Contra la Tortura - Boletines

Boletines (83)

DÍA INTERNACIONAL EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE TORTURA DE NACIONES UNIDAS

by

26 DE JUNI0 DE 2018.

 

DÍA INTERNACIONAL EN APOYO A LAS VÍCTIMAS DE TORTURA

DE NACIONES UNIDAS

 

14° ANIVERSARIO DEL COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD.

PRONUNCIAMIENTO

 

A las organizaciones sociales.

A medios de comunicación.

A la sociedad civil.

 

Compañeros, compañeras:

Una vez más ha transcurrido un año de lucha contra la tortura y la impunidad. Los organismos nacionales, internacionales y nosotros,  hemos documentado que la tortura se practica de manera generalizada, sistemática y permanente en México sin que los culpables sean enjuiciados.

 

“Según cifras de la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Tortura federal, creado en octubre de 2015, informó en febrero de 2018 que había abierto 8335 investigaciones y ejercitado acción penal en sólo 17casos. En 2017, ordenó la realización de peritajes médico-psicológicos para buscar secuelas de tortura en sólo 17 casos. En julio de 2017, informó de 1847 investigaciones iniciadas contra integrantes del Ejército, de las cuales sólo había judicializado 4 casos. Sólo tenemos conocimiento de una condena por tortura sexual a mujeres, recientemente sentenciada después de 16 años, cometida a Valentina Rosendo Cantú por militares, fenómeno ampliamente documentado como componente sistemático en la tortura a las detenidas.”

 

Siendo las autoridades civiles, militares y policíacas las principales perpetradoras de este delito, que es continuado, como también es el caso de las cárceles que son centros permanentes de tratos crueles, inhumanos, degradantes y de tortura. A pesar de contar con un Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que hoy se encuentra en reestructuración.

 

También consideramos tortura continuada,  el caso de los familiares de desaparecidos, como la que sufren los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, en particular, y de todas las familias con personas desaparecidas. Además se agrega el reciente fallo de un tribunal colegiado sobre la denuncia de tortura, que sufrieron posibles responsables de los hechos, para aceptar la declaración sobre la supuesta “verdad histórica” que la autoridad asumió como única y legal.

 

 

 

 

Ahora militares y policías se valen, además, de “delincuentes organizados”, controlados por ellos, con el objeto de tener más elementos de impunidad. La impunidad casi absoluta constituye el eje transversal que perpetúa la violencia y las violaciones a derechos humanos.

 

A raíz de la generalización de la violencia, se han ampliado el número y sectores de víctimas, pero las instituciones encargadas de atender a esta creciente población como es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas albergan limitaciones en sus capacidades para dar una atención integral, que atienda de manera diferenciada las necesidades de las víctimas; por el contrario, han provocado su revictimización.

 

En las Estaciones Migratorias mexicanas del Instituto Nacional de Migración, se maltrata y tortura a la mayoría de los migrantes detenidos, de origen centroamericano principalmente.

 

“Según cifras oficiales, de 2014 a 2016, de 5824 delitos cometidos contra personas migrantes en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Sonora, Coahuila y a nivel federal, sólo existe evidencia de 49 sentencias (0.84%).”

 

“En 2014, según cifras oficiales, 4 de cada 10 niños y niñas de 12 a 17 años fueron víctimas de delito o maltrato. Se estima a partir de datos oficiales de 2015 que, tratándose de delitos investigados que por su naturaleza afecten casi de manera exclusiva a la niñez, sólo aproximadamente el 1.4% deriva en alguna condena.”

 

Abrazamos a las familias que están sufriendo la tortura masiva al ser separados de sus seres queridos en Estados Unidos, un crimen que se añade a la larga lista de casos en la historia de la humanidad, verdadero crimen de lesa Humanidad.

 

Estamos convencidos de que continuar una lucha junto con las organizaciones civiles y de derechos humanos podemos lograr un mundo mejor, con verdad y justicia, donde vivamos libres de crímenes de lesa Humanidad

 

Seguiremos a lado de las personas que nos necesiten.

Continuaremos exigiendo al estado una vida libre de tortura.

Exigiremos la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y de los más de 30 mil mexicanos que aún continúan desaparecidos y no han regresado a casa.

Por las personas que son torturadas y esperan ver la luz justicia

 

 

 

¡NO NOS CALLARÁN!

 

Fraternalmente:

 

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C.

 

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Actualidad y Contexto de una Ley ausente para personas desaparecidas

by

A los trabajadores de la prensa:

Les compartimos el siguiente boletín de prensa donde anunciamos la realización del Foro: DESAPARICIÓN DE PERSONAS, "ACTUALIDAD Y CONTEXTO DE UNA LEY AUSENTE"

 

 

Boletín de Prensa

 

Actualidad y Contexto de una Ley ausente para personas desaparecidas

 

         Chilpancingo, Guerrero, 28 de mayo de 2018.- El insatisfactorio avance en el tema de desaparición en México, particularmente en Guerrero, ha convocado a las organizaciones defensoras de Derechos Humanos a seguir trabajando para visibilizar el arduo camino que día a día mujeres, hombres y niños recorren para buscar a sus familiares desaparecidos enfrentándose a una autoridad omisa e impune, además de enfrentarse también al alto riesgo que representa vivir en los municipios con las cifras más elevadas de homicidios.

Es así que consideramos importante realizar un análisis conjunto entre familias y colectivos con organizaciones nacionales e internacionales que han dado seguimiento a este marco de omisión en el cumplimiento de las leyes creadas para garantizar seguridad, verdad, justicia y atención a las víctimas. Este debate acerca de los retos y las dificultades que las familias de víctimas de Guerrero, las compartiremos con otras organizaciones y colectivos de víctimas del país.

El colectivo de víctimas de la montaña baja, conformada en su mayoría por familias indígenas, ha sido uno de los mayores testigos de la ausencia de las leyes, principalmente en la atención a víctimas, pues la falta de sensibilidad en los mecanismos administrativos oficiales para comprobar recursos son muy rigurosos en comparación al contexto de las comunidades, donde es imposible obtener facturas para cubrir los gastos funerarios que sus costumbres les marcan. Por lo tanto, las familias que han encontrado a su desaparecido sin vida, han cubierto dichos gastos generando deudas de hasta 40 mil pesos que la CEAVGro se niega a cubrir si no hay factura de por medio.

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad por su parte, ha podido corroborar que existe una necesidad urgente para la atención psicosocial más comprometida con las familias, pues las consecuencias de las desapariciones se reflejan en secuelas psicológicas y psicosociales en los ámbitos personal, familiar, social, económico y étnico; también con secuelas en la salud física que requieren de atención oportuna, eficaz y especializada que haga efectivo el derecho a la salud, incluyendo consultas y medicinas, evitando la simulación de una atención institucional que da consultas y recetas sin surtir, dejando a las familias el dilema de gastar más en medicinas comida en los procesos de búsqueda.

Para nosotros es de mucha trascendencia la realización del foro Desaparición de personas: Actualidad y contexto de una ley ausente, donde estará el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, representante de amnistía Internacional, brigadas internacionales para las paz, Fundación pata la justicia, Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Comité Cerezo México, Centro de Derechos Humanos para las Mujeres, Centro diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Tlachinollan, la Red Nacional de organismos civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todo”, Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) y el Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón”.

Como resultado de este foro esperamos encontrar alternativas de coordinación entre los diferentes colectivos para que las familias accedan a la verdad y a la justicia y al ejercicio pleno de sus derechos como víctimas, así como  denunciar de manera oportuna las omisiones, desviaciones en que incurren los responsables de las diferentes instituciones, creadas para atender a las víctimas.

 

Atentamente:

¡Por una Sociedad Fraterna y una Vida Digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos ¡José Ma. Morelos y Pavón!

Colectivo Contra la Tortura la Tortura y la Impunidad

 

 

 

Araceli Tecolapa Alejo.

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Comisión de Comunicación

 

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos 

"José Ma. Morelos y Pavón "

Calle 13 Norte #920-A, Barrio de la Villa, 

Chilapa de Álvarez, Guerrero.

 

Cel. 756 130 6227 

 

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Pronunciamiento de personas Expertas en Acompañamiento Psicosocial en Desaparición Forzada

by

Personas Expertas en Acompañamiento Psicosocial en Desaparición Forzada y por
Particulares expresan su preocupación frente a declaraciones del Fiscal Especializado
en Personas Desaparecidas de Jalisco
Mayo 15, 2018


A los colectivos de familiares de personas desaparecidos del estado de Jalisco y de México
A la sociedad en general
A los medios de comunicación


El pasado 11 de mayo del presente año, el recién nombrado Fiscal Especializado en Personas
Desaparecidas del Estado de Jalisco, José Raúl Rivera Rivera, realizó en entrevista para el
periódico Mural1, una serie de declaraciones que no sólo son técnicamente incorrectas sino
que aúnan a la estigmatización de los colectivos de familiares de personas desaparecidas y
sus acompañantes. Estas declaraciones resultan todavía más preocupantes cuando provienen
de un servidor público cuya responsabilidad es la búsqueda de personas desaparecidas y la
atención a los familiares, sus colectivos y organizaciones acompañantes.


Frente a estas graves declaraciones, puntualizamos lo siguiente:


1. El Fiscal utiliza el “Estrés Post Traumático” para deslegitimar las manifestaciones
públicas de familiares de personas desaparecidas y estigmatizar a sus acompañantes
En sus declaraciones, el Fiscal define el “Estrés Post Traumático” de la siguiente forma:
“Cuando alguien sufre un evento de naturaleza cualquiera, es decir, a mí me golpean afuera
de la Fiscalía, o afuera de la Comisión de Derechos Humanos lo que quiero es no volver a
pasar por ahí”. A continuación, el Fiscal utiliza este concepto para aseverar que las marchas
generan “revictimización de las personas”, que “tantas marchas están vulnerando el aspecto
emocional de los familiares de las víctimas” y que “tantas marchas están haciendo sufrir a los
familiares”.


Como profesionales en psicología y acompañamiento psicosocial, nos parece importante
destacar dos aspectos: el primero es el desconocimiento del Fiscal de esta categoría
diagnóstica, pues si bien el Síndrome Estrés Post Traumático incluye síntomas de evitación a
estímulos asociados al evento traumático, va más allá de “no querer pasar por ahí”. El
segundo aspecto se deriva de las críticas ampliamente documentadas sobre la utilización de
esta categoría al referirse a los impactos psicológicos y psicosociales de la desaparición
forzada y por particulares, pues invisibiliza la naturaleza dialéctica del trauma entre la
dimensión individual y la dimensión social y política de esta la problemática, que hoy en día
afecta a los familiares de los más de 30 mil personas desaparecidas. De tal forma que la
reduce a un asunto individual y, por lo tanto, al ámbito privado.


Pero lo que resulta realmente grave es que el Fiscal utilice esta terminología para deslegitimar
las manifestaciones públicas de las víctimas, tachándolas como formas de revictimización, y
estigmatice a los acompañantes y defensores de derechos humanos, pues más adelante afirma
que “hay actores que hacen de la manifestación su forma de vida”.


1 En el siguiente link se puede acceder a la nota completa:
https://www.mural.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1391646&md5=863b3b1af4879b85951e3efa
24f04479&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe&lcmd5=bd67fa343c92c3e80c8fc6b6da72d6eb


2. La impunidad es la fuente más importante de revictimización para los familiares de
personas desaparecidas
Diversos estudios de impacto psicosocial en familiares de personas desaparecidas muestran
que la impunidad, entendida como la falta de búsqueda, investigación y sanción a los
responsables, mantiene a los familiares en la incertidumbre y los obliga a involucrarse en la
búsqueda y la investigación. Esto genera importantes consecuencias, tales como la ruptura del
proyecto de vida, el deterioro socioeconómico, la estigmatización y la profundización del
duelo congelado.


3. La organización y el apoyo mutuo entre familiares de personas desaparecidas, así
como las marchas y manifestaciones públicas son una forma de afrontamiento
positivo frente a las desapariciones forzadas y por particulares, así como frente a la
impunidad


Con base en nuestra experiencia acompañando innumerables procesos de búsqueda de
familiares y colectivos que van desde los casos de los años 70s, los miles de casos derivados
a partir de la estrategia de seguridad de Felipe Calderón en el 2006 y los que continúan
ocurriendo en la actual administración, podemos afirmar que la organización y el apoyo
mutuo entre familiares constituyen formas de afrontamiento positivo frente a los impactos de
las desapariciones y la impunidad. Estos espacios permiten romper el aislamiento y la
privatización del daño, fortalecer lazos de apoyo y solidaridad, así como sus demandas de
verdad y justicia.


Contrariamente a lo dicho por el funcionario, las marchas, entre otras acciones colectivas, que
los familiares llevan a cabo “no los hacen sufrir” sino que se convierten en un sostén
subjetivo que les permite seguir viviendo en medio de la peor tragedia y enfrentar el olvido,
la impunidad y las injusticias. En el caso específico de Jalisco, vale resaltar actos de memoria
que han organizado colectivos y familiares de desaparecidos como el predio “La ley de la
verdad” en Lagos de Moreno, la “Glorieta de las y los desaparecidos” en Guadalajara e
iniciativas como “Bordamos por la paz”.


Las manifestaciones públicas de exigencia de búsqueda de las personas desaparecidas y de
justicia contribuyen a visibilizar la problemática y tienen un sentido reparador en la medida
en que abonan a que los hechos no se repitan.


4. Los familiares de personas desaparecidas organizados en colectivos han mostrado una
importante capacidad propositiva e incluso han realizado labores de búsqueda e
investigación que corresponden al Estado


El Fiscal se expresa en el sentido de que “yo no he visto proposiciones para mejorar el
sistema de justicia, yo no he visto que alguien diga 'vamos ayudar a la Fiscalía', yo no he
visto que digan, 'vamos a apoyar a la gente que va llegando', yo no he visto que digan, 'ah, el
fiscal nuevo, hay que ayudarlo'”.


Con estas declaraciones, el Fiscal niega las múltiples acciones que durante años han realizado
tanto las familias, como otros actores de la sociedad civil en el ánimo de movilizar el sistema
de justicia para responder a este grave fenómeno que no es nuevo ni en Jalisco ni en el país.
Por ejemplo, a nivel nacional: el impulso y la participación en la elaboración de la Ley
General de Víctimas, la Ley General en materia de Desaparición Forzada de personas,
Desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y la
Ley Federal de Declaración de Ausencia por Desaparición. En el estado de Jalisco, destaca el
impulso y la participación de diferentes colectivos de familiares en la creación de su propia
Fiscalía y en la elaboración de su Reglamento.


El Fiscal desconoce también que, en muchos casos, las investigaciones y los hallazgos más
significativos son llevados a cabo por los familiares, de modo que son ellos y ellas quienes
han realizado una parte considerable de las funciones que le corresponderían a la Fiscalía.


Por lo anterior, quienes firmamos este pronunciamiento manifestamos que:
● Rechazamos el uso de categorías psicopatológicas para deslegitimar las acciones de
los colectivos de familiares de personas desaparecidas y estigmatizar a sus
acompañantes y defensores de derechos humanos.
● Hacemos un llamado al Fiscal Especializado en Personas Desaparecidas en el Estado
de Jalisco, José Raúl Rivera Rivera, a profundizar en el conocimiento de los impactos
psicosociales de la desaparición forzada y por particulares, rectificar sus afirmaciones
reconociendo los aportes de los familiares y conducirse con respeto a la dignidad de
los familiares de las personas desaparecidas y sus colectivos.
● Hacemos un llamado a reconocer y favorecer las formas de participación colectiva de
los familiares de personas desaparecidas, de acuerdo a su mandato, y evitar la
revictimización producto de la impunidad.


Firman:


Integrantes del Espacio Psicosocial por los Derechos Humanos:
Alejandra González Marín (Consultora independiente en atención a víctimas de violencias y
graves violaciones de derechos humanos)
Alberto Rodríguez Cervantes (Psicólogo y terapeuta familiar, miembro del equipo de
acompañamiento psicosocial al colectivo Chihuahua en busca de sus personas desaparecidas
del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
Andrea Cárdenas (Psicóloga social, miembro del equipo de acompañamiento psicosocial al
colectivo Chihuahua en busca de sus personas desaparecidas del Centro de Derechos
Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario
Andrea Kenya Sánchez Zepeda (Profesora asociada C ENTS UNAM)
Carolina Robledo Silvestre (Catedrática Conacyt- CIESAS)
Edith Escareño Granados (Consultora independiente)
Eduardo Calderón Domínguez (Consultor independiente)
Equipo de Acompañamiento Psicosocial de la Red Unidos por los Derechos Humanos A.C.
(Veracruz)
Fernanda Peñaloza (Equipo Red Retoño)
May-ek Querales Mendoza (Investigadora del Grupo de Investigaciones en Antropología
Social y Forense, GIASF)
Norma García Flores (Trabajo y Acompañamiento Psicosocial en la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C.)
Olivia Cortez Corona (Psicóloga del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.)
Paola Alejandra Ramírez González (Psicóloga, Doctorante en Antropología, CIESAS-Ciudad
de México, estudiante asociada al GIASF)
Rossina Uranga Barri (Psicóloga y terapeuta comunitaria, miembro del equipo de
acompañamiento psicosocial al colectivo Chihuahua en busca de sus personas desaparecidas
del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDHEM)
Valeria Moscoso Urzúa (Coordinadora del Área de Trabajo y Acompañamiento Psicosocial,
Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A. C.)
Ximena Antillón Najlis (Psicóloga, Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.)
Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.
Además de las siguientes organizaciones:
Aluna, Acompañamiento Psicosocial A. C.
Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C.
Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer,
(CLADEM, Jalisco)
Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas Alzando Voces! Cofaddem
Efecto Útil, Monitoreo de Organismo Públicos de Derechos Humanos
Genera Alternativas: Espacio para el desarrollo psicosocial A.C
Instituto Multidisciplinario de Desarrollo Social, Yocoyani A.C.
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser, Jalisco)
Y profesionales solidarios:
Adriana Romero Rey (Psicóloga. Maestrante en Derechos Humanos y Políticas Sociales,
Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires)
Amelia Haydée Imbiano (Psicoanalista. Presidente de la Fundación Praxis Freudiana, Buenos
Aires)
Ana Karen Costet Mejía (Estudiante de la Maestría en Psicología en la Universidad
Autónoma de Morelos)
Ana Violeta Elizalde Jiménez (Terapeuta infantil)
Berenice Mejía Iturriaga (Psicoanalista, Facultad de Psicología UNAM/Sexta Nacional)
Camilo Raxá Camacho Jurado (Psicólogo y Etnomusicólogo)
Carlos Pimienta (Estudiante de la Maestría en Ciencias, Kinesiología y Estudios en Salud en
Queen’s University, Canadá)
Dr. Daniel Reyes Lara (Psicólogo social, docente en la Universidad de Guadalajara)
Dr. Daniel Vázquez (Profesor Investigador de tiempo completo IIJ-UNAM)
Dr. Froylán Enciso (Profesor Investigador con Cátedra Conacyt. Programa de Política de
Drogas. Centro de Investigación y Docencia)
Dr. Ignacio Irazuzta (Profesor Investigador Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey)
Dr. Pau Pérez Sales (Director Centro SiRa. Presidente sección consecuencias psicológicas
tortura. Asociación psiquiátrica mundial)
Dr. Ricardo Álvarez Gómez (Médico Cirujano UNAM)
Dr. Salvador Maldonado Aranda (Centro de Estudios Antropológicos. El Colegio de
Michoacán A.C.)
Dr. Salvador Salazar Gutiérrez (Profesor-Investigador, Universidad Autónoma de Ciudad
Juárez)
Dra. Ana Guglielmucci (Investigadora Adjunta CONICET-ICA. Docente del Departamento
de Antropología, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires)
Dra. Anne Huffschmind (Lal FU-Berlin-Freie Universität Berlin)
Dra. Carolina Corral Paredes (Posdoctorante Conacyt-CIESAS)
Dra. Cath Collins (Observatorio de Justicia Transicional. Universidad Diego Portales Chile y
Transitional Justice Institute, Northern Ireland, UK)
Dra. Claire Moon (Associate Professor Departament of Sociology. Human Rights London
School of Economics and Political Science)
Dra. Claudia Mónica Salazar Villava (Profesora Investigadora, UAM-Iztapalapa)
Dra. Claudia Zamorano (Profesos Investigadora CIESAS-Ciudad de México)
Dra. Diana Alejandra Silva (Profesora Investigadora Invitada UAM-Iztapalapa)
Dra. Ileana Diéguez (Profesora Investigadora UAM-Cuajimalpa)
Dra. Julia Monárrez (Profesora Investigadora El Colegio de la Frontera Norte)
Dra. Lina Rosa Berrío (Catedrática Conacyt CIESAS-Pacífico Sur)
Dra. María José Sarrabayrouse Oliveira (Antropóloga. Investigadora Adjunta CONICET
Equipo de Antropología Política y Jurídica. Instituto de Ciencias Antropológicas, FFyL,
UBA)
Dra. María Teresa Sierra (Profesora Investigadora, CIESAS-Ciudad de México)
Dra. María Victoria Pita (Investigadora Independiente CONICET. Equipo de Antropología
Política y Jurídica. Instituto de Ciencias Antropológicas, Facultad de Filosofía y Letras,
Universidad de Buenos Aires, Profesora Adjunta Regular, UBA)
Dra. Mariana Mora (Profesora Investigadora CIESAS–Ciudad de México)
Dra. Mayra Ledesma Arronte (Profesora Investigadora U.V. Programa Universitario por una
Cultura de Paz, Xalapa, Veracruz)
Dra. Milagros Morales Vázquez (Psicóloga. Profesora Investigadora en la Universidad
Autónoma del Carmen)
Dra. Morna Macleod (Profesora Investigadora. Facultad de Estudios Superiores de Cuautla
(FESC) Universidad Autónoma del Estado de Morelos, UAEM)
Dra. Natalia De Marinis (Profesora Investigadora, CIESAS-Golfo)
Dra. Rachel Sieder (Profesora Investigadora CIESAS-Ciudad de México)
Dra. Rosalva Aída Hernández Castillo (Profesora Investigadora, CIEAS-Ciudad de México)
Dra. Sevérine Durin (Profesora Investigadora CIESAS-Noreste)
Dra. Silvia Dutrenit (Profesora Investigadora Instituto Mora)
Dra. Susana Navarro García (Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial. ECAP.
Guatemala)
Dulce Laura Melchor Díaz (Psicóloga y consultora independiente)
Eva Viridiana Bracamontes García (Psicóloga y estudiante de la Especialización en
Educación en Géneros y Sexualidades, Universidad de La Plata)
Giobanna Patricia Buenahora Molina (Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género, Red
Mexciteg)
Guadalupe Ortega Rodríguez (Enfermera, Guadalajara)
Jesús Eduardo Carretero Luvian (Psicólogo, Guadalajara)
Julieta Abrego (Psicoanalista. Docente de la Licenciatura en Psicología Clínica UNACARUniversidad
Autónoma del Carmen)
Karina Macías Hernández (Psicóloga. Docente de Bachillerato, Universidad de Guadalajara)
Ligia Colmenares Vázquez (Docente e Investigadora UNAM)
Lucía Gómez Lvoff (Psicóloga y Antropóloga . Docente en el Colegio Suizo de México)
María Ballester Espinoza (Psicoanalista y Escritora)
María Fernanda Alatorre Quevedo (Psicóloga, Guadalajara)
Mariana García Reyes (Psicóloga, Guadalajara)
Mariana Gómez Lovff (Psicóloga. Colegio Suizo de México)
Mariana Isabel Plazola Mercado (Psicóloga, Guadalajara)
Mauricio González González (ENAH/CEDICAR A.C.)
Miriam Aura Gómez Noguez (Psicóloga UNAM y Teóloga Feminista)
Mtra. Andrea Kenya Sáchez Zepeda (Profesora Investigadora ENTS UNAM)
Mtro. Baruch Martínez Treviño (Practicante de psicoanálisis, psicólogo social, acompañante
de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León)
Omar Eduardo Almeida López (Psicólogo, Guadalajara)
Pilar Noriega (Abogada. Ex Comisión de la Verdad en Guerrero)
Sandra Odeth Gerardo Pérez (Doctorante en Antropología, CIESAS-Ciudad de México,
estudiante asociada al GIASF)
Sandra Posadas Pedraza (Psicoanalista, UNAM)
Selene Amelco (Consultora Independiente, Oaxaca)
Vanessa Maldonado Macedo (Doctorante en Antropología, CIESAS-Ciudad de México.
Integrante del Grupo Latinoamericano de Análisis/Acción sobre Mercados Sexuales
(GLAM/SEX)

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ACCIÓN URGENTE-OAXACA MX

by

ACCIÓN URGENTE-OAXACA MX

 

Denunciamos tortura y amenaza de muerte contra menor de edad hijo de defensores de Derechos Humanos

 

Exigimos garantías para la vida, integridad física y psicológica de su familia

 

 

Enrique Peña Nieto

Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,

PRESENTE

 

AT’N

Rafael Adrián Avante Juárez

Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación

 

 

Alejandro Murat Hinojosa

Gobernador del Estado de Oaxaca

 

 

Por medio de la presente, nos ponemos en contacto con usted, luego de que ha sido de nuestro conocimiento que el día 7 de mayo allanaron el domicilio de los defensores de derechos humanos Arturo Villalobos Ordoñez y Patricia Méndez Jiménez, en el que se encontraba su hijo menor de edad:

Hechos

 

  • El día 7 de mayo del 2018, alrededor de las 11 de la mañana, un hombre vestido de traje tocó el timbre; en tanto, otro hombre que había entrado por la parte trasera de la casa golpeó la nuca del joven, quien a razón del golpe perdió el conocimiento.
  • En un lapso de tres a cuatro horas, los dos hombres torturaron al joven: le pisaron la cabeza con las botas y se la sumergieron en agua; lo lastimaron con arma punzocortante; le sofocaron con una soga y le enseñaron fotos de personas mutiladas, amenazando con hacerle lo mismo a su padre.
  • Durante la tortura, lo interrogaban sobre el quehacer de sus familiares defensores de DH: su padre Arturo Villalobos Ordoñez, su madre Patricia Méndez Jiménez y sus tíos maternos Félix Méndez Jiménez y Bladimir Méndez Jiménez. Asimismo, insultaban a sus familiares diciendo cosas como: “Arturo grita como puto”, “son maricas”.
  • Este mismo día en la noche, aproximadamente a las 22 horas, la hermana de Arturo Villalobos, Margarita Villalobos Ordoñez, recibió llamadas telefónicas para amenazarla; le decían: “Ya sabemos quién eres y dónde estudian tus hijas”.

 

Antecedentes

Arturo Villalobos Ordoñez, Patricia Méndez Jiménez, Margarita Villalobos Ordoñez, Félix Méndez Jiménez y Bladimir Méndez Jiménez han tenido un rol preponderante en el “Grupo Internacionalista”, el cual se ha solidarizado con la lucha social en distintos casos emblemáticos, como la represión policiaca en Nochixtlán, la desparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa y diversos casos de detención arbitraria y ejecución de defensores, así como de criminalización de la protesta social. Todas estas personas son líderes destacados del movimiento social, magisterial y popular y defensores del derecho a la salud.

Los ataques sufridos son parte de un patrón de ataques reiterados contra las personas defensoras de derechos humanos:

El 19 de julio del 2017, Patricia Jiménez fue detenida arbitrariamente y, desde entonces, tanto Arturo Villalobos como Patricia Jiménez enfrentan un proceso judicial por delitos fabricados.

Durante los últimos meses, se dieron ataques de particular gravedad contra estas personas defensoras y su familia:

  • A partir de enero: reiteradas llamadas de amenaza al hijo (menor de edad) de Arturo Villalobos y Patricia Jiménez. En estas llamadas, personas desconocidas le preguntan sobre el paradero y las actividades de sus padres y le amenazan diciendo que le cortarán las piernas.
  • 14 de febrero: allanan el domicilio de Arturo Villalobos y Patricia Méndez.
  • 14 de febrero: los perpetradores del allanamiento dejan una amenaza de muerte contra el hijo de estos defensores
  • De febrero a la fecha: hombres desconocidos vigilan permanentemente el domicilio de estas personas defensoras y de su familia.

Es importante destacar que estos ataques se dan en un contexto de incremento de la violencia contra personas defensoras de DH en el estado de Oaxaca y de criminalización de la protesta social.

Efectivamente, en el transcurso del año 2018 tuvieron lugar algunos ataques de particular gravedad:

  • El 5 de enero: fue allanado el domicilio de la defensora de DH Yésica Sánchez Maya, integrante del equipo directivo de Consorcio Oaxaca.[1]
  • El 12 de febrero: fueron asesinados tres integrantes del Comité de Defensa de Derechos Humanos (CODEDI), después de acudir a una reunión con autoridades gubernamentales[2].
  • De febrero a marzo: vigilancia y amenazas contra cinco integrantes de CODEDI y allanamiento al domicilio de otro integrante de esta organización[3].
  • El 26 de febrero: allanamiento al domicilio de la defensora de DH Silvia Gabriela Hernández Salinas, quien acompaña a la organización CODEDI y es parte de distintos colectivos del movimiento social oaxaqueño[4].
  • El 5 de marzo: fue allanado el domicilio de una profesora integrante del movimiento social.
  • El 6 de marzo: profesores de la Sección 22 fueron atacados con ácido por personal del Instituto Estatal de Educación Pública (IEEPO), resultando al menos ocho integrantes con lesiones.[5]
  • El 6 de marzo: ataque armado a integrantes de la sección 22, quienes realizaban una movilización en el Istmo de Tehuantepec.
  • El 12 de marzo fue detenido un integrante de la Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (UACOL).
  • El 24 de abril fue detenido, por segunda vez y sin sustento legal, el defensor de DH Roque Coca Gómez.
  • El 30 de abril integrantes de la organización social Sol Rojo fueron agredidos con arma de fuego por personas que se ostentaron como integrantes de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial, mientras realizaban una marcha en Ixhuatán, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Aunado a ello, hemos sido informados de al menos seis casos de personas defensoras beneficiarias de medidas cautelares, en los que el Gobierno del Estado de Oaxaca ha solicitado quitar dichas medidas, dejando a las personas defensoras en estado de particular vulnerabilidad y riesgo.

Frente a la gravedad de los hechos, las organizaciones internacionales y nacionales que suscribimos, instamos al Gobierno del Estado de Oaxaca y al federal a que:

 

  • Tome todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad física y psicológica de los integrantes de la familia: Arturo Villalobos Ordoñez, Nizván Villalobos Méndez, Patricia Méndez Jiménez, Félix Méndez Jiménez, Bladimir Méndez Jiménez, Margarita Villalobos Ordoñez y sus dos hijas menores de edad, así como la hija menor de edad de Arturo Villalobos y Patricia Méndez.

 

  • Lleve a cabo una investigación pronta, imparcial y exhaustiva con el fin de castigar a los responsables de la tortura y de todos los ataques sufridos por las personas defensoras de DH y sus familiares.

 

  • Tome todas las acciones necesarias para garantizar el derecho a defender derechos humanos en Oaxaca y el cese a la criminalización de la protesta social.

 

Organizaciones firmantes

FIDH, Federación Internacional por los Derechos Humanos, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

OMCT -  Organización Mundial Contra la Tortura, en el marco del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C.(CCTI)

Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.

Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ)

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.

 

 

C.c.p. Patricia Colchero,

Jefa de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Secretaría de Gobernación

 

C.c.p.  Dr. Rubén Vasconcelos Méndez  

Fiscal General del Estado de Oaxaca

 

C.c.p. Lic. Arturo de Jesús Peimbert Calvo

Defensor de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

 

C.c.p. Jan Jarab

Representante de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México

 

C.c.p. Sr. Michel Forst

Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los defensores de los Derechos Humanos

 

 

Contacto:

 

Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C.

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Pensamientos # 104, Col. Reforma

C.P. 68050 Oaxaca, México.

Tel: 951 132 8996

Cel: 951 124 09 02

 

 

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos

(OMCT-FIDH)

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OMCT: Miguel Martín Zumalacárregui: (+41) 22 809 49 39

FIDH: José Carlos Thissen: + 51 95 41 31 650

 

 

 

 

[1] Observatorio para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos. México: Campaña sistemática de ataques contra el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. (Consorcio Oaxaca). Disponible en: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/urgent-interventions/mexico/2018/01/d24683/

[2] Martínez, Tomás. “Emboscan a integrantes de Codedi en Oaxaca”, en Noticias, versión digital, 14 de febrero de 2018. Disponible en http://www.nvinoticias.com/nota/84729/emboscan-integrantes-de-codedi-en-oaxaca

[3] SIPAZ.Oaxaca: CODEDI denuncia « allanamiento, intimidación, acoso y violencia política ». Disponible en: https://sipaz.wordpress.com/2018/03/09/oaxaca-codedi-denuncia-allanamiento-intimidacion-acoso-y-violencia-politica/

[4] Denuncia Oaxaca. CODEDI denuncia allanamiento, intimidación, acoso y violencia política. Disponible en: http://denunciaoaxaca.org/codedi-denuncia-allanamiento-intimidacion-acoso-violencia-politica/   

[5] Olvera, Alondra. “Ataca personal del IEEPO a profesores de la Sección 22”, 6 de marzo de 2018. Disponible en http://www.nvinoticias.com/nota/86810/ataca-personal-del-ieepo-profesores-de-la-seccion-22

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Periodista gana amparo contra CDHDF y CNDH por negativa a investigar caso de tortura Abogado defensor solicita medidas cautelares contra Mancera y Ebrard

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Periodista gana amparo contra CDHDF y CNDH por negativa a investigar caso de tortura

Abogado defensor solicita medidas cautelares contra Mancera y Ebrard

 

Ciudad de México, 02 de abril de 2018. El Poder Judicial de la Federación resolvió amparar en segunda instancia al periodista Ramón Alfonso Sallard en contra de la negativa de las comisiones nacional y local de derechos humanos a investigar graves violaciones en su perjuicio (tortura, debido proceso, libertad de expresión y otras), cometidas por diversos funcionarios de la Ciudad de México, informó hoy su abogado defensor.

El constitucionalista y doctor en Derecho, José Óscar Valdés Ramírez, adelantó que en breve solicitará medidas cautelares en contra de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, a fin de evitar que evadan la acción de la justicia y respondan por sus actos.

Valdés Ramírez explicó que es la primera vez que el Poder Judicial falla en contra de estos organismos autónomos por violar los derechos humanos de un ciudadano, lo cual abre el camino para someter al orden constitucional a las instituciones no jurisdiccionales de defensa de los derechos humanos en nuestro país, cuyos apoderados legales han esgrimido tener hasta hoy un fuero especial que no poseen, para evadir los juicios de amparo en su contra.

Lo sucedido se puede resumir  en la página 15 del fallo del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito (amparo en revisión  R.A.R.A. 319/2017), emitido por unanimidad, que cita al quejoso:

"...en lugar de desarrollar sus funciones entendiendo como derechos humanos todos aquellos que protegen la dignidad de la persona, lo que han hecho todas estas autoridades es prolongar las violaciones, restringir mis derechos y afectar mi dignidad, asumiendo un comportamiento semejante al que la ley define como delincuencia organizada".

En su momento, el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, Fernando Silva García, sobreseyó el amparo 31/2016 en audiencia constitucional. A pesar de “tener por ciertos los actos reclamados”, el juez considera que las violaciones habían quedado “consumadas irreparablemente”, toda vez que hubo un cambio de situación jurídica, según consta en la sentencia publicada el 29 de mayo de 2017. Ante este fallo, el agraviado interpuso el recurso de revisión.

El tribunal colegiado, relató Valdés Ramírez, ni siquiera analizó los agravios pues constató, de inicio, que el juez violó “las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, lo que conduce a revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento…”

Para el tribunal, añadió el abogado,  resultó claro que fueron violados diversos derechos fundamentales del periodista Ramón Alfonso Sallard por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa, pues de los documentos que obran en autos existen “diversos argumentos que denotan que se continúa doliendo de contravención a sus derechos de administración de justicia y que derivan del mismo asunto”. (p. 17, folio 1058)

Valdés Ramírez recordó que en enero de 2016 solicitaron el amparo de la justicia federal en contra de la CDHDF, pues durante tres años el organismo no sólo se negó a investigar lo ocurrido a su defendido, sino que la ex titular de esa institución, Perla Gómez Gallardo, falsificó hechos que constan en el expediente penal 145/11, que es ya cosa juzgada; sustrajo y perdió elementos probatorios que estaban bajo su resguardo; y rindió informes falsos ante el juez de amparo, a fin de exculpar a Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera de diversos delitos cometidos en perjuicio del agraviado.

El origen del juicio de amparo es el expediente de queja CDHDF/IV/121/CUAUH/13/D1950, que data del 21 de marzo de 2013. A éste se añadió el expediente número 44337/2016 de la CNDH. Ambos son materia del amparo en revisión, resuelto por el Tribunal Colegiado ya referido.

El periodista, quien cuenta con más de 34 años de ejercicio profesional --laboró en Proceso, La Jornada, El Universal y El Financiero, entre otros,  y fue también director general de El Periódico, las cosas por su nombre--, reitera su exigencia de disculpa pública, reparación del daño y garantía de no repetición por parte del gobierno de la Ciudad de México, así como también la sanción penal a los responsables de los hechos de tortura y otros ilícitos.

Sallard cuenta con el apoyo y acompañamiento del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), integrante del Consejo Internacional de Rehabilitación para Víctimas de Tortura (IRCT), organización con presencia en 73 países. El CCTI le ha brindado atención psicoterapéutica desde enero de 2014. Asimismo,  el equipo legal lo encabeza el doctor en derecho José Óscar Valdés Ramírez, especialista en amparo con título apostillado y certificado bajo la Convención de La Haya.

 

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MALOS TRATOS Y HUELGA DE HAMBRE EN EL CEFERESO 2 OCCIDENTE (PUENTE GRANDE, JALISCO)

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Familiares, amigos y abogados, expresamos nuestra más enérgico rechazo ante los agravantes  y externamos nuestra preocupación por la seguridad de las personas privadas de su libertad y exigimos que se investiguen estos hechos ante la seguridad y derechos .

México 12 de Febrero de 2018:  Hacemos del conocimiento público la preocupación por la integridad de los internos de dicho CEFERESO.

 

Agravios actuales ante la administración de José Luis Roiz Flores:

 

  • Falta de atención médica por más de cuatro meses.
  • Falta de protocolos de seguimiento ante las recetas médicas emitidas con antelación. Así como de las enfermedades crónicas o padecimientos
  • Periodos excesivos en las estancias de veintidós horas
  • Precios demasiado altos en los alimentos a la venta siendo estos de comida chatarra.
  • Los alimentos que les otorga el CEFERESO a las personas privadas de su libertad es comida en mal estado.
  • Falta de venta de material para taller (única actividad educativa).
  • Demora excesiva en autorización de visita.
  • Castigos sin previa notificación de la falta, y sin informarle a la persona privada de su libertad en qué consiste el castigo el cual puede durar más de dos meses.
  • Demora, o falta en autorización en material educativo (libros, temarios, etc.)
  • No hay venta de pilas de reloj, ni de relojes de pulsera con funciones básicas, siendo que es el derecho a estar informado en que día se está lo cual da noción de temporalidad para el recluso.
  • Se carece de agua para la visita y las personas privadas de su libertad.
  • Existencia de criterios preventivos excesivos dado que a la visita no le permiten entregar dibujos, poesía, ensayos, salmos y canciones. Además de la revisión de dicha correspondencia.
  • A los internos tienen obstrucción de la salida de hojas escritas a mano
  • Falta de condiciones para personas con alguna discapacidad física
  • Nula posibilidad de generar recursos al no generarles un empleo a las personas privadas de su libertad.
  • Falta de acceso a educación e inscripción a universidades y diversos grados educativos.
  • Falta de insumos para aseo personal
  • Entre otros.

 

 

 

Acción solicitada:

 

  1. Garantizar la integridad física y psicológica adentro del

CEFERESO 2 Occidente (Puente Grande Jalisco)

 

  1. El acceso inmediato a los servicios de salud adecuados para atender

la delicada situación las personas privadas de su libertad.

 

  1. El cese inmediato la tortura, tratos crueles e inhumanos en el

CEFERESO n°2 Puente Grande Jalisco.

 

  1. La pronta investigación y sanción penal, civil y administrativa en

contra de los responsables intelectuales y materiales de la tortura,

tratos crueles, inhumanos y degradantes dentro del CEFERESO n°2 Puente Grande Jalisco.

 

  1. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

 

Comité Enrique Guerrero

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Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de Vitoria O.P.A.C.

Colectivo Contra la tortura y la Impunidad

Colectivo Bolivariano

Colectivo Liquidámbar

                                            

C.C.P. Mtro. José Alberto Rodríguez Calderón.

Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Preventivo y Readaptación Social.

C.C.P. Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas Derechos Humanos en México.

C.C.P Comisión Nacional de Derechos humanos

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BOLETÍN DE PRENSA Implementación del Protocolo de Estambul: Arma de impunidad en México

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BOLETÍN DE PRENSA

Implementación del Protocolo de Estambul: Arma de impunidad en México

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C (CCTI), presenta esta publicación la cual ha sido posible gracias al apoyo del International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT) y en la cual se da cuenta de las fallas estructurales de la implementación del Protocolo de Estambul (PE), manual Internacional para la investigación y documentación de la tortura, aprobado por la ONU en el año 2000.  Al respecto es importante señalar que México fue el primer país en el mundo en recibir un entrenamiento en aplicación de las directrices del PE en la investigación de probables hechos de tortura, impartido por el International Rehabilitation Council for Torture Victims (IRCT), así mismo, el Estado mexicano ha suscrito diversos acuerdos de colaboración con diversas instancias internacionales de Derechos Humanos las cuales han proporcionado asesoría técnica y cooperación con el objetivo de capacitar a distintas instituciones, en particular la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sin embargo, la implementación de las directrices del Protocolo de Estambul no se limita a la capacitación del personal de organismos públicos de derechos humanos y procuradurías de justicia estatales y nacionales. En este sentido, en el presente análisis se resaltan los siguientes aspectos relevantes:

  1. Reformas legales, administrativas y judiciales. Existen “contrarreformas” legales, entre las más relevantes son la detención sin una orden judicial, el uso de la prisión preventiva (“arraigo) y la valoración de pruebas obtenidas fuera del juicio.
  2. Reconocimiento y aplicación de las normas del Protocolo de Estambul. La “contextualización” del Protocolo de Estambul en México se tradujo en la creación de un “Dictamen Médico Psicológico Especializado para Casos de Posible Tortura y/o Maltrato”, regulado por el acuerdo A/057/03 y actualizado el 5 de octubre de 2015. Esta forma de “implementación” del PE de las directrices para la prevención, documentación e investigación eficaz de la tortura, lleva a la persistencia en la falta de acceso efectivo al examen, falta de investigaciones prontas y exhaustivas y falta de independencia y monitoreo.
  3. Formación y educación continua de los grupos específicos en el Protocolo de Estambul. Persiste una deficiente calidad técnica de los exámenes y dictámenes médico-psicológicos, los procedimientos de evaluación por parte del personal pericial suelen ser retraumatizante para las víctimas, no se realiza un trabajo colegiado e interdisciplinario, no se aplican los principios relativos a la investigación (imparcialidad, independencia, prontitud, privacidad, seguridad, confianza, actitud compasiva) y no se cuenta con supervisiones que permitan evaluar el conocimiento adquirido y la práctica realizada. 
  4. Creación del instituto forense independiente. El Informe de país realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2015 informaba que por parte de las autoridades se indicaba que en el Anteproyecto de Ley General para Combatir la Tortura se “contempla” la creación de un Instituto Nacional de Ciencias y Servicios Forenses, “el cual contaría con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de gestión, y no dependería jerárquicamente de la agencia de investigación criminal”, este compromiso no se cumplió quedando fuera de la reciente ley general.
  5. El establecimiento y la aplicación de las normas y reglamentos forenses. No existen reglamentos forenses y normas específicas lo que lleva a que las autoridades responsables de investigar no recopilan pruebas ni testimonios adicionales para investigar, sólo considera que hay tortura si hay lesiones físicas y/o se confirma un trastorno por estrés postraumático, el valor técnico de los dictámenes médico-psicológicos es hecho a un lado para ser evaluados en función de la filiación institucional de los peritos, la integración del caso por parte de los agentes del Ministerio Público pocas veces cumple con las directrices en la materia, no se coordinan e integran adecuadamente las pruebas periciales y la investigación se reduce a la realización del dictamen médico psicológico,
  6. Desarrollo y uso de formularios de evaluación médica psicológica estandarizados. En el año 2003 se crea un documento basado en el anexo IV del Protocolo de Estambul (acuerdo A/057/2003). Sin embargo, los formatos de evaluación médica, psicológica, algunos aspectos del formato de consentimiento informado, los informes de integridad física y mecánica de lesiones que se realizan a las personas detenidas usualmente no proporcionan ningún análisis o contraste ya sea con el relato de los detenidos o con la experiencia del evaluador respecto a la documentación de secuelas de tortura, y no se han establecido formularios estandarizados de uso general.
  7. Vigilancia y rendición de cuentas en la aplicación del Protocolo de Estambul. En 2003 el Acuerdo de PGR ya referido contemplaba la creación del Comité de Monitoreo y Evaluación del Dictamen Médico/Psicológico especializado para casos de Posible Tortura y/o Maltrato, sin embargo, este Comité no es independiente y no existen indicios de que participen expertos independientes o representantes de la sociedad civil, además, no está sometidos a un proceso de rendición de cuentas ni han publicado las acciones que han llevado a cabo en su labor de vigilancia respecto al cumplimiento de las normas y directrices forenses contenidas en el Protocolo de Estambul.
  8. Reparación del daño y rehabilitación. La reciente ley expedida sobre tortura contempla dos títulos en lo que respecta al derecho de las víctimas, en particular sobre las medidas de ayuda, asistencia y atención, y otro sobre las medidas de reparación integral a las víctimas del delito de tortura, sin embargo, la reparación aún no se entiende como un proceso integral y no existen mecanismos de comunicación interinstitucional para dar respuesta a la reparación integral del daño causado a las víctimas.

Desde las organizaciones de la sociedad civil se apuesta por hacer visible e investigar los casos de tortura y acompañar a quienes se atreven a denunciar. Durante mucho tiempo se ha denunciado las fallas estructurales en la implementación del Protocolo de Estambul en México, el CCTI quiere subrayar que estamos profundamente convencidos que la documentación exhaustiva y multidisciplinaria de la tortura es un instrumento importante en la lucha por la justicia y contra la impunidad, esperamos, mediante estas iniciativas, contribuir al seguimiento y denuncia de estos hechos en beneficio de las y los sobrevivientes de tortura.

Ciudad de México a 22 de enero de 2018.

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Pronunciamento #SeguridadSinGuerra dirigida a Comisiones del Senado

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Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo.

Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Sen. Ana Lilia Herrera Anzaldo.

Sen. Emilio Gamboa Patrón.

Sen. Fernando Herrera Ávila.

Sen. Manuel Bartlet Díaz.

Sen. Luis Sánchez Jiménez.

Sen. Carlos Alberto Puente Salas.

Sen. Miguel Romero Medina.

Sen. Sonia Mendoza Díaz.

Integrantes de la Junta de Coordinación Política.

 Sen. María Cristina Díaz Salazar.

Presidenta de la Comisión de Gobernación.

 Sen. Angélica de la Peña Gómez.

Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.

 Sen. Ernesto Gándara Camou.

Presidente de la Comisión de Seguridad Pública.

 Sen. Fernando Torres Graciano.

Presidente de la Comisión de Defensa.

 Sen. Ricardo Barroso Agramont.

Presidente de la Comisión de Marina.

 Sen. Benjamín Robles Montoya.

Presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda.

 P r e s e n t e .-

En seguimiento a la interpelación pública que hemos hecho por la preocupación que genera la posible aprobación de una Ley de Seguridad Interior, expresamos lo siguiente:

  1. Hasta el momento, las preocupaciones puntuales que el Dictamen genera no han sido atendidas ni contestadas técnicamente. Como lo señalaron sus respectivos representantes incluso ante el Senado, no se han observado las múltiples observaciones -agrupadas en 14 rubros- formuladas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ni los 10 puntos que propuso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Subsisten preocupaciones específicas y concretas sobre aspectos tan relevantes como la convencionalidad del concepto de seguridad interior; la inexistencia de límites temporales precisos respecto de la vigencia de las declaratorias de afectación a la seguridad interior al preverse la posibilidad de que se soliciten prórrogas ad infinitum sin controles agravados de carácter progresivo (artículo 15); la ausencia de controles adicionales en materia de derechos humanos durante la vigencia de las declaratorias (artículos 7 y 12); y la ausencia de contrapesos legislativos ex post para evaluar los resultados de las declaratorias (artículo 33), por mencionar puntualmente algunos numerales en un esquema meramente enunciativo y no limitativo.
  2. Dada la trascendencia de la discusión que está teniendo lugar, reiteramos nuestro llamado a que no aprueben la Ley de Seguridad Interior pues existe un amplio consenso internacional, regional y nacional sobre los riesgos de las propuestas albergadas en la minuta. Así lo han advertido, cabe señalar, instancias de Estado, como la CNDH y el INAI; organismos intergubernamentales nacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los Relatores sobre Libertad de Expresión tanto de la ONU como de la CIDH, el propio Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, tanto a través de su titular Zaid Ra´a Al Hussein como por medio de su representante en México; organismos empresariales, como la COPARMEX; instancias académicas; y organismos civiles de derechos humanos. Aunque el debate sobre el tema ha sido prolongado, en realidad la discusión sobre un Dictamen en concreto apenas lleva una semana, pues la opacidad de la Cámara de Diputados no permitió su conocimiento y revisión previa.
  3. Por la relevancia del tema que nos ocupa, es fundamental que el debate ocurra sin premura, que sea robusto e inclusivo; celebrar reuniones para dialogar sobre la Minuta, para terminar aprobando un Dictamen sin cambios esta semana, no implica realizar un debate serio. El viernes 8 de diciembre de este año, ante las fundadas críticas de la CNDH a la Minuta aprobada por su Colegisladora, el Titular del Ejecutivo y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas se pronunció a favor de ampliar el debate sobre la Ley de Seguridad Interior. En respuesta, ha sido pospuesta la sesión de Comisiones Unidas a la que se había convocado para, previsiblemente, aprobar un Dictamen. Sin embargo, considerando que aún es posible que esta semana intenten sesionar las respectivas Comisiones, pues se ha expresado la determinación de dirimir este asunto antes de que concluya el presente Período Ordinario de sesiones, reiteramos que el debate sobre este tema debe ser genuino y no precipitado. Consideramos que las respectivas discusiones deberían ser abiertas al público, con el máximo de transparencia, en formato de “Parlamento Abierto” y estimamos también que en ellas tendrían que oírse las diversas voces que se han pronunciado sobre el tema, incorporando el máximo de evidencia empírica posible, conforme a un cronograma claro y en cumplimiento cabal de lo que algunos legisladores han denominado “ruta crítica de discusión”. Es materialmente imposible que esto ocurra durante la última semana del Período de Sesiones. En consecuencia, si las referidas reuniones se realizan a puerta cerrada, con el Senado bajo resguardo y sin transmisión en el Canal del Congreso; y si al término de la semana las Comisiones Unidas aprueban con precipitación el deficiente dictamen, y éste se remite apresuradamente al Pleno; entonces se confirmaría que la apertura a revisar la Minuta no es tal; que este proceso legislativo no se guía por parámetros democráticos y ello, en última instancia, lesionará a las Fuerzas Armadas.

La Minuta que está bajo su análisis tiene profundos problemas de constitucionalidad, de convencionalidad y de ausencia de contrapesos y controles democráticos. Y lo que es más grave aún, no contribuye a transitar hacia el México seguro y en paz que anhelamos. Aún están a tiempo de no perpetuar el fallido modelo de seguridad que tenemos y que tanto dolor ha causado.

A t e n t a m e n t e,

Cauce Ciudadano, A.C., Causa en Común, A.C., Centro Nacional de Comunicación Social, A.C. (CENCOS), Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria OP, A.C., Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C., Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan Larios, A.C., Colectivo Germen Crew, Colectivo de Investigaciones Interdisciplinaris en Derechos Humanos y Género, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Enjambre Digital, Estudiantes por una política sensata de drogas, México A.C., Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de DerechoFundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., FUNDEM, FUNDEN, Greenpeace México, Idheas Litigio Estratégico en DH, Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, Instituto de Justicia Procesal Penal, Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, Instituto para la Seguridad y la Democracia A.C., Junto por tu Durango es A.C., Laboratorio de innovación para la Paz, Legalidad por México A.C., México Unido Contra la Delincuencia, Parlamento Cultural del Estado de México, Participación responsable y democrática a favor de las mujeres, PARDEM OVIDIS AC, Poder Femenino, Proyecto 21, Red de Apoyo al CIG/Marichuy del Estado de Sonora, Red de Mujeres contra la Violencia de La Magdalena Contreras, RED VIRAL, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), Sustenta XXI, Unidas A.C., Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 84 organizaciones en 23 estados de la República mexicana): Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cerezo (Ciudad de México); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima No Gubermantal A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicio, Paz y Justicia de Tabasco, A.C. (SERPATAB) (Villahermosa, Tab.); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristobal de las Casas, Chiapas).;

Personas

Adriana García Gómez, Adriana González Mateos, Adriana Portillo, Alberto Athié, Aldo Iván González Cuevas, Aldo Rodrigo Álvarez Álvarez, Alejandro Espriú, Alejandro Perla Macías, Alejandro Valenzuela Landeros, Alfredo Lecona, Ana Rocío Antúnez Soria, Ángel Eugenio Hinojosa Salas, Angie Ariadna Villa Villanueva, Arma Barra, Argelia Guerrero Rentería, Azomali A.C., Benjamín Ruíz García, Catalina Pérez Correa, Carlos Cruz Santiago, Carlos González Martínez, Cinthia Isabel Flores Ceron, Daniel Antunez Rutiaga, Daniel Antúnez Soria, Denise Dresser, Diana Paolina Orta Córdoba, Dulce Nataly Pineda Bustamante, Edgardo Prieto, Edith Estrada García, Eliana García, Emilia Fernanda Hernández García, Emma Rodríguez Romero, Emma Rosa Tenorio Bueno, Emmanuel Alejandro Hernández, Emmanuel Valdés, Enrique Provencio, Ernesto López Portillo, Eunice Rendón, Evelyn Valladolid Pérez, Fernanda Chazaro, Gabriela Morales, Gabriela Pérez Torres, Gerardo Espino Balderas, Hassid Rojas, Helga Jáuregui Ballesteros, Italia Arvizú,Isabel García Pérez, Ixchel Cisneros, Jesús Robles Maloof, Jorge Javier Romero, José Alberto Patiño Basurto, José Luis Escamilla Díaz, Juan Carlos Arjona Estévez, Juan Carlos Islas Hernández, Juan Francisco Marín Hernández, Landa Negrete, Lisa Sánchez, Lizeth Rocío Fuentes Cervantes, Luis Fernando, Luz Abril Reza López, Marte Azuela, Marco Antonio Reyes Velázquez, María Astrid Carrillo Abrego, María Elena Morera, Maricela Moreno Rodríguez, Marieclaire Acosta, Maritza Islas Vargas, Martha Socorro Reyes Martínez, Mely Carreón. Miguel Concha Malo, Miren García, Nayely García Sánchez, Noemí Guzmán Romero, Norma Angélica Ruiz Salas, Omar Cano Ramírez, Pablo Giralt, Paulina Elsa Zepeda García, Ramiro Antúnez Soria, Rodrigo Zamora Castillo, Rogelio Moreno Guinea, Rosa Elia Soria Ceniceros, Rosa María Cabrera Lotfe, Saldaña Bárcenas, Seidy Daniela, Vanessa Michelle Vázquez, Vania Sisaí Rodríguez, Vázquez Acevedo Jennifer, Xóchitl Daniela Mejía Pacheco, Xóchitl Libertad Mejía Valderrama

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IMPORTANTE LA OPINIÓN DE COLECTIVOS EN LA DESIGNACIÓN DE TITULAR DE FISCALÍA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIADAS.

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IMPORTANTE LA OPINIÓN DE COLECTIVOS EN LA DESIGNACIÓN DE TITULAR DE FISCALÍA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS

 

·         Exigimos a los diputados locales no aprobar la propuesta del Fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, de la designación de María Guadalupe Rendón Ramírez como titular de esta Fiscalía especializada.

·         Resultaría grave que no tomaran en consideración la opinión de los colectivos conformados por familias de desaparecidos que han estado realizando una búsqueda ardua durante más de tres años

·         reiteramos que se requieren presupuestos suficientes para la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Personas no localizadas que depende de la Fiscalía General del estado

 

Chilapa de Álvarez, Guerrero, 10 de Diciembre de 2017.- Colectivos de Familiares de Desaparecidos y Organizaciones Civiles que defienden y promueven derechos humanos, reiteramos nuestra preocupación ante la falta de consideración de nuestra opinión para la designación de la persona que esté al frente de la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Personas no localizadas por lo que exigimos a los diputados locales no aprobar la propuesta del Fiscal de Guerrero, Javier Olea Peláez, de la designación de María Guadalupe Rendón Ramírez como titular de esta Fiscalía especializada.

Debido la magnitud y complejidad que en Guerrero representa la desaparición forzada y por particulares es importante que podamos contar con una  fiscalía que no dependa de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, es decir, que sea autónoma y con recursos económicos, materiales y humanos propios, que le permita trabajar de manera transparente, eficaz y con sensibilidad humana hacia las familias porque, hasta el momento los resultados no han sido favorables para los colectivos y tampoco se le está haciendo frente a la desaparición.

Resultaría grave que no tomaran en consideración la opinión de los colectivos conformados por familias de desaparecidos que han estado realizando una búsqueda ardua durante más de tres años la cual les ha dejado una amplia experiencia y que les da la capacidad para proponer el perfil de quien estará al frente de la Fiscalía especializada.

Les recordamos una vez más el caso de Diana Paulina Rendón Alcaraz, niña de 13 años, desaparecida y posteriormente asesinada en Chilapa así como el de los tres hermanos desaparecidos y después encontrados asesinados, ambos casos en el barrio de la Villa.

Ha pasado mucho tiempo en que las instituciones del gobierno han permanecido inmóviles por depender económicamente de las participaciones federales de presupuesto, esto ha generado actos revictimizantes porque no están atendiendo debidamente los derechos humanos de las víctimas directas e indirectas; en el caso de la Fiscalía regional, primero culpó al Equipo Argentino de Antropología Forense EAAF de causar los malos olores que hay en el SEMEFO de Chilpancingo para impedir que realicen el trabajo de identificación de cadáveres que familias de Chilapa, Zitlala y Atlixtac solicitaron para hacer una búsqueda post mortem con cuerpos hallados en Zitlala, Chilapa y Tixtla que están en calidad de desconocidos para ver si alguno de ellos corresponde a sus desaparecidos; ahora esos trabajos de identificación se han pospuesto hasta que existan mejores condiciones.

Por ello reiteramos que se requieren presupuestos suficientes para la Fiscalía Especializada en materia de Desaparición Forzada y Personas no localizadas que depende de la Fiscalía General del estado, y para el Servicio Médico Forense que depende de la Secretaría de Salud, de lo contrario, el acceso a la verdad y la justicia siempre se encontrará bloqueada por falta de recursos.

En cuanto a la CEAV, los diputados han impuesto al Titular, Luis Camacho Mancilla y el presupuesto ha sido asignado sin consulta previa a las víctimas indirectas de desaparición ni a familias desplazadas y, sin un diagnostico real sobre las necesidades que tienen, por lo tanto, con dicho presupuesto imposible que puedan cubrir las necesidades básicas para ellos; recientemente, las víctimas de desplazamiento forzado, Salomón Lara y Crescencia Zapoteco acudieron al hospital general de Chilpancingo y la CEAV les otorgo ochenta pesos a cada uno para alimentarse dos días, lo cual es realmente indignante.

Por lo anterior insistimos que el estado de Guerrero requiere una CEAV que atienda a las víctimas de manera digna y no solo pague salarios a su plantilla de burócratas. Poniendo los ejemplos anteriores exhortamos a los Diputados del Congreso de estado de Guerrero a que se escuche la voz de los colectivos de víctimas y organismos civiles de derechos humanos para que quién sea elegido al cargo de fiscal especializado en desaparición forzada tenga el aval de los cientos de familias afectadas del estado de Guerrero.

Hoy 10 de diciembre, cuando se cumplen 69 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, México y el estado de Guerrero viven una aguda crisis humanitaria relacionada a la violencia que ha dejado en los últimos 11 años más de 167 mil asesinados, 300 mil desplazados y cerca de 35 mil desaparecidos. El 2017 ha sido por mucho el año más violento desde el año 1997, donde se han cometido 20,878 homicidios lo que significa una tasa de 16.9 homicidios por 100 mil habitantes para el país, mientras que Guerrero alcanzó la segunda tasa más alta, 53.34 homicidios por 100 mil habitantes debido que han ocurrido más de 2,100 homicidios en el estado de Guerrero.

El fenómeno de violencia tiene como contexto que Guerrero es el primer productor de amapola, el segundo estado más violento y el tercer estado más pobre del país. Sin embargo todo esto no justifica pobreza ancestral y lacerante de Guerrero. En palabras de Louise Arbour, en 2006 como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, "La extrema pobreza es una clara ilustración de la indivisibilidad, relación mutua e interdependencia de los derechos humanos, ya que las personas que viven en la pobreza se ven enfrentadas a diario a violaciones de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, ... la pobreza es una privación profunda de las libertades fundamentales y un ataque a la dignidad humana... la responsabilidad primordial recae en los gobiernos." Muestra de ello es el informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) difundido hace 3 días y que señala que Acapulco como la demarcación municipal de todo el país con mayor número de habitantes en situación de pobreza extrema.

 

 

En el 69 aniversario de la Declaraciòn Universal de los Derechos Humanos, exigimos a los diputados:

1.- NO APROBAR LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL FISCAL ESTATAL PARA ENCABEZAR LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS Y ACORDAR LA PUBLICACION DE UNA CONVOCATORIA ABIERTA PARA QUE LAS VICTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS, LA CIUDADANÍA, ASÌ COMO LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PUEDAN PARTICIPAR EN LA ELABORACION DE PROPUESTAS PARA DICHA RESPONSABILIDAD.

2.- QUE SE LEGISLE PARA QUE LAS VÍCTIMAS DIRECTAS E INDIRECTAS PUEDAN CONTAR CON UNA FISCALIA ESPECIALIZADA EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA Y PERSONAS NO LOCALIZADAS QUE NO DEPENDA DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE GUERRERO ES DECIR QUE SEA AUTÓNOMA Y CON RECURSOS ECONÓMICOS, MATERIALES Y HUMANOS PROPIOS.

3.- QUE EL TITULAR DE LA CEAV NO UTILICE EL PRESUPUESTO PARA AMPLIAR SU PLANTILLA DE BURÓCRATAS, LO QUE RESULTARÍA EN UN  DETRIMENTO DE LOS DERECHOS DE LAS VICTIMAS. 

 

¡¡¡POR EL CUMPLIMIENTO INCONDICIONAL E INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GUERRERO!!!

¡Por una Sociedad Fraterna y una Vida Digna!

Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos "José Ma. Morelos y Pavón" A. C.

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A. C.

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan

"Los Otros Buscadores, Buscando Vida entre la Muerte"

Colectivo de Familias de Acapulco en Búsqueda de sus desaparecidos

"Colectivo de Padres y Familiares de Desaparecidos, Secuestrados y Asesinados en el Estado de Guerrero y en el País"

"Familias de desaparecidos de Chilapa"

 
 
 
 
 
 
 
 
Araceli Tecolapa Alejo
Comisión de Comunicación
Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos "José Ma. Morelos y Pavón"

 

 

 

Calle 13 Norte #920-A, Barrio de La Villa, Chilapa de álvarez, Guerrero.
 
 
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A 5 AÑOS DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE JUVENTINA VILLA MOJICA, CONTINÚA LA IMPUNIDAD.

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BOLETÍN DE PRENSA

A 5 AÑOS DE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE 
JUVENTINA VILLA MOJICA, 
CONTINÚA LA IMPUNIDAD.

El 28 de noviembre de 2012, la señora Juventina Villa Mojica, quien era dirigente de la comunidad de La Laguna, municipio de Coyuca de Catalán, fue ejecutada habiendo sido testigo de la ejecución de su hijo Reynaldo. Doña Juventina enfrentó la muerte de su esposo Rubén Santana Alonso, de sus hijos Sergio, Joel y Reynaldo, de apellidos Santana Villa, entre febrero de 2011 y noviembre de 2012.
La persecución de paramilitares y sicarios en contra de la familia Santana Villa y los pobladores de La Laguna se inició a raíz de la defensa de los bosques del ejido Los Huajes de Ayala, mpio. De Coyuca de Catalán en la región de Tierra Caliente. De esa persecución resultaron 3 personas desaparecidas, 27 personas ejecutadas y la comunidad de La Laguna se vio desplazada forzosamente en dos ocasiones perdiendo todo su patrimonio: abril de 2011 y diciembre de 2012 refugiándose en la comunidad serrana de Puerto de Las Ollas. Con apoyo del movimiento social y organizaciones de Derechos Humanos se logró que el gobierno del estado de Guerrero iniciara un proceso de reubicación para las familias, en La Unión, Tepango, mpio de Ayutla de Los Libres a 10 y a 7 familias respectivamente, y en La Tondonicua, mpio. de Petatlán a 16 familias, algo que, hasta la fecha no ha concluido convirtiéndose este drama en una violación sistemática y continuada de los derechos humanos. 
Aunado a lo anterior, las 29 ejecuciones y las 3 desapariciones continúan en la impunidad, pues a pesar de haberse hecho varias denuncias, de señalarse perpetradores directos, solo se ha detenido a una persona por la ejecución de doña Juventina Villa y de las demás ejecuciones no se ha detenido ni sentenciado a nadie.
El desplazamiento forzado interno de los habitantes de la comunidad de La Laguna reubicados en 3 lugares, que viven en condiciones de alta marginación sin acceso pleno a servicios básicos como son salud, trabajo, tierras, educación, etc., tiene como secuelas profundas afectaciones bio-psico-sociales, que no han sido atendidas integralmente.

A cinco años de las ejecuciones extrajudiciales de Juventina Villa Mojica y su hijo Reynaldo Santana Villa exigimos:
- Castigo a los responsables de las ejecuciones de Juventina Villa Mojica y Reynaldo Santana Villa.
- Reparación integral del daño: restitución; rehabilitación; indemnización por los daños; garantías de no-repetición y medidas de satisfacción para todas las familias de los desplazados forzosos internos, que han sido víctimas del graves violaciones a los derechos humanos, del delito, del abuso del poder y de la omisión de las autoridades.

A todo esto tienen derecho simplemente por ser guerrerenses, mexicanos y seres humanos.

CENTRO REGIONAL DE DEFENSA DE DERECHOS HUMANOS “JOSE MA. MORELOS Y PAVON”
COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD.

Acapulco, Gro., 28 de noviembre 2017.

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