Contra la Tortura - Boletines

Boletines (83)

LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

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En el contexto de la crisis sanitaria, social y humanitaria que afecta al mundo con ocasión de la pandemia del COVID 19, los pueblos de Latinoamérica nos enfrentamos a grandes retos para afrontar tal desafío, dado el desmantelamiento de la salud pública ocasionada por las políticas neoliberales que privatizaron los servicios de salud y la convirtieron en una mercancía.

 

En Colombia, además de afrontar la pandemia, se requiere de manera urgente que el Estado y gobierno de Colombia, garanticen la plena vigencia del derecho a la vida y se garantice el respeto de los derechos humanos. Lamentablemente, y quizás como caso único en el mundo, en el contexto de la pandemia se registra un recrudecimiento de la violencia contra líderes/as sociales, personas privadas de la libertad y comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.

 

Lamentamos, condenamos y denunciamos ante el mundo los siguientes hechos:

 

  1. La masacre perpetrada por Instituto Nacional Penitenciario – INPEC- dependiente del Ministerio de Justicia de Colombia, el día 21 de marzo de 2020 que dejo como resultado 23 personas asesinadas y 85 heridos de bala en el Centro Penitenciario la Modelo de la ciudad de Bogotá, que reclamaban condiciones higiénicas para afrontar la pandemia del COVID

 

  1. El asesinato de los líderes indígenas Omar y Ernesto Guasiruma, indígenas del pueblo Embera, en el municipio de Bolívar, departamento del Valle del Cauca, ocurrida el 24 de marzo de

 

  1. El asesinato del defensor de derechos humanos y líder campesino Marco Rivadeneira, el día 19 de marzo en el departamento de

 

  1. El asesinato de Ángel Ovidio Quintero González, Presidente del Concejo Municipal de San Francisco, y líder de los mineros artesanales, el día 19 de marzo en el municipio de San Francisco, departamento de

 

  1. El asesinato del líder comunal lario Mecha, integrante de la Guardia indígena de la comunidad Wounaan Nonam del Chocó, el 15 de marzo en la ciudad de Bogotá.

 

  1. El asesinato de la lideresa social Carlota Isabel Salinas Pérez, el día 25 de marzo en municipio de San Pablo, departamento de Bolívar.

 

Los anteriores hechos criminales se suman al registro de las 50 personas asesinadas en meses anteriores durante el año 2020 y queda en evidencia que se trata de una práctica genocida sistemática que ocurre bajo la indolencia y negacionismo del gobierno del Presidente Iván Duque.

 

La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud Contra La Tortura, La Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos exige al gobierno de Colombia para que cumpla con sus obligaciones de garantizar y proteger la vida e integridad de quienes ejercen liderazgos sociales y de defensa de los derechos humanos, y a que se investigue, juzgue y se haga justicia a los responsables del plan sistemático de exterminio de los líderes y lideresas sociales y de defensores de Derechos Humanos.

La Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud Contra La Tortura, La Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos se solidariza con las familias de los líderes y lideresas asesinados y con las organizaciones sociales a las que pertenecían y en las que desarrollaban su labor en pro de la vida con justicia y dignidad.

 

 

Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay. Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.

Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.

Centro de atención Psicosocial CAPS Perú. Centro de Atención Psicosocial, (CAPS), Colombia

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.

Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina. Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.

Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador. Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.

Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.

Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala. Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú

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Pronunciamiento: CCTI denuncia negligencia del servicio de salud público y privado de la CDMX

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El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad denuncia la negligencia del sistema de salud público y privado de la Ciudad de México que impidió la oportuna atención a la señora María Martha, madre de una colaboradora de este colectivo.

El fallecimiento de María Martha, a causa de COVID-19 el 23 de marzo del presente año, fue precedido por una serie de omisiones y errores de diagnóstico y atención oportunos en un lapso de 6 días.

El CCTI acompaña en su luto a su colaboradora y a su familia y dará seguimiento al caso en espera de que se establezcan todas las garantías necesarias para la protección de su salud.

Exigimos que se realice una investigación exhaustiva para que se deslinden las responsabilidades correspondientes y se garantice la atención integral a los familiares y personas cercanas por posibles contagios. Proporcionar atención médica y certeza a las personas contagiadas es urgente y una obligación del Estado.

 

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Posicionamiento del CCTI en el marco del Día Internacional de la Mujer y el Paro Nacional de Mujeres

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El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) manifiesta su solidaridad con las distintas expresiones de lucha que las mujeres mexicanas hemos decidido realizar el 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer y el 9 de marzo con el Paro Nacional de Mujeres por la violencia e impunidad que enfrentamos las mujeres y niñas en México. No olvidamos que en la historia de la humanidad las mujeres hemos emprendido una larga lucha por hacer valer nuestros derechos y que es por las dificultades para acceder a la justicia que vivimos en resistencia.

Durante los 15 años en que nuestro colectivo ha documentado y acompañado casos de tortura, ha sido claro que nos enfrentamos a un ejercicio diferenciado de violencia. Los actos de tortura hacia las mujeres, en la mayoría de los casos, implican violencia sexual, es decir, una forma de violencia específica que se infringe en razón del género. Sin embargo, como colectivo planteamos que existen otras formas de violencia que también deben ser consideradas como actos de tortura.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia determina que la Violencia contra las Mujeres es: cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público. Así, algunas formas de violencia, aunque sean perpetradas por particulares, pueden ser consideradas como tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, de acuerdo con el derecho internacional, cuando por “indiferencia, (…) inacción o por la pasividad de los jueces y fiscales, no actúan con debida diligencia para proteger a las víctimas de esos actos de violencia o cuando la legitiman” (A/HRC/31/57).

Por ello, consideramos que la revictimización y la impunidad en casos como el feminicidio, la violencia familiar, la trata de personas y la violencia obstétrica, son formas de violencia de Estado que se reflejan en el actual contexto de violaciones graves a derechos humanos en que se afecta la integridad física y psicológica de las mujeres. Esto se reconoce parcialmente en el nuevo marco legal en materia de tortura en nuestro país, aprobado en 2017, que establece que la tortura puede tener distintos fines, uno de ellos son las razones basadas en la discriminación, cuando sus actos causen dolor o sufrimiento físico, disminuyan o anulen la personalidad de la víctima o se realicen procedimientos médicos sin consentimiento. Sin embargo, es necesario considerar que, como se ha establecido en los estándares a nivel internacional, estas formas de violencia de género son actos de tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, cuando se comprueba que se realizan en un contexto de impunidad y se legitiman por el propio Estado.

Señalamos que este planteamiento ha enfrentado la resistencia por parte de las instancias de procuración de justicia encargadas de investigar y sancionar los delitos de los funcionarios públicos con perspectiva de género y con una adecuada tipificación; situación que impide que se reconozca la gravedad de los daños físicos y psicológicos y que las víctimas accedan a una adecuada reparación integral del daño.

Por lo anterior, exigimos al Estado:

  • reconozca su responsabilidad en la existencia de un contexto que normaliza la violencia de género al generar impunidad en su tipificación, falta castigo a responsables, reparación a víctimas y medidas efectivas de no repetición;
  • reconozca las formas de violencia de género en donde estén involucrados servidores públicos, por acción u omisión, como actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, utilizando el nuevo marco legal en materia de tortura en nuestro país; y
  • garantice la elaboración de dictámenes, procesos de acompañamiento y rehabilitación con perspectiva de género, que eviten procesos de revictimización e impunidad y permita ejercer los derechos a la verdad, justicia y reparación.

Exigimos que se garantice a las mujeres y niñas el derecho a una vida digna y libre de violencia 

Alto a los feminicidios

Esclarecimiento y verdad en las desapariciones de las mujeres y niñas

Espacios libres de violencia

 

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C.

 

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Comunicado de prensa

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Comunicado de prensa

 México, Ciudad de México, 16 de diciembre de 2019.

 EN EL PRIMER AÑO DE GOBIERNO DE AMLO LA IMPUNIDAD

EN MATERIA DE TORTURA SIGUE SIENDO DE 99%: CCTI

 El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) presentó su balance de casos de tortura en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

 Anunció la graduación de 45 expertos independientes en documentación de tortura luego de ser capacitados por la Universidad Iberoamericana y CCTI.

 A un año del gobierno nuevo la impunidad en materia de tortura sigue siendo de 99%; no hay reparación del daño a los sobrevivientes de tortura; y la delincuencia organizada uniformada, es decir, los elementos del ejército y policías, que son los principales torturadores, están total y absolutamente impunes, aseguró Fernando Valadez, integrante de acompañamiento psicosocial del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

 Al participar en la presentación del balance de casos de tortura en el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador elaborado por el CCTI, señaló que la población migrante en las estaciones migratorias es torturada y maltratada hasta en un 90%.

 En el evento realizado en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), destacó que existen torturas “ocultas” como son la violencia obstétrica, es decir los médicos de instituciones públicas que maltratan a los pacientes y también los maestros golpeadores de instituciones públicas educativas. En ambos casos cometen delito de tortura, refirió.

 Por su parte, Cristian Urbalejo Luna, Coordinador General del CCTI dijo que es preocupante el ambiente de impunidad que se vive frente a la tortura, en el gobierno de la Cuarta Transformación.

 Recordó que la tortura ha sido como un medio de contención social, prueba de ello, dijo, es la militarización y la contención de los migrantes.

 Exigió a las titulares de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Mara Gómez Pérez, realizar seguimiento a las recomendaciones internacionales realizadas por el Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que le han hecho al Estado Mexicano.

 Estas recomendaciones son, que se lleve a cabo una adecuada reparación integral del daño, pues para combatir la impunidad, se debe dar una rehabilitación integral lo más completa posible; realizar una evaluación de los programas de capacitación con respecto al tema de la tortura en la aplicación de los dictámenes médico-psicológicos para el tema de la investigación de tortura.

 Urbalejo Luna dijo que un tema pendiente es el Registro Nacional del Delito de Tortura, previsto en la Ley General de Tortura. En este sentido, señaló que el papel de la CNDH y las comisiones de derechos humanos locales es fundamental para presionar a los gobiernos estatales para consolidar esta base.

 El retraso de las evaluaciones médico-psicológicas abona a la impunidad, ya que las personas que señalan ser víctimas de tortura no tienen un acceso pronto y expedito al dictamen, concluyó.

 Al hacer uso de la palabra, Mariana Castilla Calderas, psicóloga capacitadora, dijo que para el CCTI es una preocupación importante que no se realicen acciones contundentes para terminar con la impunidad y con la práctica sistemática de la tortura. La impunidad en el país se ve reflejada en que en México no se investiga la tortura conforme a los estándares internacionales, finalizó.

 Finalmente, Emmanuel Santos Narváez, psiquiatra capacitador del CCTI, informó que el CCTI junto con la Universidad Iberoamericana realizaron la capacitación de 60 profesionistas en materia de documentación de tortura.

 

 

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Conmemoramos la caída en combate de Lucio Cabañas Barrientos junto a otros miembros de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de Los Pobres.

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Ayer 2 de diciembre en Atoyac y hoy 3 de diciembre en Chilpancingo, conmemoramos la caída en combate de Lucio Cabañas Barrientos junto a otros miembros de la Brigada de Ajusticiamiento del Partido de Los Pobres. En esa época se estableció en Guerrero el Terrorismo de estado con Detenciones Arbitrarias, Tortura, Desapariciones forzadas, Desplazamientos forzados y Ejecuciones extrajudiciales, ilegales o arbitrarias.
El Terrorismo de Estado no cesó con la caída en combate de Lucio Cabañas. En Guerrero se reconocen más de 600 desapariciones, de las cuales más de 400 fueron desaparecidos en Atoyac. Al contrario, se disfrazó y se camuflajeo durante 45 años. Tan es así que la desaparición forzada de Rosendo Radilla, fue juzgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sentenció hace 10 años ya, al Estado Mexicano a dar a conocer la situación y paradero de Rosendo Radilla; punto que el Estado mexicano no ha cumplido y del cual tiene todos los elementos para darlo a conocer: en los archivos del ejército está la verdad, verdad que necesitamos conocer para que se procese a los perpetradores y llegue la justicia. Justicia necesaria para que haya un real Estado de Derecho.

El Terrorismo de Estado volvió a actuar en 2011 al asesinar en Xaltianguis a doña Isabel Ayala Nava (esposa de Lucio) y su hermana Reyna. Y en 2013 se hizo sentir con las ejecuciones de líderes sociales como Arturo Hernández Cardona, Raymundo Velázquez, Rocio Mesino, Luis Hernández y otros activistas.que los acompañaban Llegó 2014 con la criminal noche de Iguala y los 3 estudiantes normalistas ejecutados y los 43 desaparecidos. De este fatídico caso es necesario y emblemático recordar a los 4 normalistas
originarios de Atoyac, Cutberto Ortiz Ramos, Cutberto Ortiz Ramos que es nieto de un abuelo desaparecido y sobrino de 4 tíos desaparecidos precisamente en los años 70s, Bernardo Flores Alcaraz, Israel Jacinto Lugardo y Jonás Trujillo González.
En Guerrero se viven aún ejecuciones como las ocurridas en Tlapa, de Antonio Díaz Vivar en 2015, de Ranferi Hernández Acevedo y su familia en 2017 y de Arnulfo Cerón Soriano apenas el mes pasado.

Hay continuidad de la represión y del Terrorismo de Estado a lo largo de estos 45 años. Tanta como la responsabilidad del estado en investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos
y los crímenes de lesa humanidad.
Hoy junto con el maestro comandante Lucio Cabañas Barrientos tenemos obligación de:
Recordar a las miles de víctimas y a los sobreviviente.
Tenemos que sembrar memoria para que las nuevas generaciones sepan que las luchas se han
regado con sangre y dolor. Los derechos han sido conquistados, nada ha sido dado gratuitamente.
Y tenemos que construir base social con conciencia social: movimientos y luchas que le sirvan a los más pobres, a las víctimas.

Honremos las palabras de Lucio:
Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo.
Lucio vive, la lucha sigue.
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero. FODEG.
# Yosoy132 Acapulco.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI

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BOLIVIA - PRONUNCIAMIENTO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

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BOLIVIA - PRONUNCIAMIENTO DE LA RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

– 26-Noviembre-2019

Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, Expresamos: - Nuestro más enérgico repudio al golpe de Estado cívico-militar/policial perpetrado contra el gobierno constitucional en el hermano país de Bolivia. - Nuestra solidaridad al hermano pueblo de Bolivia. - El mas firme apoyo de las acciones llevadas a cabo por el Instituto de Terapia e Investigación sobre las secuelas de la tortura y la violencia estatal (ITEI) de Bolivia, miembro de nuestra RED y del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura (IRCT).


Manifestamos nuestra profunda preocupación por la actual represión política orquestada por las fuerzas policiales y militares y con el respaldo del autoproclamada presidenta Jeanine Añez, en ausencia del pleno de la cámara legislativa, así como por los padecimientos por los que está atravesando su pueblo.

Consideramos particularmente alarmante e inadmisible el decreto que establece que:
“El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones actúe en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad, de conformidad con el articulo 11 y 12 del Código penal, Ley 1760, y el Código de Procedimiento Penal”.

Nos solidarizamos con las siguientes demandas que nos ha hecho llegar el ITEI de Bolivia, centro miembro de esta Red, que se encuentra asistiendo a las víctimas, quienes solicitan:
 Una comisión internacional de expertos que intervenga en Bolivia para:
1. Visitar los centros de detención del país donde se encuentran las personas afectadas por la represión militar/policial.
2. Realizar una revisión de las autopsias de los muertos en los conflictos de Sacaba y Senkata con peritos forenses y en balística.
3. Visitar a las personas afectadas en y fuera de los centros de detención.
 Que las instancias internacionales:
1. Pidan que se respeten los derechos de las personas detenidas, que éstas puedan tener acceso a un trato digno, a tratamiento médico, a valoraciones médico forenses para evaluar su estado psicofísico en los casos que han estado expuestos a la represión militar/policial.
2. Interroguen el accionar del Estado boliviano sobre su accionar represivo.
3. Pidan al gobierno de transición que ordene a las fuerzas del orden (Ejército y Policía) que respeten los derechos humanos sin el uso indiscriminado de la fuerza en contra de ciudadanos/as que marchan haciendo uso del derecho fundamental
de manifestar públicamente.
4. Pidan al gobierno de transición que haga respetar la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes de las Naciones Unidas, firmada y ratificada por Bolivia, previniendo todo abuso de poder que vaya en
contra de la población.
5. Pidan al gobierno de transición que dé todas las garantías para que los organismos de derechos humanos cumplan con su función y puedan atender a las personas afectadas por la represión militar y policial.

A través de este comunicado exigimos el cese inmediato de la represión política, de la tortura a los detenidos y su inmediata liberación, junto con el cese de los asesinatos y
de todas las violaciones a los derechos humanos en contra de la población.


Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus
Familiares (CPTRT), Honduras.
Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Perú.
Centro de Atención Psicosocial (CAPS), Colombia
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú.

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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

Juventina Villa Mojica, retomó el liderazgo de campesinos ecologistas de la región de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, a raíz del artero asesinato de su esposo Rubén Santana Alonso por paramilitares ligados al caciques y carteles, en febrero de 2011.
En mayo de ese año, doña Juventina Villa encabezó el primer desplazamiento forzado de los habitantes de La Laguna que se refugiaron en Puerto de Las Ollas en las alturas de la Sierra.
Permanecieron ahi desplazados, olvidados e ignorados por el gobierno estatal durante 7 meses y a finales de noviembre de 2011 retornaron a La Laguna.
Durante 1 año soportaron los violentos hostigamientos de los sicarios paramilitares. Se sumarian por lo menos 4 muertos mas hasta que las amenazas cumplidas y agresiones fueron insoportables.
Doña Juventina le exigió al gobierno de Angel Aguirre que los evacuara para salvar vidas y así coordinó con el gobierno del estado un segundo desplazamiento forzado.
Mientras esperaban inutilmente los camiones que los trasladarian, la mañana del 28 de noviembre de 2012, doña Juventina buscó comunicarse via telefonica y junto con su hijo Reynaldo subieron en una cuatrimoto a una loma donde fueron emboscados y masacradosñ, sobreviviendo otra hija de 7 años de edad.
Después de estas ejecuciones 45 familias se desplazaron de La Laguna a diferentes lugares de Guerrero donde permanecen en condiciones muy precarias.

El caso de La Laguna suma a lo largo de mas de casi 20 años mas de 30 ejecutados, 3 desaparecidos, varios encarcelados. El común denominador es la falta de justicia. La total impunidad.

A 7 años de su trágico asesinato, recordamos a doña Juventina Villa Mojica, su lucha y su dolor.

A 7 años de su ejecución, la exigencia de justicia esta vigente.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero FODEG

 
 
 
 
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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

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A 7 años de la ejecución de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa persiste la Impunidad.

Juventina Villa Mojica, retomó el liderazgo de campesinos ecologistas de la región de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, a raíz del artero asesinato de su esposo Rubén Santana Alonso por paramilitares ligados al caciques y carteles, en febrero de 2011.
En mayo de ese año, doña Juventina Villa encabezó el primer desplazamiento forzado de los habitantes de La Laguna que se refugiaron en Puerto de Las Ollas en las alturas de la Sierra.
Permanecieron ahi desplazados, olvidados e ignorados por el gobierno estatal durante 7 meses y a finales de noviembre de 2011 retornaron a La Laguna.
Durante 1 año soportaron los violentos hostigamientos de los sicarios paramilitares. Se sumarian por lo menos 4 muertos mas hasta que las amenazas cumplidas y agresiones fueron insoportables.
Doña Juventina le exigió al gobierno de Angel Aguirre que los evacuara para salvar vidas y así coordinó con el gobierno del estado un segundo desplazamiento forzado.
Mientras esperaban inutilmente los camiones que los trasladarian, la mañana del 28 de noviembre de 2012, doña Juventina buscó comunicarse via telefonica y junto con su hijo Reynaldo subieron en una cuatrimoto a una loma donde fueron emboscados y masacradosñ, sobreviviendo otra hija de 7 años de edad.
Después de estas ejecuciones 45 familias se desplazaron de La Laguna a diferentes lugares de Guerrero donde permanecen en condiciones muy precarias.

El caso de La Laguna suma a lo largo de mas de casi 20 años mas de 30 ejecutados, 3 desaparecidos, varios encarcelados. El común denominador es la falta de justicia. La total impunidad.

A 7 años de su trágico asesinato, recordamos a doña Juventina Villa Mojica, su lucha y su dolor.

A 7 años de su ejecución, la exigencia de justicia esta vigente.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI
Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero FODEG

 
 
 
 
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El caso Ayotzinapa ES UN CRIMEN DE ESTADO

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El caso Ayotzinapa ES UN CRIMEN DE ESTADO

Ante las declaraciones del presidente López Obrador el pasado domingo 24 de noviembre de 2019, en la ciudad de Tlapa, Gro., el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, hace el siguiente posicionamiento público respecto a lo sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014:

1.-Un crimen de Estado se define como "aquellos delitos cometidos por agentes estatales o por particulares que actúan en complicidad o por tolerancia del Estado", en particular el caso Ayotzinapa implica la participación de instituciones de seguridad pública municipal, estatal y federal, de las Fuerzas Armadas.

2.- La búsqueda justicia se ha caracterizado por actos que favorecen la impunidad. El GIEI y la OACNUDH-México documentaron la existencia de tortura a presuntos culpables. El Tribunal Superior de Justicia que desapareció videos del palacio de justicia de Iguala que forman parte del aparato de gobierno.

3.- La colusión de las cúpulas empresariales, de los empresarios turisteros de Guerrero, de los grandes medios corporativos de información (televisión, radio y periódicos) así como de jerarcas de las distintas iglesias que se sumaron a la criminalización y las campañas de odio en contra de los normalistas de Ayotzinapa y al "ya supérenlo" de Enrique Peña Nieto. Los medios de comunicación y las iglesias son parte del Estado.

4.- López Obrados como titular del poder ejecutivo es parte del Estado Mexicano, sin embargo, éste es mucho más amplio y complejo que el gobierno federal. Recordémosle, que cualquier desaparición forzada al ser un crimen de Estado, es una violación múltiple y continuada de varios derechos y, en tanto la persona siga desaparecida, la violación a derechos y el delito siguen produciéndose. De acuerdo al Principio de Continuidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de un crimen de Estado subsiste independientemente de los cambios de gobierno.

Recordemos que han pasado 5 años y el caso Ayotzinapa no se ha resuelto:
-No se ha informado sobre el paradero de los estudiantes.
-No hay detenidos ni juzgados por las ejecuciones arbitrarias de 6 personas ni los heridos de bala de esa noche.
- No hay personas juzgadas y sentenciadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas.
- No han sido sancionados los delitos del orden común o federal, ni las graves violaciones a los derechos humanos cometidos el 26 de septiembre de 2014.
- Las medidas de Restitución, Satisfacción, No repetición, Rehabilitación integral y Compensación no existen para el conjunto de victimas.

Si en verdad López Obrador quiere diferenciarse de los gobiernos anteriores, que cumpla con el primer punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -sentencia emitida exactamente hace 10 años- y ordene a las Fuerzas Armadas que diga dónde está Rosendo Radilla, desaparecido forzadamente por el ejército en 1974.

Exigimos al presidente López Obrador que encuentren a los 43 normalistas: enjuicie y sancione a los responsables de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa para que cese la impunidad.

El caso Ayotzinapa está impune.
Fue el Estado con Rosendo Radilla.
Es el Estado con Ayotzinapa.

Dado que hay delitos y violaciones a derechos humanos continuadas sigue siendo un crimen de Estado.

 
 
 
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CHILE- Pronunciamiento de la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

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CHILE- Pronunciamiento de la RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS
Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, hacemos llegar nuestra solidaridad al hermano pueblo de Chile y nos pronunciamos en apoyo a la declaración pública de CINTRAS, miembro de nuestra RED y del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura -IRCT-
Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.
Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), Honduras.
Centro de atención Psicosocial CAPS Perú.
Centro de Apoyo Psicosocial, (CAPS), Colombia
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal (ITEI), Bolivia.
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
Red para la Infancia y la Familia (REDINFA), Perú
DECLARACION PÚBLICA
CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos, frente a los hechos que vive
nuestro país, declaramos:
1.- El absoluto rechazo a la declaración del Estado de Emergencia, “de una Guerra
contra un enemigo poderoso” y la consecuente ocupación de las ciudades por parte de
militares. No hay excusa para responder a legítimas demandas sociales con la
militarización del país.
2.- La decisión del gobierno de Sebastián Piñera, al decretar Estado de Emergencia, con
las implicancias que tiene: militares en las calles, toque de queda, helicópteros
sobrevolando la ciudad, detenciones, abuso de poder y personas asesinadas; no sólo
aumenta la tensión existente, sino que además, retraumatiza a una parte significativa
de la población, que tuvo que vivir los horrores y crímenes de la dictadura.
3.- Como ONG que trabaja en Salud Mental, apoyamos las demandas del pueblo, ya
que tenemos plena conciencia de los efectos que tiene en la salud de las personas vivir
en un sistema social, político y económico, que tiene como eje central la ganancia de
quienes ejercen el poder a costa de la precarización de la vida de la mayoría de la
población.
4.- Es inaceptable que frente a problemas políticos y demandas sociales, la única
respuesta del Estado sea la represión y criminalización de la protesta social. Esta
represión (que no es sólo de hoy) se ha expresado en abusos de poder de parte del
aparato policial, que se ha traducido en detenciones arbitrarias, tortura y malos tratos
a los detenidos, lo cual transgrede todas las convenciones firmadas por Chile en
materia de Derechos Humanos.
5.- El estallido social existente es la consecuencia de las acciones de décadas por parte
del poder ejecutivo, legislativo y judicial. Un poder ejecutivo que realiza acciones y
promueve leyes que perjudican a la mayoría de la población en beneficio de unos
pocos; un poder legislativo que ha aprobado dichas leyes que nos perjudican; y un
poder judicial que no ha ejercido la justicia que corresponde frente a los delitos que
comenten quienes ostentan poder.
6.- Consideramos que la única forma de abordar la solución de las demandas sociales
debe ser política, con cambios estructurales del funcionamiento del Estado. Lo anterior
es sólo alcanzable mediante un llamado a una Asamblea Constituyente con la
participación directa de la población. No se puede seguir construyendo un Estado sin la
participación del pueblo.
Santiago, Octubre de 2019.- ONG CINTRAS

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