Contra la Tortura - Boletines

Boletines (83)

AU Difamación México.

by

Ciudad de México a 08 de junio de 2017

ACCIÓN URGENTE

  

MEX 004 / 0517 / OBS 059

Difamación / Estigmatización

México.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicitan su intervención urgente ante la siguiente situación en MÉXICO.

 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

 El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio han recibido  información de fuentes fidedignas sobre la campaña de difamación y estigmatización en contra de la Sra. ANABEL LÓPEZ SÁNCHEZ, Directora del Colectivo por la Ciudadanía de las  Mujeres[1], quien ha desempeñado un papel crucial en la visibilización y el acompañamiento a mujeres víctimas de violencia política en Oaxaca.

 Según las informaciones recibidas, existe una campaña de difamación y estigmatización contra la Sra. Anabel López Sánchez que se ha agudizado desde febrero de 2017 a través de distintas notas y entrevistas desprestigiando su labor como defensora de los derechos humanos.

 El 27 de febrero de 2017, la titular de la Coordinadora la para Atención de los Derechos Humanos del Poder Ejecutivo responsabilizó a la Sra. Anabel López de poner en peligro a las mujeres por su labor de promoción de sus derechos políticos en comunidades que se rigen por el sistema normativo interno[2] mediante unas declaraciones al portal del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe (SEMMÉXICO)[3].

 Además, el 18 de mayo se publicó una nota titulada “Anabel y la manipulación de la mujer” en el portal informativo NSS Oaxaca[4]en el que se busca desacreditar la labor de la Sra. López Sánchez como defensora de los derechos humanos y se le acusa de haber utilizado su puesto como Directora del Instituto de la Mujer Oaxaqueña entre 2010 y 2016, para “lucrarse” y para “desviar recursos económicos para beneficiar a determinadas organizaciones”.

 Finalmente, el 23 de mayo de 2017 se publicó una noticia en el portal informativo NSS Oaxaca [5] en el que nuevamente se ataca a la Sra. Anabel López Sánchez a raíz de su mandato en el Instituto de la Mujer Oaxaqueña.

  El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio recuerdan que esta preocupante campaña de difamación y estigmatización tiene lugar en el contexto del estado de Oaxaca en el que se registró un aumento del 300% en el número de ataques contra defensoras de derechos humanos entre 2012 y 2015 situando a Oaxaca en el primer lugar del ranking a nivel nacional en lo referente a ataques contra mujeres defensoras de derechos humanos. Además, según datos del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, en el estado se han producido 1290 feminicidios desde 1998, 51 de los cuales han tenido lugar desde el 1 de diciembre de 2016, fecha en la que se inició el sexenio del actual gobernador, el Sr. Alejandro Murat Hinojosa.

  El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio condenan la campaña de difamación y estigmatización contra la Sra. Anabel López Sánchez que pone a la defensora en una situación de vulnerabilidad y grave riesgo para su integridad física y psicológica e insta a las autoridades oaxaqueñas y mexicanas a reconocer la legitimidad de las actividades de las defensoras de derechos humanos.

 Por lo que El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) EXIGE a las autoridades de México:

  

  1. Tomar las medidas necesarias para poner fin a la campaña de difamación y stigmatización en contra de la Sra. Anabel López Sánchez y adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar su seguridad e integridad física, así como en general, la de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México.

 

  1. Defender públicamente a través de discursos oficiales y declaraciones públicas la legitimidad de las actividades de los defensores y las defensoras de derechos humanos y específicamente la legitimidad de las actividades de las defensoras de los derechos humanos de las mujeres;

 

III.   Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

 

  1. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

 

 

 

ATENTAMENTE

 

Edith Escareño Granados

Coordinadora General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI

 

 

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[1]                              El Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres defiende y promueve los derechos de las mujeres, particularmente el derecho a la participación política.

 

[2]                              En el estado de Oaxaca los municipios indígenas tienen el derecho de escoger entre dos regímenes de elección de autoridades municipales: por partidos políticos y por Sistemas Normativos Internos (SNI), previamente conocido como régimen de usos y costumbres. De los 570 municipios que conforman el estado, 417 se rigen por Sistemas Normativos Internos en tanto que 153 eligen a sus autoridades por el Sistema de Partidos Políticos. Las comunidades que eligen a sus autoridades por Sistemas Normativos Internos tienen diferentes métodos de selección de las mismas, así como diferentes momentos para elegirlas.

 

[3]        Disponible aquí:

http://www.semmexico.com/nota.php?idnota=904

 

[4]      Disponible aquí:

http://nssoaxaca.com/2017/05/18/anabel-y-la-manipulacion-de-la-mujer/

 

[5]                Disponible aquí:

http://nssoaxaca.com/2017/05/23/imo-gasto-36-de-su-presupuesto-en-reuniones-pasajes-y-viaticos/

 

 

Links:

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[1] https://www.protectdefenders.eu/es/index.html

 

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AU Absolución Perú

by

Ciudad de México a 08 de Junio de 2017

 

 

ACCIÓN URGENTE

 

 

 

Nueva información

PER 001 / 0216 / OBS 016.1

Absolución

Perú

 

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicitan su intervención urgente ante la siguiente situación en Perú.

 

 

Nueva información

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio han recibido información de fuentes fidedignas sobre la absolución de la Sra.Máxima Acuña y su familia en el proceso penal en el que estaba siendo criminalizada por parte de la empresa minera Yanacocha[1]. La Sra. Acuña, es miembro de la Asociación de Mujeres en Defensa de la Vida, Premio Goldman 2016 y se ha convertido en un símbolo de su comunidad por su denuncia de los efectos negativos en materia de derechos humanos del proyecto Conga[2].

 

Según la información recibida, el 3 de mayo la sala permanente de la Corte Suprema de Perú dictó sentencia absolutoria de la Sra. Acuña y su familia por el presunto delito de usurpación agravada de los terrenos conocidos como Tragadero Grande, ubicados en la comunidad de Sorochuco, región de Cajamarca, que la minería Yanacocha reclamaba como suyos. La sentencia tiene un carácter definitivo en la vía penal. Tras la sentencia, la minera Yanacocha declaró que respetaría la sentencia y que procedería por vía civil a través de los procedimientos aún pendientes en el Poder Judicial con el fin de resolver la disputa de tierras.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio recuerdan que este proceso penal se produjo en un contexto de oposición de las comunidades locales a la construcción del proyecto minero Conga en la Sierra de Cajamarca por parte de la empresa Minera Yanacocha. Además, las comunidades locales denuncian que en las más de dos décadas que la Minera Yanacocha lleva instalada en la zona, se han registrado graves daños ambientales como un masivo derrame de mercurio en la aldea de Choropampa en 2002, asesinatos de opositores al proyecto incluyendo cinco fallecidos únicamente en el año 2012, así como denuncias de corrupción y de abusos laborales.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y El Observatorio celebran la sentencia absolutoria y definitiva de la Corte Suprema pero lamenta y condenan la criminalización a las que la Sra. Máxima Acuña ha sido sometida durante casi seis años y que parece formar parte de un patrón más amplio de uso indebido del derecho penal en contra de los defensores del derecho a la tierra en Perú, particularmente, en la Sierra de Cajamarca.

 

Por todo lo anterior, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. y el Observatorio instan a las autoridades peruanas a tomar medidas para evitar la repetición de casos similares de criminalización en el futuro incluyendo a través de la implementación urgente de las recomendaciones formuladas por la CIDH en el informe “Criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos"[3] y hace un llamado a la empresa Yanacocha a poner fin al proceso de hostigamiento judicial en contra de la Sra. Acuña también por la vía civil.

 

 

Antecedentes:

 

 

La Sra. cuña y su familia han sufrido amenazas y ataques por parte de la policía y del personal de seguridad de la empresa minera Yanacocha a lo largo de los últimos años. Estos ataques han incluido la destrucción de partes de su propiedad, la toma de fotografías de la casa y de la familia por parte de agentes de la policía, actos de vigilancia a través de cámaras y drones, amenazas de muerte, así como actos de intimidación instando a la Sra Acuña y a su familia a abandonar sus tierras. Estos hechos han llevado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgara medidas cautelares a favor de la Sra. Acuña y su familia el 5 de mayo de 2014.

 

Estos ataques están relacionados con la disputa que la Sra. Acuña tiene desde hace varios años con la empresa minera Yanacocha sobre la propiedad de la tierra. El 17 de diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca determinó en la Segunda Sala de Apelaciones de Cajamarca que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como argumentaba la empresa.

 

 

Por lo que El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) EXIGE a las autoridades de Perú:

 

 

  1. Tomar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de la Sra. Acuña, de su familia, y en general la de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Perú;

 

  1. Emitir una directiva dirigida a todos los funcionarios públicos, incluyendo todos los órganos jurisdiccionales competentes y el Ministerio Público, para asegurar el cumplimiento de las recomendaciones emitidas por la CIDH y el respeto a las facultades jurisdiccionales de las rondas campesinas reconocidas por el artículo 149 de la Constitución con el fin de asegurar que se ponga fin al uso indebido del derecho penal en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Perú;

 

iii. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

 

  1. De manera general, y garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Perú.

 

 

 ATENTAMENTE

 

 

Edith Escareño Granados

Coordinadora General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]                              Yanacocha fue constituida legalmente en 1992 y está conformada por Newmont Mining Corporationcon sede en Denver (EEUU), Cía. de Minas Buenaventura, compañía peruana, y la International Financial Corporation (IFC).

[2]               El proyecto Conga, administrado por la empresa minera Yanacocha, plantea trasvasar el agua de cuatro lagunas (Mala, Chica, Azul y Perol) hacia tres reservorios que se construirán cerca del lugar de origen de las mismas. Bajo los humedales hay oro, plata y cobre. Y en la Laguna Azul se tiene previsto depositar toda la roca removida.

[3]      El informe está disponible aquí : http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/criminalizacion2016.pdf

 

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AU Difamación Nicaragua.

by

Ciudad de México a 08 de junio de 2017

 

ACCIÓN URGENTE

  

NUEVA INFORMACIÓN

NIC 001 / 0317 / OBS 025.2

Difamación / Amenazas / Hostigamiento

NICARAGUA

  

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicitan su intervención ante la siguiente situación en NICARAGUA.

 

NUEVA INFORMACIÓN:

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio han recibido informaciones del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) sobre el escalamiento de la campaña de difamación contra el CENIDH y,  particularmente, en contra de la Sra. VILMA NÚÑEZ DE ESCORCIA, fundadora y presidenta del CENIDH, organización miembro de la Red SOS-Tortura de la OMCT así como de la FIDH en Nicaragua, y beneficiaria de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 11 de noviembre de 2008 que, sin embargo, no son implementadas por el Estado nicaragüense.

 

Según las informaciones recibidas, una campaña de difamación y de hostigamiento contra el CENIDH sigue intensificándose con al menos nueve publicaciones difamatorias en el mes de abril. Destaca la serie de entregas titulada “La Galería de los Traidores” del medio digital Nicaleaks que, en sus palabras, busca “que el pueblo conozca a quienes han motivado la iniciativa de la Nica Act”[1]. La sexta entrega publicada el 17 de abril de 2017 bajo el título “Conociendo a los traidores Nica-Act” señala a varios dirigentes de partidos opositores y de las organizaciones de la sociedad civil incluyendo a la Sra. Núñez. Dicha publicación pone en riesgo la integridad física y psicológica de la Sra. Núñez y de su familiares al divulgar información sobre la localización de sus viviendas, datos personales e incluso la identificación del vehículo en el que se desplaza, así como definiéndola como “asalariada de organismos extranjeros como Amnistía Internacional, CEJIL, USAID, NED” y calificándola de “agente extranjero en su propio país”.

 

Además, otra publicación con fecha de 12 de abril de 2017 muestra fotos de la participación de la Sra. Núñez y otros integrantes del CENIDH en audiencias ante la CIDH pretendiendo vincular su participación en ese espacio con actividades de incidencia desarrolladas por líderes de la oposición y tratando de situar a la Sra. Núñez en reuniones en las que ella no ha participado.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio recuerdan que estas amenazas ocurren en un contexto cada vez más tóxico para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua y que incluye recientes ataques contra la Sra. Núñez y otras destacadas defensoras de los derechos humanos (véase antecedentes) y lamentan que a pesar de la situación de evidente riesgo las autoridades no hayan tomado ninguna medida para garantizar su protección, en contravención de sus obligaciones de garantizar la integridad de todos sus ciudadanos y ciudadanas y, particularmente, la de aquellas personas que se encuentran en riesgo.

 

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio expresa su grave preocupación por estos actos de difamación e intimidación, condena enérgicamente la estigmatización de los defensores de derechos humanos en Nicaragua e insta a las autoridades nicaragüenses a apoyar y reconocer públicamente la legitimidad de su trabajo como defensoras de derechos humanos.

 

ANTECEDENTES Y CONTEXTO DE LA SITUACIÓN:

 

El 8 de marzo de 2017, nueve Ministras y Vice-Ministras del Gobierno de Nicaragua[2] enviaron una carta a la Embajadora de los Estados Unidos, la Sra. Laura Dogu, estigmatizando a la Sra. Núnez de Escorcia como “una persona cuyas diatribas, insultos y prácticas han ofendido, reiteradamente, al Pueblo y Gobierno de Nicaragua, en la intención de romper la Armonía y la Unidad que tenemos”.

 

Esta carta se produjo como reacción a un evento en la Embajada de Estados Unidos con motivo del Día Internacional de la Mujer, que contó con la participación de dichas representantes gubernamentales, durante el cual la Sra. Núñez de Escorcia fue homenajeada y durante el cual se anunció que la Embajadora de EE.UU. la había nominado para el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje, lo que fue definido en la carta como “un acto de hostilidad con nuestro Pueblo y Gobierno”. Esta carta fue además publicada en “El 19 digital”, un órgano oficial del Gobierno lo que le da mayor connotación a la amenaza y a los riesgos que implica por tratarse de un ataque directo de funcionarias gubernamentales en un medio de comunicación oficial del mismo.

 

El 17 de marzo de 2017, miembros del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN) recibieron un mensaje repleto de descalificaciones, infamias, y graves amenazas contra una serie de defensores de derechos humanos señalados personalmente por una imagen que acompaña dicho mensaje incluyendo a las Sras. Vilma Núñez de Escorcia, LOTTIE CUNNINGHAM, fundadora del CEJUDHCAN, JUANA BILBANO, Directora del CEJUDHCAN y FRANCISCA RAMÍREZ, lideresa del Consejo por Defensa de la Tierra, Lago y Soberania.

 

Es importante mencionar recientes ataques contra dichas defensoras como las amenazas de muerte el pasado 28 de febrero contra la Sra. Cunningham, así como la detención arbitraria y posterior puesta en libertad el 25 de junio de 2016 y varios ataques posteriores en el caso de la Sra. Ramírez incluyendo la confiscación durante 10 días de una camioneta y un camión que le pertenecen por parte de la Policía Nacional en el contexto de una protesta pacífica en Managua el 1 de diciembre de 2016.

 

Por lo que El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) EXIGE a las autoridades de Nicaragua:

 

 

  1. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la integridad física y psicológica de las Sras. Vilma Núñez de Escorcia a través de una efectiva implementación de las medidas cautelares, así como la integridad de otros integrantes del CENIDH, de Lottie Cunningham, Francisca Ramírez y Juana Bilbano, así como de sus familiares y en general, la de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua;

 

  1. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre las recientes amenazas contra las Sras. Vilma Núñez de Escorcia, Lottie Cunningham, Francisca Ramírez y Juana Bilbanocon el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

 

    iii.         Implementar políticas de apoyo, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en Nicaragua;

 

  1. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

 

  1. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Nicaragua.

 

 

ATENTAMENTE

 

 

Edith Escareño Granados

Coordinadora General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)

 

 

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[1]                                  El proyecto de ley, cuyo nombre es _Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA)_, pretende que Estados Unidos vote en contra de los préstamos que el gobierno de Nicaragua busque ante entidades financieras multilaterales bajo el argumento de que deben sostenerse los estándares en temas de derechos humanos, corrupción y transparencia para todos los gobiernos de Centroamérica.

 

[2]                 Son las siguientes: Arlette Marenco Meza (Vice Ministra MINREX), Loyda Barreda Rodríguez (Directora INATEC), Alba Luz Torres (Ministra MITRAB), Yadira Meza (Ministra de la Mujer), Justa Pérez Acuña (Vice Ministra MEFCCA), Ma. Auxiliadora Chiong (Ministra MEFCCA), Sonia Castro (Ministra MINSA), Miriam Ráudez (Ministra MINED) y Marcia Ramírez (Ministra MIFAM).

 

 

Links:

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[1] https://www.protectdefenders.eu/es/index.html

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Pronunciamiento RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

by

Ciudad de Antigua Guatemala, 19 de mayo de 2017


RED LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE DE INSTITUCIONES DE
SALUD CONTRA LA TORTURA, LA IMPUNIDAD
Y OTRAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS


Las organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de
Salud contra la Tortura, la Impunidad y otras violaciones a los Derechos Humanos, reunidas
en Antigua Guatemala del 15 al 19 de mayo de 2017, en el Seminario sobre: “Los datos en la
lucha contra la Impunidad” observamos con mucha preocupación las distintas realidades de
nuestro continente que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que
fomentan la impunidad, entre ellas:
1) La coyuntura actual que se vive en Venezuela, en medio de constantes protestas que se
han tornado violentas y que se ven reprimidas por cuerpos de seguridad del Estado en
donde lamentablemente decenas de personas han perdido la vida y otros centenares han
resultado heridas.
2) La implementación en México de una política de seguridad nacional con el pretexto de la
“Guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, demostrando el poder de las
fuerzas armadas y elevando el número de detenciones arbitrarias, desaparición forzada
de personas, tortura, ejecuciones extrajudiciales, dirigida a la población en general. Es
importante destacar la violencia dirigida contra periodistas, defensores de derechos
humanos, migrantes, integrantes de movimiento social. El Estado mexicano mantiene la
simulación de protección a derechos humanos, pero la realidad de las personas afectadas
y su lucha de búsqueda de justicia lo desenmascaran. Consideramos que frente al
aumento de las violaciones citadas, México se encuentra en una grave crisis humanitaria.
3) La muerte en Guatemala de al menos 41 niñas, con la implicación del Estado
Guatemalteco en dichas muertes, dentro de una institución estatal que las debía proteger ,
denominado paradójicamente “Hogar Seguro”, evidencia un retroceso en materia de
derechos humanos, por lo que es necesario que sean atendidas de forma integral las
victimas sobrevivientes y familiares. Esta tragedia no debe quedar en la impunidad,
deben ser juzgadas todas las personas que de una u otra forma fueron responsables, por
acción u omisión
4) El fortalecimiento en Honduras de una política de represión hacia las personas privadas
de libertad al construir cárceles con espacios de máxima seguridad en los cuales soportan
condiciones constitutivas de Tortura y Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes. Por otra
parte, el Poder Legislativo adopta un enfoque penalizador al discutir el nuevo Código
Penal reflejando un aumento de las penas que tendrá como resultado un impacto negativo
sobre el sistema penitenciario, último eslabón del sistema de justicia.
5) La degradación de un sistema jurídico policial en Bolivia que por falta de un sistema de
investigación serio, científico, utiliza la tortura e incrementa los tratos crueles, inhumanos
y degradantes para obtener confesión e información. A esto se añade que se ha creado un
Mecanismo Nacional de Prevención dependiente del Ministerio de Justicia y no se ha
conformado aún la Comisión de la Verdad.
6) La creciente sofisticación de las acciones dirigidas a impedir, obstaculizar, o desmotivar
la labor de defensa y promoción de los derechos humanos por parte de defensores y
defensoras de los Derechos Humanos en diversos países de la región.
7) La búsqueda de mecanismos para asegurar impunidad o disminución de penas de
perpetradores condenados por crímenes de lesa humanidad en Argentina.
8) La creciente criminalización de la protesta social cuyo fin es acallar a todos aquellos que
se levantan contra las autoridades corruptas y cuestionan el orden establecido.
En consecuencia:
Resulta propicio hacer un llamado urgente a la paz y al respeto por la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, Los distintos actores de oposición y gobierno deben
retomar el diálogo a favor del entendimiento para así evitar el aumento de muertes en medio
de estos más de 50 días de protestas. El respeto de los derechos humanos debe ser prioridad y
el pueblo venezolano tiene la responsabilidad de ejercer sus derechos en paz para así lograr
que los acuerdos políticos contribuyan a lograr definitivamente la unidad en este país.
La situación de vulneración de los Derechos Humanos fundamentales en Guatemala hace
necesario fortalecer la institucionalidad de la Oficina de Prevención Contra la Tortura, Tratos
Crueles Inhumanos y Degradantes además de la Procuraduría de Derechos Humanos. Ambas
elecciones de la dirigencia de estos mecanismos se encuentran actualmente en el Congreso de
la República, hacemos un llamado para que se elijan personas idóneas comprometidas con la
defensa y promoción de los más altos ideales de respeto humano. Manifestamos el respaldo a
los esfuerzos del pueblo guatemalteco que se están desarrollando en contra de la impunidad y
la corrupción, aquí reconocemos el compromiso del Ministerio Público y la Comisión
Internacional Contra la Impunidad en Guatemala –CICIG-.
Instamos al gobierno de Honduras a enfocar su atención en programas de rehabilitación y
reinserción para las personas privadas de libertad. Como veladores de las garantías y de
respeto a la dignidad, demandamos que los esfuerzos gubernamentales, financieros y los
político-sociales se enfoquen en la prevención para que la juventud hondureña tenga
oportunidades para superar la exclusión social.
Hacemos un llamado al nuevo gobierno del Ecuador para que de acuerdo a lo que establece la
Constitución, se concrete un diálogo con la sociedad civil, anteponiendo un proceso de
amnistía a todos los y las defensores/as de derechos humanos y de la naturaleza que han sido
víctimas de hostigamiento y enjuiciamiento en contra del derecho a la resistencia en las
movilizaciones de agosto del 2015 por la defensa de los territorios ancestrales.
Instamos a todos los gobiernos de la región a concretar las políticas de reparación de las
víctimas que aún están pendientes y a concretar los procesos de Paz.
Instamos a los gobiernos a poner en marcha las Comisiones de la Verdad y dar a conocer los
Archivos de las fuerzas de seguridad.
Apoyamos los procesos de negociación en Colombia y hacemos un llamado para que en su
implementación para la construcción de la Paz se ponga al centro de las preocupaciones, la
necesidad de acordar e implementar programas de atención y rehabilitación psicosocial a
nivel individual y colectivo, desarrollados por instituciones profesionales y experimentadas en
el campo psicosocial, para contribuir a superar las afectaciones emocionales y físicas
derivadas del conflicto armado interno que durante seis décadas ha vivido el país. La
reconstrucción del tejido social y de las vidas afectadas por el conflicto, requiere de procesos
de reparación psicosocial orientados desde la perspectiva de las personas y comunidades
afectadas, la dignidad de las Victimas y la mejora de las condiciones de vida de los
sobrevivientes.
Valoramos y aplaudimos la manifestación masiva de repudio del pueblo argentino ante la
resolución de la Corte Suprema que otorgó disminución de pena a un torturador, en medio de
una campaña de negacionismo de los crímenes perpetrados por la dictadura.
Instamos a los pueblos de América Latina a estar alertas ante las campañas negacionistas y los
mecanismos judiciales que promuevan la impunidad.
Expresamos nuestra solidaridad con los familiares de Rodrigo Quintana asesinado por un
miembro de la Policía Nacional en Paraguay, y exigimos a las autoridades de dicho país una
clara y profunda investigación y castigo a los responsables
Instamos a los gobiernos de los países firmantes del Protocolo Facultativo contra la Tortura a
cumplir con las obligaciones relacionadas con los Mecanismos Nacionales de Prevención de
la Tortura, asumidas por el Estado parte al ratificar el OPCAT:
a) Creación mediante un procedimiento público, transparente, inclusivo e independiente en
el que participe un grupo ampliamente representativo de las partes interesadas, en
particular la sociedad civil.
b) El mecanismo nacional de prevención debe encauzar sus acciones y recursos para lograr
una contribución real a la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes.
Recomendamos a los gobiernos la exigencia de la utilización del Protocolo de Estambul en
los informes y dictámenes sobre víctimas de tortura y sus familiares.


Por la Red Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Salud contra la Tortura, la
Impunidad y otras Violaciones a los Derechos Humanos:


- Centro de Alternativas en Salud Mental y Derechos Humanos (ATYHA), Paraguay.
- Centro de Salud Mental y Derechos Humanos (CINTRAS), Chile.
- Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de Tortura y sus
Familiares (CPTRT), Honduras.
- Centro de Apoyo Psicosocial (CAPS), Colombia.
- Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), México.
- Equipo Argentino de Trabajo e Investigación Psicosocial (EATIP), Argentina.
- Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), Guatemala.
- Fundación para la Rehabilitación Integral de Víctimas de Violencia (PRIVA), Ecuador.
- Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador.
- Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Guatemala.
- Instituto de Terapia e Investigación sobre las Secuelas de la Tortura y la Violencia Estatal
(ITEI), Bolivia.
- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Guatemala.
- Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Venezuela.
- Red para la Infancia y la Familia(REDINFA), Perú.

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AU Amenazas Hostigamiento y Asesinato en México

by

 

Ciudad de México a 25 de mayo de 2017

 

ACCIÓN URGENTE

 

 

MEX 003 / 0517 / OBS 050

Amenazas / Hostigamiento

/ Asesinato

MÉXICO

   

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicitan su intervención urgente ante la siguiente situación en MÉXICO.

 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

 El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio han recibido información de fuentes fidedignas sobre varios ataques incluyendo amenazas, actos de hostigamiento y un asesinato en contra de integrantes de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT)[1] y de la Articulación Pueblos Originarios del Istmo en Defensa del Territorio (APOYO)[2] en el contexto de las movilizaciones de las comunidades contra el desarrollo de varios megaproyectos en sus territorios, principalmente eólicos, sin que se haya llevado a cabo una consulta previa, libre e informada[3], así como por su resistencia contra las altas tarifas de energía eléctrica en la región del Istmo de Tehuantepec (Estado de Oaxaca).

 Según las informaciones recibidas, el 10 de febrero alrededor de las 3 de la tarde el Sr. RODRIGO FLORES PEÑALOZA fue asaltado a la salida de su lugar de trabajo junto con varios compañeros por dos hombres armados con armas de fuego a bordo de un moto taxi. Los asaltantes apuntaron su arma y centraron la mayoría de sus amenazas contra el Sr. Rodrigo Flores Peñaloza. Además, el 24 de febrero, un hombre armado se presentó en su lugar de trabajo y preguntó de forma reiterada por el Sr. Flores Peñaloza. Estos hechos permanecen impunes.

 El 8 de abril de 2017, aproximadamente a las 8 de la noche el Sr. JOSÉ ALBERTO TOLEDO VILLALOBOS fue hallado en el tramo carretero entre la colonia San José y la gasolinera de Tapanatepec. El Sr. Toledo Villalobos se encontraba en el suelo con múltiples golpes en la cara y el abdomen y se encontraba semiinconsciente. Su moto taxi se encontraba completamente destruido. Fue ingresado en el hospital básico comunitario de Tapanatepec a las 9:00 de la noche del mismo día y, a pesar de la gravedad de su estado, no fue enviado al Hospital General de Juchitán hasta las 10 de la mañana del día siguiente, hospital en el que falleció a la 1 de la tarde. El Sr. Toledo Villalobos había recibido amenazas de muerte por medio de sicarios, que en una ocasión interceptaron su unidad para advertirle que “dejará de estarse metiendo en problemas con eso de la energía eléctrica, porque ya lo tenían vigilado”. En la fecha de publicación de este llamado el asesinato permanecía impune.

 El 19 de abril, la radio frecuencia 92.7 de Juchitán estuvo difundiendo agresiones verbales durante varias horas en contra del Sr. Rodrigo Flores Peñaloza y la Sra. BETTINA CRUZ VELÁZQUEZ, vocera de la APIIDTT e integrante de APOYO. Además, el día siguiente, el 20 de abril, un hombre en actitud sospechosa permaneció durante varias horas delante de la oficina de la APIIDTT y fue escuchado describiendo por teléfono el lugar y las señas generales de la oficina.

 El 26 de abril 2017, al salir de su domicilio, el Sr. Rodrigo Flores Peñaloza encontró en su parabrisas una nota escrita a mano, donde se le amenaza de manera directa mencionando que lo tienen vigilado. Los hechos han sido denunciados pero permanecen impunes.

 El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio condenan el asesinato del Sr. José Alberto Toledo Villalobos y las amenazas y los actos de hostigamientos en contra del Sr. Rodrigo Flores Peñaloza y de la Sra. Bettina Cruz Velázquez y muestra su preocupación por el hecho de que estos ataques parecen deberse a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos.

 

Por lo que El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) EXIGE a las autoridades de México:

ACCIÓN SOLICITADA:

 

Por favor, escriban a las autoridades de México urgiéndolas a:

 

  1. Poner fin a todo tipo de amenazas y actos de hostigamiento y adoptar de manera inmediata medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física del Sr. Rodrigo Flores Peñaloza, de la Sra. Bettina Cruz Velázquez y de otras personas integrantes de la APIIDTT y APOYO, y en general, en contra de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en México.

 

  1. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, con el fin de identificar a los responsables del asesinato del Sr. Toledo Villalobos y de los actos de intimidación en contra del Sr. Rodrigo Flores Peñaloza y de la Sra. Bettina Cruz Velázquez y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

 

III.   Defender públicamente a través de discursos oficiales y declaraciones públicas la legitimidad de las actividades de los defensores y las defensoras de derechos humanos y específicamente la legitimidad de las actividades de los defensores del derecho a la tierra;

 

  1. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

 

  1. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

 

 

 

ATENTAMENTE

 

 

Edith Escareño Granados

Coordinadora General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)

 

 

 

 

-------------------------

 

[1]                 La Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la

Tierra y el Territorio esta conformada por distintos pueblos zapotecos e ikoots de la región del Istmo de Tehuantepec (Juchitán de Zaragoza, Unión Hidalgo, Alvaro Obregón, Sta. Ma. Xadani, La Venta, La Ventosa, San Dionisio del Mar, San Mateo del Mar).

 

[2]                 APOYO es una articulación de organizaciones

sociales y comunitarias del Istmo de Tehuantepec compuesta por pueblos originarios Binnizá (zapotecos), Ikoots (mareños), Ajuuk (mixes), Slijuala Xanuc (chontales) y Tzoque (zoques), que trabajan conjuntamente en la defensa de la vida, la tierra y el territorio y el respeto a que las comunidades decidan cómo manejar y gestionar sus bienes y recursos naturales, en pleno ejercicio de su derecho a la autonomía y autodeterminación.

 

[3]                 Las movilizaciones incluyen un amparo colectivo

presentado el 16 de marzo de 2017 ante el Juzgado Sexto de Distrito de Salina Cruzcontra el nombramiento de la región como Zona Económica Especial, lo que implicaría una segunda fase de proyectos eólicos y concesiones mineras, así como movilizaciones en defensa del cerro Iguú por parte de las comunidades indígenas zapotecas de Puente Madera, Rancho Llano y Loma Bonita de San Blas Atempa, ante la extracción de material pétreo y la construcción de una subestación eléctrica de la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).

 

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[1] https://www.protectdefenders.eu/es/index.html

 

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AU Extorsión y amenazas de muerte en El Salvador.

by

Ciudad de México a 25 de mayo de 2017

 

ACCIÓN URGENTE

 

 

LLAMADO URGENTE - EL OBSERVATORIO

SLV 001 / 0517 / OBS 049

Extorsión / Amenazas de muerte

EL SALVADOR

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicitan su intervención ante la siguiente situación en EL SALVADOR.

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio han recibido información de fuentes fidedignas sobre los actos de extorsión y amenazas de muerte en contra de la Sra. KARLA STEPHANIE AVELAR [1], defensora de los derechos LGBTI, Directora Ejecutiva de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans con VIH en El Salvador (COMCAVIS TRANS)[2] , organización que fundó en 2008, y finalista del Premio Martin Ennals 2017 para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Entre sus logros se encuentra el haber contribuido a que las autoridades salvadoreñas separaran a los prisioneros y prisioneras LGBTI por su seguridad y que se les permitiera acceder al tratamiento básico de VIH que provee el Ministerio de Salud[3].

 

Según las informaciones recibidas, el 28 abril 2017, dos días después de ser nominada como finalista del premio Martin Ennals para Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, tres hombres se personaron en el domicilio de la Sra. Karla Stephanie Avelar para exigirle el 50% del premio que había ganado por dicho galardón, asumiendo los pandilleros que ella ya había recibido el premio. Los individuos decidieron darle un plazo de tres días para pagar la cantidad establecida y le avisaron que de no cumplir lo mejor sería que abandonase su lugar de residencia porque su vida estaría en peligro. En este contexto, la Sra. Karla Stephanie Avelar se vio obligada a abandonar su hogar y buscar refugio en otro lugar.

 

Estas amenazas de muerte se suman a numerosos incidentes previos contra la Sra. Karla Avelar a lo largo de su vida incluyendo tres intentos de asesinato (véase antecedentes) que ejemplifican la fuerte discriminación contra la comunidad LGBTI en El Salvador. Estos hechos se producen además en un contexto de alarmante violencia con al menos

17 asesinatos de personas LGBTI entre enero y marzo según denunció la CIDH[4] .

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio condenan enérgicamente las amenazas de muerte y los ataques repetidos en contra de la vida de la  Sra. Karla Stephanie Avelar y muestran su preocupación por el hecho de que estos ataques parecen deberse a sus legítimas actividades en defensa de los derechos humanos. Por ello, El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y el Observatorio instan a las autoridades salvadoreñas a tomar medidas para garantizar la integridad física y psicológica de las personas defensoras de derechos humanos de la comunidad LGBTI así como a tomar medidas decididas para poner fin a toda discriminación en contra de esta comunidad.

 

ANTECEDENTES:

 

Tras haber enfrentado serios abusos por parte de miembros de su familia y ser expulsada de su casa cuando era niña, la Sra. Karla Stephanie Avelar tuvo que ganarse la vida como trabajadora sexual. Por ello, tuvo que cumplir una sentencia de cinco años de prisión (1997-2001) durante la cual fue violada y abusada, con la participación y complicidad de los guardias y de personal de la prisión, lo que le ocasionó graves problemas de salud física y psicológica, incluyendo el VIH, que se vieron exacerbados por la falta de tratamiento.

 

Además, la Sra. Karla Stephanie Avelar ha sobrevivido a tres intentos de asesinato. La primera tentativa de homicidio se dio en 1992 cuando era una adolescente, durante una seria de asesinatos de mujeres transgénero. Sobrevivió gracias a que logró en un primer momento desarmar a su atacante, aunque éste terminó sacando una segunda pistola y le disparó nueve veces. Fue rescatada por un vigilante que le encontró herida en la calle. El segundo intento de asesinato sucedió en 2008 a manos de integrantes de la Mara Salvatrucha que le exigieron a ella y sus compañeras trabajadoras sexuales 25 dólares semanales para garantizar su protección. Al negarse, la Sra. Avelar fue disparada en cinco ocasiones pero logró nuevamente sobrevivir. Finalmente, en 2012 volvió a ser atacada con dos cuchillos.

 

Por lo que El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) EXIGE a las autoridades de El Salvador:

 

  1. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física de la Sra. Karla Stephanie Avelar, así como en general de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en El Salvador y, particularmente, las personas defensoras de derechos humanos LGBTI.

 

  1. Llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre los hechos ocurridos en contra de la Sra. Karla Stephanie Avelar con el fin de identificar a los responsables y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

 

iii.   Adoptar una política de comunicación que incluya los más altos niveles del ejecutivo salvadoreño, así como medidas de educación y sensibilización de la población, con el fin de promover la legitimación de la comunidad LGBTI y de poner fin a su estigmatización, así como de legitimar la labor de las personas defensoras de los derechos LGBTI;

 

  1. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998.

 

  1. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos firmados y ratificadas por El Salvador.

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENTAMENTE

 

 

Edith Escareño Granados

Coordinadora General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)

 

 

 

-------------------------

 

[1]                 La Sra. Avelar es además Vicepresidenta de

Rediversa, una coalición de organizaciones LGTBI en Centroamérica, y miembro del Consejo Regional de la Asociación Internacionales de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans et Intersexuales de Latinoamérica y el Caribe (ALGA-LAC) así como asesora de la sociedad civil para el grupo Consultativo ONU Mujeres (2016-2020).

 

[2]                                   COMCAVIS TRANS realiza incidencia

política y pública nacional e internacional en la promoción y defensa de los DDHH de las personas Trans y LGBTI (incluyendo población privadas de libertad, con VIH, y migrantes), provee servicios de asistencia y capacitación

 

[3]                       Así mismo ha demandado al Estado Salvadoreño

en dos ocasiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

(CIDH) el 29 de Octubre 2013 y 21 de Marzo 2017 por impunidad, alta tasa crímenes por odio, incumplimiento al mandato de la actual Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Fiscalía General de la República (FGR) y en el 2015 presento junto a otras organizaciones de Derechos Humanos un informe alternativo para el Examen Periódico Universal (UPR).

 

[4]                                  Véase Comunicado de la Comisión

Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), _CIDH condena alarmantes cifras de asesinatos de personas LGBT en la región en lo que va del año_, disponible en:

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/037.asp.

 

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Links:

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[1] https://www.protectdefenders.eu/es/index.html

 

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AU Agresión física y amenazas en Honduras

by

 

Ciudad de México a 25 de Mayo de 2017.

 

ACCIÓN URGENTE

 

  

HDN 005 / 0517 / OBS 048

Agresión física / Amenazas

HONDURAS

  

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en HONDURAS.

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio han recibido información de fuentes fidedignas sobre la agresión física y las amenazas en contra del Sr. MOISÉS SÁNCHEZ, empleado de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO) y Secretario General de la Sub-Seccional del Sindicato de Trabajadores de la Agroindustria y Similares (STAS), y de su hermano, el Sr. MISAEL SÁNCHEZ, también afiliado al STAS.

 

Según las informaciones recibidas, el 15 de abril de 2017, los Sres. Moisés Sánchez y Misael Sánchez fueron agredidos en las cercanías de la Finca Los Balcanes por cuatro individuos encapuchados armados con pistolas y machetes. Los Sres. Sánchez regresaban a su casa en la Comunidad de La Permuta en bicicleta después de haber realizado gestiones sindicales en la ciudad de Choluteca.

 

Mientras intentaba defender a su hermano, el Sr. Misael Sánchez resultó gravemente herido en la cara por un machete tras lo cual se desplazó hacia las casas vecinas para pedir auxilio. El Sr. Moisés Sánchez fue retenido durante unos cuarenta minutos durante los cuales fue interrogado sobre sus actividades sindicales y amenazado abiertamente con que si continuaba con ese trabajo iba a tener consecuencias. Las agresiones han sido denunciadas ante las autoridades competentes así como ante el Comisionado Nacional de Derechos Humanos

(CONADEH) pero por el momento los perpetradores no habrían sido identificados y no se conocen medidas de protección específicas a favor de los dos defensores afectados.

 

Esta agresión se produce en el contexto de su trabajo sindical en las meloneras de las empresas Melon Export SA (MELEXSA) y Sur Agrícola de Honduras (SURAGROH), subsidiarias de la empresa transnacional irlandesa Fyffes que fue recientemente adquirida por el conglomerado japonés Sumitomo. Los trabajadores organizados han venido denunciando las condiciones de trabajo así como la postura antisindical de los empleadores de las melonera en Choluteca. Según un reciente informe de la Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI PARTICIPA) y de la Red de Violencia Antisindical en Honduras desde enero de 2015 se han registrado al menos 61 incidentes contra líderes sindicales incluyendo seis asesinatos que se mantienen impunes.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio recuerdan que estos hechos se producen en el contexto de una campaña sistemática de ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras que según datos recogidos  desde mayo del 2015 incluye una media de al menos un asesinato por mes así como amenazas, detenciones o casos de criminalización, tal y como se recoge en el reciente informe del Observatorio publicado en diciembre “Los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos entre la espada y la pared”[1].

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI) y El Observatorio condenan la agresión física y las amenazas en contra de los Sres. Moisés Sánchez y Misael Sánchez y solicita a las autoridades hondureñas una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial sobre estos hechos con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal competente e imparcial, y aplicarles las sanciones previstas por la ley.

 

 

Por lo que El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. EXIGE a las autoridades de Honduras:

 

 

 

  1. Iniciar una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, con el fin de identificar a las personas responsables y aplicarles las sanciones previstas por la ley;

 

  1. Adoptar de manera inmediata las medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Moisés Sánchez y Misael Sanchez así como la del resto de los miembros de STAS y la FESTAGRO y, en general, la de todas las personas sindicalistas y el resto de los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;

 

iii.            Implementar políticas de reconocimiento, incluyendo el reconocimiento público por parte del Presidente de la República y otros altos funcionarios, de la importancia de la legítima labor llevada a cabo por los defensores y defensoras de derechos humanos en Honduras;

 

  1. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2.

 

  1. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Honduras.

 

 

 

 

ATENTAMENTE

 

 

Edith Escareño Granados

Coordinadora General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------

 

[1]          Ver: Informe de misión de investigación “Los Defensores

Y Defensoras De Derechos Humanos Entre La Espada Y La Pared », 1 de diciembre de 2016:

http://www.omct.org/files/2016/12/24083/honduras_informe_de_mision.pdf

[2]

 

 

Links:

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[1] https://www.protectdefenders.eu/es/index.html

[2]

http://www.omct.org/files/2016/12/24083/honduras_informe_de_mision.pdf

 

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COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO A 4 años de la detención arbitraria de Damián Gallardo y Enrique Guerrero el Parlamento Europeo y la sociedad civil reclaman su liberación

by

COMUNICADO DE PRENSA CONJUNTO


A 4 años de la detención arbitraria de Damián Gallardo y Enrique Guerrero el Parlamento Europeo y la
sociedad civil reclaman su liberación


- La Coordinación Alemana y el Observatorio exigen la liberación inmediata de los defensores Damián
Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña en cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo
sobre Detención Arbitraria de la ONU


- Piden a las autoridades mexicanas tomar en cuenta las opiniones emitidas por la ONU sobre ambos
casos

- Llaman a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México a emitir una recomendación a
cuatro años de la detención arbitraria de los defensores

17 de mayo de 2017, Stuttgart/Berlín/Ginebra/París.-

El 17 y 18 de mayo del 2013 fueron detenidos los defensores de derechos humanos Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña. Las detenciones y el
posterior encarcelamiento carecieron de todo apego a la ley y estuvieron plagados de irregularidades y graves violaciones a sus derechos humanos como criminalización, tortura y malos tratos.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU se ha expresado calificando las detenciones de ambos como detenciones arbitrarias y emitiendo opiniones declarando la falta de acceso a la justicia y solicitando la liberación de los dos defensores.
Además, en el día de hoy, coincidiendo con el cuarto aniversario de la detención arbitraria de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña se ha hecho pública una carta firmada por 32 parlamentarias y parlamentarios y europeos de ocho Estados miembros (anexa a este comunicado) en la que instan a las autoridades mexicanas a dar cumplimiento cuanto antes a cinco opiniones de la ONU referidas a la detención arbitraria de cinco personas defensoras de derechos humanos en México1. Además, los parlamentarios europeos han hecho un llamamiento a la Delegación de la Unión Europea en México para que lleven a cabo una visita a los defensores que permanecen arbitrariamente detenidos. 
Como pudo comprobar la misión del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OMCT-FIDH), en febrero del 2017, tanto Damián Gallardo como Enrique Guerrero mantienen problemas de salud relacionados con los actos de tortura y tratos inhumanos que les han sido inflingidos. Además, ambos han dado positivo en la aplicación del Protocolo de Estambul, documentando el uso de la tortura. En los cinco casos mencionados se puede verificar un mismo patrón de detención, no existieron ordenes de aprehensión, fueron sometidos a actos de tortura y/o malos tratos, así como a diversas violaciones al debido proceso, tal y como se documentó en el informe “Detenciones arbitrarias e ilegales – Criminalización: Una política de Estado para inhibir la defensa de los derechos humanos en México” publicado en diciembre de 20162.
En el marco de su visita a México la Coordinación Alemana pudo documentar el día 27 de marzo 2017 la permanencia de las graves violaciones en el penal de máxima seguridad CEFERESO Nº. 2 de Puente Grande, Jalisco, en el que siguen arbitrariamente detenidos ambos defensores. Además, la Coordinación pudo confirmar que varios casos de detención arbitraria en México corresponden a la criminalización de personas 1 Además de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña, los otros casos referien a Librado Baños
Rodríguez quien permanece preso, mientras que en el caso de Pedro Celestino Canché Herrera y Nestora Salgado sigue sin haberse producido reparación por la violación de sus derechos.


2 El informe está disponible aquí: http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/reports-andpublications/
mexico/2016/12/d24117/
2
defensoras en México, una situación que es preocupante al tomar en cuenta la profunda crisis de derechos
humanos que se vive en la república mexicana.
La Coordinación Alemana ha expresado su preocupación ante la falta de respuesta de las autoridades
federales a la solicitud de la incorporación de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña al
Mecanismo Nacional de Protección a Defensores de DH y Periodistas.
Desde diciembre del 2016 la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México inició una campaña
para la liberación de Damián Gallardo Martínez y Enrique Guerrero Aviña. Dicha acción junto con otras
movilizaciones continuarán en Alemania y en Europa hasta conseguir la liberación de ambos defensores.
La Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México es una red integrada por las siguientes
organizaciones e instituciones alemanas: Amnistía Internacional (Sección Alemana, A.C.), Carea A.C., Centro
Franciscano de Desarollo y Misión, Companer@s de México del Sur A.C., Iniciativa para México de Colonia y
Bonn, Initiative Mexiko (INI-MEX), Obra Episcopal Misereor, Oficina Ecuménica para la Paz y Justicia A.C., Pacta
Servanda A.C., Pan para el Mundo – Servicio Protestante para el Desarrollo, pax christi / Comisión Solidaridad
Un Mundo, Procura Misionera de los Jesuitas Alemanes, Promovio, A.C.
Secretariado Blumenstr. 19 D-70182 Stuttgart fon: +49 - (0)711 - 57 64 68 79
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. http://www.mexiko-koordination.de
https://www.facebook.com/DeutscheNetzwerkMenschenrechtssituationMexiko
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un
programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por
objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y
defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el
Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil
internacional.

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Pronunciamiento por Miriam

by

Ciudad de México, 11 de mayo del 2017.

 

 

REPUDIAMOS EL ARTERO ASESINATO DE MIRIAM ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ, MADRE DE KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRIGUEZ, DESAPARECIDA EN EL 2012.

 

 

SOLICITAMOS AL GRUPO DE TRABAJO DE DESAPARICIONES FORZADAS E INVOLUNTARIAS DE NACIONES UNIDAS, AL RELATOR ESPECIAL DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y AL RELATOR ESPECIAL SOBRE EJECUCIONES SUMARIAS Y ARBITRARIAS, SOLICITEN DE MANERA URGENTE MEDIDAS CAUTELARES

 

 

La madrugada de este 11 de mayo, fuimos informados por representantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas de Tamaulipas, del repudiable asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. Los cobardes asesinos entraron a su casa y la acribillaron alrededor de la 10:30 de la noche, del 10 de mayo. En esta oscura noche de violencia y terror que vivimos por  más de una década en el noreste del país –y  que desgraciadamente se fue extendiendo a todo el territorio mexicano–, la impunidad, , la ausencia total e incuestionable de un supuesto Estado de Derecho, ha posibilitado la vigencia de un sistema de terror y muerte como forma de gobierno en nuestros estados.

 

Nos preguntamos quiénes fueron los perpetradores directos. ¿Acaso los hombres que se fugaron del penal de Ciudad Victoria y que están procesados por la desaparición y ejecución de su hija KAREN ALEJANDRA SALINAS RODRIGUEZ, desaparecida en el 2012? ¿Acaso fueron simples ladrones como suelen ser la versiones oficiales?, no lo sabemos, pero lo que sí podemos afirmar es que el Gobierno Mexicano es responsable por este crimen y GRITAMOS YA BASTA, NO PODEMOS ACEPTAR MÁS MADRES Y PADRES DE DESAPARECIDOS ASESINADOS POR BUSCAR A SUS HIJAS E HIJOS. Ya no queremos gobiernos indolentes, cooptados y corruptos que sacrifican a los ciudadanos por sus perversos intereses.

 

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México condenamos enérgicamente el asesinato de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, compañera-madre buscadora de su hija desaparecida y de todos los y las desparecidas en México.

 

Solicitamos:

Al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de Naciones Unidas, al Relator Especial sobre Defensores de Derechos Humanos y al Relator de Ejecuciones Sumarias y Arbitrarias, solicite Medidas Cautelares al Estado mexicano para proteger a la familia de nuestra compañera MIRIAM ELIZABETH RODRIGUEZ MARTINEZ y a los miembros de la Comunidad Ciudadana en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas, por el riesgo a la vida, integridad y seguridad de nuestras compañeras y compañeros.

 

Exigimos:

 

La investigación inmediata e imparcial del cobarde asesinato, por un órgano que garantice imparcialidad e independencia.

 

Al Titular del Ejecutivo Federal Lic. Enrique Peña Nieto, al Secretario de Gobernación Lic. Miguel Angel Osorio Chong, que dejen de simular y actúen para garantizar la vigencia de los Derechos Humanos en nuestro país, y no pueden que renuncien.

 

YA BASTA, NI UNA MADRE Y PADRE MÁS ASESINADOS POR BUSCAR A SUS HIJOS E HIJAS DESAPARECIDAS.

 

 

Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México

Los colectivos de familiares que han trabajado en el proceso de discusión y elaboración del documento son: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México AFADEM-FEDEFAM (Guerrero); Agrupación de Mujeres Organizadas por los Ejecutados, Secuestrados y Desaparecidos de Nuevo León, AMORES (Nuevo León); Asociación Unidos por los Desaparecidos de Baja California (Baja California); Buscando a los Desaparecidos y Desaparecidas de Xalapa (Veracruz); Colectivo por la Paz, Xalapa (Veracruz); Colectivo Colibrí (Estado de México); Colectivo el Solecito de Veracruz; Comité de Familiares de Personas Desaparecidas en México, “Alzando Voces” COFADDEM (Michoacán); Comité de Familiares y Amigos Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados en Guerrero (Guerrero); Comité de Familias Migrantes Desaparecidos del Salvador COFAMIDE (El Salvador); Comité-Familias Unidas de Chiapas Buscando a Nuestros Migrantes “Junax Ko’otontik” (Chiapas); Desaparecidos de El Fuerte Sinaloa (Sinaloa); Desaparecidos Justicia, A.C. (Querétaro); Deudos y Defensores por la

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AU Detención y criminalización Ecuador

by

Ciudad de México, a 02 de mayo de 2017

 

 

Sr. Rafael Correa, Presidente de la República.

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Dr. Pedro Solines Chacón, Ministro del Interior

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Sra. Ledy Zúñiga Rocha, Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Culto

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Dr. Galo Alfredo Chiriboga Zambrano, Fiscal General del Estado.

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Dr. Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo.

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Sra. Embajadora María Fernanda Esponosa Garcés, Misión Permanente del Ecuador ante Naciones Unidas en Ginebra.

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Sr. Embajador Pablo Villagómez Reinel, Misión del Ecuador ante la Unión Europea.

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Embajada de Ecuador en México

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ACCIÓN URGENTE

 

 

Nueva Información

ECU 001 / 0417 / OBS 041.1

 Detención arbitraria /

Criminalización

Ecuador

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI) y El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la FIDH y de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), han recibido nueva información y solicitan su intervención urgente ante la siguiente situación en Ecuador.

 

 

Nueva Información

 

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI) y El Observatorio han recibido información de fuentes fidedignas sobre la liberación, después de cuatro meses de detención arbitraria, y de la continuación de la criminalización del Sr. Jimpikit Agustín Wachapá Atsasu, Presidente del Comité Interfederacional que agrupa a otros colectivos indígenas como la Nacionalidad Achuar del Ecuador(NAE), la Nación Shuar del Ecuador (NASHE) y la Federación Interprovincial de Centros Shuar (FICSH), presentes en el centro sur amazónico ecuatoriano, zona de resistencia de proyectos mineros y petroleros. El Sr. Wachapá es tambiénex-Presidente de la FICSH, máxima entidad de los pueblos indígenas Shuar que busca velar por la promoción y el respeto de los derechos de este pueblo y de sus territorios ancestrales, así como fundador de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE)[1] y la Confederación de las Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (CONFENIAE)[2] .

 

De acuerdo con la información recibida, el día 24 de abril de 2017,el Sr. Jimpikit Agustín Wachapá Atsasu,fue liberado después de cuatro meses de detención arbitraria en la cárcel de máxima seguridad de la Latacunga en la Provincia de Cotopaxi. El Juez de la Unidad Judicial Multicompetente, con sede en el cantón de Gualaquiza, decidió darle libertad bajo una fianza de approx. 5520 euros, y con la condición de acogerse a las medidas sustitutivas impuestas tras una audiencia realiza en la tarde del 20 de abril. Sin embargo, el juicio en contra del Sr. Jimpikit Agustín Wachapá Atsasu sigue su curso y la criminalización de este y otros defensores continúa.

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI) y El Observatorio recuerdan que este proceso penal se produce en el contexto del conflicto territorial originado por la imposición de los proyectos extractivos Mirador y San Carlos Panantza de la empresa china Explorcobres S.A., en las poblaciones de Tundayme y Nankints, sobre territorios ancestrales de las comunidades Shuar y que ha dado como resultado numerosos desalojos de familias Shuar y la militarización de la zona[3] .

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI) y El Observatorio denuncian que la ambigüedad del tipo penal de “instigación a la discordia” bajo el articulo 348 del Código Penalcon el que se imputa al Sr. Wachapa es utilizado para procesar a líderes y lideresas sociales e indígenas, y personas defensoras de derechos humanos de manera discrecional y arbitraria en Ecuador[4] .

 

El Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad A.C. (CCTI) y El Observatorio acogen positivamente la liberación del Sr. Jimpikit Agustín Wachapá Atsasupero lamentan y condenan los cuatro meses de detención, la fianza que debió pagar para su liberación y las medidas sustitutivas impuestas, así como la continuación de la criminalización en contra del Sr. Wachapa. MuestraN su preocupación por que este hecho se enmarca en un patrón más amplio de hostigamiento judicial en contra de defensores y defensoras de derechos humanos en Ecuador, por lo que insta a las autoridades de ése país a acabar con estos actos.

 

Antecedentes:

 

El día 21 de diciembre de 2016, el Sr. Jimpikit Agustín Wachapá Atsasufue detenido cuando policías y militares ecuatorianos entraron en horas de la madrugada en la sede de la FICSH sin presentarle las razones de su retención, ni una orden de captura que la justificara. El defensor indígena fue objeto de humillaciones, en tanto fue lanzado al suelo, lo pisotearon y se burlaron de él mientras se realizaba el operativo.

 

El mismo día de su detención, la jueza, la Dra. Yolanda Ottati Cordero, ordenó trasladarlo a la cárcel de máxima seguridad de la Latacunga en la Provincia de Cotopaxi, ubicada a más de 500 km de su residencia, donde compartió celda con otras personas detenidas por la Policía y el Ejército durante el Estado de Excepción decretado en la región de Morona Santiago desde el 14 de diciembre de 2016.

 

El delito por el que la Fiscalía de Morona Santiago procesó al Sr. Wachapa es el de “instigar a la discordia”, bajo el artículo 348 del Código Penal, después de unadenuncia puesta por el Sr. Diego Fuentes, Viceministro del Interior, en la que se señaló al máximo dirigente Shuar de buscar incitar a agredir a la fuerza pública a través de un mensaje publicado en la red social Facebook.

 

 

Por lo tanto el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. exige a las autoridades de Ecuador a:

 

 

 

  1. Garantizar que se ponga fin a todo tipo de criminalización en contra del Sr.Jimpikit Agustín Wachapá Atsasu, y más generalmente, en contra de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Ecuador;

 

  1. Adoptar de manera inmediata medidas más apropiadas para garantizar la seguridad y la integridad física del Sr.Jimpikit Agustín Wachapá Atsasu, así como en general de todos los defensores y defensoras de derechos humanos en Ecuador;

 

iii.   Enmendar Código Penal para eliminar la ambigüedad de determinados tipos penales como el de “instigación a la discordia” regulado en el artículo 348, para evitar que puedan ser instrumentalizados para procesar a personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas sociales;

 

  1. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998;

 

  1. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por Ecuador.

 

 

 

 ATENTAMENTE

 

Edith Escareño Granados

Coordinadora General

Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A.C. (CCTI)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]       Asociación que tiene como objeto consolidar a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, luchar por la tierra y territorios indígenas, luchar por una educación propia (intercultural bilingüe), luchar contra la opresión de las autoridades civiles y eclesiales, luchar por la identidad cultural de pueblos indígenas, contra el colonialismo y por la dignidad de pueblos y nacionalidades indígenas.

[2]       Organización indígena regional que representa a cerca de 1.500 comunidades, pertenecientes a las nacionalidades amazónicas, Kichwa, Shuar, Achuar, Waorani, Sapara, Andwa, Shiwiar, Cofan, Siona, Secoya y Kijus.

[3]       A modo de ejemplo, el 11 de agosto de 2016 y en razón de una orden judicial a favor de la empresa china Explorcobres S.A., que permitió del despojo de 80 hectáreas a las comunidades Shuar, ocho familias de la comunidad de Nankints fueron desalojadas del cantón de San Juan Bosco, en la región de Morona Santiago. El operativo militar para el desalojo involucró la presencia de 2.000 uniformados. Según las informaciones, las familias no fueron prevenidas del desalojo y les dieron 5 minutos para tomar sus cosas y desalojar sus tierras, mientras observaban cómo sus casas y cultivos eran destruidos.

[4]       Véase informe de la FIDH, Ecuador : Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador, 10 de diciembre de 2015, disponible en: https://www.fidh.org/es/region/americas/ecuador/ecuador-aumenta-la-criminalizacion-de-la-protesta-social-frente-a


 

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