Ramos que es nieto de un abuelo desaparecido y sobrino de 4 tíos desaparecidos precisamente en los años 70s, Bernardo Flores Alcaraz, Israel Jacinto Lugardo y Jonás Trujillo González.
En Guerrero se viven aún ejecuciones como las ocurridas en Tlapa, de Antonio Díaz Vivar en 2015, de Ranferi Hernández Acevedo y su familia en 2017 y de Arnulfo Cerón Soriano apenas el mes pasado.

Hay continuidad de la represión y del Terrorismo de Estado a lo largo de estos 45 años. Tanta como la responsabilidad del estado en investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos
y los crímenes de lesa humanidad.
Hoy junto con el maestro comandante Lucio Cabañas Barrientos tenemos obligación de:
Recordar a las miles de víctimas y a los sobreviviente.
Tenemos que sembrar memoria para que las nuevas generaciones sepan que las luchas se han
regado con sangre y dolor. Los derechos han sido conquistados, nada ha sido dado gratuitamente.
Y tenemos que construir base social con conciencia social: movimientos y luchas que le sirvan a los más pobres, a las víctimas.

Honremos las palabras de Lucio:
Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo.
Lucio vive, la lucha sigue.
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero. FODEG.
# Yosoy132 Acapulco.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI

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BOLIVIA - PRONUNCIAMIENTO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

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BOLIVIA - PRONUNCIAMIENTO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

– 26-Noviembre-2019

Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, Expresamos: - Nuestro más enérgico repudio al golpe de Estado cívico-militar/policial perpetrado contra el gobierno constitucional en el hermano país de Bolivia. - Nuestra solidaridad al hermano pueblo de Bolivia. - El mas firme apoyo de las acciones llevadas a cabo por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia estatal (ITEI) de Bolivia, miembro de nuestra RED y del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT).


Manifestamos nuestra profunda preocupación por la actual represión política orquestada por las fuerzas policiales y militares y con el respaldo del autoproclamada presidenta Jeanine Añez, en ausencia del pleno de la cámara legislativa, así como por los padecimientos por los que está atravesando su pueblo.

Consideramos particularmente alarmante e inadmisible el decreto que establece que:
“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el articulo 11 y 12 del Código penal, Ley 1760, y el Código de Procedimiento Penal”.

Nos solidarizamos con las siguientes demandas que nos ha hecho llegar el ITEI de Bolivia, centro miembro de esta Red, que se encuentra asistiendo a las víctimas, quienes solicitan:
 Una comisión internacional de expertos que intervenga en Bolivia para:
1. Visitar los centros de detención del país donde se encuentran las personas afectadas por la represión militar/policial.
2. Realizar una revisión de las autopsias de los muertos en los conflictos de Sacaba y Senkata con peritos forenses y en balística.
3. Visitar a las personas afectadas en y fuera de los centros de detención.
 Que las instancias internacionales:
1. Pidan que se respeten los derechos de las personas detenidas, que éstas puedan tener acceso a un trato digno, a tratamiento médico, a valoraciones médico forenses para evaluar su estado psicofísico en los casos que han estado expuestos a la represión militar/policial.
2. Interroguen el accionar del Estado boliviano sobre su accionar represivo.
3. Pidan al gobierno de transición que ordene a las fuerzas del orden (Ejército y Policía) que respeten los derechos humanos sin el uso indiscriminado de la fuerza en contra de ciudadanos/as que marchan haciendo uso del derecho fundamental
de manifestar públicamente.
4. Pidan al gobierno de transición que haga respetar la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, firmada y ratificada por Bolivia, previniendo todo abuso de poder que vaya en
contra de la población.
5. Pidan al gobierno de transición que dé todas las garantías para que los organismos de derechos humanos cumplan con su función y puedan atender a las personas afectadas por la represión militar y policial.

A través de este comunicado exigimos el cese inmediato de la represión política, de la tortura a los detenidos y su inmediata liberación, junto con el cese de los asesinatos y
de todas las violaciones a los derechos humanos en contra de la población.


Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus
Familiares (CPTRT), Honduras.
Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Perú.
Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Colombia
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú.

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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

Juventina Villa Mojica, retomó el liderazgo de campesinos ecologistas de la región de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, a raíz del artero asesinato de su esposo Rubén Santana Alonso por paramilitares ligados al caciques y carteles, en febrero de 2011.
En mayo de ese año, doña Juventina Villa encabezó el primer desplazamiento forzado de los habitantes de La Laguna que se refugiaron en Puerto de Las Ollas en las alturas de la Sierra.
Permanecieron ahi desplazados, olvidados e ignorados por el gobierno estatal durante 7 meses y a finales de noviembre de 2011 retornaron a La Laguna.
Durante 1 año soportaron los violentos hostigamientos de los sicarios paramilitares. Se sumarian por lo menos 4 muertos mas hasta que las amenazas cumplidas y agresiones fueron insoportables.
Doña Juventina le exigió al gobierno de Angel Aguirre que los evacuara para salvar vidas y así coordinó con el gobierno del estado un segundo desplazamiento forzado.
Mientras esperaban inutilmente los camiones que los trasladarian, la mañana del 28 de noviembre de 2012, doña Juventina buscó comunicarse via telefonica y junto con su hijo Reynaldo subieron en una cuatrimoto a una loma donde fueron emboscados y masacradosñ, sobreviviendo otra hija de 7 años de edad.
Después de estas ejecuciones 45 familias se desplazaron de La Laguna a diferentes lugares de Guerrero donde permanecen en condiciones muy precarias.

El caso de La Laguna suma a lo largo de mas de casi 20 años mas de 30 ejecutados, 3 desaparecidos, varios encarcelados. El común denominador es la falta de justicia. La total impunidad.

A 7 años de su trágico asesinato, recordamos a doña Juventina Villa Mojica, su lucha y su dolor.

A 7 años de su ejecución, la exigencia de justicia esta vigente.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero FODEG

 
 
 
 
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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

Juventina Villa Mojica, retomó el liderazgo de campesinos ecologistas de la región de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, a raíz del artero asesinato de su esposo Rubén Santana Alonso por paramilitares ligados al caciques y carteles, en febrero de 2011.
En mayo de ese año, doña Juventina Villa encabezó el primer desplazamiento forzado de los habitantes de La Laguna que se refugiaron en Puerto de Las Ollas en las alturas de la Sierra.
Permanecieron ahi desplazados, olvidados e ignorados por el gobierno estatal durante 7 meses y a finales de noviembre de 2011 retornaron a La Laguna.
Durante 1 año soportaron los violentos hostigamientos de los sicarios paramilitares. Se sumarian por lo menos 4 muertos mas hasta que las amenazas cumplidas y agresiones fueron insoportables.
Doña Juventina le exigió al gobierno de Angel Aguirre que los evacuara para salvar vidas y así coordinó con el gobierno del estado un segundo desplazamiento forzado.
Mientras esperaban inutilmente los camiones que los trasladarian, la mañana del 28 de noviembre de 2012, doña Juventina buscó comunicarse via telefonica y junto con su hijo Reynaldo subieron en una cuatrimoto a una loma donde fueron emboscados y masacradosñ, sobreviviendo otra hija de 7 años de edad.
Después de estas ejecuciones 45 familias se desplazaron de La Laguna a diferentes lugares de Guerrero donde permanecen en condiciones muy precarias.

El caso de La Laguna suma a lo largo de mas de casi 20 años mas de 30 ejecutados, 3 desaparecidos, varios encarcelados. El común denominador es la falta de justicia. La total impunidad.

A 7 años de su trágico asesinato, recordamos a doña Juventina Villa Mojica, su lucha y su dolor.

A 7 años de su ejecución, la exigencia de justicia esta vigente.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero FODEG

 
 
 
 
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El caso Ayotzinapa ES UN CRIMEN DE ESTADO

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El caso Ayotzinapa ES UN CRIMEN DE ESTADO

Ante las declaraciones del presidente López Obrador el pasado domingo 24 de noviembre de 2019, en la ciudad de Tlapa, Gro., el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, hace el siguiente posicionamiento público respecto a lo sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014:

1.-Un crimen de Estado se define como "aquellos delitos cometidos por agentes estatales o por particulares que actúan en complicidad o por tolerancia del Estado", en particular el caso Ayotzinapa implica la participación de instituciones de seguridad pública municipal, estatal y federal, de las Fuerzas Armadas.

2.- La búsqueda justicia se ha caracterizado por actos que favorecen la impunidad. El GIEI y la OACNUDH-México documentaron la existencia de tortura a presuntos culpables. El Tribunal Superior de Justicia que desapareció videos del palacio de justicia de Iguala que forman parte del aparato de gobierno.

3.- La colusión de las cúpulas empresariales, de los empresarios turisteros de Guerrero, de los grandes medios corporativos de información (televisión, radio y periódicos) así como de jerarcas de las distintas iglesias que se sumaron a la criminalización y las campañas de odio en contra de los normalistas de Ayotzinapa y al "ya supérenlo" de Enrique Peña Nieto. Los medios de comunicación y las iglesias son parte del Estado.

4.- López Obrados como titular del poder ejecutivo es parte del Estado Mexicano, sin embargo, éste es mucho más amplio y complejo que el gobierno federal. Recordémosle, que cualquier desaparición forzada al ser un crimen de Estado, es una violación múltiple y continuada de varios derechos y, en tanto la persona siga desaparecida, la violación a derechos y el delito siguen produciéndose. De acuerdo al Principio de Continuidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de un crimen de Estado subsiste independientemente de los cambios de gobierno.

Recordemos que han pasado 5 años y el caso Ayotzinapa no se ha resuelto:
-No se ha informado sobre el paradero de los estudiantes.
-No hay detenidos ni juzgados por las ejecuciones arbitrarias de 6 personas ni los heridos de bala de esa noche.
- No hay personas juzgadas y sentenciadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas.
- No han sido sancionados los delitos del orden común o federal, ni las graves violaciones a los derechos humanos cometidos el 26 de septiembre de 2014.
- Las medidas de Restitución, Satisfacción, No repetición, Rehabilitación integral y Compensación no existen para el conjunto de victimas.

Si en verdad López Obrador quiere diferenciarse de los gobiernos anteriores, que cumpla con el primer punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -sentencia emitida exactamente hace 10 años- y ordene a las Fuerzas Armadas que diga dónde está Rosendo Radilla, desaparecido forzadamente por el ejército en 1974.

Exigimos al presidente López Obrador que encuentren a los 43 normalistas: enjuicie y sancione a los responsables de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa para que cese la impunidad.

El caso Ayotzinapa está impune.
Fue el Estado con Rosendo Radilla.
Es el Estado con Ayotzinapa.

Dado que hay delitos y violaciones a derechos humanos continuadas sigue siendo un crimen de Estado.

 
 
 
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CHILE- Pronunciamiento de la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

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CHILE- Pronunciamiento de la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, hacemos llegar nuestra solidaridad al hermano pueblo de Chile y nos pronunciamos en apoyo a la declaración pública de CINTRAS, miembro de nuestra RED y del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura -IRCT-
Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.
Centro de atención Psicosocial CAPS Perú.
Centro de Apoyo Psicosocial, (CAPS), Colombia
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú
DECLARACION PÚBLICA
CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, frente a los hechos que vive
nuestro país, declaramos:
1.- El absoluto rechazo a la declaración del Estado de Emergencia, “de una Guerra
contra un enemigo poderoso” y la consecuente ocupación de las ciudades por parte de
militares. No hay excusa para responder a legítimas demandas sociales con la
militarización del país.
2.- La decisión del gobierno de Sebastián Piñera, al decretar Estado de Emergencia, con
las implicancias que tiene: militares en las calles, toque de queda, helicópteros
sobrevolando la ciudad, detenciones, abuso de poder y personas asesinadas; no sólo
aumenta la tensión existente, sino que además, retraumatiza a una parte significativa
de la población, que tuvo que vivir los horrores y crímenes de la dictadura.
3.- Como ONG que trabaja en Salud Mental, apoyamos las demandas del pueblo, ya
que tenemos plena conciencia de los efectos que tiene en la salud de las personas vivir
en un sistema social, político y económico, que tiene como eje central la ganancia de
quienes ejercen el poder a costa de la precarización de la vida de la mayoría de la
población.
4.- Es inaceptable que frente a problemas políticos y demandas sociales, la única
respuesta del Estado sea la represión y criminalización de la protesta social. Esta
represión (que no es sólo de hoy) se ha expresado en abusos de poder de parte del
aparato policial, que se ha traducido en detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos
a los detenidos, lo cual transgrede todas las convenciones firmadas por Chile en
materia de Derechos Humanos.
5.- El estallido social existente es la consecuencia de las acciones de décadas por parte
del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Un poder ejecutivo que realiza acciones y
promueve leyes que perjudican a la mayoría de la población en beneficio de unos
pocos; un poder legislativo que ha aprobado dichas leyes que nos perjudican; y un
poder judicial que no ha ejercido la justicia que corresponde frente a los delitos que
comenten quienes ostentan poder.
6.- Consideramos que la única forma de abordar la solución de las demandas sociales
debe ser política, con cambios estructurales del funcionamiento del Estado. Lo anterior
es sólo alcanzable mediante un llamado a una Asamblea Constituyente con la
participación directa de la población. No se puede seguir construyendo un Estado sin la
participación del pueblo.
Santiago, Octubre de 2019.- ONG CINTRAS

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PRONUNCIAMIENTO ¡Alto ya a la Represión en Nicaragua!

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                                                           27-Julio-2018

 

PRONUNCIAMIENTO

 

 

RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

 

 



Alto ya a la Represión en Nicaragua

 

Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos,  observamos con mucha preocupación lo que está sucediendo en el país querido de Nicaragua.

Por lo tanto, repudiamos todo acto de violencia, atentados contra la vida, violación a los Derechos Humanos, llevados adelante por el actual gobierno.

 

De acuerdo a la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos, el saldo de victimas que ha dejado esta crisis es de 448 muertos, 2.800 heridos y 595 desaparecidos, todo esto en 100 días de protestas. Alertamos sobre el daño inmediato y a largo plazo para las víctimas directas y la sociedad en general por estos graves traumatismos sobre la población, bajo la responsabilidad del Estado.

 

Por lo tanto, manifestamos nuestro apoyo y solidaridad con el pueblo nicaragüense, en especial con  las familias afectadas por la pérdida irreparable de sus seres queridos, y a las instituciones que velan por la defensa de los Derechos Humanos.

 

Por todo lo anterior, los abajo firmantes, exigimos con URGENCIA que:

 

  • Cese la represión generalizada hacia el pueblo nicaragüense
  • Basta de criminalizar la protesta social y especialmente a los jóvenes
  • Libertad inmediata de todas las personas detenidas
  • La aparición con vida de los desaparecidos
  • Que se respeten los Derechos Humanos
  • Que se respete el derecho a la vida y a la integridad física
  • Atención médica a los heridos
  • Que se respete la libertad de opinión

 

Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.

Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.

Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.

Centro de atención Psicosocial CAPS Perú.

Centro de Apoyo Psicosocial, (CAPS), Colombia

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.

Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.

Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.

Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.

Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú

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Pronunciamiento en respaldo a la compañera Araceli Tecolapa Alejo, mujer indígena y defensora de los Derechos Humanos en Guerrer

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Pronunciamiento en respaldo a la compañera Araceli Tecolapa Alejo, mujer indígena y defensora de los Derechos Humanos en Guerrero.
A las organizaciones sociales
A los medios de comunicación
23 de Julio del 2018
En el estado de Guerrero se viven todos los días, la discriminación, la violencia de género, los feminicidios, la desaparición forzada entre otras graves violaciones de derechos humanos. Es por eso que como mujeres defensoras de derechos humanos reivindicamos y reconocemos la lucha de la mujer guerrerense que no calla frente a las atrocidades donde las autoridades son omisas o cómplices, por lo que, de la misma manera no podemos dejar pasar por alto tratos indignos fuera o dentro de las organizaciones sociales donde luchamos día a día y se viva la violencia contra la que todos los días trabajamos.
Como feministas reivindicamos que las relaciones de poder al interior de las organizaciones también tiene una clara dimensión política y confiamos en que esta crisis nos ayude a construir organizaciones más coherentes, de la misma forma en que exigimos al Estado un trato digno para las personas que acompañamos.
El pasado 26 de junio la compañera Araceli Tecolapa Alejo fue despedida injustamente por expresar la violencia de género, acoso laboral y sexual hacia su persona por parte del director Manuel Olivares del Centro Regional de Defensa por los Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón A.C. en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero donde laboraba.
El trabajo que Araceli realizaba dentro de la organización fue que al hablar la lengua náhuatl hacia más fácil la comunicación entre sus compañeros y las familias indígenas que se encuentra en la búsqueda de sus familiares desaparecidos, en algunas ocasiones colaboraba como perito traductor ante el ministerio público, también hacia la difusión que ayuda a visibilizar la impunidad y la falta de voluntad de las autoridades en el tema de desaparición de personas en Guerrero, así también facilitaba talleres psicosociales para las familias que son acompañadas por el Centro Morelos
Por medios electrónicos y redes sociales supimos que la compañera Araceli emitió un documento el día 6 de julio pasado a organizaciones sociales y de defensa de derechos humanos, locales y nacionales, y personas de confianza, donde expresaba el trato que había vivido y las formas en que fue manejado su despido, para que pudieran intervenir y mediar en esta situación. De igual forma, queremos expresar nuestro sentir, malestar e indignación por el trato recibido, al no haber sido escuchada, al haber minimizado los hechos, revictimizándole y dejándole en mayor situación de vulnerabilidad.
Estamos viviendo tiempos difíciles en nuestro país y en el estado de Guerrero, es por ello que resulta preocupante que dentro de las organizaciones exista una actitud que violenta a las compañeras, minimizando y normalizando, cuando la detección de la violencia de género es un insumo básico para impulsar la lucha en los diferentes ámbitos que componen la dignificación de la vida
.
Sabemos que hablar de estas situaciones en ONG´s es algo delicado, pero también sabemos que nada puede contrarrestar la ola de violencia hacia las mujeres y niñas, si no comenzamos desde casa.
Con este pronunciamiento no queremos sacar provecho de la situación, mucho menos pretendemos afectar a la organización, ni a sus integrantes, ni a las familias que acompañan, ni el trabajo que como organización han realizado por años, pues reconocemos que la labor del Centro Regional de Defensa por los Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón A.C. ha sido de gran relevancia para la defensa y acompañamiento en una de las regiones de nuestro país con mayor vulnerabilidad por el nivel de violencia estructural en el que se encuentra y que a su vez es el Centro Morelos y el trabajo de sus integrantes, el que nos permite afuera saber lo que sucede, en un escenario en el que incluso medios de comunicación y la libertad de expresión han debido callar por el riesgo que significa documentar lo que ocurre.
Nos pronunciamos por la compañera Araceli Tecolapa Alejo, mujer indígena y defensora de los derechos humanos en Guerrero, porque ninguna mujer sea discriminada, ni violentada y por quienes la conocemos sabemos la seriedad con la que desempeñaba sus labores dentro de la organización y hacerle saber que no está sola.
Necesitamos seguir el camino y está claro que ahora se necesita dar el primer paso, reconociendo cuando ha habido una actitud que lastima y violenta la dignidad humana, abriendo más posibilidades de mejorar el entorno donde laboramos.
Como Mujeres defensoras nos solidarizamos y nos sumamos a la petición de la compañera Araceli, pidiendo que el director del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José Ma. Morelos y Pavón A. C. el C. Manuel Olivares, haga una disculpa pública, reconociendo la violencia de género hacia ella.
A las organizaciones sociales en Guerrero pedimos se solidaricen para buscar un dialogo en esta situación que nos vulnera a todos
Alentamos al centro Morelos a buscar un proceso de acompañamiento en género y resolución de conflictos para que estos hechos no se repitan en el futuro.
¡Tocas a una, nos tocas a todas!
¡Si habla una, habla por todas!
La violencia de género no se justifica.
¡Tú lucha es nuestra lucha!
Araceli no está sola, mujeres defensoras de derechos humanos estamos con ella y exigimos respeto a ella y a sus derechos.
Firmas de compañeras defensoras, periodistas, abogados, defensores y compañeros solidarios:
Vania Nayeli Pigeonutt Jacinto, Periodista
Tania Reynosa Catalán, periodista
Olivia Cortez Corona Defensora de Derechos Humanos, Acapulco
María Elena Matías Feminista Comunitaria
Edith Escareño Granados. Defensora de Derechos Humanos
Yamileth Tagle Guevara
Xitlali Karenni Suastegui Guevara Defensora de los derechos de las mujeres y maestra de educación preescolar.
Dominga Olmedo Martinez, Abogada
Laura Melchor Defensora de Derechos Humanos, Oaxaca
Isela Hernández Ureiro
Diana Figueroa Defensora de Derechos Humanos
Denisse Montiel Flores Defensora de Derechos Humanos Guadalajara
Arceli Magdalena Olivos Portugal, Defensora de Derechos Humanos CDMX
Dolores Figueroa Romero
Maria Teresa Sierra
Hercilia Castro Balderas
R. Aida Hernández
Emiliana Cruz
Rachel Sieder
Mariana Mora
Carolina Galvez Zeferino
Norma Isabel Garcia Flores
Alejandra Gonzalez Marín
Ximena Antillón
Juventina Nicolas Flores Defensora de Derechos Humanos
Itzia Barajas Rodriguez
Nestora Salgado
Karla A. Villarino Mendez. Defensora de ddhh
N. Meyatzin Velasco Santiago
María Isabel Rosales Merino Defensora de Derechos Humanos
Eva Cruz López
Araceli Fierro Torres
Barbara Italia Mendez
Araceli Burguete
Nayanzin Bello García
Guadalupe Susana Soto Miranda
Yolitzin Jaimes Rendón
María Guadalupe Barrera Brito
Jessica Atziri Estevez Ojendiz
Gabriela Lopez Bernal
Ximena Duarte Rodriguez
Eva Estrada García
Martin Tonalmeyotl, Poeta nahua y defensor de los derechos lingüísticos.
Jorge Luis Alegre Acevedo, Universitario
Juan Carlos Teliz, Abogado
Basilio Rafael Sebastián, Abogado
Miguel Ángel Ramos Barrientos
Gerardo Gutiérrez Alejo
Eduardo Calderon Dominguez, Defensor de Derechos Humanos
Indalecio Pedrizco Pacheco
Miguel Gonzalez
Natividad Terrazas Guevara
Karla Anahí VIllarino Mendez
Julissa Emireth Bollas Mendoza
Brenda Yuliana Gonzalez Flores
Florencia Mercado Vivanco
Anylú Ayala Godinez
Brenda Bahena Lopez
Yazmin Cortes Barrera
Karen Rebolledo Dominguez
Isabel López Pineda
Marisol Alcocer Perulero
Lizet Blanco Mesino
Javier Izoteco Alegre, Artista grafico
Organizaciones solidarias
Centro de Arte Contra la discriminación y otras formas de violencia A.C.

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