Contra la Tortura - Boletines

Boletines (80)

Comunicado de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC.

by

Aún con la lucha por la vida desde hace unos días hoy a las 3am Jaime Montejo nos dejó. Hoy Martes 05 de Mayo del 2020. Un luchador incansable ha muerto en pie de lucha.

No cabe duda...

Desde tú proceso histórico de joven sabes de que laso vas a caminar.

Y Jaime camino de lado de las armas.
De lado de la revolución.
De lado de la Insurgencia.
De lado de las armas.

Y al llegar a México con Elvira y Rosa Icela Madrid Romero fundaron Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC. Y una vez más ahora en México.

Hizo lo que mejor sabía hacer!!!!
Una revolución y un cambio histórico!!!

La lucha incansable por un mundo más digno.
La lucha de toda su vida desde Colombia hasta México fue de insurgencia, fue de revolucionar, fue dura como su madera y su tenacidad para crear cambios.

La luz que dio a un movimiento de mujeres y su libertad es lo que queda con un personaje tan grande y fuerte y literal...

Hay gente que da su vida por que el mundo cambie al menos un poco tan solo un poco...

Y así fue, como la lucha no para!!!..

Acá seguimos de pie y en un proceso muy largo, burocrático que es tener a Jaime con nosotros!!!!.

Jaime Montejo es un hombre de lucha y de luz.
Un hombre con fuego en el corazón que dio su guerra en contra del Gobierno y de qué manera!!!!!

Contundente.
Directo.
Activo.
Y con una lengua fina para matar mentiras y falsas promesas.

Hoy la guerra de baja intensidad de un Estado que aplaude y sigue vendiendole la vida a la gente del dinero y del poder, ha dado un paso grande ante la pobreza.

Los pobres más pobres.
Los ricos más ricos.

Y la fuerza del pueblo sigue a la espera de un nuevo amanecer.

En voz y en memoria de un compañero de lucha, Brigada Callejera sigue de pie y con fuerza para seguir adelante!!!

Solo se adelantó y seguimos avanzando para dejar más conciencia, más Revolución, más revuelta para enfrentar los estragos de un mundo neoliberal que no frena!!!

Acá!!! Seguimos avanzando.

Tenemos que hacer que Elvira Madrid Romero no recaiga y se aferre a la vida!!!

Ricardo Guerrero Natalia Escobar Juan Jose Pandal Jimenez Óscar Chávez Lanz Juan De Dios Hernández Monge

Read more...

ACCIÓN URGENTE: aislamiento, confinamiento, incomunicación y amenazas contra personas privadas de la libertad

by

Manuel López Obrador
Presidente de la República Mexicana
Miguel Ángel Riquelme Solís
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza
Hugo Morales Valdés
CEDH del Estado de Coahuila de Zaragoza
Olga Sánchez Cordero
Secretaria de Gobernación
Alejandro Encinas Rodríguez
Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación
Gerardo Márquez Guevara
Fiscal General de Justicia de Coahuila de Zaragoza

ACCIÓN URGENTE

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) con domicilio para recibir información y notificación en calle Pitágoras número 1210, interior 18, Colonia Del Valle, C.P. 3100, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, con número de teléfono 56045642, solicita su intervención con carácter de urgente ante el confinamiento, aislamiento y amenazas de que han sido objeto Leonardo Daniel Espinoza González, Cooper Alberto Gutiérrez Hernández, Jesús Iván Olvera Juárez y Cristian Adrián Martínez Lara.


HECHOS:

Esta tarde, martes 5 de mayo de 2020, alrededor de las 13:30 horas, la Licenciada Ariana Denise García Bosque fue notificada vía telefónica que sus representados Leonardo Daniel Espinoza González, Cooper Alberto Gutiérrez Hernández, Jesús Iván Olvera Juárez y Cristian Adrián Martínez Lara serían aislados y dejados en confinamiento e incomunicación al interior del Centro Estatal de Readaptación Social de Piedras Negras Coahuila, siendo amenazados de que “si no retiraban el amparo van a seguir ahí aislados”.

La demanda de juicio de amparo al que se hace alusión es el 254/2020 promovido por las personas señaladas “contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso del estado de Coahuila de Zaragoza con residencia en saltillo, Coahuila, y otras autoridades, por omisión de emitir medidas y acciones sanitarias de contención, de detención de contagio, de manejo de contagio, de priorización de casos de personas de alto riesgo, de manejo de la enfermedad COVID-19 dentro de los penales, de protección para personal de custodia o personal penitenciario que labore en los penales y que pueda contagiar la enfermedad a los reos, ni de tratamiento de los cadáveres por causa del COVID-19 en los centros penitenciarios del estado, en especial del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza”.

En dicho instrumento jurídico se solicita “que las autoridades responsables comprueben las medidas y acciones sanitarias de contención (…) para garantizar la vida e integridad de los internos de los centros penitenciarios del Estado”.

La abogada defensora se encuentra en este momento (15:45 horas) en el Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, verificando la integridad personal de sus defendidos.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 14,18, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) exige a las autoridades:

1. El cese de las amenazas y actos de tortura (aislamiento, confinamiento, incomunicación) denunciados, así como el respeto a los derechos que dicta nuestra Carta Magna, tratados internacionales, así como en las leyes secundarias pertinentes para el caso.
2. Garantizar el derecho de la licenciada Ariana Denise García Bosque a defender los Derechos Humanos.
3. Garantizar la integridad física y psicológica de Leonardo Daniel Espinoza González, Cooper Alberto Gutiérrez Hernández, Jesús Iván Olvera Juárez y Cristian Adrián Martínez Lara.
4. Garantizar la emisión de medidas y acciones sanitarias de contención, de detención de contagio, de manejo de contagio, de priorización de casos de personas de alto riesgo, de manejo de la enfermedad COVID-19 dentro de los penales, de protección para personal de custodia o personal penitenciario que labore en los penales y que pueda contagiar la enfermedad a los reos, ni de tratamiento de los cadáveres por causa del COVID-19 en los centros penitenciarios del estado, en especial del Centro Penitenciario Varonil de Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza

Para el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, este es un acto de intimidación hacia la lucha por la defensa de los Derechos Humanos de personas privadas de la libertad, en el contexto de la actual crisis sanitaria derivada de la pandemia causada por la enfermedad COVID-19 y es preocupante dado el ambiente de graves violaciones a derechos humanos que se vive en México.


ATENTAMENTE
Coordinación General
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)
Lic. Cristian Urbalejo Luna

 

 

Read more...

ATENCO: 14 AÑOS DE IMPUNIDAD

by

La falta de justicia es una violación a los derechos de las víctimas y es particularmente grave cuando las instituciones que deben defender sus derechos son quienes los violan. Como parte del acompañamiento que brinda el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) al Comité de Sobrevivientes de Tortura de Atenco (COSTA), el 9 de octubre de 2019, se solicitó un informe detallado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el seguimiento y cumplimiento a la recomendación 38/2006 emitida por ese organismo, la referida recomendación está dirigida a:

  1. la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP), quien no aceptó la recomendación;
  2. al Gobierno del Estado de México, que aceptó la recomendación el 17 noviembre 2006; y
  3. al Instituto Nacional de Migración, que aceptó la recomendación el 27 abril 2007.

En razón de lo anterior, es altamente cuestionable que la SSP federal no haya aceptado la recomendación debido a que esta corporación fue la que participó en la brutal represión los días 3 y 4 de mayo de 2006.

En cuanto a la recomendación dirigida al Gobierno del Estado de México, a continuación, se detalla lo que ordena la recomendación y la respuesta que nos dio la CNDH en cuanto al seguimiento y cumplimiento:

Primero. Con respecto a los procedimientos administrativos al personal de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), la CNDH contesta que fueron sustanciados y resueltos, pero no se señala el sentido de la resolución, cuántas personas fueron las sancionadas ni de qué manera.

Segundo. Se indica el pago de una indemnización a favor de los familiares de los fallecidos Javier Cortés Santiago y Alexis Benhumea Hernández; sin embargo, la CNDH nos informa de manera victimizante que se ofreció una beca a favor de uno de los fallecidos. Esto es inaudito y revictimizante para los familiares de Alexis.

Tercero. En el tema de la rehabilitación de las personas con secuelas de la brutal represión estatal, la CNDH indica que se realizó un censo, así como avisos en medios de comunicación, pero no indica los resultados. A la fecha, las y los sobrevivientes no han recibido rehabilitación integral.

Cuarto. La recomendación mandata la continuidad a las investigaciones penales; sin embargo, la CNDH no nos informa el resultado de estas investigaciones. Esto es muy grave porque con ello permite la continuidad de la impunidad en el caso Atenco, en razón de ocultar esta práctica sistemática y generalizada en nuestro país.

Quinto. Se solicitó iniciar procedimiento al director del penal de Santiaguito y al personal médico por irregularidades respecto de personas migrantes y atención a la salud. La CNDH nos informa que se investigó al director, pero que no detectó responsabilidad y con respecto al personal médico no se nos informó nada. Nuevamente señal de impunidad.

Sexto. Se solicitó que se previniera la tortura mediante capacitación del personal de la ASE, y sólo se indicó que hubo capacitación, pero no a cuantos elementos ni cuál fue su impacto.

Séptimo. Se solicitó se investigara penalmente al personal del penal Santiaguito por el delito de tortura; sin embargo, la respuesta de la CNDH es que el MP formuló ponencia de reserva en cuanto a la investigación de tortura.

Octavo. Se solicitó investigación administrativa en contra de los elementos de la ASE por el impacto de un proyectil de gas lacrimógeno en contra de Alexis Benhumea, quien falleció por ese motivo, y que se informaran los resultados. En respuesta a lo anterior, se nos informó que se inició la investigación, por lo cual se sustanció y determinó el caso, sin indicar los resultados del mismo.

En cuanto a la recomendación dirigida al INM

Primero. La recomendación dicta que se inicien los procedimientos administrativos en contra de personal del instituto que inició trámite de expulsión, fuera de los casos establecidos en la Constitución y se informaran los resultados. La CNDH nos informa que se inició el procedimiento administrativo, y como resultado se archivó porque no se acreditó responsabilidad administrativa.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, como acompañante de los y las sobrevivientes de tortura de COSTA en la exigencia de justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales, señala lo siguiente:

  1. La recomendación en sí misma es insuficiente y carente de los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos y en particular en materia de tortura.
  2. La Recomendación 38/2006 refleja la subdocumentación de casos de tortura y la violación a los derechos de las víctimas que genera protección a los perpetradores de la tortura materiales e intelectuales.
  3. El seguimiento que está obligada la CNDH a dar en el caso Atenco es absolutamente discrecional debido a que acepta como cumplido una serie de puntos que están lejos de ser satisfactorios para los y las sobrevivientes de tortura.
  4. Los puntos relativos a los aspectos individuales de rehabilitación y compensación de la reparación del daño no es una realidad, a la fecha no hay ninguna víctima de COSTA que haya sido reparada de manera integral.
  5. Lo inaudito de la reparación es el hecho de que se indicara que se ofreció una beca para una persona que había fallecido con motivo de los hechos de la represión.
  6. Algunas respuestas sobre la reparación relacionadas con garantías de no repetición, terminan por ser absurdas, como son las que se refieren a capacitación o la formulación de directrices. Lo anterior demuestra que no hubo un interés real por corregir la actuación institucional y con ello el ocultamiento y la complicidad de la CNDH para investigar la grave violación de tortura en el caso Atenco.

Esto muestra que los organismos públicos de derechos humanos, en particular la CNDH, no investigan de manera apegada a los estándares más altos en materia de tortura, lo cual permite la impunidad en los casos en que se ven involucradas las fuerzas armadas.

Para las organizaciones de derechos humanos que acompañamos al Comité de Sobrevivientes de Tortura de Atenco en su exigencia de justicia y castigo a los responsables materiales e intelectuales, así como en la reparación y no repetición de graves violaciones a DDHH, se vuelve un caso relevante para ser presentado ante la Corte Penal Internacional y el Comité Contra la Tortura de Naciones Unidas.

El único freno que existe para detener la impunidad es el castigo a los perpetradores materiales e intelectuales de la tortura.

Memoria, verdad y justicia
para el Comité de Sobrevivientes de Tortura de Atenco
COSTA

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD

Read more...

Red TDT: la emergencia sanitaria por COVID-19 pone en evidencia la fragilidad del sistema laboral mexicano

by

 

  • La existencia de un sistema laboral mexicano débil y precario agrava las condiciones de las y los trabajadores en el actual contexto
  • La protección de la vida deber ser un elemento fundamental para garantizar el trabajo digno
  • Hacemos una llamado a las autoridades, empresarios, a los sindicatos a tomar medidas integrales para proteger la vida, integridad y el ejercicio de derechos humanos laborales.

En el marco conmemorativo del Día Internacional del Trabajo las organizaciones que forman parte de esta Red, externamos nuestra preocupación por las condiciones y violaciones a sus derechos laborales que enfrentan las y los trabajadores del país en el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos.

Esta pandemia ha evidenciado y exacerbado las debilidades en la protección y el ejercicio de los derechos humanos laborales como la falta de condiciones laborales dignas, el ejercicio integral de estos derechos, los vacíos en la normatividad vigente, su falta de implementación, así como la poca coordinación y colaboración entre el sector público y privado para desarrollar e implantar estrategias en beneficio de las y los trabajadores.

Según cifras oficiales, entre el 13 marzo al 6 de abril se perdieron más 346,878 empleos, es decir, un número mayor al equivalente al número de empleos generados en todo 2019, lo que solo representa un panorama previo de las dimensiones del problema de desempleo que nos aguarda cuando finalice la emergencia sanitaria.

Sin duda la protección de la vida y la salud es primordial en esta situación, sin embargo, no se debe dejar de lado que todos los derechos merecen ser respetados y protegidos. Los derechos humanos laborales no son la excepción, sobre todo cuando su afectación genera impactos a un corto, mediano y largo plazo, influyendo en un aumento del desempleo, incremento de la pobreza, reducción de condiciones laborales, entre otros.

Los impactos en términos laborales han sido diferenciados y aquejan en mayor medida a grupos y sectores de la población (trabajadoras y trabajadores de maquilas, del hogar, mujeres, migrantes, pueblos y comunidades indígenas, juventudes, entre otros) que ya vivían bajo condiciones de precariedad y que se agravan en este contexto.

Nos alarma el incremento de prácticas violatorias de derechos humanos laborales en que han incurrido algunas empresas y empleadores, así como la falta de sensibilidad del gobierno ante este problema para actuar de manera más efectiva en la protección de estos derechos.

Es importante que los empleadores y el gobierno federal garanticen condiciones dignas de trabajo a las personas que se encuentran laborando en las actividades esenciales, privilegiando la protección de su vida y salud, respetando plenamente su voluntad. Reiteramos que un trabajo digno implica un trabajo seguro.

En ese sentido, es primordial generar condiciones de información y diálogo efectivo entre las partes, en que el que las autoridades en materia de trabajo puedan significar un verdadero contrapeso para eliminar las condiciones de desigualdad que han experimentado de manera histórica las y los trabajadores.

Es deber de todas y todos actuar dentro del marco legal laboral para dejar de incurrir en prácticas que violan estos derechos, por lo que un acceso efectivo a la justicia laboral cobra especial importancia en este contexto. Es necesario reconocer y atender en las principales deficiencias que afronta el país en materia de justicia laboral para garantizar estos derechos.

Reconocemos que la emergencia sanitaria nos enfrenta ante diferentes retos y ante eso la solidaridad y el respeto será lo que nos sacará a todas y todos adelante; sin obviar la corresponsabilidad entre el gobierno y las empresas en este contexto para no seguir agravando las condiciones laborales.

Ante lo expuesto, hacemos una llamado a las autoridades federales, estatales y municipales, al sector empresarial, a los sindicatos, a las instituciones responsables de vigilar y resguardar los derechos de las y los trabajadores del país a tomar medidas integrales, adecuadas, proporcionadas y con estricto apego a la normatividad vigente a nivel nacional e internacional para proteger la vida, integridad y el ejercicio de derechos humanos laborales.

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 
Read more...

Pronunciamiento: ¡Alto al estado de excepción de facto!

by

ALTO

¡AL ESTADO DE EXCEPCIÓN DE FACTO!

¡AL SISTEMA PUNITIVO MEXICANO EN EL QUE LOS MÁS DEPOSEÍDOS SON LOS ENEMIGOS!

¡BASTA DE LA BARBARIE PUNITIVA!

 

¡RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS HUMANOS!

México vive un estado de excepción de facto porque de manera sistemática y generalizada se violan los derechos humanos, es decir, no impera el Estado de derecho. En el contexto de la contingencia sanitaria por COVID-19, el gobierno actual sufrió un discurso en el que afirma que no se utilizarán medios coercitivos y de represión a través de las fuerzas armadas, ni toques de queda, para lograr la contención de la pandemia . Sin embargo, los hechos son otros y estamos presenciando la profundización de las violaciones a los derechos humanos.

La pandemia ha desarrollado las funciones manifiestas y latentes del capitalismo avanzado en el que vivimos. Pese a la emergencia, se mantiene expuesto al contagio y muerte a un gran sector de trabajadores precarizados que están insertos en empresas, fábricas y maquilas del gran capital mexicano —ejemplo de ellas hijo las y los trabajadores de Elektra, Banco Azteca, Walmart, Aurrera y sus cadenas, Soriana, etcétera—; así como trabajadores y trabajadores de la maquila de todo el norte del país y quienes laboran en los sectores esenciales como son limpieza, agua, salud, entre otros. La función latente del gran capital es la acumulación y apropiación de plusvalor de las y los trabajadores,

En su función manifiesta, el Estado mexicano —a través del Ejército y de la Guardia Nacional— tiene tareas de seguridad ciudadana y ahora de salud pública, estableciendo “cercos sanitarios” e invitando a la población a quedarse en casa, cerrar negocios que no son esenciales. Sin embargo, solo son cerrados pequeños negocios que no son esenciales, porque en los casos como el del Grupo Salinas (representante de un poder fáctico) el poder político no tiene restricciones restringidas en su ejercicio económico no esencial, situación que pone en riesgo a sus trabajadores y trabajadoras.

En el mundo del capitalismo avanzado, el castigo y la cárcel han sido identificados para los pobres, para los más desposeídos. En México verificamos que esta lógica se impone, acompañada de una ideología penal del enemigo. La pauta consiste en sancionar conductas y no delitos: esto es, sancionar sin haber afectado ningún bien jurídico tutelado por el Estado y, por supuesto, esta forma ideológica punitiva está presente en nuestro corpus iuris en el derecho penal mexicano. [1]De esta forma, en el contexto de pandemia por COVID-19, se han registrado detenciones arbitrarias contra esos trabajadores precarizados, migrantes, indigentes, limpiaparabrisas, indígenas, así como contra personas que sobreviven de su venta diaria, entre otros grupos vulnerables. Lo anterior se ha visto evidenciado a través de los diferentes medios de comunicación y redes sociales mediante denuncias que señalan las arbitrariedades y las violaciones a los derechos humanos cometidos en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Yucatán, Guerrero, Oaxaca, entre otros estados.

Las cárceles (de Guanajuato y Estado d México), así como las 65 estaciones migratorias (particularmente Tabasco y Chiapas), son lugares de altísimo riesgo de contagio masivo dada la sobresaturación y el hacinamiento en los que viven los internos. Esta situación se agrava ante las limitaciones a sus derechos humanos por la falta de servicios básicos como agua, luz, limpieza, alimentos, entre otros. En cuanto a las estaciones migratorias, la situación se replica y se agudiza por tratarse de poblaciones que están en constante movilidad, con lo que se facilita su propio contagio y la propagación de COVID-19.

En este contexto, estamos avanzando hacia una política de tolerancia cero tránsito, donde el enemigo está focalizado en grupos o sectores más empobrecidos de México que necesitan buscar su sustento día con día. En tal lógica, el enemigo es el limpiaparabrisas, el vendedores de a pie, el mendigos, el indigente, la clase trabajadora precarizada, los grupos originarios desplazados y discriminados. De esta manera, al pensar que ellos son los enemigos porque “no se quedan en casa”, se les reponsabiliza a nivel personal del avance de la pandemia, incluso más que al Estado capitalista.

Nosotros y nosotras como defensores y defensoras de DDHH afirmamos que aun cuando el Ejecutivo federal no ha emitido a la fecha una declaración de suspensión de derechos —como dicta el artículo 29 constitucional, recurre a la Ley General de Salud en particular al artículo 13 fracción V, para decretar la Acción Extraordinaria en Materia de Salubridad General, asimismo en el artículo 184 fracción III— sí está instrumentalizando esta acción al permitir la regulación el tránsito terrestre, marítimo y aéreo; con ello abre el camino para que las fuerzas armadas, como la Guardia Nacional, el Ejército, la Marina, así como a las policías estatales y municipales, realicen tareas de patrullaje por las calles para contener el tránsito de personas y esto implica un estado de excepción de facto. 

¡Estamos viviendo la barbarie punitiva en casos de detenciones por razones de sospecha de portar el COVID-19, lo cual no es un delito!

 

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI)

 

Artículos constitucionales violados por el Estado mexicano:

 

Artículo 1

Artículo 8

Artículo 11

Artículo 14

Artículo 16

Artículo 29

 

[1] Artículo 38 constitucional, fracción II y V; Ley contra la Delincuencia Organizada, Código Penal Federal, entre otros cuerpos normativos secundarios a nivel nacional.

Read more...

Red TDT: emergencia sanitaria no debe de ser un pretexto para imponer políticas de mano dura

by

Nos parece inaceptable que aprovechándose de la preocupación y angustia social, diversos actores políticos pretenden restringir derechos sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político.

Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Morelos han instrumentado políticas públicas restringidas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito.

Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas y la ruptura paulatina de los derechos humanos.

 

Las organizaciones parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas y Todos" (Red TDT) expresamos nuestra preocupación por las medidas de excepcionalidad que están instrumentando actualmente en estados como Michoacán, Morelos, Sonora, Jalisco, Yucatán , Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz. De la misma forma junto con un conjunto de personas y organizaciones expresamos nuestra preocupación ante la iniciativa que retiró la diputada Lorenia Valles para crear un mecanismo legislativo para suplir a los plenos de las cámaras del Congreso [1] .Nos parece inaceptable que aprovechándose de la enorme preocupación social, diversos actores políticos pretenden restringir derechos sin tener facultades para ello y con un claro interés de lucro político.

La emergencia sanitaria en curso ha sido generada por la pandemia declarada por la enfermedad Covid-19 producida por el virus SARS-CoV-2. En el caso de México si bien desde antes del 27 de febrero, fecha en que se presentó el primer caso, se encontraron varias medidas en la lógica de la prevención, las acciones más decididas por parte del Estado se dieron a partir de esa fecha, especialmente a partir de la declaración formal de Emergencia Sanitaria por parte del Consejo de Salubridad General el lunes 30 de marzo de 2020.

Ya el 15 de abril, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios emitió un pronunciamiento [2]  donde denunció la inconstitucionalidad del acuerdo tomado por los gobernadores de los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila en relación con la imposición de multas , retenes, toques de queda, limitación a los derechos de libre tránsito y uso de la fuerza pública para el cumplimiento de las medidas de distanciamiento social promovidas por la Federación. De la misma forma el 18 de abril, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) denunció [3]  la ineficacia de las medidas de prevención en los centros penitenciarios de Jalisco en relación al Covid-19.

Hemos podido documentar a través de medios de comunicación y páginas web oficiales de los estados que Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Jalisco y Michoacán han instrumentado políticas públicas restringidas de diversas garantías individuales, especialmente las relacionadas con el libre tránsito. Como señalamos en un comunicado específico [4]  que emitimos para el caso de Michoacán excede sus facultades legales. En términos generales podríamos señalar las disposiciones restrictivas de los derechos a los aludimos carecen de fundamentación y motivación.  Omiten lo establecido por el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el capítulo Décimo de la Ley General de Salud.Esto da pie a crear marcos normativos que favorecen la violación de derechos humanos.

Es importante precisar que 17 procedimientos especiales de la ONU emitieron un comunicado [5]  el 16 de abril para señalar que “las declaraciones de emergencia basadas en el brote de Covid-19 no son ser usados ​​como base para atacar grupos particulares, minorías o individuos. No debería funcionar como acción represiva bajo la apariencia de proteger la salud ni debería ser utilizado para silenciar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos ”.Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte “El Estado que pretenda imponer una restricción de este tipo tiene la carga de probar que la misma satisface el principio de legalidad, que es idónea para alcanzar este fin, no existe medios menos lesivos para alcanzar y que la afectación ocasionada no resulte más perjudicial para el derecho que sea afectado que el beneficio obtenido ”. [6]

En este sentido, destaca la malograda iniciativa de la Diputada Federal Lorenia Valles[7] como un Intento de otorgar facultades extraconstitucionales a las cúpulas del congreso para crear los plenos de urgencia como mecanismo extraordinario para aprobar ordenamientos de manera transitoria, incluyendo reformas constitucionales tan sólo con el concurso de las juntas de coordinación política de ambas cámaras. Si bien la iniciativa fue retirada muestra  el interés de algunos actores políticos para crear mecanismos que eventualmente pudieran derivar en acciones autoritarias que lesionaran gravemente nuestra democracia y pusieran en riesgo la vigencia de los derechos humanos ante un contexto como el actual.

En una situación inédita a nivel global, estamos claros del enorme reto que representan la pandemia y los espacios de oportunidad que abre a los autoritarismos e ilegalidades. Llamamos a la solidaridad y corresponsabilidad social para construir una nueva normalidad que no se base en la socialización de las pérdidas, la permisibilidad de la represión y la conculcación paulatina de los derechos que hemos ganado a lo largo de la historia. Como organizaciones continuaremos en nuestro acompañamiento a los más necesitados, sin cejar en la crítica a las acciones violatorias de derechos humanos desde los estados y otros espacios de poder. ¡No a la mano dura!

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).


[1]  Peligrosa Iniciativa que pretende reformar los artículos 29 y 65 de la Constitución,  https://twitter.com/CMDPDH/status/1253813649485049856?s=20 

[2] Pronunciamiento sobre medidas de “protección” que violan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios,  https://redtdt.org.mx/?p=15434 

[3] La aplicación del Protocolo Penitenciario de Prevención y Detección Temprana del COVID-19 es ineficiente, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), https://redtdt.org.mx/?p=15414

[4]  Ante pandemia, gobierno de Michoacán excede facultades transgrediendo derechos humanos y vulnerabilizando especialmente a pueblos originarios, Red Solidaria de Derechos Humanos y Red TDT https://redtdt.org.mx/?p=15430

[5] COVID-19: los Estados no deberían abusar de medidas de emergencia para suprimir derechos humanos – expertos y expertas de la ONUhttps://bit.ly/3bCbC5L 

[6] La CIDH llama a los Estados de la OEA a asegurar que las medidas de excepción adoptadas para hacer frente la pandemia COVID-19 sean compatibles con sus obligaciones internacionales,   http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2020/076.asp

[7] Twitter de la Diiputada Lorenia Valles donde anuncia su iniciativa https://twitter.com/LoreniaValles/status/1253210642011631617?s=20 

Read more...

Ante pandemia, gobierno de Michoacán excede facultades transgrediendo derechos humanos y vulnerabilizando especialmente a pueblos originarios

by
  • Inconstitucional que gobierno estatal pretenda restringir DDHH. Varias de las medidas anunciadas el 20 de abril exceden sus facultades legales.
  • Medidas suponen grave riesgo para pueblos originarios, que han denunciado constantes agresiones por parte del gobierno estatal, de manera particular las perpetradas por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
  • Plan alimentario para proteger a los más vulnerables, sin garantías de equidad en su implementación y excluye a pueblos originarios, lo cual les vulnerabiliza.

La Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) desean expresar de manera categórica su preocupación por las medidas decretadas el pasado 20 de abril de 2020 por el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Consideramos que éstas contravienen derechos humanos reconocidos en la Constitución Federal, además de promover actos de coerción para sembrar miedo, justificándose en una política pública de cuidado. De la misma manera nos parece inaceptable la exclusión de los pueblos originarios de la dimensión alimentaria de estas medidas.

El pasado 20 de abril de 2020, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo publicó en el Periódico Oficial del Estado el decreto Por el que se declara el aislamiento obligatorio ante la pandemia del virus SARS-COV2 (COVID-19)[1]Al entrar en vigencia, el gobernador pidió confianza a la sociedad civil y asumió la responsabilidad de cuidar la vida de las personas en el estado. Este llamado contrasta con la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los pueblos originarios de Michoacán.

Al interior del estado, las comunidades han denunciado de manera reiterada abusos de autoridad, falta de acceso a la justicia y violaciones a los derechos humanos, en las que participan sistemáticamente elementos de la Secretaría de Seguridad Pública –Policía Michoacán o policía municipal–. No se puede apelar al cuidado de la vida, cuando en medio de una contingencia sanitaria como la que vivimos, el gobernador manifiesta públicamente que no es momento de libertades individuales[2], generalizando medidas sin considerar un enfoque diferenciado y adecuado a las necesidades específicas de los diversos grupos que integran nuestra sociedad y de manera especial las de los pueblos originarios.

Con la emisión del decreto, el gobernador excede el uso de sus facultades, ya que es competencia exclusiva del Presidente de la República – con la aprobación del Congreso de la Unión – restringir o suspender el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales; por lo que resulta inconstitucional que el gobierno estatal pretenda restringir derechos humanos. Ante esta circunstancia, es necesario dar seguimiento a los actos de autoridad que limiten el ejercicio de derechos fundamentales como el de reunión y el de libre tránsito.

En Michoacán que tiene altos índices de impunidad, debe evitarse a toda costa generar situaciones en las que se corra el riesgo de que la autoridad realice detenciones arbitrarias, sin el respeto a garantías básicas que permitan a las personas asegurar sus derechos y acceder a un debido proceso.

En relación con las sanciones señaladas en el decreto, además de su arbitrariedad, debe advertirse la falta de información sobre los sitios específicos en los que se encuentran los denominados Centros de Confinamiento, así como de las condiciones reales de su infraestructura. Subrayamos el peligro que conlleva recluir a personas en este período de pandemia, así como la aplicación de multas desproporcionadas cuando la mayoría de la población requiere del ingreso diario para cubrir sus necesidades básicas.

Es inaceptable que, en el Plan alimentario para proteger a los más vulnerables, anunciado por el gobierno estatal, se deje de prever, entre los beneficiarios directos, a las personas de los pueblos originarios del estado; aspecto que transgrede los derechos que protegen a esta población. A ello se suma la falta de transparencia e información respecto de la conformación de los Comités Alimentarios estatal y regionales, así como de sus reglas de operación y de los procedimientos que dichos comités implementarán para entregar los apoyos anunciados por el gobernador.

Otro elemento preocupante y fuera de lugar en el anuncio de las medidas es la asignación de las fuerzas de seguridad pública estatales para cumplir con lo establecido en el Plan alimentario, el reparto de apoyos económicos y despensas, a la vez que se les otorga la facultad de coercionar a la población para el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto. Esta situación, de por sí irregular, se agrava en las comunidades donde estas mismas fuerzas de seguridad pública han sido señaladas como responsables de detenciones arbitrarias, actos de tortura, malos tratos y ejecuciones extrajudiciales.

Ante lo expuesto, exigimos al gobernador Silvano Aureoles que se conduzca dentro del marco de sus atribuciones y respete los derechos humanos; que otorgue medidas de protección especial en los casos de las comunidades que han denunciado agresiones por parte de agentes de seguridad pública; así como la garantía a los derechos a la salud y a la alimentación de los pueblos originarios de Michoacán.

De igual forma, hacemos un llamado a las organizaciones de la sociedad civil, a los organismos autónomos encargados de velar por los derechos humanos, a los medios libres y alternativos, así como a la sociedad en general para que se pronuncien y exijan al gobierno del estado la máxima protección de la población, especialmente de los pueblos originarios que han denunciado la sistemática violación de sus derechos por el poder ejecutivo y las fuerzas de seguridad pública de nuestro estado.

Red Solidaria de Derechos Humanos

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos
“Todos los Derechos para Todas y Todos”

(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

 

[1] http://www.periodicooficial.michoacan.gob.mx/download/2020/abril/20/7a-9320.pdf.pdf

[2] https://twitter.com/Silvano_A/status/1253127699461222408?s=19

Read more...

Pronunciamiento conjunto por la vida

by

Al Pueblo chiapaneco
A las Juntas de Buen Gobierno del  EZLN
A las organizaciones indígenas y campesinas
Al Gobierno federal, estatal y municipal.
A las autoridades sanitarias federales, estatales y distritales

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México, a  20 de abril de 2020

Desde el Sur de México organizaciones sociales, civiles y colectivos diversos nos juntamos para compartir información, analizar y generar estrategias para enfrentar solidariamente esta pandemia COVID 19. En este esfuerzo colectivo nos encontramos quienes trabajamos desde hace años por la defensa y promoción de derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en el estado de Chiapas. Hemos desarrollado desde hace décadas múltiples iniciativas por la justicia y la dignidad en estos territorios, específicamente en materia de derechos de las mujeres, de las infancias y juventudes, de los pueblos indígenas y pueblos migrantes; defendiendo el derecho a la salud, al agua, al territorio, a la información y a la libre movilidad humana, entre otros  más. Desde estas diversas capacidades, conocimientos y experiencias nos sumamos  para acompañar-nos junto a los pueblos en la exigencia de derechos, para  informar de manera accesible y verídica sobre la pandemia, para generar espacios creativos de ayuda mutua y para documentar y denunciar las posibles violaciones a derechos humanos que se presenten durante la emergencia.

Partimos de recordar que nos encontramos en un estado que ha vivido históricamente y de manera particular la exclusión y marginación, y en contraste  con una tremenda potencia organizativa fruto de su larga historia de lucha y resistencia. La pandemia que hoy vivimos reitera que las formas de producción capitalista, en la que predomina la violencia, la desigualdad y el despojo, precariza los medios para la reproducción de la vida y disminuye la posibilidad de vivir una vida digna.

Existe una fuerte relación entre la salud de la naturaleza y la salud humana, los virus proliferan en situaciones de devastación ecológica vinculada con la expansión agroindustrial y sus sistemas de confinamiento y almacenamiento productivo, proceso que violentan derechos humanos y los derechos de la tierra. Si las condiciones se mantienen iguales, seguirán apareciendo virus, cambiar el modelo de producción de alimentos, apostar por la soberanía alimentaria y la agroecología es un medio para prevenir próximas pandemias. Para evitar que esto pase, es necesario un cambio sistémico, por lo que consideramos fundamental escuchar las voces y lucha de los pueblos indígenas y campesinos que cuidan y defienden a la Madre Tierra y a su territorio.

Esta emergencia sanitaria pone en evidencia el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud resultado del modelo capitalista y la subordinación de la salud de las personas a un modelo  que atiende al mercado y a la opción desarrollista como único indicador válido. De ahí que un cambio de paradigma tendría que ser poner por sobre todo el derecho a la vida y a los derechos humanos de todas las personas.

Sabemos que es un gran reto para el gobierno mexicano, y para la sociedad en su conjunto afrontar esta situación ante un sistema de salud saturado y en algunos lugares colapsado, es por ello que urgimos a los niveles federal, estatal y municipal que escuchen y atiendan las demandas y consideraciones partiendo de un diagnóstico claro de  las necesidades de los  diferentes territorios en México.   Nos pronunciamos por la garantía efectiva e integral  del derecho a la salud enunciada en los Art. 1, 2, 3, 7, 13, 17, 25, 26, 27, 28 Bis, 29 y 77 Bis  de la Constitución de los Estados Unidos Mexicano.  Exigimos:

   1. Atender las determinaciones sociales de la pandemia que sitúan a población migrante, niñas y niños trabajadores y en situación de calle, pobladoras/es de periferias urbanas, personas en situación de detención, trabajadoras/es precarizadas como sectores con mayor vulnerabilidad al contagio, al diagnóstico oportuno y al acceso al tratamiento.

   2. En el caso de pueblos originarios y reconociendo las estrategias históricas de salud comunitaria, respetar plenamente el ejercicio de su derecho a la autonomía y a sus propios modelos de atención a la salud en sus territorios. En el marco de los Acuerdos de San Andrés, el artículo segundo de la Constitución, y  los instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.  

   3. Difundir de manera amplia las medidas estatales de atención y acompañamiento para niñas, niños y mujeres que vivan violencia intrafamiliar. Que la atención sea de fácil acceso y con enfoque de derechos humanos.

   4. Reconocer la complejidad de la movilidad humana en Chiapas por ser estado de origen, tránsito, destino y retorno. Por ello implementar medidas eficientes de vigilancia epidemiológica para las personas en desplazamiento forzoso, personas migrantes que están en situación de detención y quienes retornan de manera forzada a las comunidades.
      a) Plan de cuidados específico  que incluya información accesible en idiomas locales a la familia y comunidad de retorno, diagnóstico-tratamiento expedito, y seguimiento.
      b) Afirmamos que migrar no es un delito, por ello instamos a suspender las detenciones migratorias, evitar el hacinamiento en los centros de detención, la liberación inmediata a todas las personas y que se garanticen sus derechos humanos.
      c) En cuanto a los 9,950 víctimas de desplazamiento forzado, solicitamos las mismas medidas de vigilancia epidemiológica y una respuesta efectiva ante la violencia generalizada ocasionada por los grupos de corte paramilitar.

   5. Garantizar condiciones apropiadas para los y las trabajadoras de la salud en todos los niveles. Abasto de insumos, equipo y capacitación suficientes para el fortalecimiento de servicios de salud de primer nivel para la atención No COVID y COVID 19, incluyendo el reforzamiento de los espacios de atención y colaboración horizontal con agentes comunitarios de salud: parteras, promotores/as, médicas/os y pasantes.

   6. En el caso de parteras que el Estado facilite y acelere el reconocimiento de la partería en el registro civil y extienda los certificados de nacimiento sin condición alguna. Que se les respete para seguir ejerciendo atención y cuidado, que sea suficiente con el reconocimiento comunitario. En caso de que ellas lo soliciten aprovisionar con suficiencia materiales e insumos necesarios para la atención de partos.

   7. Solicitamos que el gobierno federal observe con especial atención la forma de implementación de la estrategia sanitaria por el gobierno local chiapaneco.  Reconocemos el trabajo comprometido y recuperamos la exigencia de la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas que a la letra dice:

“En este momento carecemos de un liderazgo efectivo en el estado para enfrentar esta contingencia, nuestra institución en estos momentos es dirigida con fines políticos y no científicos, por lo tanto no representa los intereses de la salud pública de nuestro Estado, por tal motivo desconocemos a esa representación oficial y los trabajadores nos organizaremos como sabemos hacerlo, para hacer frente a la pandemia.

Exigimos al Gobernador del Estado, Dr. Rutilio Escandón Cadenas la destitución inmediata del político secretario de salud, con la sustitución inmediata de expertos en epidemiología con los que cuenta Chiapas”.

   8. Información expedita y transparente sobre los protocolos de atención sanitaria en Chiapas. Para ofrecer una atención digna es necesario que el personal se encuentre protegido en suficiencia conforme a los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud.

   9. Garantizar servicios básicos en las redes de suministro de agua potable, alcantarillado, luz eléctrica y saneamiento para la población en general y con particular atención a  los hospitales, casas de salud, casas de personas adultas mayores, centros de detención a migrantes, prisiones y estancias infantiles.

   10. Garantizar y regular el abasto de alimentos que eviten la especulación en los precios de artículos de primera necesidad. Para las/los pequeños productores de excedentes mantener precios de garantía y facilitar la distribución de sus productos.  Promover mercados campesinos de productos agroecológicos o en transición para su distribución local. Garantizar que del total de adquisición de alimentos del Estado mexicano se destine un porcentaje de la compra a pequeños productores de excedentes.

   11. Generar  planes  económicos oportunos, sin condicionamiento alguno, para acompañar de forma digna a las familias que no cuentan con salarios y trabajos asegurados. Vigilar y asegurarse para que estos subsidios no se conviertan en objeto de clientela y corrupción.

   12. Que el proceso de reconversión hospitalaria, sea transparente a nivel estatal y distrital con promoción y difusión clara y precisa de la ruta crítica de atención urbana, y  de cobertura rural, y sin  descuidar la atención hospitalaria y consulta externa a pacientes NO COVID 19.

   13. Información sobre estrategias de apoyo a otros problemas derivados de las fases 2 y 3 como violencia intrafamiliar, violencia feminicida, psicológica, económica, física y sexual a niñas/os y mujeres, estigmatización de las/los enfermos COVID, ataque a los/las trabajadoras de la salud.

   14. Pedimos que bajo ninguna circunstancia se apliquen medidas de fuerza desde los cuerpos  policiacos y militares para efectos de contención de la población que puedan incurrir en acciones ilegales y violaciones a los derechos humanos de las personas.

   15. Alto a la narrativa de guerra, fomento del miedo, la represión física del Estado y la demostración de fuerza, que ejercen violencias físicas, simbólicas y provocan miedo y soledad  que  impiden construir vínculos solidarios y colectivos.  El fomento deliberado del rumor, la desinformación y el  pánico enferma, desmoviliza y, en extremo, se convierte en una estigmatización y persecución del otro/a.

Reconocemos los esfuerzos que la sociedad chiapaneca está haciendo al quedarse en sus casas, así como las propuestas autónomas sanitarias de pueblos y comunidades, valoramos las iniciativas de los negocios pequeños que están poniendo de su parte, celebramos las muestras amplias de solidaridad que se están desplegando, por lo mismo instamos a que las autoridades actúen con responsabilidad y cumplan íntegramente su mandato público.

Agradecemos y reconocemos el trabajo, compromiso y entrega de las trabajadoras y trabajadores de la salud.

Nosotras y nosotros seguiremos trabajando de manera coordinada y en corresponsabilidad con la sociedad y con los pueblos con quienes caminamos, continuaremos con la difusión de información en idiomas locales, generando redes de solidaridad y apoyo mutuo, y así mismo mantenemos nuestra acción de observación, documentación y denuncia de las acciones que violenten los derechos humanos de las personas en estos territorios.

Firman:

Organizaciones: At`el Antsetik Centro Comunitario; Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos/Defensoría del Derecho a la Salud (CCESC-DDS); Enlace, Comunicación y Capacitación, A.C.; ProMedios; Melel Xojobal, A.C.; Alianza Pediátrica Global; Comisión Para la Defensa de los Derechos Humanos, A.C.; Salud y Desarrollo Comunitario (Sadec); Casa de la Mujer Ixim Antsetic; Agua y Vida: Mujeres, Derechos y ambiente, A.C; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, AC; Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, A.C. (DESMI); Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C. (Frayba); Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, A.C. ( CECCAM); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Una mano amiga en la lucha contra el sida AC; Formacion y Capacitación A.C.; Centro de Derechos Humanos Fray Matias de Córdoba A.C.; Apostólicas del Corazón  de Jesús (ACJ) Tapachula; Kaltsilaltik, A.C., Comitán.; Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C.; SJM Frontera Comalapa; Centro de derechos de las víctimas de violencia Minerva Bello, Fideicomiso para la salud de los niños indígenas A.C.

Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq

Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas (REDIAS)

Red Por la Paz
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, (San Cristóbal de Las Casas); Centro de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, (Ocosingo); Centro de Derechos Indígenas A.C. CEDIAC; Centro de derechos de la Mujer (San Cristóbal de Las Casas);  Comisión de Apoyo para la Unidad y Reconciliación Comunitaria (CORECO ) (San Cristóbal de Las Casas); Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas (DESMI ) (San Cristóbal de Las Casas);  Educación para la paz (EDUPAZ) (Comitán); Enlace, Capacitación y Comunicación (Ocosingo y Comitán); Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ ) (Ocosingo).

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos  “Todos los Derechos para Todas y Todos”
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de Las Casas, Chiapas).

Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Capítulo Guatemala: American Friends Service Committee, Oficina Regional de América Latina y El Caribe  (AFSC); Asociación Comunitaria Multisectorial de Monitoreo Comunitario en Salud y Apoyo a Migrantes (ACOMUMSAM); Asociación Consejería Oxlajuj Ix para Centroamérica y México (CAMEX); Asociación Coordinadora Comunitaria de Servicios para la Salud-Guatemala ACCSS; Asociación de Desarrollo Social de Ixcán (ADESI); Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala (AFAMIDEG); Asociación Lambda, Consejo de Juventud para el Desarrollo Ixcoyense  (COJDI); Comisión de Asuntos Migratorios de Ixcán -CAMI; Comité Municipal de Migración; Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP); Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas (FGER); Gobierno Ancestral Plurinacional Q’anjoba’l; Jóvenes por el Cambio; Mamá Maquin; Médicos del Mundo Francia – España; Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala (MENAMIG);  Molanil K´inal B´e; Pastoral Social La Libertad Cristo de Esquipulas; Pop Noj’; Red  Juvenil Ak´Molam; Sociedad Civil. Capítulo México: American Friends Service Committee, Oficina Regional para América Latina y El Caribe  (AFSC); Centro de Derechos Humanos Oralia Morales; Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova;  Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas (CIMICH); Comité de Derechos Humano Fray Pedro Lorenzo de la Nada A.C.; Formación y Capacitación A.C. (FOCA); Iniciativas para el Desarrollo Humano A.C.; Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC); Instituto para las Mujeres en la Migración AC (IMUMI); La 72, Hogar – Refugio para Personas Migrantes; Médicos del Mundo Francia – España, Pastoral de Migrantes; Parroquia de Frontera Comalapa; Servicio Jesuita a Migrantes  (SJM); Servicio Jesuita a Refugiados  (SJR), Servicio Pastoral a Migrantes San Martin de Porres (SEPAMI – SMP ); Una Ayuda para ti Mujer Migrante A.C.; Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Colectivo de Monitoreo y Observación de Derechos Humanos del Sureste Mexicano: American Friends Service Committee  – Oficina Regional de América Latina y El Caribe (AFSC), Apostólicas del Corazón de Jesús (ACJ),  Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, Centro de Derechos Humanos Tepeyac, Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para el Desarrollo Humano, Kaltsilaltik, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita a Migrantes – Frontera Comalapa, Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS México), Tzome Ixuk-Mujeres Organizadas A.C., Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, AC.

Read more...

Negar la existencia de la Tortura en México alienta la impunidad

by

Pronunciamiento conjunto

   

    • El presidente de la República compromete internacionalmente a México al señalar que la Tortura ha sido erradicada.

       
          

    • Instamos al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU.  

 
 

El 5 de abril del 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó1 que en México ”hemos erradicado la Tortura”. Esto contradice lo sostenido por diversas instancias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en sus diferentes visitas a este país quienes afirman que la Tortura en México es generalizada y sistemática.

   

A pesar de la transición del poder y la llegada de la “democracia” con el gobierno de AMLO, la Tortura en México persiste. Entre enero de 2019 y marzo de 2020, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentó 18 casos2 de Tortura perpetrados en el actual sistema penal, en el estado de Chiapas. Los sobrevivientes de esta grave violación de derechos humanos son 17 hombres y 1 mujer, de ellos 2 personas son del pueblo Maya Tsotsil y una persona migrante de nacionalidad Hondureña. Los municipios en donde han ocurrido son: Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, Palenque, Cintalapa, Chicomuselo, Bochil, Altamirano y la Concordia.

  

La práctica de la Tortura, está enraizada y propagada en México. Existe la desconfianza dentro del nuevo sistema penal, específicamente en los funcionarios encargados de la procuración de justicia por seguir convalidando los actos de Tortura llevados a cabo por los cuerpos policiacos, los cuales perpetuán este método como parte de su práctica de investigación de los delitos. Esto debido a la falta de formación, capacitación y concientización frente al nuevo sistema judicial, en donde hemos constatado la falta de técnica para investigar, preservar evidencias, custodiar pruebas y cuidar la cadena de custodia en los hechos.

   

A pesar de tener en México una Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura, las Fiscalías Especiales para la Investigación del Delito de Tortura la desconocen, lo que permite que esta violación a derechos humanos se siga cometiendo de manera cotidiana.

   

Invitamos al presidente de la República a cumplir las recomendaciones dirigidas al Estado mexicano durante el 66 periodo de sesiones3 del Comité contra la Tortura de la ONU, realizadas el 25 de abril de 2019, en Ginebra, Suiza que son:

  

    • Atender las causas estructurales, escala y características específicas de la Tortura cometida contra personas y Pueblos Originarios, procurando que la atención y medidas de reparación integral en estos casos abarquen no solamente la dimensión individual sino también el impacto comunitario de los hechos.

        

    • Generar un mecanismo de control efectivo de las detenciones de personas indígenas en el que se garantice la presencia sin demora de un intérprete y un abogado defensor con conocimiento de su cultura, atendiendo los estándares internacionales de protección de los Pueblos Originarios.

        

       

    • Capacitar a los operadores de justicia en los estándares de protección de las personas indígenas privadas de libertad, con el fin de evitar la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, entre otras violaciones a sus derechos.

 

De la misma manera a que retome de forma inmediata la solicitud realizada por el relator del Comité contra la Tortura, Sr. Diego Rodríguez-Pinzón, el cual instó al Estado mexicano a hacer un pronunciamiento público donde reconozca y rechace el alcance de la Tortura y la impunidad, poniendo freno a la estigmatización hacia las víctimas y quienes les defienden, incluyendo un compromiso para no permitirla bajo ninguna circunstancia.

   

Exhortamos al presidente de la República, a no utilizar la crisis de salud pública derivada de la pandemia por COVID 19, para emitir informaciones que van en contra de la protección, respeto y garantía de los derechos humanos, pues tales circunstancias abonan al clima de impunidad y favorece la Tortura.

   

México, a 16 de abril del 2020.

   

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad -CCTI

 

 

Organización Mundial Contra La Tortura -OMCT

  

Grupo de Litigantes en América Latina

  

Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC – México; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) – México; Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, AC – México; Centro de Estudios Sociales y Legales (CELS) – Argentina; Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT) – Honduras; Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) – Guatemala; Mujeres Transformando el Mundo (MTM) – Guatemala; Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) – Colombia; Comisión de Derechos Humanos (COMISEDH) – Perú; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C. (CMDPDH) – México; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH) – Honduras; Comité de Familiares de las Víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y los primeros días de marzo de 1989 (COFAVIC) – Venezuela; Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY) – Paraguay; Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, A.C. (Documenta) – México; Fundación Comité de Solidaridad con Presos Políticos (FCSPP) – Colombia; Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (IDHUCA) – El Salvador; Observatorio Ciudadano – Chile; “ Xumek” Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos – Argentina; Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) – Suiza

 

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 
“Todos los Derechos para Todas y Todos” 
(conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

 

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH) (Hidalgo); Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Aluna Acompañamiento Psicosocial, A.C.(Ciudad de México); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e Indígenas, Asociación Civil (CECADDHI) (Chihuahua); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); “Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C.” (CAM) (Ciudad de México); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Centro Universitario por la Dignidad y la Justicia Francisco Suárez, S.J. (CUDJ)(Guadalajara, Jal.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.);  Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubernamental A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); Uno de Siete Migrando A. C.(Chihuahua, Chih.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).

2 Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas. Denuncias por Tortura no se investigan en Chiapas. 13 de mayo de 2019. Disponible en: https://frayba.org.mx/denuncias-por-tortura-no-se-investigan-en-chiapas/

3 En el informe alternativo de las OSC 20122019 se indica que, en particular, un eje transversal es la impunidad. Por ejemplo, la Unidad (hoy Fiscalía) Especializada de Investigación del Delito de Tortura a nivel federal informó en febrero de 2018 que, de 8,335 investigaciones por tortura que había conocido, había ejercitado acción penal en solamente 1710. En cuanto a sentencias condenatorias por tortura, en septiembre de 2015, el Estado informó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que existían sólo 15 condenas federales desde 2006, abarcando únicamente 8 causas penales. En el Tercer EPU de México en noviembre de 2018, el Estado informó al Consejo de Derechos Humanos que de 2013 a 2018 se habían emitido 36 “sentencias.”

 

Negar la existencia de la Tortura en México alienta la impunidad

Read more...

ACCIÓN URGENTE-Detención arbitraria de Yolanda Vargas González

by

 

Andrés Manuel López Obrador

Presidente de la República Mexicana

Miguel Ángel Riquelme Solís

Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza

Hugo Morales Valdés

CEDH del Estado de Coahuila de Zaragoza

Olga Sánchez Cordero

Secretaria de Gobernación

Alejandro Encinas Rodríguez

Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación

Gerardo Márquez Guevara

Fiscal General de Justicia de Coahuila de Zaragoza

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ACCIÓN URGENTE

Detención arbitraria de Yolanda Vargas González, defensora de Derechos Humanos y su hijo José Antonio Zúñiga Vargas

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) con domicilio para recibir información y notificación en calle Pitágoras número 1210, interior 18, Colonia Del Valle, C.P. 3100, Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, número celular 55 24 50 52 99 Coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad.

Solicita su intervención con carácter de urgente ante la detención arbitraria de la Defensora de Derechos Humanos Yolanda Vargas González y su hijo José Antonio Zúñiga Vargas.

 

HECHOS:

Esta tarde, alrededor de las 19:00 horas del sábado 11 de abril, fue detenida la defensora de derechos humanos Yolanda Vargas González en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Piedras Negras, Coahuila, después de que ella siguió a una patrulla (camioneta) en la que era traslado su hijo a esta dependencia.  

Previo a la detención de Yolanda Vargas, José Antonio Zúñiga Vargas (hijo de Yolanda Vargas) fue detenido tras un accidente de tránsito y en la detención el joven fue golpeado por policías de Seguridad Pública Municipal quienes lo trasladaron a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Piedras Negras. Yolanda Vargas persiguió a la patrulla en la que era trasladado su hijo y trató de ingresar a los patios de dichas instalaciones. No se le permitió ingresar ni salir del lugar; pues fue detenida y llevada al centro de detención municipal.

La defensora de derechos humanos iba acompañada de sus dos hijas, ambas menores de edad. Una de las menores fue esposada de manera ilegal, con claro abuso de autoridad y presenta lesiones en uno de sus brazos. Asimismo, las menores filmaron con sus celulares momentos previos de la detención.  

Yolanda Vargas es defensora de derechos humanos e integrante del Colectivo de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y, en este momento, es acusada de insultos a la autoridad.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) exigimos que el procedimiento e investigación del caso se siga de acuerdo a los derechos que dicta nuestra carta magna, así como en las leyes secundarias pertinentes para el caso.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los Artículos 14,18, 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) exige a las autoridades:

  1. Libertad inmediata e incondicional de Yolanda Vargas González, defensora de Derechos Humanos perteneciente al Colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como de su hijo José Antonio Zúñiga Vargas, debido a la detención arbitraria de la que fueron objeto ambos.
  2. Garantizar la integridad física y psicológica de Yolanda Vargas González, defensora de Derechos Humanos perteneciente al Colectivo Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas, así como de su hijo José Antonio Zúñiga Vargas.
  3. Que se investigue las lesiones que presenta una de las hijas de Yolanda Vargas, debido a que fue esposada de manera ilegal y que se finquen responsabilidades a los policías que lo cometieron.
  4. Vigilar que la autoridad se apegue al debido proceso, tanto en el caso de Yolanda Vargas como en el de sus hijos José Antonio Zúñiga Vargas y sus dos hijas menores de edad.

Para el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, este es un acto de intimidación por parte de las policías pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Pública en contra de la Defensora de Derechos Humanos y de su hijo, debido a sus actividades relacionadas con la búsqueda de personas desaparecidas y esto es preocupante en un ambiente de graves violaciones a derechos humanos que se vive en México.

 

Atentamente

Coordinación General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)

 

Lic. Cristian Urbalejo Luna

 

 

 

 

 

 

 

Read more...
Subscribe to this RSS feed